+ Atención, intrascendente para las autoridades
A ninguna autoridad en Oaxaca le interesa lo que ocurre con los migrantes que desde Centroamérica pasan por territorio estatal, y eso se nota por las nulas acciones que han emprendido para proteger y garantizar su paso por la entidad, libre de violencia y actos criminales. La transmigración, en los hechos, implica un falso dilema para las autoridades estatales que, en aras de no reconocer la estadía ilegal en el país de esas personas, las abandona a su suerte y las pone en bandeja de plata a los criminales. El gobierno debería tener un giro radical para eso. Y en un tema tan sensible como ese debían aparecer los organismos defensores de los derechos humanos aliados del régimen, que hoy lejos de ayudarlo, se han convertido en parásitos.
En efecto, todos aquellos que conocen la llamada “ruta del migrante” (es decir, desde su arribo a Chiapas, el abordaje del tren en Arriaga, el paso por el Istmo de Tehuantepec para luego llegar a Medias Aguas, Veracruz, y de ahí viajar o por el centro del país, o por Tamaulipas, hasta la frontera norte) saben que durante todo ese trayecto los transmigrantes corren riesgos extraordinarios, pero también que los gobiernos de varias entidades del país han comenzado a tomar medidas para que, al margen de si situación migratoria, esas personas tengan cuando menos garantizados los derechos fundamentales que no les niega la Constitución de la República.
Y es que Chiapas, por ejemplo, enfrenta un problema mayúsculo y permanente por compartir frontera con Guatemala. En años anteriores, todos los horrores que se relataban respecto a las agresiones y vejaciones que sufrían los transmigrantes comenzaban justamente en aquella entidad. Chiapas fue el primer territorio fértil en el que la delincuencia, los secuestradores, los tratantes de personas y los asaltantes comunes, hizo presa a los transmigrantes de una lista larguísima de delitos.
Con el paso del tiempo, el gobierno de aquella entidad comprendió que mantenerse al margen de ese problema equivalía a aceptar muchas de sus consecuencias y asumir la responsabilidad ineludible por esos hechos. Por eso, con el paso del tiempo el gobierno chiapaneco asumió, con razón, que el vigilar la legal estancia en el país de esas personas no era una atribución suya, y más bien centró su atención en contribuir a que esas personas tuvieran garantizado su paso por aquella entidad.
De ahí que a la migración centroamericana que llega a trabajar en las fincas chiapanecas, comenzó a procurarle servicios básicos de salud, de educación, de seguridad y de trabajo; y a los transmigrantes (que sólo van de paso porque no tienen como meta quedarse ahí, o en cualquier otro punto del país) les garantizó la seguridad y un paso libre de violencia, delincuencia y comisión de delitos.
Con el paso del tiempo, Chiapas consiguió disminuir de forma sensible los delitos que se cometen en contra de los transmigrantes, pero con su política aislada lo que provocó fue una especie de “efecto cucaracha” que, lamentablemente, vino a parar en el Istmo de Tehuantepec, en donde lejos de contribuir a solucionar ese problema, el gobierno ha preferido cerrar los ojos y centrar la “atención” a únicamente organizar redadas en las que participan autoridades estatales y federales, y que no siempre tienen como fin hacer que la ley se cumpla. Más bien, todos los horrores que antes ocurrían en Chiapas, ahora se cometen en territorio oaxaqueño. El problema es que aquí no ha habido atención para esas cuestiones tan graves.
TEMA OLVIDADO
Han pasado varios años desde que el padre Alejandro Solalinde denunció las amenazas en contra de su persona y de su organización, y que relató también las atrocidades que grupos criminales cometen en contra de los transmigrantes, que al no despertar ningún tipo de interés en las autoridades, se convierten en blanco libre de narcotraficantes, sicarios, secuestradores, maras, tratantes de personas y demás. Cuando eso ocurrió, originalmente acusó al gobierno de Ulises Ruiz de querer atentar en su contra. Pero lo cierto es que han pasado varios años desde entonces; que hoy la entidad es gobernada por un régimen distinto. Y es asimismo cierto y visible de todos modos las mismas cosas continúan ocurriendo.
El problema es que Oaxaca (el ámbito estatal y los municipales directamente involucrados) tienen puesta su atención en otros temas. Al gobierno estatal, por ejemplo, no le ha preocupado que, “curiosamente”, el municipio de Chahuites (el primero perteneciente a Oaxaca luego de que el tren conocido como La Bestia abandona el territorio chiapaneco) sea el punto de partida de la comisión de delitos y excesos en contra de los migrantes.
Eso no es ninguna casualidad: aquí los criminales encuentran el camino libre para poder hacer lo que no pueden en Chiapas. Al gobierno estatal —y sus funcionarios, y sus organizaciones satélites que dicen defender los derechos humanos— ese no es un tema prioritario. Y los gobiernos municipales también hacen mutis ante la situación, por no tener la capacidad de responder, o de guarecerse, ante el posible ataque de un grupo criminal que quiera tomar venganza por su intervención a favor de los migrantes.
Lo que revela todo esto es que los transmigrantes se encuentran en un completo estado de indefensión. Esto se constata cada vez que la Bestia tiene algún incidente (muchos de ellos en los que personas pierden la vida o sufren accidentes terribles que la mayoría de las veces implica la mutilación de sus extremidades), o que ocurren hechos violentos en contra de los transmigrantes. Cuando eso pasa (secuestros, extorsiones, violaciones, explotación, etcétera) y es denunciado por alguna organización, todos se santiguan y se dicen atentos a atender la problemática. Pero lo cierto es que olvidan sus promesas antes incluso de que ese día termine. Y los transmigrantes (que son personas, con derechos, dignidad e integridad) quedan de nuevo a merced de criminales que, ante la indefensión, hacen lo que quieren con ellos.
DÍA DEL VOCEADOR
Hoy 8 de mayo es Día del Voceador en Oaxaca. Desde este espacio, enviamos un abrazo fraterno a todos nuestros amigos expendedores de periódicos y revistas, que día a día contribuyen a la libertad de expresión llevando la información escrita hasta los hogares de los lectores. A todos, todos, les deseamos lo mejor, haciendo votos porque las autoridades atiendan sus demandas y les tengan la consideración digna de un gremio trascendental para la vida pública de Oaxaca.
