25 de noviembre: la ignominia, tres años después

Adrián Ortiz Romero Cuevas

                                                                La jornada de lucha magisterial y popular ocurrida el 25 de noviembre de 2006, quedará marcada en la historia de Oaxaca, como la más violenta e ignominiosa que haya ocurrido en el pasado reciente. Contrario a todos los postulados de un movimiento social de raíces genuinas de cambio y vocación pacífica, aquel fue un episodio que dejó ver en toda su magnitud los claroscuros no sólo del movimiento magisterial, sino de todos los actores de la revuelta. Tras episodios tan aciagos como el antes mencionado, los grupos en pugna llegaron a diversos arreglos. Y finalmente, todo quedó envuelto en la halitosis que acompaña a la impunidad y el olvido, que todos han profesado a la víctima final… que fue la sociedad oaxaqueña.

Para unos, el saldo final de la revuelta magisterial puede contabilizarse a partir de los quebrantos políticos sufridos. Quienes gobiernan la entidad, tuvieron en el conflicto social un duro golpe que vino a poner en entredicho lo mismo eficiencias en el servicio público que calidades morales, e incluso aspiraciones a futuro. Para el sector gubernamental, la crisis magisterial puede cuantificarse aún hoy en los proyectos y aspiraciones políticas que se vieron canceladas por dicho episodio.

En el lado contrario, en el del magisterio y los grupos sociales que participaron activamente en la revuelta, los daños se cuantifican de otro modo: en primer término, los orquestadores del conflicto popular no pudieron conseguir el objetivo político primordial para el que se alzaron en 2006: la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ha sido para ellos un anhelo cancelado por la realidad, por las circunstancias y por las debilidades mismas de su movimiento. Sus saldos también son calculados en base a las agresiones físicas sufridas, los decesos que trajo aparejada la crisis, y las banderas políticas, sociales y partidistas a través de las cuales trataron de sostener su movimiento hasta que, prácticamente, se les diluyó en las manos.

Nadie, sin embargo, “tuvo a bien” acordarse de la víctima final en este conflicto: la sociedad. Durante siete largos meses, los oaxaqueños comunes fuimos víctimas involuntarias de un conflicto en el cual no existía una causa o interés que verdaderamente involucrara a todos. Durante ese tiempo, la sociedad en general vio coartadas todas sus libertades y garantías fundamentales. Fue también, víctima de todo tipo de quebrantos físicos, morales y patrimoniales que, hasta ahora, nadie ha tenido a bien cuantificar ni solventar. En ese sentido, el episodio vivido el 25 de noviembre es una muestra fehaciente de todo lo que hasta ahora se mencionado.

EL CONTEXTO

El actual grupo gobernante encabezado por el gobernador Ulises Ruiz, arribó a la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado bajo un fuerte cuestionamiento por parte de los grupos opositores. Su argumento principal, era que éste habría triunfado en los comicios a través de un fraude. No obstante, ante los tribunales de la Federación, ninguno de sus grupos opositores pudo demostrar que, en efecto, los señalamientos vertidos tenían sustento en la realidad.

Así, la administración del gobernador Ruiz anunció que a partir de entonces el diálogo político con las organizaciones sociales dejaría de estar sujeto a las prebendas y las presiones económicas. Datos proporcionados en su momento desde el sector oficial a distintos medios informativos, daba cuenta que las administraciones anteriores entregaban anualmente una cifra superior a los 400 millones de pesos, para mantener en paz a más de trescientas organizaciones sociales que periódicamente arribaban a Oaxaca a negociar la estabilidad a cambio de dinero.

En esa lógica, desde el primer día de gobierno de Ruiz, uno de los puntos álgidos se encontraba en la negociación con la Sección 22 del SNTE. No obstante, en el año 2005 —cuando la actual administración tenía escasos seis meses en funciones— las pláticas con el llamado “magisterio democrático” fueron sorprendentemente tersas. Hubo menos de una semana de plantón magisterial, y pronto fueron retomadas las tareas educativas. El Gobierno del Estado se había apuntado una importante victoria a su causa. Y las nuevas instancias negociadoras se legitimaban fuertemente como tales.

