+ MFB defiende la idea; pero quién sabe si tenga la estatura para lograrlo
Oaxaca puede ser un referente de cómo las fuerzas políticas, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, pactan para llevar a la quiebra al Estado de Derecho. Eso es lo que hicieron todos esos factores políticos en los últimos seis años, para generar un gobierno caótico que intentó ser de coalición, y tener pinceladas de un gobierno equilibrado de tipo semi parlamentario. Toda esa experiencia deberían verla en el orden federal, quienes apuestan a un modelo similar al oaxaqueño sin considerar que, en el pragmatismo político, las tentaciones a veces pueden más que las convicciones.
En efecto, ayer el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, consideró en una entrevista al periódico La Jornada que el sistema político mexicano está agotado, porque seguimos con un modelo que “funcionaba para el partido hegemónico” y que no ha cambiado, pese a las sucesivas reformas electorales con las que la clase política ha respondido a las crisis, una tras otra.
Beltrones habló de “una disminución evidente de la gobernabilidad”. El problema, señalaba, no es de las personas que gobiernan: es que seguimos con un modelo político “del siglo pasado”. Frente a eso, su planteamiento de fondo es el siguiente: es la hora de dar ese paso que parece [que] solo dependería de construir una ley reglamentaria del artículo 89 constitucional, pero hay otros asuntos que antes tenemos que dirimir”. El ex presidente del PRI plantea que la formación de un gobierno de coalición sea obligatoria si el ganador de la elección presidencial no obtiene más de 42 por ciento de la votación. “Y el porcentaje no es caprichoso (…) fue el porcentaje que nos resolvió la gobernabilidad en el Congreso, de la reforma que hicimos en 1990, después de unas elecciones sumamente controvertidas en 1988”.
Así, dice, si un candidato que en 2018 obtuviese más de 42 por ciento de los votos la decisión [de un gobierno de coalición] sería optativa, aunque también podría pasar directamente a la toma de posesión el 1 de diciembre tras la calificación de la elección en tribunales. La otra ruta significaría que el Congreso ratificara al gabinete, con las excepciones señaladas. Así se conseguiría, sostiene Beltrones, tener “gabinetes de calidad”, porque “algo que importa mucho a la gente es dejar atrás la escuela de aprendices”. Se necesitan “gabinetes de calidad, probados, con los mejores, sin importar que vengan de un partido u otro, de la academia o del círculo intelectual, donde muchos son apartidistas”.
Beltrones reclama “romper con esa inercia en la que nos tiene el actual sistema donde el que gana, gana todo, y los que pierden, pierden todo, y se dedican a fastidiar al que gana. Esa es la regla que nos ha traído el conflicto y los resultados mediocres. Por todo ello, propone que con ese se “ratifique” un régimen presidencial con un ingrediente parlamentario “que es la formación de los gobiernos de coalición, pero a final de cuentas presidencial. El presidente seguiría teniendo la facultad de nombrar, con ratificación del Congreso, pero también de remover libremente.”
Algo muy similar a lo que vimos los últimos seis años en Oaxaca, con resultados funestos.
GOBIERNO, ¿ENTREVERADO?
Básicamente, Beltrones pide no pontificar la segunda vuelta sino más bien llevar a un segundo nivel a los gobiernos de coalición, haciendo obligatoria su formación cuando el Presidente llegue al cargo con menos del 42 por ciento de la votación. En ese momento tendría que formar un gobierno ratificado por el Congreso, y establecer todos juntos una agenda común, para así ser corresponsables de los resultados del gobierno y del trabajo legislativo.
En Oaxaca ocurrió un gobierno con muchas de esas características. Gabino Cué rebasó el margen del 42 por ciento de la votación señalada por Beltrones, pero aún así entregó voluntariamente los mecanismos de la ratificación y de la construcción de agenda legislativa a los partidos en el Congreso, frente al hecho (a pesar) de que ninguno de ellos había obtenido ningún tipo de mayoría legislativa. Así, se pensaba, en la pluralidad, los partidos concurrirán responsabilidades para establecer un gobierno de coalición que les reparta responsabilidades.
¿Qué ocurrió? Que los partidos representados en el Congreso se dedicaron a lucrar con las facultades que obtuvieron gracias a la venia del Gobernador, que había propuesto mecanismos como el de la ratificación de todos los integrantes del gabinete, y de que se había comprometido a impulsar una agenda política y legislativa conjunta con los partidos.
Al final, la ratificación se convirtió primero en una comparsa, y en no un mecanismo de control, a favor del Gobernador; y después se convirtió en un mecanismo de presión, coacción y chantaje para obtener prebendas a cambio de los votos favorables a los funcionarios designados. Hubo varios ejemplos, aunque el más ominoso fue Alberto Esteva Salinas, que primero fue rechazado luego de darse a conocer una carta con antecedentes penales, y después ser ratificado, sin explicación alguna, por los mismos que días antes no lo habían aprobado.
REPENSAR EL MODELO
Al final, puede haber experiencias positivas y negativas sobre un mismo modelo. En el ámbito federal, la partidización sigue siendo una señal negativa de cómo podría terminar este ensayo de modelo. El tema es de la mayor relevancia y se debe mantener sobre la mesa, a partir de que la forma actual está agotada y es urgente seguir transformando nuestro sistema por la vía pacífica. ¿Podría el PRI conseguirlo de nuevo?
