+ Oaxaca no debe permitir ser minoría oprimida
Es posible que estemos viendo los últimos capítulos del conflicto magisterial en la Ciudad de México, aunque lo que ahora no debe permitirse es que la inconformidad sólo se traslade del Distrito Federal a Oaxaca sin resolverse. Si eso pasa, entonces quedará claro que el gobierno federal tomará a nuestra entidad como el foco de reducción de la resistencia —que sí quiere ser el magisterio democrático— que condenaría a nuestra entidad a la putrefacción no sólo del conflicto, sino de la paz pública y del derecho a la educación de más de un millón de niños. Sería abominable pensar que Oaxaca quedara como la “minoría oprimida” de la reforma educativa en el país.
En efecto, durante la tarde de ayer lunes se darían a conocer los resultados de la consulta hecha por la Sección 22 del SNTE a sus miembros movilizados en la Ciudad de México. Éstos podrían optar entre continuar con la resistencia a las reformas ya desde las aulas, ya en paro indefinido de labores. De darse el primer supuesto, el plantón de maestros en la capital del país sería sólo representativo. Pero de darse el segundo caso, entonces tendrían que optar por el plantón masivo, a partir del cual deberían movilizarse nuevamente miles de profesores oaxaqueños para la reinstalación de un plantón extenso.
Frente a la decisión de los maestros se encuentran las posturas tanto del gobierno federal, como del estatal. Ambos han afirmado que para ellos el diálogo con la Sección 22 está agotado, que fueron suficientes las respuestas que dieron a demandas magisteriales, y que se sostienen en la decisión de pagar los salarios retenidos a los profesores sólo cuando éstos inicien el ciclo escolar. La Federación y el Estado, además, se sostienen en la decisión de no dar marcha atrás en la reforma educativa, en no detener su aplicación, y en estudiar el contenido del PTEO como una posible visión alternativa del nuevo contenido de la legislación en materia educativa.
¿Si la Sección 22 decide continuar en la Ciudad de México, querrá hacerlo buscando qué? Obviamente, tratando de conseguir la satisfacción de los puntos en los que no quiere ceder el gobierno estatal y federal. Si eso pasa, ya no habrá visiones y negociaciones parciales, aunque en los hechos los únicos que seguirán incrementando su nivel de desgaste serán los maestros, que continuarán sin percibir su salario, y acumulando el repudio de la ciudadanía que ya no quiere verlos en la capital del país.
En ese sentido, la mejor solución que podrían darle al problema —que, es cierto, es una solución parcial porque los remedios totales en un asunto como éste, no existen— es que los profesores oaxaqueños decidan continuar con su lucha a través de un plantón representativo en la capital del país, pero resolviendo el inicio del ciclo escolar de inmediato en Oaxaca.
Aunque esa parece ser una solución demagógica, lo cierto es que en el caso de nuestra entidad no puede pensarse ni en una solución total que ponga fin a la inconformidad magisterial (eso significaría ceder en todo, anular de facto la reforma, y darles definitivamente los pocos espacios sobre los que ellos aún no tienen el control de la educación en la entidad) como tampoco puede pensarse en la posibilidad de que los maestros trasladen sus movilizaciones y su plantón a Oaxaca sin decretar el inicio del ciclo escolar.
PLANTÓN REPRESENTATIVO
Para Oaxaca la mejor solución sería la decisión del plantón representativo en la Ciudad de México porque, aunque sea difícil de entender y de aceptar, sólo de ese modo el tema del magisterio de la CNTE no dejaría de estar en la agenda del gobierno federal, ni dejaría de ser foco de atención para la opinión pública nacional, que es la única que de algún modo puede continuar presionando para que todos los actores de este tema encuentren un arreglo así sea en el mediano plazo. Si transfieren el problema a Oaxaca, será tanto como darle el tiro de gracia a la educación pública en nuestra entidad. ¿Por qué?
Porque si trasladan el plantón y las movilizaciones a Oaxaca, de inmediato el tema dejará de estar en la atención del gobierno federal, y los problemas que ocasiona el paro de labores (así sea la anulación del derecho a la educación de un millón 300 mil niños y jóvenes) pasaría de la ruidosa atención de la opinión pública y los medios de la capital del país, a la desilusionada y poco activa ciudadanía oaxaqueña que no tendría manera de reaccionar y hacer ver el tamaño de su enojo frente a los profesores. Si eso pasa, la Sección 22 se sentiría libre para seguir presionando y tomando decisiones que, aun siendo impopulares, no tendrían ningún efecto adverso para ellos.
En este sentido, una de las posibilidades que no debe admitirse en Oaxaca es que el conflicto sea visto por el gobierno federal a través de la forma “democrática”. Es decir, que asuma que si la democracia es el gobierno de la mayoría, entonces su contraparte es una minoría oprimida, que debe pagar las consecuencias de no ser parte de quienes están a favor del gobierno. El gobierno federal bien puede ver el conflicto magisterial de esa forma, y dejar que una sola entidad federativa se pudra con la resistencia de los mentores (Oaxaca) a cambio de que los otros 31 estados asuman las nuevas reglas en materia educativa y se alineen en el nuevo esquema educativo del presidente Enrique Peña Nieto.
Ese es un lujo que no nos podemos dar en Oaxaca. Aceptarlo sería tanto como dejar que aquí sí se cancelaran de facto los nuevos esquemas educativos e independientemente de que éstos sean constructivos o no, terminar de escriturar todo el ámbito educativo a los profesores de la Sección 22, para que éstos sigan haciendo y deshaciendo a discreción, cobijados en la bandera de que reformar la educación es privatizarla y perjudicar a la niñez y juventud que, de todos modos, con las aulas cerradas sigue sin recibir la educación de calidad que por derecho le corresponde según la Constitución de la República.
ADIÓS INCONCLUSO
Por cierto, la “histórica” LXI Legislatura sin que los diputados hayan emitido la declaratoria de que se aprueba, o se rechaza, la reforma educativa. Es cierto, es un tema irrelevante en lo práctico, pero muy revelador de la alarmante improductividad de los diputados locales salientes, de su indolencia por los asuntos que necesariamente implican demostrar oficio político, y su proclividad a la ambición. Pero, ¿ya cobraron su bono de despedida (2.5 millones de pesos, por diputado) por la aprobación de las cuentas públicas?
