Ley de Educación: los diputados no se dan su lugar

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Congreso debe asumir su soberanía, no irse de mesa

Es deplorable que los diputados de la LXII Legislatura no asuman a plenitud su calidad de depositarios de una porción de la soberanía popular, y que en lugar de darse su lugar, asuman la posición de víctimas ante un magisterio voraz, que por todos los medios posibles lanzó mensajes de que sólo participaría en la elaboración de la iniciativa de reforma educativa, si los Poderes Ejecutivo y Legislativo se subordinaban a sus pretensiones. Qué bien que el Congreso decida no plegarse a las intenciones de la Sección 22. Pero qué mal que lo haga de esa forma.
En efecto, el lunes pasado la Sección 22 fue a boicotear el segundo foro organizado por el Congreso del Estado, que se llevaría a cabo en Teotitlán de Flores Magón Cañada. La dirigencia magisterial aseguró que al realizar esos encuentros, el Congreso traicionaba el pacto firmado el mes de marzo pasado, en el que se había comprometido a colaborar en la realización de los 37 foros que organizaría el magisterio y —según ellos— a que esa fuera la base para los trabajos de elaboración de la iniciativa de Ley Estatal de Educación.
Y es que apenas hace poco más de una semana, el Congreso anunció la realización de otros ocho foros regionales en donde convocaría, de forma paralela a lo hecho por la Sección 22, a diversos sectores de la sociedad para que externaran sus propuestas y puntos de vista respecto a la ley educativa que debe emitir el Poder Legislativo para cumplir con la armonización de la legislación local a las normas federales.
Cuando anunció esos foros, el Congreso evadió reconocer tres cuestiones fundamentales, que son a su favor: primera, que son ellos quienes tienen la capacidad constitucional para elaborar, discutir y aprobar cualquier ley en el ámbito estatal; segunda, que sus facultades son originarias y plenas, y que por tanto pueden consensar sus decisiones, pero que no tienen el deber de hacerlo. Y tercera: que en el caso de la Ley Estatal de Educación, no iban a descubrir el hilo negro: el trabajo legislativo es sólo de adecuación a las normas federales. Nada de eso quisieron reconocer entonces, y mejor optaron por engañarse con la estratagema del consenso y la socialización del posible contenido de la norma educativa.
En ese sentido, es un problema grave que en Oaxaca ni los poderes formales, ni el poder fáctico que constituye la Sección 22, quieran entender y reconocer públicamente que, de hecho, su capacidad de resistencia e incluso su capacidad de libre determinación, está rebasada por la reforma educativa. La razón es simple: las nuevas disposiciones son de nivel constitucional en el ámbito federal. Esto, en virtud del pacto federal, y del deber que tienen las entidades federativas de ajustarse a las normas federales según lo establece el artículo 124 constitucional, implica que en casos como éste su capacidad plena de legislar quede supeditada a lo ya establecido por la Constitución de la República, y su deber se reduzca a ajustar su marco estatal a las normas federales.
Dicho en otras palabras: ni el Congreso, ni el Gobernador, ni la Sección 22, entienden —o quieren reconocer— que lo que ellos puedan hacer al margen de lo que dice la Constitución y las leyes federales, es irrelevante. Pues honrando el renovado federalismo centralizador que impulsan los poderes federales, el Congreso de la Unión reemplazó a los estados en todos sus deberes relacionados con la educación, y su capacidad plena de decisión la redujo a simplemente acatar y hacer cumplir lo que dicte el poder central en esta materia.
Sin embargo, aún así el Congreso del Estado no desaprovechó la enésima oportunidad de demostrar hasta dónde pueden perder la dignidad y la noción de que ellos son un Poder del Estado, y no un grupo de presión como la Sección 22. Por eso, cuando ayer intentaron hacer patente su soberanía e independencia, lo que en realidad hicieron fue bajarse —otra vez— al nivel del magisterio, que está acostumbrado a presionar, y a no acobardarse ante los desafíos de sus contrapartes, pero que no es más que otro grupo de presión en la entidad.

EL BERRINCHE
La 22 nunca engañó a nadie. Nunca lo ha hecho. Por eso, y por sus antecedentes, era de esperarse que cuando el gobierno o el Congreso discreparan —así fuera en forma mínima— de sus pretensiones, entonces el magisterio rompería con ellos y regresaría a sus acostumbrados actos de presión y chantaje. La razón era simple: si la 22 aceptara una armonización como la obligada por la Constitución federal, entonces estaría aceptando todas las nuevas disposiciones que hoy rechaza; estaría legitimando lo que disponen las tres leyes federales (la Ley General de Educación, la del INEE y la del Servicio Docente) de las que hoy exigen su abrogación; y, en general, estarían aceptando que ellos estaban equivocados. Eso, sabíamos, no iba a ocurrir.
Y sin embargo, aún con eso, el Congreso no entendió su posición y su deber constitucional. Pues en lugar de asumir su papel como Poder Legislativo, los torpes diputados locales amagaron con retirarse de la mesa redactora de la Ley Educativa, como si fuera la Sección 22 la fuente de las iniciativas, o incluso como si el magisterio —y no el Congreso— fuera el encargado de elaborar la propuesta de ley.
De hecho, la realización de foros parecía una buena forma de que el Congreso se engañara solo mientras dejaba correr el tiempo para la aprobación de la norma. Pues en ninguna ley se establece que para la aprobación de una ley, la iniciativa debe pasar por foros, construirse de forma conjunta con los sectores relacionados, o socializarse con la ciudadanía.
Sin embargo, no entendieron eso. Tampoco entendieron que finalmente la Sección 22 no vota ni tiene capacidad para aprobar normas. Y con su falsa actitud de víctimas e ingenuos (más bien, de engañabobos), lo que están haciendo es confirmar su incapacidad para darse su lugar, para hacerse respetar, y para mantener su dignidad y su superioridad, frente a un poder fáctico (la 22) que aunque es poderoso, no tiene —ni tendrá jamás, a pesar del miedo, los titubeos y la indignidad de los representantes del gobierno y el Congreso— la posibilidad de equipararse a los Poderes del Estado. 

LA RUPTURA
Si las cosas siguen como hasta ahora, tendremos meses complicadísimos. La 22 no dudará en cercar el Congreso, perseguir a los diputados y hasta quemar la sede del Poder Legislativo, con tal de hacer patente su oposición a la armonización. La capacidad de contención del gobierno estatal está rebasada. ¿La federación seguirá olvidando a Oaxaca?

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