+ Gobierno debe abrir, paulatinamente, canales de diálogo con la CNTE
Una de las grandes aduanas en la implementación de la reforma educativa, ocurrirá este fin de semana cuando, en un episodio simbólico por diversas razones, se enfrenten el Estado mexicano y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por la realización de la primera evaluación a los docentes oaxaqueños. Es importante el hecho que constituye la aplicación de los primeros exámenes. Pero lo es mucho más, la medición de fuerzas entre dos bloques que, en el mediano plazo, se verán obligados a buscar rutas alternas que el choque que están previendo para este fin de semana.
En efecto, ayer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que “serían agregados unos 10 mil elementos de la Policía Federal” a las autoridades policíacas actuales para garantizar el buen desempeño de la evaluación docente este fin de semana en Oaxaca. “La Policía Federal, dijo, empezará a llegar de manera numerosa a Oaxaca. Así como arribó la semana pasada a Michoacán, esta semana se verán los contingentes federales para poder garantizar la evaluación (…) estaríamos hablando de ocho mil a 10 mil policías federales adicionales de los que ya existen”, agregó el funcionario federal.
Horas más tarde, el gobernador Gabino Cué confirmó que unos 7 mil policías, entre federales y estatales, resguardarán la evaluación docente que se realizará este sábado y domingo, 28 y 29 de noviembre, en Ciudad Administrativa. Descartó que vayan a trasladar a los docentes en helicópteros como ocurrió en Michoacán porque en Oaxaca se aplicará otra logística. Dijo que la presencia policial será disuasoria, en un primer instante, pero ante la amenaza de boicot o de ‘lastimar’ el derecho de los docentes por parte de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, la obligación de la autoridad es garantizar la integridad de quienes acudan a este proceso.
Y es que desde hace varias semanas, la Comisión Política de la Sección 22 lanzó la advertencia de que intentaría un boicot a la evaluación diagnostico de la SEP, que inicialmente se realizaría los días 14 y 15 de noviembre, pero que fue pospuesta para este fin de semana. Según la 22 “los maestros de Oaxaca tienen la indicación de no acudir al examen (…) Cuando todos los compañeros tengan un documento donde les indiquen el tipo de examen, la hora, la sede y el propósito, entonces se podrá hablar que es un proceso legal”, señalaban.
Hasta ayer, la Sección 22 no había retirado su amenaza de boicotear la evaluación, y en ese contexto se decidió resguardar, desde el lunes, las instalaciones de Ciudad Administrativa donde formalmente se llevará a cabo la evaluación; y ayer martes se hizo el anuncio formal del refuerzo de elementos federales para garantizar la seguridad de la evaluación. A simple vista no parece fácil poder prever la existencia de disturbios o violencia. Pero sí se infiere que si la Policía Federal está movilizando masivamente a sus efectivos, es porque ven latente la posibilidad de que esto ocurra.
¿Qué resguardarán? Físicamente, buscarán salvaguardar a las personas que acudan a realizar su evaluación. Pero políticamente —y esa es la parte sensible— lo que resguardarán es la supervivencia y la capacidad del Estado de aplicar la evaluación ejerciendo para ello su autoridad tanto frente a quienes evaluarán, como a quienes tratarán de impedirlo. Por esa sencilla razón, lo que ocurra el fin de semana en las instalaciones de Ciudad Administrativa será definitorio para el futuro inmediato de toda la reforma educativa en el país —y quizá hasta sea un abono a la endeble legitimidad del presidente Enrique Peña Nieto—, frente a la CNTE que buscará por todos los medios la forma de impedir la consumación de esta significativa evaluación.
¿Y DESPUÉS?
Es lo que también vale la pena preguntarse. Porque si algo queda claro es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa.
Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.
¿De qué hablamos? De que los profesores de la Coordinadora deben asumir, con seriedad, que su lucha tiene mucho más de fondo que el solo rechazo a la evaluación. Deben ver, por ejemplo, qué futuro tienen como organización, cómo podrán mantener la base social que tuvieron hasta hace poco tiempo gracias al terror disciplinario que aplicaban sobre sus agremiados; deben reconocer que mientras más tiempo pierdan en estas luchas parciales, más espacio pierden en los espacios educativos de decisión, en los que hasta hace poco tiempo eran nada menos que los amos y señores.
Y por su parte, el Estado debe asumir que no puede vivir cuidando con policías los procesos de evaluación de la educación. De hecho, los términos “educación” y “policías” resultan ser excluyentes, y por esa razón debe buscar cuanto antes la forma de dejar que las evaluaciones docentes tengan como contexto el resguardo policiaco y militar.
Si coyunturalmente es necesario utilizar a la fuerza pública, en el corto plazo debe establecer los canales de diálogo necesarios para que ese resguardo militarizado deje de ser necesario, y debe entablar el diálogo suficiente con sus adversarios para que sus respectivas luchas continúen por otras vías. De no hacerlo, entonces se constataría no sólo la sordera del aparato federal, sino también su incapacidad de generar más escenarios que los de la aplicación de la fuerza.
Por todo eso, lo que pase el fin de semana en Oaxaca será definitorio, pero sólo para que la reforma educativa siga viva. Después vendrá el momento de demostrar —o de desmentir— que dicha reforma es viable en el mediano y largo plazo.
DORMIDOS
En la prensa de la capital del país apenas se dieron cuenta que Flavio Sosa dejó el PRD para irse a Morena. Ello quedó más que claro, al anunciarse el nombre de la nueva dirigente de ese partido en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera. Más bien la duda es si con ese enroque subsiste la candidatura —que según ya estaba “segura”— de Salomón Jara a la gubernatura por Morena en 2016.
