+ La administración debe dejar de pagar por desencuentros entre funcionarios
Uno de los problemas estructurales que tuvo la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo, radicó en su permanente tolerancia al gobierno de facciones, y en las contradicciones políticas, deficiencias, y costos operativos, que ello generó. El nuevo gobierno debe considerar que la corrección de ese problema marca el punto de partida de la transmisión de poderes, y que eso debe resolverse no sólo desde los nombres del próximo equipo de gobierno, sino desde la ley.
En efecto, hoy que la administración saliente marca sus últimos derroteros, y que estamos a pocos días de que formalmente se integren los respectivos equipos de transición, es importante remarcar que muchos de los problemas que enfrentó la administración pública en los últimos años, fueron generados justamente por la falta de una noción concreta de cómo debía construirse un gobierno, y un equipo de trabajo, unificados para conseguir resultados.
En ese sentido, ha sido ampliamente documentado —en este y otros espacios— cómo una de las políticas de “convivencia política” entre el régimen saliente y los partidos con los que llegó al poder, fue justamente la que consistió en generar “parcelas” —que terminaron siendo guetos— en la administración pública.
Ese es un problema importante, pero no es el único ni el más grave. Pues a la par del gobierno de parcelas que se generó para mantener en el agrado a los grupos supuestamente aliados del régimen, también se permitieron excesos que derivaron en graves problemas para la administración pública. Reiteradamente, a los grupos y personajes más privilegiados se les permitió también modificar la estructura administrativa del gobierno para mantener o acrecentar sus zonas de influencia, o también para reñir y castigar a quienes no estaban alineados con ninguno de los grupos dominantes.
Hay varios ejemplos. Uno de ellos, es la Secretaría del Trabajo, que durante toda su existencia nunca ha tenido una misión específica, y tampoco un sentido social determinado. Esa dependencia fue creada para compensar a uno de los grupos políticos integrantes de la coalición, pero sin ser consecuencia de una agenda o de un plan de gobierno determinado.
Por eso, hasta después de haber tomado la decisión —política— de crear esa dependencia, se le buscaron atribuciones para justificar su existencia. El resultado fue una dependencia irrelevante y costosa y, sobre todo, que no cumplió nunca con alguna finalidad social o productiva que refrendara su existencia, y sí desperdició oportunidades de atención a sectores que siguen navegando al margen de cualquier atención gubernamental en un tema tan sensible como el empleo.
EL CASO SEGEGO
Acaso si hay otro ejemplo dramático, es el de la Secretaría General de Gobierno, a la que en esta administración se dedicaron a castigar institucionalmente, gracias a intereses políticos y mezquindades que ni generaron un mejor gobierno, ni fortalecieron la estructura gubernamental, ni fueron puntal para la construcción de un proyecto político. Vale recordar este caso para entender la importancia de no volver a cometer los mismos errores.
La primer titular de esa dependencia en esta administración fue Irma Piñeyro Arias, a quien el Gobernador designó sorpresivamente el mismo día de su toma de posesión para enviar un mensaje sobre la inclusión y la pluralidad de su gobierno. El problema es que Piñeyro no pertenecía a ninguno de los grupos dominantes dentro del entonces incipiente gabinete, y sí le arrebató el cargo a Benjamín Robles Montoya que entonces soñaba con ser el conductor de la política interna del Estado.
En aquel momento, Robles era uno de los personajes de mayor influencia dentro de la administración, y decidió “darle tormento” —parafraseando a Gonzalo N. Santos— a la ley para frenar a Piñeyro. ¿Qué hizo? Primero, se dedicó a descalificar frente a todos los grupos que “conviven” con la General de Gobierno, no a la Titular, sino a la dependencia, para llevar él los asuntos de gobierno a su trinchera como Jefe de la Oficina de la Gubernatura. Robles le generó a la Segego un desprecio enorme, que se reflejó en el hecho de que, fácticamente, la gobernabilidad se manejaba en Gubernatura y no donde la ley mandaba. De hecho, la Segego se quedó sin materia y esa fue la razón del relevo a favor de Jesús Martínez Álvarez.
Cuando llegó el ex Gobernador a la Segego, se pensó que Martínez Álvarez sería un Secretario fuerte. Lo intentó, pero falló por la misma razón que Piñeyro: él no concordaba, ni era integrante, ni era cercano, ni compartía intereses, con los grupos de Robles Montoya y de Jorge Castillo Díaz. Esa confronta, particularmente con Castillo, generó no sólo más debilitamiento político de la dependencia —a la que no le permitían operatividad ni le daban la influencia que merecía para incidir en la gobernabilidad— sino la pérdida de atribuciones. En las sucesivas reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, le arrebataron facultades, la despojaron de organismos auxiliares, y la dejaron prácticamente en banquitos.
REFORMAS INSERVIBLES
Nada de eso sirvió: hoy la Segego es consecuencia de una crisis estructural, en la que sus sucesivos titulares (Alfonso Gómez Sandoval y Carlos Santiago Carrasco) han hecho lo que han podido a pesar de esa aridez institucional. Y todo el debilitamiento no sirvió: Robles nunca pudo construir el proyecto político del que con tanta soberbia, alardeó; y el grupo de Castillo ni de lejos pudo cristalizar su mayor objetivo: retener la gubernatura. Y mientras, el costo lo pagaron las instituciones. De ese planteamiento debe partir la transición, para reestructurar la administración a partir de un proyecto de gobierno, y no de las mezquindades o intereses de quienes acompañen al próximo Gobernador.
