+ LXII Legislatura pudo ser factor determinante, pero prefirió “política avestruz”
Ahora que la Suprema Corte conminó a los poderes locales a que en un plazo máximo de seis meses emitan las leyes estatales que deben ser parte de la reforma constitucional en materia educativa, el Congreso del Estado debería transparentar el proceso que según ha conducido para confeccionar el dictamen con el proyecto de ley que presentarían al pleno legislativo, e informar a la ciudadanía en qué consiste la supuesta “falta de consensos” que ha impedido la aprobación de la ley estatal de educación. No hacerlo sólo confirmaría lo que es un secreto a voces: que en más de un año los diputados no han hecho nada.
En efecto, según el presidente de la Comisión Permanente de Educación, y ahora también presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, Jesús López Rodríguez, desde el mes de abril “está listo” el dictamen de la nueva Ley Estatal de Educación para ser presentado al Pleno. Desde entonces, decía, ese dictamen “enfrenta varios problemas relacionados con el consenso entre las fracciones parlamentarias”.
Según el diputado López Rodríguez el dictamen no había podido ser llevado a la agenda legislativa debido a que “no tenemos mayoría ni en comisiones unidas y estamos entrampados legalmente” (TIEMPO, 18.04.2015). Y lo que desde entonces se sabía es que, formalmente, la única certeza que existía era la de un atasco político y una profunda falta de consensos entre las fracciones legislativas.
No obstante, también en el Congreso se decía que todos esos eran simples argumentos para justificar la inacción de la Comisión Permanente de Educación; la inexistencia de algún dictamen relacionado con las diversas iniciativas de ley estatal de educación presentadas por el Ejecutivo, por la Sección 22, y por al menos dos fracciones parlamentarias de la LXII Legislatura; y también se decía que, incluso, era una realidad la inexistencia de cualquier trabajo político o técnico al seno de la propia Comisión Permanente de Educación, o respecto a las demás comisiones legislativas, a las que se turnó el estudio y dictaminación de las diversas iniciativas.
¿Por qué es importante conocer hoy estas cuestiones? Porque resulta que hoy la situación política entre el gobierno y el magisterio enfrenta una circunstancia distinta, en la que ya no es necesario discutir qué enfoque debe tener la ley estatal de educación, sino apurar la emisión del conjunto normativo que se supone que va a complementar la reforma educativa impulsada por el gobierno federal.
Sería muy provechoso que la ciudadanía pudiera conocer qué ha hecho el Congreso en todos estos meses, no únicamente para contar con un panorama claro de qué se debe establecer en la reforma educativa estatal, o para conocer la postura de cada grupo político respecto a ese proceso que sigue rechazando la Sección 22, sino incluso para poder entender por qué los diputados no han podido ser parte de la solución al problema magisterial emitiendo una norma consensada y políticamente viable, mientras han cobrado millonarios salarios en todo este tiempo.
PARTE DEL PROBLEMA
Es muy llamativa la forma en cómo en el Congreso local todos los disensos son “de mentiritas”. Es decir, si tomamos como ejemplo la reforma educativa, y los supuestos “disensos” existentes en la Legislatura local, lo lógico sería que esas discordancias hubieran sido vertidas en acaloradas discusiones en el pleno legislativo, y todo eso se reflejara en el diario de los debates y todos los oaxaqueños pudiéramos ser testigos de esa supuesta defensa de posturas distintas, e irreconciliables, entre los legisladores locales.
El problema es que no existe una sola constancia de ese disenso y de esa falta de acuerdos. Si los debates han ocurrido en esa supuesta máxima tribuna del Estado, y en la supuesta “casa del diálogo” que según que es la cámara de diputados, los ciudadanos no tenemos una sola forma de conocer esos disensos o discusiones o posturas ideológicas o razones políticas que —también se supone— han esgrimido los legisladores locales para sostener sus posiciones discordantes. Si no conocemos esos argumentos, entonces también es imposible entender el supuesto disenso que aseguran que existe, y que es la razón por la que no se ha podido aprobar la ley educativa.
Razones para el debate sobran, pero no les interesan a los diputados. Por ejemplo, el gobernador Gabino Cué presentó una polémica iniciativa de ley de educación que construyó la Sección 22, y que su administración únicamente pulió para que —según— pudiera pasar por el tamiz del análisis constitucional federal. La Sección 22 presentó una iniciativa muy similar, pero en la cual se establecía —como originalmente se confeccionó, y que fue lo único que le quitó el Ejecutivo al hacer suya la propuesta— que el gobierno estatal tenía el deber de otorgar incentivos económicos a los trabajadores de la educación, y que debía contratar a los egresados de las normales ubicadas en territorio oaxaqueño. El PRI y PAN, por su parte, presentaron iniciativas que eran copias exactas de la legislación federal, trasladadas como normas locales.
¿No había materia en esos proyectos, como para entablar una discusión pública formidable entre los representantes populares? Evidentemente sí. El problema es que los diputados locales nunca sacaron del ámbito privado sus supuestas diferencias, y siempre le negaron a la ciudadanía la posibilidad de conocer por qué no se podían construir los consensos que supuestamente impedían la emisión de dicha norma. Por esa razón, al final, terminó siendo un argumento vacío el relacionado a que ya había un dictamen pero que no se podía subir al pleno porque no había la suma de voluntades necesaria entre los legisladores, para que ello ocurriera.
SILENCIO
Al final, todos sabemos cuál es la realidad: nunca entre los diputados hubo discusión alguna; tampoco en comisiones hubo algún análisis o trabajo relacionado; lo dicho fueron simples pretextos. Y en el fondo, los legisladores esperarán —como siempre— a que desde el Ejecutivo les envíen el contenido íntegro del dictamen supuestamente consensado, para que una vez que ellos hayan negociado su contenido (en el Congreso no es lo mismo “consensar” que “negociar”) lo pasen al pleno y lo voten. Eso ocurrirá cualquier día de estos, y tampoco veremos una discusión porque los diputados están convencidos de que los oaxaqueños no merecemos saber cómo y por qué toman las decisiones que sólo nos imponen.