Sin embargo, pronto llegó el 2006. Con ese año, llegó la efervescencia electoral por la inminencia de las elecciones federales donde se renovaría el Poder Ejecutivo y Legislativo Federal. El candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, era el mentor político del gobernador Ruiz, y uno de sus amigos más cercanos. El Mandatario oaxaqueño era una pieza clave de su cuerpo de estrategas, y por ende hubo la especulación durante los primeros días del 2006, respecto a si el gobernador Ruiz habría de solicitar licencia a su cargo para integrarse de lleno en alguna de las coordinaciones de la campaña presidencial priista.

Nada de ello ocurrió. De hecho, los reportes oficiales de la época daban cuenta de intensas giras de trabajo que realizaba el gobernador Ruiz varios días a la semana en el interior del Estado. Pero nada de eso se reflejaba en los medios informativos. Muchos de éstos, al contrario, aseguraban que entonces era imposible encontrar al Gobernador en Oaxaca, que había delegado sus funciones públicas en algunos colaboradores, y que estaba metido al cien por ciento en la campaña presidencial priista.

Mientras ello sucedía, crecía el encono de las organizaciones sociales en contra de la administración estatal por tener cerrada la llave de los recursos públicos. La Sección 22 afinó sus simpatías políticas con los sectores radicales que ya para entonces apoyaban al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador; la guerra política que comenzó a librarse entre regímenes políticos por el cese de algunos funcionarios estatales, y el cúmulo de decisiones erradas, fueron factores determinantes para generar la mayor crisis social y política de que se tenga memoria en Oaxaca.

Así pasó el 14 de junio de 2006 con el desalojo fallido, las primeras jornadas de lucha del magisterio, la intensificación de la crisis, la toma de radiodifusoras y los enfrentamientos violentos, el desdén federal al conflicto y, finalmente, luego del homicidio de Brad Will, el arribo de las fuerzas federales a Oaxaca. Todo tuvo como contexto una feroz guerra de intereses políticos. Pero también, el del ataque sistemático y constante a una sociedad olvidada e indefensa, que fue quien finalmente pagó todas las consecuencias de una crisis que ha resultado intrascendente en todos los sentidos.

HERENCIA NULA

La Sección 22 del SNTE, la APPO y todas las organizaciones y fuerzas políticas que encabezaron la revuelta social de 2006, plantearon una sola exigencia: la renuncia del Gobernador del Estado. Ello no ocurrió. Sin embargo, durante meses, el movimiento social tuvo la suficiente fuerza como para emprender cambios sociales, políticos e incluso constitucionales, que permitieran dar viabilidad democrática a los procesos políticos estatales en el futuro. Nada de eso ocurrió.

Los grupos inconformes en diversos momentos sostuvieron que querían cambios para Oaxaca. En los momentos cruciales, no supieron impulsar esos cambios ante el alto grado de sensibilidad que tuvo la sociedad oaxaqueña —y la de todo el país—, a los planteamientos que hacían. Lejos de generar posicionamientos políticos serios y de avanzada, los grupos inconformes fueron rebasados por la violencia, la sinrazón y el radicalismo. Prefirieron sepultar a golpes su movimiento, antes que darle una trascendencia específica que remontara y justificara todos agravios que se estaban acumulando en el entorno social de la entidad. El 25 de noviembre de ese año, ocurrió un enfrentamiento que reveló la crisis interna de ese movimiento, y que consolidó un daño económico hasta ahora impune, que continúa resintiendo el pueblo de Oaxaca.

 

QUEBRANTOS OLVIDADOS

Ante las instancias jurisdiccionales estatales y federales, fueron interpuestas más de 8 mil denuncias penales por ciudadanos que, de uno u otro modo, fueron agraviados durante la crisis magisterial. Fueron seis meses en los que en la capital de Oaxaca no hubo fuerzas de seguridad, ni orden, ni garantías de que los derechos básicos de toda persona serían respetados.

