+Detenidos, con garantías pero no con impunidad
Si la Sección 22 del SNTE quisiera defender a sus agremiados, debe hacerlo pero dentro del delicado equilibrio de la constitucionalidad. Sí, porque al margen de la responsabilidad de quienes se encuentran presuntamente implicados en un secuestro, lo cierto es que esas son personas con garantías mínimas que deben ser respetadas. Y si el magisterio no quiere dejar solos a sus compañeros aún frente a su responsabilidad, lo que debe hacer es exigir que ese conjunto de garantías se cumplan, e incluso pedir y acompañar a una defensa legal adecuada. Si eso haría cualquier persona por un pariente cercano aún siendo un delincuente, eso es lo que inteligentemente debía hacer la Sección 22.
En efecto, desde el pasado sábado han ocurrido diversas manifestaciones de sectores magisteriales, en defensa de los cuatro profesores que fueron detenidos como probables participantes del delito de secuestro de dos menores integrantes de una conocida familia de la capital oaxaqueña.
Aunque hasta el momento no ha habido un posicionamiento formal de la dirigencia de la Sección 22 respecto a si incluirá dentro de su pliego político la defensa de esos agremiados, los sectores más radicales sí se han pronunciado por la defensa a ultranza de los implicados en el secuestro. Esto abre un escenario doble: porque por un lado, los grupos moderados no se han posicionado; pero por el otro, los radicales quisieran verlos fuera de prisión argumentando persecución política, y libres de toda acusación por el solo hecho de ser maestros.
¿Qué debieran hacer en medio de esas dos posturas? Lo que deberían, es exigir justicia. Sí, tan simple como eso. Porque pedir justicia implica no pedir impunidad, sino vigilar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho, además de exigir justicia a partir de un juicio justo, proveyendo una defensa bien articulada y capaz de salvaguardar los intereses de los indiciados, y velando porque los derechos humanos no sean trastocados en el intento por mantenerlos en prisión. Eso haría cualquier persona por otra a la que intenta defender, no importando si es responsable o no.
Ese es el camino más adecuado. El magisterio bien podría vigilar que el proceso judicial que se le seguirá a los presuntos secuestradores, se lleve con siguiendo con pulcritud los principios constitucionales. En ese sentido, la defensa que han dado de integrantes de su movimiento, ha demostrado ser eficaz cuando en otros tiempos lograron la excarcelación de personas a las que el mismo Estado había puesto en prisión como chivos expiatorios.
Si su propósito fuera defender a los secuestradores, la Sección 22 debía nutrirse de la experiencia de quienes lograron la exoneración de personas como Juan Manuel Martínez Moreno, acusado de disparar en contra del cámara estadounidense Brad Will en octubre de 2006, o de quienes desde el movimiento popular defendieron con éxito, hasta demostrar plenamente su inocencia, a las personas a las que se les había acusado de un montón de delitos —esos sí— relacionados con la criminalización de la protesta social.
Ese sería el camino eficaz y claro de un gremio comprometido con sus integrantes en un sentido civilizado. De hecho, una defensa de ese tipo encuentra una explicación, e incluso excusas lógicas, a partir de que el magisterio lo hace por un sentido de solidaridad, de fraternidad y de ayuda a quienes siendo parte de su gremio, cometieron errores tipificados como delitos. Eso, además, es muy distinto que llevar a las calles y a los pliegos políticos la defensa de esas personas que, como quiera que sea, fueron detenidas en medio de una investigación federal relacionada con un secuestro.
REBAJAR LA PROTESTA SOCIAL
Por el propio bien de los grupos disidentes, de la legitimidad del derecho a la libre manifestación, e incluso del respaldo social que en específico tiene la Sección 22 entre la ciudadanía, nadie debe permitir que la detención de los presuntos profesores secuestradores se politice, se lleve a las mesas de negociación y sea factor de enrarecimiento de las relaciones políticas entre el magisterio y el gobierno estatal y federal. El asunto va más allá de la sola amenaza del paro indefinido de labores o de los problemas que eso pueda ocasionar en el corto plazo. Lo aceptemos o no, es una especie de problema “democrático” que debemos evitar. ¿Por qué?
Porque como quiera que sea, la protesta social es una vía de escape y de expresión de la inconformidad que tiene la sociedad. Estemos o no de acuerdo con ciertas expresiones, lo cierto es que todos tenemos derecho a manifestarnos, a expresar nuestras inquietudes y nuestros desacuerdos, y a tratar de que la autoridad cumpla lo que nosotros mismos le exigimos. Ese derecho, incluso, se encuentra garantizado por la Constitución de la República, estableciendo que el único límite es el ataque a la moral, a la paz pública, al Estado o a terceros.
¿Qué pasa si ese derecho a la protesta lo utilizamos para defender delincuentes? Pasará que, posiblemente, en el corto plazo podamos cumplir nuestro objetivo. Pero en el mediano y largo plazo lo que haremos será dinamitar la legitimidad y el sentido de utilidad y de necesaria presencia de ese derecho. Si ese derecho a la protesta se utiliza para defender a presos argumentando que se encuentran en esa situación por cuestiones políticas, se hace valer buscando el respaldo de la sociedad, y que sea la presión ciudadana la que obligue a la autoridad a cumplir la ley.
Pero, en contraparte, ¿cómo se haría para defender delincuentes como, en este caso, los acusados de secuestro? Esto no tendría ninguna base social ni respaldo ni legitimidad. Intentarlo no sólo pondría en una situación inaceptable al magisterio, sino que minaría profundamente la autoridad y calidad moral de quienes disienten, quienes protestan y quienes ganan la calle en pro de causas justas. Pues esa sería la causa más injusta y más impropia jamás defendida.
DE DOS PARTIDOS
Uno de los hijos del ex edil priista de la capital, Jesús Ángel Díaz Ortega, ha manifestado su deseo de ser regidor. De inmediato, desde las redes sociales surgió un fuerte golpeteo en su contra esencialmente en tres aspectos: 1. Que no cuenta con un solo mérito real dentro del partido por el que aspira. 2. Que es hijo del Edil de triste memoria que salió huyendo cuando el conflicto del 2006 y que después dejó la alcaldía por la puerta de atrás; y, 3. Que en la capital poblana apoyó al candidato a edil del PAN que fue derrotado por Enrique Doger. ¿Mienten los que lo acusan?
