+ Nuevo gobierno debe incluir a la ciudadanía en debate de la educación
Ha una década desde el conflicto magisterial en Oaxaca, y ante el saldo rojo de la educación pública en la entidad, es indispensable que los actores públicos involucrados –ciudadanía incluida— den las pautas de las aspiraciones educativas en la entidad para los próximos años. El arribo de un nuevo gobierno, y de una clase política que pretende renovarse, parece el escenario propicio para ello. Sólo falta que todos den muestras de voluntad y de ya no sólo pelear por sus intereses, sino de establecer el nuevo rumbo que apremia a la instrucción pública en la entidad.
En efecto, en octubre de hace diez años el conflicto magisterial y popular llegó a su punto cúspide, cuando la Sección 22 del SNTE decidió involucrar a la ciudadanía en la crisis social, y convirtió un conflicto gremial y laboral, en una confrontación entre toda la ciudadanía. Finalmente, el magisterio estaba defendiendo sus intereses económicos y políticos, como lo ha hecho permanentemente de entonces a la fecha. Aunque lo que sigue pendiente es el diálogo por la educación que nunca pudo propiciarse primero por las resistencias magisteriales, pero también por la incertidumbre que generaron los titubeos permanentes de las administraciones de Ulises Ruiz, y Gabino Cué, consecutivamente.
En esa lógica, es claro que diez años después de aquella situación, la educación en Oaxaca ha sido el tema más debatido pero menos abordado en la agenda pública. No hubo forma de penetrar la verdadera discusión sobre el rumbo de la educación, primero porque la Sección 22 se dedicó de lleno a exigir sus resarcimientos por el conflicto magisterial; después, porque, por sistema, se declararon en oposición a los programas educativos del gobierno del presidente Felipe Calderón, y luego a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto.
Incluso, ni siquiera la discusión legislativa de una nueva Ley Estatal de Educación fue espacio para dialogar sobre el tema sustantivo en materia educativa entre gobierno, maestros y padres de familia, que no es sino el tipo de educación que reciben los niños y jóvenes en las escuelas públicas de la entidad, y la necesidad de replantear, junto con las necesidades y exigencias políticas de los maestros, los planes y programas de estudio no con que se evalúa a los profesores, sino con los que imparten clase cotidianamente a sus educandos.
En este sentido, es alarmante cómo ese tema —que debiera estar en el centro del debate— es el que más ha sido relegado de la discusión pública sobre la educación. Hasta hoy, el magisterio sostiene como la base de sus argumentos, que están en contra de las evaluaciones, y que demandan un sistema que considere las diferencias culturales, sociales, económicas y políticas de las comunidades marginadas. Pero esas demandas han servido para encubrir el silencio que reina sobre el análisis de la educación que ellos mismos están impartiendo, y la que van a ofrecer —o la que deben ofrecer— en el mediano y largo plazo en Oaxaca.
ESPACIO DE DIÁLOGO
En los últimos años, el gobierno estatal fue un ariete de las demandas del gremio magisterial. La administración estatal, de hecho, parecía estar permanentemente al servicio de las demandas magisteriales —y de sus intereses y tácticas de lucha social— porque esa era la forma de convivir en un escenario en el que la gobernabilidad dependía en gran medida de la estabilidad de la relación entre el sindicato magisterial y el Estado.
Sin embargo, a partir del 21 de junio de 2015 quedó claro que dicha relación no era indispensable, y que en realidad había que ir a un nivel superior para discutir ya no los temas políticos de la educación, sino la educación misma, que hasta ahora es un diálogo postergado y silenciado. ¿En qué hemos estado? Reiterada y cíclicamente se ha discutido la parte política, pero sin discutir la verdadera parte sustantiva de la educación en la entidad.
Por eso hoy es urgente ya no sólo discutir la parte política, sino los verdaderos temas educativos. Nosotros los ciudadanos tenemos gran responsabilidad en ese rubro, porque a pesar de ser mayoría frente al gremio magisterial, e incluso frente al Estado, hemos sido quienes menos hemos participado en los destellos de diálogo educativo que han existido hasta ahora. Toda la participación de la ciudadanía se ha reducido al ejercicio de algunas formas de presión, en algunas escuelas, cuando hay organización.
Pero en realidad, tanto para el gobierno como para la propia Sección 22 ha sido ampliamente conveniente la inexistencia de organizaciones de padres de familia dispuestas a dialogar no sobre los salarios o las condiciones laborales de los profesores, sino sobre la urgencia de que haya clases permanentemente; sobre qué se les va a enseñar a los niños en clases, y sobre cuál es el futuro de la educación y la docencia en Oaxaca.
Ese es diálogo que falta. Es el gran rubro pendiente que tendría que impulsar el gobierno de Alejandro Murat, si es que de verdad desea que su gobierno no repita la política de evasión que ha prevalecido en los últimos años, respecto a la educación pública en Oaxaca.
AL MARGEN: 10 AÑOS
El 3 de octubre de 2006, apareció por primera vez esta columna en las páginas de TIEMPO. Ha sido una década de trabajo arduo en el registro cotidiano de los acontecimientos de nuestra sociedad; de aprendizaje de nuestros compañeros más experimentados, y de consideración de los propios errores. A través de estas líneas, el autor de este espacio patentiza su gratitud hacia todos los que hacen posible la edición cotidiana de este diario, y a quienes día a día nos prefieren como lectura de reflexión, crítica y análisis político. A todos, muchas gracias.