En esas ocho mil denuncias existieron lo mismo señalamientos por robos, abusos físicos, asaltos violentos, “levantones”, daños patrimoniales, incendio, lesiones y demás. Durante toda la crisis magisterial, todos los sectores productivos de la entidad sufrieron daños, pérdidas y robos incalculables. Muchos comercios importantes de Oaxaca se vieron obligados a cerrar sus puertas, o a recurrir al endeudamiento para soportar la crisis. Innumerables empresas y entidades públicas fueron saqueadas reiteradamente por los inconformes. Muchas familias se quedaron sin sustento. Y todos, todos, perdimos la tranquilidad y la paz con la que se vivía en Oaxaca hasta antes del conflicto.

Así, la jornada del 25 de noviembre fue la combinación de todos esos quebrantos. Los grupos inconformes pretendieron tender un cerco pacífico a las fuerzas federales, que entonces se encontraban apostadas resguardando el Centro Histórico. Pronto la manifestación se les salió de control y desbordó en violencia. Grupos hasta ahora no identificados incendiaron una treintena de edificios públicos y domicilios particulares de la zona. Quemaron casi medio centenar de vehículos y provocaron daños irreparables al entonces edificio sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ese daño, como casi todos, hasta ahora sigue impune y ni siquiera ha sido cuantificado por propios o extraños.

 

SALDO DE IMPUNIDAD

Nadie pisó la prisión por ese y todos los episodios de la crisis magisterial. Los grupos inconformes acusaron al gobierno de perseguir por razones políticas a quienes participaron en la revuelta. Fue una verdad a medias: finalmente, inconformes y gobernantes pactaron la paz de Oaxaca a través del otorgamiento de recíprocas concesiones de impunidad y recursos económicos. Todo volvió a la normalidad de antes. Pero en ese manto de impunidad, lo mismo se cobijaron verdaderos luchadores sociales que podrían ser perseguidos por asuntos políticos, que quienes ocasionaron incuantificables daños a Oaxaca.

Nadie respondió nunca por los quebrantos. La sociedad tuvo que absorber, con sus propios medios y con sus propias vicisitudes, los daños que causaron sin reparo alguno los protagonistas principales del conflicto magisterial, y particularmente de la jornada violenta del 25 de noviembre de 2006. El gobierno de Oaxaca jamás se responsabilizó por algo de eso, ni tendió verdaderos apoyos a los particulares para superar este episodio. El gobierno federal hizo lo mismo. Y hoy, los grupos sociales se han vuelto a envolver en las banderas de la victimización para no asumir sus responsabilidades. Es decir, que todos dejaron en el olvido a una sociedad lastimada y agraviada por un conflicto que no legó a Oaxaca beneficios democráticos y que, aún con eso, estuvo también lejos de convertirse en la primera revolución del siglo XXI, como tanto se habían ufanado.

+ Guerrilla: las “coincidencias” no existen

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Hace menos de un mes, el 29 de octubre pasado, fueron liberados Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis, luego de permanecer casi una década en prisión bajo el señalamiento de ser los dos dirigentes máximos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y de haber encabezado una emboscada, en el estado de Guerrero, en contra del Ejército mexicano en julio de 1996. Hace tres días, la Procuraduría de Justicia guerrerense confirmó la ejecución de Omar Guerrero Solís o Ramiro Salgado López, conocido como el Comandante Ramiro, dentro de la estructura de esa misma organización insurgente. ¿Qué implicaciones políticas y revolucionarias entrañan esos dos hechos?

Por principio de cuentas, una interpretación inicial, aunque a todas luces inexacta, se orientaría en el sentido de que luego de la liberación de los dos máximos dirigentes del ERPI, comenzó una nueva purga dentro de esa organización guerrillera, o que —como también podría ocurrir—, la exoneración de Silva y Arenas, reactivó algunas de las viejas pugnas que existían entre los distintos grupos armados que existen en diversas regiones del país, y particularmente en Guerrero.

Por tanto, esa explicación —cargada de lógica y simplismo, pero también de un profundo desconocimiento de las tendencias políticas y las decisiones que han tomado los grupos armados para garantizar su subsistencia— a lo que nos llevaría es a suponer que esos dos hechos son causa y consecuencia de los reacomodos internos de las organizaciones armadas. Todo esto bien podría entenderse como parte de una nueva guerra fratricida, en la que el Estado estaría totalmente ajeno. Esta podría ser una posibilidad que, sin embargo, parte de argumentos endebles que no le permitirían sostenerse ante una realidad mucho más compleja.

