+ Al margen de la política y el sindicato, hay mucho que debe mejorar
Como en los asuntos públicos el diálogo sin matices sólo nos lleva a la intolerancia y la demagogia, es necesario asumir que existen muchos temas en los que hay todavía un largo trecho por recorrer antes de que pueda hablarse de mejora o de verdadera eficacia. Eso ocurre claramente en todo lo relacionado con la aplicación de la evaluación docente, que fue uno de los grandes temas del año que está por terminar, y que debe ser vista en su dimensión más justa no como la panacea, sino como el inicio de un camino que tiene mucho por rectificar.
En efecto, en noviembre pasado se aplicó la primera evaluación a docentes oaxaqueños, y aunque fue un logro que se realizara, objetivamente hablado es menester también reconocer que se hizo en las peores condiciones imaginables. ¿Por qué? No sólo porque esa primera evaluación se aplicó en medio de un fuerte operativo de la Policía Federal y porque hubo un intento serio de la Sección 22 del SNTE o de conseguir un boicot real a la aplicación del examen, o cuando menos de generar la violencia suficiente —o heridos y muertos— que nublaran el panorama que la SEP y el gobierno de Oaxaca tenían respecto al éxito de la encomienda.
El problema de fondo radica en algo que hasta ahora se ha mencionado muy poco: ¿Cómo se aplicó la evaluación? Ésta, para empezar, se aplicó en una especie de zona de sitio, generada por la misma incertidumbre que existía por la posible violencia del choque entre policías y profesores. Pero además, el sitio era poco “amigable” para la aplicación de una evaluación, básicamente por su improvisación y porque ni siquiera era el espacio adecuado para un ejercicio como éste.
La prueba se aplicó en el estacionamiento de Ciudad Administrativa, que está muy lejos de ser un sitio espacioso hasta para acomodar los vehículos oficiales y de los pocos servidores públicos que ahí laboran con autorización para utilizar uno de sus limitados cajones de estacionamiento. Esto lo dizque “resolvió” la SEP y el IEEPO habilitando módulos y enlonados como salas de evaluación, y acomodando cientos de computadoras portátiles en grandes tablones en los que si mucho había unos veinte centímetros de espacio entre máquinas. Ahí sentaron a los profesores y les aplicaron esa polémica primera evaluación docente.
¿Qué pensaría cualquiera de los maestros evaluados, si a los que hubieran sentado de esa forma fueran sus propios alumnos? Seguramente habrían dicho que eso era inaceptable comenzando por la altísima posibilidad que había de que los evaluados “se dieran copia”. Al haber tan poco espacio entre evaluados, era casi imposible que uno no viera la prueba y las respuestas de sus compañeros de junto. Además de que esa no era la condición digna ni esperable para un ejercicio que para la autoridad educativa es uno de los más importantes de los últimos tiempos.
EVALUACIÓN, A EMPELLONES
En el caso de Oaxaca, hubo quien no presentó la prueba por lealtad a su sindicato; otros más por haber padecido actos intimidatorios de sus propios compañeros; y mucho más porque no pudieron llegar o porque no pudieron completar el registro o cumplir las condiciones —por cuestiones meramente técnicas— para poder acceder al examen.
Aunque pudiéramos pensar lo contrario, ninguna de estas vicisitudes fue propia o exclusiva de Oaxaca. Resulta ser que esta fue una constante que ahora la autoridad educativa debe remediar si lo que quiere es demostrar que, en efecto, las evaluaciones son algo serio que va evolucionando. Y esto debe comenzar por hacer de la evaluación un asunto serio y no sólo parte de un discurso político.
En ese sentido, el investigador Ángel Díaz Barriga (http://educacion.nexos.com.mx/?p=85) recogió diversas inquietudes de los propios profesores –que no son de Oaxaca, y que no traen la carga “ideológica” de la Sección 22, pero que también se resisten a la evaluación— que vale la pena repasar: “Entre los problemas técnicos se puede mencionar un examen de conocimientos que no necesariamente evalúa el desempeño, unas guías de examen que no reflejan ni los contenidos, ni la bibliografía del plan de estudios de la escuela normal. Un examen que no da elementos para medir el desempeño de los docentes frente a sus alumnos. Una solicitud de evidencias con un lenguaje poco académico. Subir ‘evidencias del mejor alumno y del alumno más deficiente’, cuando la psicopedagogía ha mostrado que cada alumno tiene procesos de desarrollo y de conocimiento particulares.
“Por otra parte, a mi Facebook me llegaron más de 50 casos de docentes que plantean lo que está pasando. Un profesor claramente dijo que rechazaba ser evaluado, pero todos los demás ofrecieron argumentos dignos de ser pensados. La mayoría manifestó que hay una serie de irregularidades en el manejo de la información y en la convocatoria al examen. Expresaron que no identifican el correo electrónico al que tienen que mandar la información, hay errores en el envío de la CURP, cuando solicitan información los mandan de un lugar a otro, sin que se resuelvan sus dudas con claridad. La diferencia entre la información que les llega a su correo y la entrega de las claves para acceder a internet es notoria; hay profesores que trabajan en escuelas de contextos desfavorecidos que manifiestan no contar con internet de forma habitual, utilizan la expresión “el INEE piensa que nos podemos conectar en cualquier momento”, hay desconfianza en el manejo de sus contraseñas, pues además de ser entregadas de manera tardía, los funcionarios locales tienen acceso a esas claves, es decir, hay desconfianza hacia el sistema de evaluación establecido. Finalmente, la mayoría de profesores que cuentan sus experiencias tienen que realizar traslados de siete a ocho horas de su lugar de trabajo al lugar para la realización del examen/evaluación”.
EL VACÍO
Todos estos, abunda el investigador en dicho texto, son argumentos razonables y atendibles en un contexto real, para hacer de la evaluación algo verdaderamente serio y más allá de las resistencias por las que se ha caracterizado el sindicato magisterial en estados como el nuestro. Lo que llama la atención es que en el discurso de la Sección 22 no exista ninguno de esos argumentos, y que todo se centre en una resistencia estéril a una evaluación que ellos mismos desconocen y rechazan pero por el temor a un mal resultado, y no a la mala planeación de las prueba de evaluación educativa.
