+ Democracia, de nuevo en entredicho por Iztapalapa
El conflicto magisterial y popular de Oaxaca, ocurrido de mayo a diciembre de 2006, dejó importantes precedentes en cuanto a lo que debe entenderse por ingobernabilidad. Más allá de las causas y las motivaciones políticas y partidistas, aquel episodio sirvió a los poderes del Estado para determinar con mayor precisión cuáles son los límites en la actuación de un gobierno, y en qué forma y medida deben utilizarse los mecanismos que establece la propia Constitución Federal para determinar la desaparición de los poderes públicos en una entidad. Nada de esto parece estarse hoy tomando en cuenta, en el Distrito Federal, ante la crisis en Iztapalapa creada por el hasta ayer delegado, Rafael Acosta López, “Juanito”.
Es necesario, en primer término, recordar qué fue lo que, a grandes rasgos, ocurrió en Oaxaca durante 2006. En aquel año, una pugna salarial de los profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE fue mal conducida por el Gobierno del Estado. Lo que parecía una jornada más de inconformidad, pronto se convirtió en un asunto delicado, cuando la Administración Estatal determinó utilizar a la fuerza pública para disolver la invasión a la vía pública que entonces existía, y obligar a los profesores a regresar a las aulas. Los errores de cálculo tanto en el operativo policiaco como en los efectos políticos que esto tendría, desencadenaron una crisis social y política nunca antes vista.
¿Por qué? Porque aún cuando ésta no era ni la primera ni la más prolongada ni la más radical de las protestas magisteriales, sí fue la primera que generó un desbordamiento social capaz de generar reiterados brotes de violencia. Por primera vez, las fuerzas estatales de seguridad fueron puestas contra la pared y superadas en número y capacidad por los grupos inconformes, que durante meses tomaron el control de las calles y establecieron sus propias normas de conducta a los ciudadanos.
En aquellos meses, había en la capital oaxaqueña un exacerbado sentimiento de polarización social y política, y los grupos inconformes tomaron diversas previsiones para generar una percepción de ingobernabilidad que, según ellos, llevaría a los poderes federales a decretar la desaparición de poderes en la entidad, y lograr así la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Para ello, sólo en la capital y su zona conurbada, los grupos de manifestantes bloquearon las sedes de los tres poderes del Estado; interrumpieron la actividad de los juzgados de primera instancia y de las dependencias de la administración estatal; sin embargo, aún con ello los poderes siguieron funcionando: el Poder Legislativo continúo con su actividad en sedes alternas, el Poder Judicial remitió su actividad más apremiante a los juzgados de los distritos aledaños. Y el más mermado fue el Ejecutivo, pues se vio impedido para otorgar todos los servicios que le marca la ley.
Sin embargo, ante las solicitudes planteadas por los grupos inconformes y por el propio Partido de la Revolución Democrática, respecto a la urgencia de indagar y dictaminar la desaparición de poderes en Oaxaca, una comisión del Senado de la República se apersonó en la capital para evaluar la situación y establecer los parámetros necesarios a través de los cuales pudiera determinarse si, en efecto, aquí habían desaparecido o no los poderes.
El resultado es, de todos, conocido: el Senado admitió que había ciertas interrupciones en la prestación de algunos servicios públicos; pero que de ninguna manera podía considerarse que eso era sinónimo de ingobernabilidad. Al no darse tal situación, dijeron, era imposible continuar legalmente con un proceso de desaparición de poderes, porque por esto último debía entenderse que toda la actividad de los tres poderes se encontraba entorpecida de modo permanente.
CANIBALISMO
Uno de los principales promotores de la desaparición de poderes preconcebida fue el Partido de la Revolución Democrática, en conjunto con sus fuerzas hermanas (el Partido del Trabajo y Convergencia): ellos pugnaron porque en Oaxaca se determinara esa situación aún antes de que se apersonara aquí una comisión que corroborara los hechos y las circunstancias, y de que los representantes de los poderes del Estado presentaran sus propias pruebas y alegatos como garantía de defensa. Eso que no pudieron hacer tres años atrás ante el conflicto magisterial de nuestra entidad, ahora sí lo consiguieron en Iztapalapa. ¿Por qué?
Porque el caso de Rafael Acosta López fue resuelto exactamente del modo en que los perredistas hubieran querido que concluyera la crisis magisterial de Oaxaca: con una negociación oscura y antidemocrática; con la simulación de la legalidad; y con un manotazo que dejara satisfechos a los grupos de poder aún cuando esto fuera totalmente carente de legitimidad. Veamos por qué.
Acosta López ganó los comicios en Iztapalapa, ciertamente, por la disposición de López Obrador de apuntar a su favor todas las estructuras electorales con las que cuenta en esa demarcación. Sin embargo, como en todos los procesos del sector público, la verdad que vale es la verdad legal. Y Rafael Acosta fue electo no sólo legal, sino constitucionalmente como Jefe Delegacional. Nadie objetó la legalidad y legitimidad de su triunfo. Y por tanto, cualquier maniobra para destituirlo atacando su persona era no sólo infundada, sino abominable.
Quizá por eso, al final los grupos de poder perredistas del Distrito Federal decidieron atacarlo por la vía de la declaración de ingobernabilidad en el territorio que hasta ayer gobernaba. Ningún señalamiento fue elocuente y, mucho menos, afianzado a través de probanzas. Todos supusieron que por su poca capacidad intelectual y problemas de salud, era incapaz de gobernar; las protestas populares que generó la crisis política en esa demarcación fue comprendida como legitimidad. Y derivado de una negociación política en la que se puso sobre la mesa la constitucionalidad de su encargo, ayer fue forzado a presentar su licencia definitiva al cargo.
¡VAYA DEMOCRACIA!
En el caso de Iztapalapa, a nadie en la Asamblea o el Gobierno del DF nadie le interesó apoyarse en los precedentes de lo que exactamente debe entenderse por ingobernabilidad, que se generaron a partir del conflicto magisterial de Oaxaca. Ahí les bastaron sus suposiciones para establecerlas como una verdad legal, y a partir de eso actuar en consecuencia para satisfacer a los grupos de poder que dominan. Era lo que les interesaba. ¿Pero qué tal que eso lo hubiera hecho un gobierno panista en contra de ellos?
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