En realidad, los distintos grupos guerrilleros han buscado entablar diversos mecanismos de coordinación e interlocución entre ellos porque, como lo han manifestado algunas agrupaciones armadas, “ninguna organización insurgente es autosuficiente en la actualidad” (Comunicado ERPI 29/07/09).

En algunos momentos, y particularmente ante la posible liberación de Silva Nogales y Arenas Agis, se había temido que una acción violenta —propia o ajena a ellos— rompiera las posibilidades de construir un proyecto conjunto, como el que parecen estar intentando ahora los diversos grupos. Incluso, en algunos momentos las mismas organizaciones habían advertido de la posibilidad de que ocurriese un hecho aparentemente fortuito que las confrontara de nuevo. (De esto, puede verse un análisis más detallado en www.cedema.org/ver.php?id=3583).

Esto es lo que, justamente, parecería ocurrir con el asesinato del llamado comandante Ramiro. Era, nada menos, que el líder nacional actual —así reconocido— del ERPI; y sucesor natural del comandante Antonio (Jacobo Silva Nogales) y la coronel Aurora (Gloria Arenas).

Su asesinato violento —realizado con cuatro disparos de rifle AK-47— podría comprenderse como un reacomodo doméstico que, en realidad, más bien parece una incesante búsqueda externa de enrarecer el ambiente entre las organizaciones armadas, reavivar sus pugnas particulares, y cancelar definitivamente las posibilidades de que se construya una coordinadora guerrillera nacional que, en algún momento, busque una transformación política por la vía violenta.

¿UNIDAD GUERRILLERA?

Un despacho informativo de la agencia AP, dado a conocer el fin de semana a nivel internacional, catalogaba al ERPI como una “guerrilla pequeña”, y a Omar Guerrero Solís —el comandante Ramiro— como un “integrante” y no como el líder máximo de esa organización armada, cuyo cadáver había sido localizado en una región montañosa de Guerrero (http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=66692). De un modo igualmente simplista, la mayoría de los medios informativos mexicanos tomaron la confirmación de su muerte, y la atribuyeron a la ira de uno de sus escoltas. Muy pocos parecen comprender, y tomar la importancia que merece, a las señales dadas hasta ahora de la construcción de una unidad guerrillera.

La guerrilla en México busca unificarse y coordinarse no sólo para superar sus propias limitaciones, sino esencialmente para sobrevivir y construir un movimiento político y armado que resulte viable ante el fortalecimiento de las fuerzas armadas con las que cuenta el Estado. En razón de ello podría comprenderse con más solidez la trascendencia y el objetivo de desintegración de ese esfuerzo, que podría tener la muerte del comandante Ramiro. Lo cierto es que parecen existir señales genuinas de esos primeros intentos de unificación.

En ese sentido, el periodista Jorge Lofredo señalaba en un artículo difundido hace apenas 11 días, que una de las primeras señales claras que está dando ese intento de coordinación guerrillera, es el de dejar atrás las referencias onomásticas para emitir posicionamientos. Daba, para ello, dos ejemplos claros: ninguna organización guerrillera mexicana se posicionó a través de acciones o comunicados, ni el 23 de septiembre ni el 2 de octubre pasado. Ese silencio, dice, es una señal clara de estar dejando atrás los esquemas antiguos que apuntaban a generar acciones en momentos de alguna trascendencia histórica para ellos o el país. ¿Qué importancia tiene eso?

Que, según Lofredo, a partir de esa pauta las organizaciones armadas podrían estar construyendo nuevos esquemas revolucionarios en los que dejaran de ser determinantes lo mismo las fechas como los ciclos. Es decir, que en todo eso encuentra la explicación la tendencia de las organizaciones armadas a asegurar que 2010 es un año más, y no necesariamente el inicio de una nueva gesta revolucionaria.

Parecen saber que su lucha debe pasar por el replanteamiento de sus viejos postulados; y que todo eso les es determinante para sobrevivir a este doble momento de acoso, en el que lo mismo son perseguidos, que incitados a reiniciar una guerra interna que aplace el fortalecimiento de cualquier viso de rebelión armada en México.

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