¿En Oaxaca nadie apuesta a la legitimidad democrática de los comicios?

Elecciones

+ Elección turbia, judicializada y confrontada, lo que los partidos alientan


Es preocupante que en Oaxaca tanto las fuerzas políticas, como sus candidatos y estrategas, apuesten en general a la judicialización del proceso electoral, como si eso lograra darles la ventaja que ellos mismos creen no poder conseguir en las urnas. En este momento en que el registro de candidatos a la gubernatura se cerró, y que sólo faltan días para que inicien las campañas, pensar en una campaña de legitimidad democrática debiera ser el factor real a conseguir, y no la judicialización y la turbiedad a la que todos parecen estar apostando.

En efecto, en Oaxaca hay un escenario lleno de particularidades que debe ser considerado en este tiempo de campañas que apenas inicia. Habrá al menos ocho candidatos a la gubernatura, en un espectro que implica varias cuestiones novedosas, complejas e incluso inestables. Por el bien del resultado electoral, ese escenario ya de por sí complicado, tanto los partidos como sus candidatos no deberían añadirle más turbiedad, aunque parece que esa es exactamente su apuesta. Por eso los ciudadanos debemos estar atentos a algunos aspectos básicos que parecen tratar de someter, pero que desde la ciudadanía deben resaltarse por el bien de la afligida democracia, que a pesar de todo intenta subsistir en Oaxaca.

Uno. En Oaxaca hay un vacío legal, que parece ser el escenario propicio para una elección turbia. En realidad, hasta el momento todos los partidos y sus candidatos parecen apostar abiertamente al hecho mismo de que como no existe una legislación específica para regular el proceso electoral, ellos tratarán de buscar en tiempo real los límites de la ley y de la actuación de la autoridad electoral. Por eso hemos visto que sostenidamente han llevado a cabo actos flagrantemente violatorios de la ley, y sólo los han frenado en la medida en que la autoridad se ha tratado de imponer (con más fallas que aciertos) frente a la intención de buscarle el límite material a la ley.

Dos. En este proceso electoral conviven figuras de los dos sistemas electorales: el vigente pero carente de contenido legal; y el derogado, pero revivido por decisión de la Corte. Este es un problema mayor, ya que la resolución del 5 de octubre pasado por parte del pleno de la Suprema Corte dejó sin efectos una buena parte de la legislación secundaria en materia electoral, y obligó a que este proceso se lleve a cabo según muchas de las reglas del antiguo CIPPEEO, que se supone que había quedado abrogado por la emisión de la legislación secundaria de la reforma política. El resultado de todo eso, es que el viejo Código Electoral establece reglas básicas para la realización del proceso, pero hay muchas figuras constitucionales no reguladas, y que el Congreso local no permitió que el OPLE-IEEPCO reglamentara provisionalmente por considerar que ello invadía la facultad legislativa que es exclusiva de la Legislatura del Estado. Todos están parcialmente en lo correcto. Pero el problema es que en medio de todo eso queda una enorme laguna legal que será con el desarrollo del proceso se convertirá en la piedra angular de la anarquía, los excesos, y las situaciones de hecho que la autoridad electoral no podrá regular o castigar en el tiempo y la forma en que esto debería ocurrir normalmente.

APUESTA POR LA ILEGITIMIDAD

Tres. La autoridad electoral tiene, por ende, una ilegitimidad de origen que no debe ser ahondada. ¿Qué pasará cuando el IEEPCO intente ejercer, en sentido estricto, su papel de autoridad reguladora del proceso electoral? Lo primero que ocurrirá, casi en automático, es que los partidos y/o sus candidatos intentarán desacreditar las decisiones de la autoridad electoral (incluso de los tribunales) argumentando que no tienen las facultades completas como para imponer sanciones o de establecer ciertos parámetros de comportamiento que limiten su rango de actuación. Frente a ese posible intento, la apuesta ciudadana tendría que ser justamente por el reconocimiento de la legitimidad de la autoridad electoral, y no por convertirse en paleros de quienes, adrede, buscan establecer la duda de la ilegitimidad en ellos.

Cuatro. Los partidos apuestan, premeditadamente, a la impugnación de cada una de las etapas del proceso electoral, de las decisiones de la autoridad, e incluso de las resoluciones de los tribunales, como si ese fuera su factor de triunfo. A estas alturas, parece que nadie reconoce que los protagonistas de fondo en un proceso electoral son los ciudadanos. Por eso vemos que cada partido, toma acciones casi frente a cada movimiento que hacen sus adversarios electorales. Prácticamente todas las fuerzas políticas pretenden ganar en los tribunales lo que no parecen estar convencidos de hacer en las urnas. Y el problema es que una elección excesivamente judicializada y dirimida esencialmente en los tribunales, y no en las urnas, es por definición el preludio de un periodo de gobierno lleno de turbiedades y cuestionamientos que se vuelven conflictos de gobernabilidad inminentes.

Cinco. Otro aspecto relevante, es que habrá una enorme disparidad entre los candidatos. Esto no es culpa más que de los partidos y sus alianzas. Pero todo parece indicar que en Oaxaca los partidos seguirán una ruta similar a la de la pobreza: los partidos o coaliciones más grandes habrán de ensancharse, mientras que los partidos pequeños llevan una ruta franca a la desaparición. ¿A quién le perjudica esto? A la democracia representativa que, se supone, ha luchado por integrar la mayor cantidad de minorías posibles en aras de la pluralidad democrática. Esto corre un grave riesgo.

HAY UN INDEPENDIENTE

Hay un sexto aspecto relevante, dentro de esta lista que tiene muchos más puntos que los enumerados en esta entrega: En Oaxaca hay un candidato independiente, que hará campaña en una franca desventaja frente a los abanderados de los partidos políticos. Juan Manuel García López será candidato independiente a la gubernatura, en una abierta y abominable desventaja tanto de capacidad de movilización en las regiones del estado, como de financiamiento. ¿Qué un independiente está condenado a hacer un papel meramente testimonial, por no contar con la estructura y el dinero que sí tienen los partidos político o, en su defecto, venderle su alma al diablo (o al dinero mal habido) para librar una batalla más o menos equitativa con los partidos?