25 de noviembre: revuelta se disipó; impunidad, no

+ Tres años después, “arreglos” e impunidad: el saldo

Estos son los tres discursos que seguramente se podrán escuchar el día de hoy, en el marco del tercer aniversario del más violento enfrentamiento ocurrido entre la PFP, y los integrantes de la Sección 22 del SNTE y la APPO, durante la revuelta popular de 2006. Los grupos que entonces figuraban como inconformes, evocarán la represión de que fueron objeto; el Gobierno del Estado reiterará la concordia y el diálogo con esas y todas las expresiones ciudadanas; y el gobierno federal se seguirá acogiendo a la declaración de inocencia, que hace unas semanas emitió a su favor la Suprema Corte de Justicia sobre su actuación en el conflicto. Más allá de esos discursos previsibles, el resultado de esa jornada se traduce en dos palabras: impunidad total.

¿Qué ocurrió el 25 de noviembre de 2006? Recordemos algunos detalles de aquellos episodios: las fuerzas federales habían ingresado a la capital oaxaqueña 27 días antes; en varias ocasiones luego de la llamada “toma de Oaxaca” —ocurrida el 29 de octubre— habían ocurrido algunos enfrentamientos menores entre la PFP y células de las organizaciones inconformes. Ya para entonces, la APPO había sido reforzada lo mismo por cegeacheros de la UNAM, que por integrantes de los movimientos sociales conocidos popularmente como “los atencos”, “panchosvillas”, y asesores provenientes de la guerrilla, entre otros, sin dejar de lado a quienes espontáneamente salían a las calles a reforzar la lucha.

El 25 de noviembre de 2006, la APPO llamó a la celebración de la Séptima Megamarcha, en protesta por la represión, por el incumplimiento a sus demandas, y por la presencia de las fuerzas federales en la capital oaxaqueña. Los organizadores de esa movilización, anunciaron el establecimiento de un cerco humano —de duración indefinida— a los elementos federales que se hallaban apostados en el Centro Histórico, con el objeto de minarlos y obligarlos a retirarse. La idea era tenderles un auténtico Estado de Sitio, que los diezmara y les cortara el abastecimiento de todo tipo de insumos.

La APPO, sin embargo, no logró la convocatoria esperada. Para entonces, la constancia de los enfrentamientos, y la violencia que habían mostrado los seguidores más radicales del movimiento social, desanimaron a muchos oaxaqueños que en otras condiciones sí habrían salido a atender el llamado. Ante la escasez de elementos humanos, la APPO no pudo tender el cerco anunciado a la PFP y, en apariencia, la marcha iba a terminar con un mitin político y algunos brotes aislados de violencia.

No fue así. De entre las columnas de inconformes emergieron las células de choque, que en otros momentos ya habían actuado en contra de los federales. El enfrentamiento comenzó, a pesar de que el entonces principal dirigente visible del movimiento, Flavio Sosa, trataba de llamar al orden a sus seguidores. Él mismo fue encarado por quienes ya se enfrentaban a la PFP, perdiendo el control total de la marcha.

El saldo fue negativo para todos: las fuerzas federales detuvieron a 149 personas, bajo los cargos de haber participado en esa jornada violenta. El choque duró varias horas, dejando como saldo una veintena de edificios incendiados en el Centro Histórico, alrededor de un centenar de automóviles incendiados, y una sociedad oaxaqueña agraviada por ser testigo presencial de cómo la ignominia llegaba a su punto crítico en medio de un movimiento que parecía tener más beligerancia que rumbo político.

3 AÑOS DE IMPUNIDAD

Cuando esa jornada violenta ocurrió, la Policía Federal mostró que sus eficaces métodos de disuasión de agitaciones sociales, en realidad no lo eran tanto. A pesar de las detenciones logradas, el costo del enfrentamiento fue alto, porque la ciudad quedó envuelta en llamas, porque cientos de oaxaqueños resintieron agravios en sus derechos, persona o patrimonio, y porque finalmente ninguno de los cargos bajo los cuales fueron aprehendidos los 149 presuntos appistas que participaron de los disturbios, fue sostenible ante los tribunales competentes.

La eficacia del Gobierno del Estado, también quedó en una duda que hasta hoy no puede despejarse. Luego de aquel hecho culminante —en que la PFP retomó por completo el control de la capital oaxaqueña—, la administración estatal prometió aplicar todo el peso de la ley para los responsables de los disturbios.

Por si esto fuera poco, ese fue el momento que marcó la erradicación de la legitimidad y el rumbo político que entonces parecía tener el movimiento popular. La APPO se desentendió totalmente de las exigencias políticas que le marcaba el momento, y prefirieron optar por el aprovechamiento de la bandera de la represión y la existencia de presos políticos, para sostener su existencia para los meses siguientes. Es decir, que las banderas de la democratización de Oaxaca, fueron guardadas para un mejor momento —que, para ellos, aún no llega.

Así, todos fallaron y lo que coronaron fue la impunidad: más temprano que tarde, en 2007, el gobierno estatal y los grupos inconformes volvieron a sentarse a la mesa de diálogo. El entonces secretario General de Gobierno, Manuel García Corpus, estableció como su principal herramienta de negociación con la APPO y la Sección 22, la de la impunidad. Así, el procurador Evencio Martínez se convirtió en asesor de los inconformes, y los recursos de desvanecimiento de pruebas permitieron la exoneración de todos los acusados como responsables.

Pensemos que, en efecto, los 149 detenidos en esa jornada son inocentes. Es —nos guste o no— la verdad legal. El problema, para todos, es que nadie pagó —ni pagará— por los quebrantos a la ley, al patrimonio público, y al de terceros, que entonces se cometieron. Todos se conformaron con transigir sus pretensiones e intereses. Por eso, el 25 de noviembre no debía evocarse ni la represión ni la violencia y el restablecimiento del orden. Es un ejemplo negro de cómo la impunidad en Oaxaca avasalló a todos por igual.

NUESTRA INFAMIA

Esto apuntamos hace un año, y hoy lo reiteramos: “Aunque parezca una afirmación ‘políticamente incorrecta’, ojalá que nadie rehabilite el edificio del Tribunal Superior de Justicia (…) Ojalá que siga así, para que cada que pasemos por ahí, el inmueble en ruinas nos haga recordar de lo que hemos sido capaces de hacer, en contra de nosotros mismos. Ojalá que al menos así, podamos obligarnos a tener un poco de memoria histórica.”

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