+ La recentralización nos victimiza a todos
En el atril de los cuestionamientos hacia el Estado mexicano, continúa vigente la pregunta de por qué nadie pudo distinguir toda la podredumbre que se encontraba alrededor de los hechos de Iguala, el mes pasado. Una de las preguntas busca, en efecto, hallar una explicación sobre la impunidad abierta del edil prófugo de aquel municipio, pero junto a ella debe haber otras más que cuestionen a defenestrado gobernador Ángel Aguirre, e incluso que encaren al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pues si algo queda claro —dentro de las pocas certezas que tiene hoy nuestro país— es que esto fue visto por todos, menos por quienes debían verlo.
En efecto, muchas de las explicaciones deben buscarse en ese mal logrado proceso de recentralización que comenzó con la administración del presidente Peña Nieto. Pues si por un lado quedó claro que todas sus reformas constitucionales tenían como rasgo en común la extracción de facultades a las entidades federativas para asumirlas —o reasumirlas— la Federación, por el otro también se vio que había ciertas decisiones claramente encaminadas a fortalecer al centro del país en detrimento de las entidades federativas. ¿Cómo se dio ese proceso? Aislando, por un lado, al gobierno federal de lo que pasaba en los alrededores; y por el otro, abandonando a quienes necesitaban o pedían ayuda desde las diversas regiones de la República.
Avisos de esta crisis de la recentralización, hubo varios pero nadie en el gobierno federal los registró correctamente. Cuando estalló la violencia en Michoacán y Tamaulipas, trataron de resolver el problema primero negando su existencia, y segundo tratando de aplicar soluciones desde el centro del país. No entendieron que hoy en día, a diferencia del pasado, ya no es trascendente la pugna de poder entre el Presidente y los Gobernadores, sino entre éstos dos juntos con los poderes fácticos, como la delincuencia organizada, el narcotráfico o los grupos sociales organizados.
En Michoacán no han podido resolver el problema, a pesar de la fuerza institucional que le dieron a Alfredo Castillo Cervantes, a quien nombraron como comisionado federal en aquel estado a pesar de que esa figura no existe en la Constitución, y por tanto no tiene sustento legal ni debería tener facultades ejecutivas para disponer de recursos públicos como lo hace. El gobierno federal intentó, en ese caso, desplazar y relevar al Gobernador como figura de mando, pero sin asumir la magnitud del problema y sin asumir que el tema de fondo no era si el Mandatario estatal gobernaba o no, sino que no existía capacidad para hacer frente a la delincuencia organizada, que ya había tomado el control de diversas regiones de aquel estado.
En Tamaulipas las situación fue peor. Ahí la federación intentó negar la situación asumiendo que los hechos de violencia eran aislados, y que por tanto “no era necesario” el envío de un Comisionado federal, similar al de Michoacán. ¿Qué hubiera resuelto otro comisionado? Nada. Porque el tema de fondo, de nuevo, no versaba sobre si Egidio Torre Cantú era o no un mandatario fuerte, sino que la delincuencia había rebasado la capacidad institucional del gobierno y, como fuere, había que encararlo sin anteponer el costo político de los enfrentamientos o de la violencia, que tanto han tratado de esconder para según ellos no caer en la misma espiral de terror que se vivió en los años de Felipe Calderón como presidente del país.
¿Qué ha hecho, personalmente, el presidente Peña Nieto? Simplemente ha evitado las zonas de violencia, así como el gobierno federal ha evitado penetrar en las zonas verdaderamente controladas por la delincuencia organizada. Como si con eso lograra que la delincuencia disminuya, el Presidente había venido evitando Michoacán —hasta antes del “rescate” que fallidamente encabezó Castillo Cervantes— y también Tamaulipas y la gran mayoría de las zonas afectadas por la ola criminal en el país.
EL SURESTE, OLVIDADO
Más o menos lo mismo pasó con el sureste mexicano. El presidente Peña Nieto se metió en el tema de Guerrero debido a la contingencia meteorológica del año pasado que arrasó con Acapulco y que dejó a un centenar de personas sepultadas en una comunidad de la montaña guerrerense. Se metió, sí, pero a atender a los damnificados y a tratar de inmiscuirse en un asunto de rescate social que nada tenía que ver con la delincuencia. Ángel Aguirre trabó amistad con él, y lo siguiente fue continuar administrando la crisis social sin tomarle importancia al tema de la delincuencia organizada, que no se circunscribía sólo a Michoacán, y que en Guerrero también provocaba problemas importantes.
Lamentablemente, tuvo que venir esta crisis para que las cosas cambiaran. ¿Qué hizo el gobierno federal? Doce días después de la detención-desaparición de los 43 normalistas, las fuerzas federales tomaron el control de varios municipios en donde había presencia de criminales. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué ninguno de los sistemas de información del gobierno federal pudo prever no los hechos relacionados con los normalistas, sino la galopante inseguridad y criminalidad existente en aquella entidad?
Lo mismo sucede en Oaxaca. Pareciera que aquí el gobierno federal sólo tomará atención cuando ocurra una tragedia en la tensa relación que existe entre el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE. El gobierno federal nunca ha reparado en eso, y lejos de asumir la importancia del manejo político que se le ha dado al tema, lo que se dedicó a hacer en todos los meses previos fue fustigar al gobierno de Oaxaca en los medios de información de la capital por la tibieza con la que, según ellos, el gobernador Gabino Cué ha manejado el conflicto magisterial.
EL COSTO DE LA SOBERBIA
Al final, la pregunta es: ¿Los problemas desaparecen cuando el gobierno federal cierra los ojos? ¿Hay algo que pueda resolverse negando la realidad? En el fondo, es alarmante que el gobierno de la República asuma que el país es sólo la Ciudad de México y la región centro del país, y que los únicos temas importantes de atender son los que involucran reflectores, inversionistas, relaciones públicas, frivolidad o diplomacia. A golpes, la realidad le ha ido enseñando a esta administración federal que México es mucho más de lo que ellos pensaban, y que tan les ha faltado sensibilidad para entenderlo, que por eso las circunstancias le están cobrando caro las facturas de su reiterada soberbia.
