+ Alentar conocimiento: una labor democrática
Tienen razón todos aquellos que, desde el sector oficial, acusan a los opositores a la propuesta de Ley de Pensiones del Gobierno del Estado, de ser objeto de manipulación y desinformación. Sin embargo, si en algo se marcó el fracaso de ese proyecto —prioritario para el futuro de la burocracia y las finanzas estatales— fue en la forma misma en cómo fue presentada y se trató de conducir hasta convertir el proyecto en ley.
En efecto, pareciera que los principales interesados en hacer fracasar la ley, fueron aquellos funcionarios que la presentaron al Congreso del Estado. Éstos hicieron llegar la propuesta de reforma al Congreso del Estado, al mejor estilo del antiguo régimen. Y no calcularon que hoy la Legislatura no tiene una mayoría aplastante; que ahí también hay representantes de la burocracia estatal que estaba directamente involucrada en la reforma. Y que, sobre todo, hoy la ciudadanía no se encuentra, como antes, en la misma situación de desinterés sobre temas importantes.
En ese sentido, el Gobierno del Estado hubiera querido que la aprobación de la reforma a la Ley de Pensiones se diera con un tipo de “albazo”. Es decir, que el proyecto fuese presentado en sigilo para evitar que el grueso de la sociedad —e incluso de los diputados— se enterara del contenido de la reforma; que fuese obviada la discusión en el Poder Legislativo, y que la iniciativa fuese aprobada sin mayor dilación, en un proceso legislativo “fast track”. Es decir, que todo ocurriera antes de que la burocracia estatal reparara en lo sucedido, y que cuando esto ocurriera, todo fuese ya un hecho consumado, imposible de ser revertido.
El problema es que, de antemano se sabía que no existían las condiciones para que algo así ocurriera. Esto porque, en primer término, el Congreso del Estado es, les guste o no, un ente plural en el que no existe una fuerza política predominante. Además, porque ya existían antecedentes precisos de que la burocracia estatal no tan fácilmente permitiría una reforma en la que no sólo no tomaran en cuenta sus puntos de vista, sino en la que no participaran ni siquiera en términos de brindarles información. E incluso, porque hoy los trabajadores sindicalizados del gobierno estatal tampoco tienen un liderazgo predominante que pudiera tener cierto grado de control sobre sus agremiados.
Todo eso generó un efecto boomerang inmediato a la presentación de la iniciativa. Porque de inmediato los trabajadores reaccionaron al intento de reforma; porque no hubo ni la más mínima disposición del sector oficial para generar concientización e información previa a los directamente involucrados; y porque las reacciones en el Congreso fueron tan inocuas que, ante el primer viso de inconformidad por parte de los burócratas estatales, éstos decidieron dar marcha atrás a su decisión de analizar y discutir la iniciativa, y casi de inmediato decidieron apagar la crisis mandando el proyecto a la congeladora.
En todo esto, queda claro que lo incorrecto no está en la norma sino en la forma en cómo ésta ha sido tratada. Queda claro que, en efecto, los trabajadores sindicalizados protestan por desinformación y por manipulación. Pero también lo es que los primeros que dieron pie a estas circunstancias fueron los funcionarios de las Secretarías de Administración y Finanzas que decidieron hacer todo por la puerta de atrás, y a espaldas de los sindicalizados, y que generaron este problema que, para variar, tiene su punto central en un falso debate sobre los derechos de los trabajadores en activo, y los posibles (y supuestos) daños a sus derechos laborales.
ATENDER LA INCONFORMIDAD
Los trabajadores de base en activo del gobierno estatal protestan, impropiamente, porque “alguien” les metió la idea en la cabeza de que con dicha reforma sus derechos laborales se verían lesionados.
Sin embargo, también protestan, primero, porque no fueron tomados en cuenta ni siquiera para decirles previamente en qué consistía la reforma; y sobre todo, porque exigen una clarificación total del manejo del Fondo de Pensiones, ya que existen los suficientes elementos para presumir que de esta potencial crisis no sólo es responsable el crecimiento exponencial de la burocracia estatal, y el incremento de la esperanza de vida de los trabajadores retirados que tienen derecho a pensión, sino también posibles malos manejos que son responsabilidad de los últimos directores de la Oficina de Pensiones… ¡Y el mismo Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado!
En los últimos días ha surgido información relativa a préstamos otorgados con recursos del Fondo de Pensiones, que fueron enviados a una especie de “cartera vencida” por la imposibilidad de ser cobrados. En la lista de presuntos beneficiarios de esos créditos incobrables, se encuentran varios altos funcionarios estatales, y también integrantes de la actual dirigencia del sindicato de burócratas. Eso es lo que, en el fondo, genera inconformidad a los trabajadores. Y es lo que les sigue, y les seguirá dando, banderas y motivos para continuar tomando acciones en contra de la aprobación de la reforma respectiva.
Es indudable que, independientemente de los malos manejos, esta es una reforma indispensable en todos los niveles. Sin embargo, el hecho de que se pretendiera que la reforma pasara “de noche” por el cuerpo legislativo; que éste la aprobara sin ningún tipo de reflexión y sólo gracias a la “aplanadora”, como en los viejos tiempos; y que nadie protestara, era demasiado pedir para un gobierno que se jacta de ser incluyente y democrático con todas las corrientes ciudadanas.
Al final, lo que queda en evidencia es la poquísima capacidad de entendimiento y sensibilidad que tienen los funcionarios involucrados; y, sobre todo que, por esos errores elementales de cálculo en que incurrieron, a partir de ahora será mucho más difícil que la reforma pase en sus términos actuales, incluso abonando a la clarificación de cómo ha sido manejado el fondo de pensiones, y la forma en cómo pueden ser recuperados los préstamos a altos funcionarios, que ya fueron declarados como “incobrables”.
CIRUGÍA MAYOR
Este, como queda claro, es un asunto de sensibilidad y de una operación política de tipo quirúrgico. El problema adicional al que se enfrenta hoy el gobierno, es que son los propios trabajadores sindicalizados quienes, aunque de forma poco organizada, son los que están protestando. ¿Podrán hacer esa demostración de una operación excepcional? Deberían. Pero quién sabe si puedan.
