+ Indagatorias deficientes: el riesgo más grave
Este fin de semana fue detenido en la frontera con Estados Unidos José Manuel Saiz Pineda, secretario de Finanzas del gobierno de Andrés Granier, acusado de desviar más de mil millones de pesos del erario del estado de Tabasco. Esto, que en apariencia constituye un modelo de las acciones judiciales que todos los mexicanos quisiéramos ver en contra de quienes se roban el presupuesto, en realidad puede encerrar un conjunto de interrogantes que en el fondo podrían darnos certidumbre de que en realidad se hará justicia.
En efecto, en una anterior entrega (ver Al Margen del 31 de mayo de 2013) afirmábamos que a todas luces puede verse que la principal motivación de este caso, es la política. A partir de eso podemos entender que desde su primer día de gobierno en Tabasco, Arturo Núñez denunciara públicamente que el erario había sido saqueado, y que desde entonces iniciara una persecución en contra de Granier y sus principales funcionarios, que hasta hoy no ha tenido tregua.
Y es que lejos de construir una investigación sólida, el gobierno de Núñez ha preferido el escándalo. En menos de seis meses (Núñez asumió el gobierno de Tabasco apenas el 1 de enero pasado), el gobierno de Tabasco ha denunciado innumerables irregularidades, pero para ello ha utilizado más la fuerza de la opinión pública que la de la construcción de pruebas e investigaciones sólidas.
Lo primero lo hemos visto, porque Núñez ha tratado de demostrar que el gobierno de Granier se robó el dinero público a partir de efectos espectaculares como la incautación de 88 millones de pesos en efectivo, que se reputa que estaban en poder del ex tesorero Saiz Pineda, o el aseguramiento de vehículos de lujo (automóviles y motocicletas) a ese mismo ex funcionario. Pero nada sabemos respecto a si esas incautaciones son producto de investigaciones bien elaboradas, o si todo es un efecto mediático que busca abonar a la imagen de “saqueadores” que está intentando construirle a los ex funcionarios para que éstos no tengan, ante la opinión pública, calidad para exigir ser tratados como inocentes hasta que se les demuestre lo contrario.
Eso es gravísimo, y debemos ver por qué. Dice la Constitución de la República, en su artículo 14, que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
¿Qué significa esto? Que en el ámbito penal, para declarar culpable a un individuo por la comisión de un delito, no importa qué piense el Gobernador de Tabasco, qué piense la opinión pública o qué percepción se haya construido a partir de golpes espectaculares como la incautación de dinero en efectivo o de automóviles y motocicletas de lujo. Más bien, lo que importa es lo que se pueda probar de forma contundente, ante los tribunales, por los delitos que se imputan a la persona; y que las conductas descritas en las acusaciones se ajusten exactamente a lo que dice la ley. No permitir penas por analogía o por mayoría de razón, implica que la Constitución exija que se cumpla cabalmente con los parámetros de legalidad, al margen de lo que crea una persona, un gobierno o “la mayoría de razón”.
Ahí es donde se encuentra el quid de la investigación en contra de Granier y el tesorero de su administración.
CULPABLES, CON PRUEBAS
Dudar de la investigación que realiza el gobierno de Arturo Núñez es tan natural como suponer que Andrés Granier y sus colaboradores sí cometieron el desfalco por el que se les acusa. Eso es lo que indica la percepción. Pero de eso a que una percepción pueda ser suficiente para condenar a alguien, existe un trecho enorme. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, a Saiz Pineda ya le incautaron un montón de vehículos de lujo. Pero en ese caso, lo que importa es que el gobierno de Tabasco pruebe fehacientemente que esos automóviles y motocicletas fueron comprados con el dinero que el Tesorero obtuvo indebidamente de sus funciones, y lo desvió de su destino público para la compra de esos objetos de lujo. Mientras el gobierno de Tabasco no pruebe eso, podrá tener incautados los vehículos incluso durante los seis años de su administración, pero finalmente tendrá que devolverlos porque no existe un lazo que vincule el quebranto al erario con la compra de esos automotores.
Lo mismo pasa con las acusaciones que pesan en contra de esos ex funcionarios. Pues no por el hecho de que el gobierno actual de Tabasco haya logrado la aprehensión de Saiz Pineda y otros de sus colaboradores, significa que tiene todos los elementos para probar su responsabilidad. Ahí es donde radicará la mayor fortaleza del gobierno de aquella entidad, para poder construir sólidamente sus acusaciones y probar, no con la mayoría de razón sino con la ley, que ellos son responsables. Si no lo hacen pasará lo mismo: podrán tener seis años recluidos en prisión a esos funcionarios, pero finalmente tendrá que dejarlos en libertad por falta de elementos para condenarlos.
De ahí parten las dudas: de que el gobierno de Tabasco ha hecho más de lo que parece que puede hacer respaldado en la ley, y que le ha apostado a construirle a sus antecesores la imagen de culpables ante la opinión pública, pero sin que nadie tenga certeza de si realmente lo son, y si lo que se dice en los medios informativos (las acusaciones y la exhibición de sus lujos y frivolidades, pues) tienen fundamento en lo que obra en los expedientes judiciales que respaldan las investigaciones y las acusaciones que se han vertido en su contra.
En todo el país, quisiéramos ver que casos como el de Granier se replicaran, y se castigara con todo rigor a ex Gobernadores, ex Secretarios de Finanzas y demás funcionarios que sin escrúpulos se roban lo que es de todos. Sin embargo, queremos ver más investigaciones así pero respaldadas en solidez jurídica y no en intentos de que el tribunal de los medios sentencie sumariamente a personas sobre las cuales, finalmente, no se podrá hacer algo que verdaderamente sea justicia.
MAO, EL OTRO EXTREMO
Es de risa, y de tristeza, que en Oaxaca estemos exactamente en el otro extremo: que personajes como Miguel Ángel Ortega Habib estén tranquilitos en su casa, viendo cómo el gobierno estatal se entrampó en sus investigaciones y que, en ese río revuelto, ellos salieron ganadores. Ni a él, ni a Bulmaro Rito, ni a cualquier otro de los “peces gordos” del ulisismo le han echado el guante. Ni lo harán. Sólo falta que les den un premio y un nuevo cargo…
