Alianza PAN-PRD en Estados desata ira priista

+ Respuesta tricolor: inadecuada para democracia

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La semana pasada fue de turbulencia extrema entre los partidos que pretenden erigirse en coalición para contender por las gubernaturas de al menos tres entidades federativas. Al inicio de esa semana, las dirigencias nacionales tanto del PAN como el PRD y PC, autorizaron a sus órganos estatales a entablar diálogo colectivo para conformar las uniones; luego, diversos líderes de la oposición descalificaron la posibilidad de alianzas entre la derecha y la izquierda. Y durante su plenaria, ocurrida hace cuatro días en Veracruz, el PRI también tomó resolutivos al respecto.

¿Qué postura asumió el tricolor ante las alianzas? La primera, fue tomar el asunto como una afrenta y no como un juego más de esos raros que tiene la democracia. La segunda postura asumida, sin embargo, fue más allá y reveló no sólo un ánimo contradictorio de esa fuerza democrática, sino sobre todo un revanchismo que, a nuestro juicio, parece erróneamente planteado y hasta riesgo para la construcción de la democracia.

¿Qué determinó el priismo? Que, como consecuencia de la autorización presidencial a las alianzas entre el PAN y las llamadas “fuerzas de izquierda” en entidades federativas como Durango, Hidalgo y Oaxaca, los diputados federales del PRI acordaron impulsar una reforma constitucional que reincorpore a las obligaciones del Presidente, la de presentar personalmente el informe anual de gobierno; y, asimismo, reforzar los procesos de revisión de las cuentas públicas de la gestión del presidente Vicente Fox, y la de Felipe Calderón.

¿Por qué, ante ello, considerar que estos resolutivos no contribuyen a la democracia? Porque ni la actuación del PRI, ni la de cualquier otro partido, puede continuar sujeta fundamentalmente a los procesos o las decisiones electorales. Ya en septiembre pasado, había trascendido —y algo había de cierto— en el sentido de que diversos sectores duros del priismo habían condicionado la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2010, a la decisión del panismo de no emprender las alianzas, y que incluso eso es lo que finalmente habían transigido, para que algunos sectores del tricolor sí respaldaran la propuesta del paquete económico planteada por el Presidente.

El problema, entonces como ahora, es que con esas propuestas los legisladores pretenden cobrar facturas políticas a sus adversarios políticos, pero a través de las decisiones de Estado que rebasan incluso al gobierno y al partidismo. ¿Por qué? Porque finalmente, temas como el de la fiscalización de las cuentas públicas y la transparencia de los programas sociales ejecutados por el gobierno federal, deberían ser temas no sujetos a vaivenes o revanchas de orden partidista.

En un verdadero Estado democrático, esas revisiones deberían de ocurrir independientemente de que el partido o la facción política en el poder tomara decisiones respecto a los procesos electorales; y las responsabilidades halladas deberían fincarse y ejecutarse con independencia en base a las faltas cometidas, y no a los revanchismos que fundamentalmente están dotados de cargas políticas que los opacan.

Es poco decoroso, y hasta ofensivo —no para los partidos, sino para la democracia y la sociedad, que es la que pone el dinero para que todo el sector público gaste—, que ante decisiones de naturaleza partidista o electoral, las fuerzas dominantes en el Congreso de la Unión amaguen con emprender decisiones que son del interés del Estado.

El deber de revisar escrupulosamente las cuentas públicas no debería estar sujeto a las alianzas. ¿O apoco si el PAN actuara en docilidad al priismo, éstos pasarían por alto los desfalcos y el mal uso de los recursos económicos que los azules han hecho en los últimos 9 años que han tenido el gobierno federal en las manos? Por las recientes decisiones tomadas por el priismo, tal parece que sí.

¿REVIVIR EL INFORME?

Cuando apenas iniciaba el sexenio, a mediados de 2007, el senador Manlio Fabio Beltrones impulsó un paquete de reformas constitucionales con los cuales trató de emprender —como tantas otras veces ha ocurrido— el camino de la Reforma del Estado. En el Congreso, a través de una Ley, se creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, y se inició un diálogo que, hasta ahora, ha fructificado en muy poco.

¿Por qué? Porque, a la luz de los hechos, el único acuerdo verdaderamente trascendental que, en concreto, se logró con esa Comisión y las reformas que se pretendían, fue la de la modificación del formato en que ocurrían los informes presidenciales. Los antecedentes, entonces, hablaban por sí mismos:

En su último año de gestión, el presidente Vicente Fox se vio impedido para emitir el mensaje sobre el Informe de Gobierno y estar presente en la sesión inaugural del proceso ordinario de sesiones 2006; y el año siguiente, al presidente Calderón le fue prácticamente negada la posibilidad de cumplir con el “ritual” protocolario del informe de labores.

Por eso, al final, todas las fuerzas políticas coincidieron en que era necesario modificar la obligación constitucional de que el Presidente acudiera a la Cámara de Diputados a presenciar el inicio de las sesiones y a entregar el Informe de Gobierno. Fue un consenso general, y fue el único acuerdo verdaderamente importante que, en esa paradigmática materia de la Reforma del Estado, consiguió la mencionada Comisión.

Hoy los legisladores priistas pretenden nuevamente modificar ese esquema protocolario de informar sobre el estado que guarda la Administración Pública federal, para seguramente volver al pasado. Es decir, para que ahora el Presidente (panista) tenga la obligación de ir a San Lázaro a ser vituperado, cuestionado y encarado; y quizá para que después, cuando el priismo regrese al poder presidencial, se reviva el obsoleto “día del Presidente” que, hasta hace poco más de una década significaba el 1 de septiembre.

BUSCAR ESQUEMAS

Es mentira aquello que dicen los priistas que el informe de gobierno, como actualmente existe, constituye un “vacío” para los poderes Ejecutivo y Legislativo federal. Pero, si ya determinaron “revivir” el informe, deberían buscar mecanismos efectivos para verdaderamente innovar, y no para sólo volver al pasado. No descubrirían nada: en diversos países existen mecanismos eficaces en los cuales los presidentes no sólo informan sino también debaten, rebaten, señalan, acusan y se defienden verbalmente frente a los legisladores. Esa sí sería innovación. Aunque hoy, sólo parece simple revanchismo y demagogia.

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