Oaxaca no debe ser cementerio del “efecto cucaracha”

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+ Autoridades, obligadas a dejar la sorna y la confianza


Aunque las autoridades estatales han tratado de disimular la criminalidad que asola a la entidad, existen regiones del territorio oaxaqueño en las que la delincuencia organizada opera con toda normalidad. A la par de ello, esa misma confianza gubernamental ha permitido que otras regiones se hayan convertido en algo así como “el patio trasero” de las bandas criminales que operan en otras entidades del país. Debe abandonarse la confianza, porque buena parte del problema de la inseguridad tiene que ver con eso, y no con el efecto de la criminalidad en otras regiones del país.

En efecto, en los últimos años las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han achacado la criminalidad a dos cuestiones que hoy en día ya son simples lugares comunes. Por un lado, aseguran que en Oaxaca ocurren hechos relacionados con delincuencia organizada por la misma razón por la que ocurren en otras entidades: por la fuerza que tienen las organizaciones criminales y por sus amplias redes de operación; por otro lado, han asegurado que es imposible reducir la criminalidad a cero, y por eso ven con cierta normalidad la incidencia delictiva en la entidad. ¿Es eso real?

Para entenderlo hay que entender el fenómeno de la delincuencia organizada en el país. Por ejemplo, en Veracruz hay una importante actividad de la criminalidad, por la misma razón que ésta existe en otros lugares como Michoacán o Colima. En gran medida, la incidencia delictiva tiene que ver con la existencia en esos lugares de los principales puertos mercantes de entrada al país. Al ser éstos sitios por donde ingresan personas, armas y sustancias atractivas para el crimen organizado, ellos se vuelven lugares de fuerte presencia criminal, que por el mismo efecto de la guerra contra el crimen organizado hace algunos años dejaron la sola actividad del narcotráfico, para involucrarse en cuestiones como la trata de personas, el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, y las demás que hoy es ampliamente conocido que realizan.

Ahora bien, si esos lugares son atractivos para la criminalidad por los puertos, hay otras regiones que son conocidas como “corredores”, y que no son sino las regiones, zonas, carreteras y hasta entidades federativas por donde se transportan todos los “productos” con los que comercia la delincuencia organizada. Por eso, los corredores que van de la región golfo al norte del país, y las que siguen rutas por el centro de la República, o las del Océano Pacífico hacia los Estados Unidos, son de las que también tienen una incidencia criminal alta.

Así, los grupos delincuenciales protegen sus rutas y sus “corredores”, así como sus respectivas zonas de la frontera norte por donde cruzan sus mercancías hacia la Unión Americana, porque esas son zonas cruciales para sus actividades. Ello permite entender con facilidad que esas regiones sean de amplia incidencia delictiva y que constantemente se encuentren en disputa entre organizaciones criminales que ya no sólo tienen a las drogas como su único negocio, sino que lo diversificaron hacia una serie de actividades en las que la violencia y la impunidad son la moneda de cambio.

 

EL CASO OAXACA

Ahora bien, ¿por qué Oaxaca no es tan atractivo para la delincuencia organizada “nacional”? Parece que por una razón simple: que al menos para el trasiego y la comercialización a gran escala, nuestra entidad no representa ni un mercado importante, ni un lugar insalvable de paso. Esto se entiende a partir de que distintas drogas o llegan al país por rutas que no son las terrestres y que tampoco pasan por la entidad, o de que éstas se producen en laboratorios clandestinos que no necesariamente tienen un asiento importante en la entidad.

A partir de eso puede entenderse que Oaxaca nunca ha figurado dentro de las grandes estadísticas nacionales relacionadas con las actividades criminales, y que —utilizando el lenguaje policiaco, tan común en este país actualmente— tampoco sea una “plaza” en disputa por algunos grupos. Ello no quita que haya presencia de delincuencia organizada o que en la entidad no haya un problema por el trasiego o venta al pormenor de sustancias prohibidas. La diferencia radica en que, hasta ahora, la entidad no ha sido una “plaza” importante de paso como sí lo son la mayoría de las entidades del norte del país, o como ocurre con sitios en los que la venta al consumo de sustancias prohibidas representa un negocio verdaderamente importante.

Esto nos lleva a otra cuestión: ¿Por qué en Oaxaca existe presencia criminal, no únicamente en lo relacionado con las actividades relacionadas con la producción, transportación o venta de droga al menudeo? Esto ocurre, básicamente, por la permisividad que hasta han mostrado las autoridades relacionadas con este asunto, y con la falta de acciones verdaderamente coordinadas no sólo para perseguir lo relacionado con las drogas, sino para ir en contra de todas las demás actividades que tienen que ver con delincuencia organizada. Por eso, en varias regiones de la entidad ocurren secuestros, extorsiones, cobros de piso y diversas actividades ilegales que aunque no tienen que ver con las drogas sí son actividades que lastiman drásticamente a la sociedad.

Lo peor es que esa permisividad, convertida luego en impunidad, se vuelve un problema mayor para la entidad, ya que por eso Oaxaca es una especie de “patio trasero” de las actividades delictivas de otras entidades. El caso más concreto es el de Veracruz, en donde la fuerte presencia criminal arroja violencia en diversos tipos, y Oaxaca resulta ser el receptáculo libre de esa violencia.

 

DIME CON QUIÉN TE JUNTAS…

Sobre el relevo de ministros en la Corte, el periodista Darío Celis (http://bit.ly/1SN7C2M) apuntaba un dato por demás interesante: el aspirante a Ministro, Javier Laynez Potisek, siendo procurador fiscal de la Federación, encargado de perseguir la evasión fiscal, hizo la presentación del libro Epítome Fiscal 2008, de editorial Porrúa, de la autoría de uno de los principales precursores de esquemas fraudulentos de outsourcing, llamado Sergio Castro López. De acuerdo con información del SAT —dice Celis—, Castro López ha evadido a través de sus esquemas, más de 50 mil millones de pesos en impuestos y actualmente es buscado por la Interpol, ya que tiene varias órdenes de aprehensión y diversos procedimientos penales por delitos de defraudación fiscal. Este es un caso evidente de conflicto de interés que habrá de pesarle al aspirante a ministro.

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