+ Sus limitaciones residen en la inmovilidad
Cuando en agosto de 2011 Jesús Martínez Álvarez llegó a la Secretaría General de Gobierno, dijo en su discurso de toma de posesión, que su misión sería la de llevar a la instancia encargada de la gobernabilidad a todos los rincones de la entidad, para abonar a que los problemas sociales y políticos se resolvieran ahí mismo donde se generaban, y evitar que todos vinieran a impactar en la capital oaxaqueña. Ese, que en esencia no parecía un mal planteamiento, en realidad se vio torpedeado por una infinidad de obstrucciones y regateos que convirtieron algo potencialmente funcional en imposible, y la labor de la Secretaría General en un callejón sin salida.
En efecto, desde los primeros días de su gestión como titular de la Segego, Martínez Álvarez planteó la creación de ocho subsecretarías regionales, que tuvieran las capacidades y los recursos suficientes como para enfrentar y resolver los problemas sociales y políticos que se presentaran en las regiones del Estado. Lograr ese objetivo implicaba un reto importante dentro de la administración pública, porque eso significaba quitar estructura administrativa, recursos, poder y presencia a otras dependencias y personajes, que no tan fácilmente se dejarían “despojar” por Martínez.
Ahí quedó claro que en esta administración, todos tienen la convicción de que el gobierno es un conjunto de islas o cuotas de poder, que cada quien tiene derecho a cuidar y preservar como si fueran suyas. La idea, pues, de que el gobierno es uno, y que las decisiones se toman en función de lo que el gobierno necesita, y no lo que sus integrantes desean, estaba ya perdida para entonces. Darse cuenta de eso, constituyó el primer frentazo del malogrado Secretario General de Gobierno.
¿Por qué? Porque en ese discurso de toma de posesión, Martínez planteó la creación de esas ocho subsecretarías sin que eso necesariamente significara la creación de sendas estructuras que requirieran, en cada región del Estado, recursos económicos, materiales y humanos para operar. El entonces recién ungido Secretario de Gobierno más bien volteó a ver las estructuras administrativas que ya existían, pero que habían sido desnaturalizadas y desviadas para ser utilizadas en trabajos técnicos para los que no estaban preparadas, o para ser estructuras electorales a favor del hoy senador Benjamín Robles Montoya.
Esas estructuras eran las antiguas delegaciones de gobierno, que esta administración convirtió en Módulos de Desarrollo Sustentable. La razón de esa conversión, al inicio del sexenio, radicó en las incontables denuncias de que las delegaciones, en manos del impresentable Alejandro Avilés Álvarez durante el gobierno de Ulises Ruiz, se habían convertido en centros de operación electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional. El gobierno de Gabino Cué decidió terminar con eso, y les quitó todas las potestades políticas para convertirlo en órganos técnicos que interactuaran con los municipios para temas de desarrollo social y productivo.
El problema es que esos Módulos rápidamente fueron colonizados por quienes veían en el gobierno un trampolín electoral. A menos de un año de distancia, los Módulos demostraron no poder cumplir cabalmente con su misión, porque como órganos técnicos no alcanzaban a tener el grado de especialización que requerían las funciones que se les delegaron; además, porque sus funciones propias constituían (violando la Constitución federal, como hasta ahora) una especie de autoridad intermedia entre el Estado y los municipios; y porque, finalmente, fueron tomadas por Robles Montoya para fungir como sus brazos principales en la operación electoral que desplegó en su carrera por el Senado de la República.
Esa era la estructura que quería Martínez para ponerla a trabajar, decía, a favor de la gobernabilidad del Estado. El problema es que eso implicaba un enfrentamiento político al interior del gabinete. Y ahí comenzaron los problemas y las confrontaciones que marcaron su atropellada gestión en la Secretaría de Gobierno.
CONFLICTO POR ESTRUCTURA
Jesús Martínez Álvarez quería, en resumen, que los Módulos de Desarrollo Sustentable se convirtieran en la base de su proyecto como titular de la Segego. Quería que éstos se sectorizaran a la Secretaría de Gobierno, se organizaran en ocho subsecretarías regionales y operaran en función de las necesidades de la política interna, además de que continuaran desahogando las tareas que ya tenían asignada. Así, pensaban, no habría mayor gasto ni crecería la estructura burocrática del gobierno estatal. El problema es que perdió de todo a todo.
Benjamín Robles, apoyado por los titulares de otras dependencias, comenzaron a torpedear el proyecto hasta sacarlo de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que se planeaba para los primeros meses del 2012. Cuando quedó claro que sería imposible trasladar esa estructura a la Secretaría de Gobierno, entonces Martínez comenzó a presionar para que le aprobaran la estructura de la Subsecretaría de Operación Regional, que entonces ya funcionaba de forma provisional (primero a cargo de Jaime Slomiansky, y después en manos de Rogelio Morales, cuando el primero salió literalmente huyendo de ese callejón sin salida), pero lo hacía, literalmente, en “banquitos” porque no tenía recursos, ni estructura administrativa, ni oficinas, ni nada.
Al final, lo que se creó fueron las coordinaciones regionales que, en los hechos, han funcionado únicamente en la medida de sus posibilidades. Es decir, lo han hecho a pesar de que la Segego ha ido recibiendo a cuentagotas los recursos para pagar al personal contratado, de que la propia administración de la Secretaría es un caos nunca atendido por Martínez, de que cuentan con una infraestructura casi testimonial, y que las demás dependencias de la administración estatal no le han dado la importancia que debiera tener esa estructura tanto para apoyarse en ellas para resolver problemas, como para atender sus llamados y peticiones cuando ellos intentan enfrentar un conflicto.
SECRETARÍA INFUNCIONAL
Hoy debería someterse a revisión la permanencia de esa estructura, pero a la luz no de la Segego, sino de todo el Gobierno del Estado. ¿Para qué quieren tener esa Operación Regional, si aunque podría ser eficaz, nadie quiere usarla? Bien dicen que el primero requisito para recibir ayuda, es dejarse ayudar. Y ese es el brete que hoy enfrenta el gobierno estatal con la Segego, que se volvió el patito feo de la administración estatal.
