¿De qué sirven sus protestas representativas?
La Sección 22 del SNTE enfrenta un dilema profundo, que su dirigencia y sus bases no parecen comprender: para poder ganar las batallas en que se enfrascaron hacen falta acciones encaminadas a lograr sus fines, antes que a ser simples demostraciones de radicalismo, de falsa ideologización o de apego a sus principios sindicales. ¿Cómo quiere el magisterio imponerse como el grupo político predominante en la entidad, y conseguir que la ley responda a sus dictados, si las acciones que emprende van encaminadas a todo menos al logro de esos objetivos?
En efecto, el fin de semana previo la Asamblea Estatal de la Sección 22 decidió que durante las próximas semanas van a realizar un paro rotativo representativo en el zócalo de la capital oaxaqueña. A la par de ello están efectuando su programa anual de la Guelaguetza popular, y están también llevando a cabo diversas acciones de hostigamiento a representantes —según ellos— de intereses capitalistas y transnacionales que atentan contra el pueblo.
Todo eso lo están haciendo, básicamente para lograr tres objetivos: primero, que el gobierno federal tome la decisión de iniciar el proceso para derogar —porque “abrogar”, que significa dejar sin efecto todo un ordenamiento jurídico, es un término incorrecto que reiteradamente ocupa la Sección 22— el contenido reformado de los artículos 3 y 73 de la Constitución federal, relacionados con la evaluación de la educación y todo lo que fue adicionado con la llamada reforma educativa.
Segundo, que el gobierno y el Congreso estatal lleven a cabo el proceso de armonización de la ley educativa local en base a los planteamientos que ellos establecieron en su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), y no en lo que disponen la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente, y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y tercero, que los tres ámbitos de gobierno, y sus tres respectivos poderes, asuman que la Sección 22 es un portavoz válido y único del pueblo de Oaxaca —y de México— y comiencen a actuar en base a lo que ellos dictan, y no a lo que las oligarquías quieren para poder seguir subyugando al pueblo oprimido.
Detrás de esos planteamientos hay una larga lista de apoyos de las izquierdas, que respaldan ampliamente los planteamientos de la Sección 22, pero callando —o diciendo, y haciendo, francamente muy poco— para respaldar con hechos todo lo que el magisterio dice como gremio, como disidente, y como representante del pueblo.
Y es que queda claro que en realidad no hay alguien que con un sentido mínimo de oposición, pueda allanarse a lo que quiere el gobierno. Es decir, siempre va a ser posible creer que la evaluación de la educación puede y debe ser distinta a como la planteó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; también va a ser siempre posible creer y sostener que toda lucha a favor del pueblo es justa; e incluso es también factible estar de acuerdo en que sería saludable para la nación tener una oposición más robusta, más civilizada y más propositiva.
Todo eso es lo que se supone que la Sección 22 representa. Sin embargo, cuando se analiza su programa de acción encaminado a cumplir con esos objetivos, todo adquiere una dimensión distinta —que no necesariamente significa que sea algo superior a lo dicho en sus postulados.
LUCHA REPRESENTATIVA
Veamos: para lograr el objetivo de que se deroguen los artículos 3 y 73 de la Constitución federal en lo relacionado a la reforma educativa realizada el año pasado, el magisterio de la Sección 22 no necesita, ni le sirve, un paro representativo, ni un plantón, ni movilizaciones en Oaxaca, y tampoco trasladar sus protestas a la Ciudad de México. Los maestros, pues, necesitan entender que no sirve de nada tomar —e incluso ganar— las calles si eso no se traduce en acciones firmes para lograr sus objetivos.
¿Cómo hacerlo? Lo que tendría que hacer la 22 es conseguir que un grupo de diputados o senadores de la República impulsaran una iniciativa de reforma a esos artículos, y después hacer toda la presión posible para que los poderes federales votaran a favor de esa reforma que dejaría sin efectos el contenido constitucional que ellos repudian. Luego tendrían que presionar al Presidente de la República para que sancionara la reforma y la publicara en el Diario Oficial de la Federación. Así, y sólo así, verían cumplida su demanda. Obviamente en las condiciones actuales ni el Congreso federal, ni el Ejecutivo, estarían dispuestos a hacerlo. Pero queda claro que el magisterio tampoco está dando la batalla para eso.
Ahora bien, si lo que quiere la Sección 22 es que el Congreso de Oaxaca legisle lo que ellos proponen en el PTEO, es necesario que tengan toda la capacidad política, combinada con serenidad y contundencia, para incidir en el debate político de una reforma posible. Hay puntos concretos en los que ellos pueden lograr una victoria, si su objetivo es pugnar porque se tome en cuenta en la nueva ley la realidad de los pueblos y las necesidades de reconocimiento de la pluriculturalidad y la diversidad.
Pero si lo que quieren es enmascarar en esos postulados nobles su intención de que el Congreso de Oaxaca inaplique lo establecido en la Constitución federal entonces no sólo estará cometiendo un despropósito, sino que también estará reiterando el autoengaño: esté o no lo que ellos quieren en la ley estatal, de todos modos el contenido íntegro de la reforma educativa será vigente y aplicable en Oaxaca a partir del 1 de enero de 2015, y esas reglas también les aplicarán a ellos.
Al final, parece que los maestros oaxaqueños están llevando a cabo todas esas acciones sólo para dejar constancia que dieron la batalla, aunque sabiendo de antemano que la van a perder. Están emprendiendo acciones para demostrar su inconformidad. Pero en realidad no están haciendo nada para conseguir los objetivos que se supone que se trazaron para cumplir y no sólo para contemplar.
ARMONIZACIÓN
La “gran” reforma que necesitan hacer los diputados oaxaqueños no tiene mucha ciencia. Más bien, están buscándole tantos pies al gato como sea posible. Al final, lo que van a terminar haciendo —y de todos modos habrá conflicto— es remitir todos los temas importantes de la Ley Estatal de Educación a lo que establecen las normas federales aplicables a cada caso concreto. Es, pues, algo así como una remisión simple. Todo lo que se aparte de eso será objeto de una nueva controversia constitucional. El tiempo lo dirá.
