SSPE y PGJE: errores contribuyen a impunidad

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La mañana del pasado 1 de diciembre, ocurrió un violento asalto en una clínica situada en las inmediaciones del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. En el atraco, fueron ultimados con disparos de arma de fuego la doctora Alejandra Sandoval, el recepcionista Daniel Porras, y el guardia de seguridad, Teódulo Martínez. Tres días después, el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Quezadas Jiménez, presentó a tres individuos, acusados de ser los presuntos responsables de ese hecho. Argumentó que había certeza sobre su responsabilidad. Hoy, todos los señalados se encuentran en libertad.

El comienzo del mes de diciembre, fue complicado para la seguridad pública y la procuración de justicia en Oaxaca. En un mismo día ocurrió el asalto a la Clínica Aquino, y unas horas después la ejecución del dirigente de tianguistas del Mercado de Abasto, Roberto Mendoza. Dichas situaciones, según lo que hoy puede verse, se complicaron aún más por la actuación de las autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, como de la Procuraduría de Justicia del Estado. Pero vayamos por partes.

De acuerdo con las explicaciones dadas por el comisionado Quezadas en el momento de presentar a tres de los presuntos responsables del asalto y homicidios ocurridos en la Clínica Aquino, existía un alto grado de certeza de que esos individuos eran los responsables, debido a que su identificación había partido de una grabación en video, obtenida a través del circuito cerrado de televisión que estaba instalado en el lugar de los hechos.

Luego se supo que el móvil más probable del ilícito tenía que ver con el robo violento de una fuerte suma de dinero en efectivo y medicamentos controlados, ya que los individuos detenidos presuntamente tenían problemas de adicción a ciertas drogas, y porque en esa clínica —y particularmente en el consultorio y las personas sobre quienes ocurrieron los hechos— se atendía a ese tipo de pacientes.

Días después, se especuló sobre las posibles actividades ilegales que ahí podrían ocurrir en relación al suministro y posible venta irregular de esos medicamentos controlados (particularmente, un opioide cuya sustancia activa es la metadona, que tiene efectos similares a la morfina), aunque ya nada fue lo que se investigó y estableció con claridad al respecto.

Casi de inmediato, familiares de los tres detenidos, Leonardo Ramírez, Miguel Ángel Vásquez, José Alfredo Jiménez, aseguraron que sus familiares eran inocentes, que su aprehensión fue arbitraria, que habían sido torturados y forzados a aceptar sus responsabilidades, y que luego del arraigo judicial al que fueron sometidos, recobrarían su libertad por falta de elementos para procesarlos. Como era evidente, nadie tomó en consideración sus alegatos ni los señalamientos hechos sobre los cuerpos policiacos sobre los posibles excesos cometidos en su detención.

Lo cierto es que, sean responsables o no por esos hechos, los tres individuos recobraron su libertad; el arraigo al que fueron sometidos no le permitió a la autoridad reforzar el soporte probatorio con el que los acusó ante los tribunales judiciales. Y, en su conjunto, la investigación sobre el homicidio múltiple y el hurto de más de 120 mil pesos en efectivo regresó a su punto de inicio. Es decir, al estado en el que formalmente nadie sabe qué pasó, ni quién fue el responsable, ni por qué ocurrieron los hechos.

OMISIONES OFICIALES

Señalábamos en líneas anteriores, que la detención de los tres individuos se llevó a cabo partiendo de una grabación obtenida del sistema de circuito cerrado instalado en la Clínica Aquino. Hoy, por el resultado de las actuaciones judiciales, queda claro que ni el video de los hechos fue suficiente para establecer con verdadera claridad que los detenidos eran los autores de los crímenes; y que no hubo mayor trascendencia en las investigaciones, para abordar otras posibles rutas de indagación sobre lo ocurrido y la autoría de los delincuentes.

¿Por qué pudo haber ocurrido eso? Porque los investigadores de la SSPE decidieron soportar su investigación en una grabación. Es decir, que no pudieron o quisieron ahondar las pesquisas; y que para establecer la identidad de los presuntos responsables no hubo más argumento e investigación, que lo captado por el circuito cerrado de televisión. Todo eso, por lo que toca a la Policía Estatal que fue quien logró la captura y presentó a quienes ellos consideraron como los autores de ese robo y triple homicidio.

En la Procuraduría estatal no fueron más eficientes. Sólo algunos perspicaces se percataron que aquel 1 de diciembre, tanto en los hechos ocurridos en la Clínica Aquino, como horas después en un hotel de la periferia en el que ejecutaron a mansalva al dirigente de mercados Mendoza López, nunca se apersonó —como sí acostumbra hacer, por lo menos para tomar conocimiento ocular de los acontecimientos— el procurador General de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Dicho funcionario nunca se apareció en los sitios donde ocurrieron esos dos hechos, porque no se encontraba en Oaxaca. Ni siquiera estaba en el país. El procurador Martínez Ramírez, acompañado de algunos funcionarios de la dependencia —todos acompañados por sus respectivos cónyuges—, y el presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García, se encontraban en Colombia. Por eso, sólo funcionarios ministeriales de rango menor, fueron los que tomaron conocimiento de los hechos y condujeron el crucial inicio de las investigaciones.

Los resultados, hoy, dejan ver que nadie supo quién, y motivados por qué, ocurrieron tales hechos. Ya no causa extrañeza de la Procuraduría estatal, pues se encuentre o no en Oaxaca el procurador Martínez, las promesas siempre son de justicia y los resultados siempre son de fracaso. Sorprende, más bien, por la SSPE, la Policía Estatal y la AEI, que prometieron nuevas técnicas de investigación. Y, al menos en este caso, fallaron.

CARRASCO ¿UN PRÓCER?

La Secundaria Técnica 6 es un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en muchas escuelas públicas de Oaxaca. Ahí, su director depuesto, Miguel Ángel Carrasco Orozco, es un radicalizado miembro de la UTE, que tiene amplias cuentas pendientes y desfalcos documentados. Ahora, como la suerte se le acabó, acusa a la Sección 22, al IEEPO y a sus compañeros, de ser parciales y de actuar en su contra. ¿A poco todos son malos y él el único bueno? Abundaremos.

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