Terrorismo fiscal: la otra cara de nuestra abundancia

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Nadie debería sorprenderse de que a partir de este año 2010, las facultades de cobro de las autoridades hacendarias federales se vieron incrementadas. Es una medida natural que debe tomar cualquier gobierno, cuando pretende recaudar más y mejor, sin modificar el universo de contribuyentes a los que les cobra impuestos. Estas nuevas facultades de revisión y cobro, plagadas de lo que se conoce como “terrorismo fiscal”, podrían ser, a partir de ahora, cosa de todos los días entre los contribuyentes. Nadie se acordará, por supuesto, de todos aquellos que impulsaron los “presupuestos históricos” y los nuevos impuestos que servirán para financiar la opulencia de unos cuantos, a costa del sacrificio de muchos.

Para entender todo esto, primero preguntémonos qué es el terrorismo fiscal. Aunque no existe una definición para ese tipo de prácticas, sí podemos entender que todo aquel manejo fiscal plagado de terrorismo es todo aquel que no sólo busca cobrar a las personas, sino que también establece mecanismos excesivos de vigilancia, comprobación, revisión y cobro en detrimento de los particulares.

Uno de los casos más conocidos y hasta “tradicionales” de las prácticas de terrorismo fiscal, es la que emplea el IMSS en contra de las empresas. ¿Qué hace? Que cada bimestre, justo cuando faltan uno o dos días para el momento del vencimiento de las cuotas de seguridad social de los trabajadores, la institución envía a un representante que ya lleva elaborada la multa que se le impondrá si legado el vencimiento del plazo ésta no paga, y se la pone a la vista para que vea la cantidad de dinero por concepto de multa a la que se hará acreedor, si no cumple con sus obligaciones. Sin embargo, esta y otras muchas prácticas de hostigamiento hacia el contribuyente, son las más conocidas pero también unas de las menos sofisticadas que emplea el gobierno federal para que los contribuyentes paguen.

Hoy, sin embargo, existen muchas otras prácticas que van más allá de ese terrorismo fiscal tradicional. ¿No podríamos considerar como tal la vigilancia excesiva que hoy existe en cuanto a los depósitos en efectivo, el incremento de las facultades de comprobación que tiene la autoridad tributaria en contra de los contribuyentes, o hasta la revisión de las cuentas individuales de las Afores, el cambio de divisas y demás? Evidentemente, todas esas, en mayor o menor grado, son algunas de las medidas que ha impuesto la autoridad fiscal federal a los contribuyentes para evitar que éstos omitan hacer pagos a los que sí están obligados.

Vayamos a un caso concreto. Las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal federal se han venido incrementando paulatinamente. Hoy, la SHCP tiene la facultad —y así es desde hace algunos años— de revisar la contabilidad de cualquier empresa, las veces que lo considere necesario. El Código Fiscal de la Federación no establece limitantes importantes a esa facultad. Cualquier empresa de mediana importancia puede hoy dar cuenta de a qué grado la autoridad hacendaria utiliza esas facultades de comprobación para revisar, cuantas veces sea necesario, una contabilidad, a fin de encontrar contribuciones no pagadas, omisiones y demás que puedan poner al contribuyente en una situación de riesgo.

ASUNTO OLVIDADO

Sin embargo, esto no parece ser un tema de mayor relevancia para quienes tienen en sus manos el control de las facultades de la autoridad hacendaria. Ya vimos cómo el año pasado, la SHCP trató de impulsar una reforma a la Ley de Amparo en materia fiscal, para que cuando un contribuyente se inconformara con algún cobro y llevara el asunto ante las instancias jurisdiccionales, éstas tuvieran la posibilidad de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del gravamen, pero ya no de las de las cantidades pagadas bajo protesta. Es decir, que ante una declaración de inconstitucionalidad de un impuesto, éste dejaría de cobrarse, pero a los litigantes victoriosos ya no se les devolvería lo pagado..

¿Por qué dicha reforma fue rechazada en el Congreso? Porque dicho planteamiento de la Secretaría de Hacienda, pretendía ir en contra de todos los contribuyentes que pagan impuestos, después impugnan las normas y finalmente al ganar los juicios consiguen la devolución de lo pagado. Sí, es cierto, pretendía atajar el camino a las personas físicas que año con año reciben devoluciones luego de litigar sus asuntos fiscales; pero sobre todo pretendía ir en contra de las grandes empresas que han obtenido devoluciones millonarias al litigar sus asuntos ante los tribunales jurisdiccionales del país.

Existe un caso concreto y paradigmático: el famoso “caso Jugos del Valle”, que bajo la defensa legal del ex senador Diego Fernández de Cevallos, a principios de la década ganó un litigio a la Federación por casi 2 mil millones de pesos, por concepto de devolución de Impuesto al Valor Agregado y Especial Sobre Producción y Servicios; ciertamente, siempre existieron sospechas por favoritismos y tráfico de influencias en ese asunto. Pero sin duda, aunque no en montos tan elevados, cada año hay cientos de empresas que reciben cantidades millonarias por devoluciones.

Quizá por eso, porque una reforma de esa naturaleza al procedimiento de amparo sí afectaría los intereses de los grandes capitales, fue que al ser presentada la propuesta, de inmediato diversos grupos de legisladores se pronunciaron en contra de tal posibilidad, y finalmente dieron por desechada esa iniciativa; no ocurre así con las prácticas de terrorismo fiscal que van dirigidas, y están avaladas muchas de ellas por la ley, en contra de contribuyentes de menores estratos. Esos —que es la mayoría— difícilmente tienen contacto con los grupos de poder. Y a ellos —nosotros— es a quienes más sangran las disposiciones fiscales.

GRACIAS, DIPUTADOS

De todo eso tenemos que darle las gracias a nuestros diputados, que decidieron para este año 2010 mantener el estado de cosas, y sólo incrementar los impuestos a quienes ya pagamos. Nadie se preocupó por echarle el guante a todas esas empresas que no pagan impuestos como deberían, a todas las que son beneficiarias de los regímenes especiales, y a todos esos grupos de población —como el comercio informal— a las que nadie ha podido encontrar el modo de que paguen. No quisieron adelgazar el gasto ni cobrarle a los evasores. Pagaremos, con más terrorismo, los de siempre.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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