Lunes 31 de octubre de 2011
+ Transparentar concesiones, la única salida
Es lamentable que, hasta hoy, la Coordinación de Transporte del Gobierno del Estado, siga sirviendo como un mero instrumento político del Gobierno del Estado para ajustar cuentas con sus adversarios, pero que no existan planteamientos de verdad serios tanto para terminar con los múltiples problemas que enfrenta el sector del transporte en la entidad, como para poner fin a los aberrantes problemas de corrupción que ahí se presentan. Mientras no se aborden esos dos problemas, todo lo que se haga, se diga, y hasta se persiga, no dejará de estar sino en el perverso ámbito de la demagogia.
En efecto, la única actuación “trascendente” que ha tenido la Cotran en este casi primer año de gestión, fue la integración de los expedientes con presuntas irregularidades, por los que hoy se encuentra procesado judicialmente y en prisión, el ex titular de esa dependencia, Gonzalo Ruiz Cerón.
Fuera de eso, la Coordinación ha continuado haciendo uso de toda la opacidad y discrecionalidad que le permite la misma ley, y quizá por esa misma razón, su actual titular, Pedro Silva Salazar, no ha tenido las ganas, o la capacidad, para hacer más por un sector en el que hace falta prácticamente todo. ¿De qué hablamos?
Hablamos de que, en primer término, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo debe ser muy cuidadoso no sólo del posible otorgamiento actual de concesiones —cosa que el mismo Mandatario negó tajantemente la semana pasada, asegurando que él no ha dado una sola concesión—, sino de todo lo que ocurre dentro de la Cotran, para no terminar siendo candil de la calle, y oscuridad de su casa. ¿Por qué?
Porque, en este primer punto, queda claro que la ley otorga al organismo regulador del transporte público, amplias facultades para hacer mucho a partir de la discrecionalidad. Y puede decirse con certeza, que bien a bien nadie más que los actuales funcionarios de esa Coordinación, saben si lo que se está haciendo hoy ahí es del todo legal o no, y si de verdad Pedro Silva y sus subordinados se están apegando a la ley para llevar a cabo los trámites y los servicios que deben prestar.
En ese sentido, la Cotran sigue estando en la más completa opacidad, y Pedro Silva tiene exactamente las mismas facultades legales por las que su antecesor se encuentra en prisión. Y queda claro que más allá del discurso de siempre sobre la honestidad y el compromiso con la sociedad y la legalidad, nadie sabe si en realidad los actuales funcionarios de Cotran están cumpliendo honesta, puntual y legalmente con las responsabilidades que les fueron conferidas.
Por eso, y porque desde Cotran se erigieron en acusadores para perseguir y encarcelar a un funcionario de la administración anterior, hoy el servidor público más vigilado de toda la administración debiera ser Pedro Silva Salazar. Esto, no sólo para constatar que está cumpliendo cabalmente con sus responsabilidades legales, sino también para evitar que al final resulte que ahí la corrupción, los abusos y los excesos siguieron siendo los mismos que en el gobierno anterior a quien tanto acusaron de ilegalidades.
COTRAN, AL “AHÍ SE VA”
Pero además, a esta administración debiera comenzar a preocuparle que el tema del transporte es uno de tantos sobre los cuales no hay ni diagnóstico ni rutas claras sobre qué se debe hacer para concretar “el cambio” por el que votó la mayoría de los oaxaqueños. Y es que un año después, Cotran sigue siendo la misma Coordinación de siempre, con las mismas facultades de siempre, y con la misma carencia de siempre, respecto al establecimiento de coordenadas para hacer de mejor modo su trabajo.
Sobre la Cotran, hoy, no hay un diagnóstico preciso. Y aunque hoy, por el momento en que se encuentra la presente administración, el asunto del transporte no es aún un problema importante, lo cierto es que dentro de no mucho tiempo, el Gobierno del Estado tendrá que comenzar a pensar en la forma en que iniciará el proceso de otorgamiento de concesiones a los distintos grupos que integran el sector.
En ese sentido, queda claro que para entonces deberá tener un ente regulador transformado por completo y, sobre todo, dotado de los mecanismos claros para garantizar a la sociedad que, a diferencia de las dos últimas administraciones, ahora sí no habrá corrupción, ni favoritismos, ni tráfico de concesiones.
Por eso, lo primero en lo que deben pensar es en que la Coordinación de Transporte no puede seguir siendo un ente de segundo nivel, que se maneja sólo en términos políticos, y en el que la sociedad no tiene ningún tipo de participación. Si de verdad se quiere dotar de certeza y legitimidad a la instancia que vigile el transporte, entonces debe erradicarse no sólo la corrupción, sino también las resistencias a que los oaxaqueños puedan conocer todos los trámites y procesos relacionados con la regulación del sector.
Quién sabe si en realidad el Gobierno del Estado tenga voluntad manifiesta de hacer eso. Hasta hoy, han hablado de algunos proyectos para replantear a la Cotran, aunque lo cierto es que buena parte de eso se traduce en modificar todo lo aparente, para que en el fondo no cambie nada. Y eso, que sería un cambio meramente decorativo y demagógico, traería aparejado una serie de problemas que se verían en toda su magnitud cuando de nuevo, en esta o la siguiente administración, se supiera que hubo corrupción en el manejo y regulación del transporte público.
Quizá, incluso, en una voluntad verdaderamente democrática, el gobierno estatal debía considerar la posibilidad de proponer que el otorgamiento de concesiones dejara de ser una facultad discrecional del Gobernador del Estado, para pasar a tener un procedimiento más rígido, vigilado y susceptible de ser transparentado, en el que también la sociedad pudiera participar para garantizar que se cumplan con todos los requisitos que pudiera exigir la ley, y para dejar constancia de que en ello no hubo tráfico de influencias, corrupción o venta de concesiones.
REFORMA ¿IMPOSIBLE?
Eso sería ideal. El problema es que se ve difícil, que por voluntad propia, el Ejecutivo del Estado se deshaga de una facultad amplia que, como ha quedado clara, no sólo sirve para regular el sector, sino que también es una poderosa herramienta de control político que, aunque ahora parece una “papa caliente”, después podría servir para mantener la estabilidad en un sector tan álgido como el del transporte, que quiere todo, menos transparentar su modus vivendi.
