+ El Estado sí es responsable; pero Obrador manipula otra vez la realidad
Los más altos representantes del Estado mexicano recibieron muy mal las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador —dirigente nacional de Morena e inminente candidato presidencial— en el sentido de que las fuerzas armadas del país habrían sido responsables de actos de represión y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. El tabasqueño nuevamente manipula la realidad, porque aún cuando sí fue el Estado —tal como lo dice la consigna sobre la responsabilidad por las desapariciones—, en realidad él y muchos más quisieran que ello fuera un sinónimo de que el Presidente hubiera ordenado la masacre, o que el ejército la hubiera ejecutado. No es así, y por eso un discurso inteligente tendría que versar en un sentido distinto a pesar de la afirmación de que sí “fue el Estado”.
En efecto, la semana pasada en una gira por los Estados Unidos, y luego de un incidente en el que se vio involucrado el padre de uno de los normalistas desaparecidos, que fue a reclamarle a López Obrador por su relación con José Luis Abarca y el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, el tabasqueño dijo: “estoy convencido de que fue un acto de provocación”, subrayó antes de agregar: “es injusto, se lo dije —a Tizapa, en referencia al padre del normalista desaparecido, que lo increpó— en el momento; el reclamo es al Estado, no a nosotros, el reclamo es al régimen, el reclamo tiene que ser a (Enrique) Pena Nieto, a las fuerzas armadas, a quienes intervinieron en ese crimen; no a nosotros. Es una gravísima confusión, lamentable”.
La reacción del gobierno no se hizo esperar. Al día siguiente, el vocero de la Presidencia, el Secretario de Gobernación, y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, coincidieron en reprobar las acusaciones hechas por el tabasqueño a partir de que éste no mostró ninguna prueba para sustentar sus acusaciones en contra de las fuerzas armadas, como las presuntas responsables de la desaparición de los normalistas en la población de Iguala, en Guerrero, y antes, que también había acusado a la Secretaría de Marina Armada de México de haber matado a menores en el operativo en contra de un capo criminal en Nayarit.
“Me indigna muchísimo que se haga una acusación como esta, sobre todo porque es falsa, y al ser falsa, es rotundamente injusta”, dijo Sánchez en una conferencia de prensa, al tiempo que señalaba que “es la segunda vez en breve lapso, que el presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador; hace una acusación falsa en contra de las Fuerzas Armadas mexicanas”, en relación a lo vertido por el líder de Morena el mes pasado sobre el abuso de fuerza por parte de la Marina en un operativo en Nayarit en el que murió el presunto capo del narco Juan Francisco Patrón.
Osorio Chong, por su parte, se dijo preocupado porque alguien que lleva 18 años buscando la Presidencia y que busca encabezar las Fuerzas Armadas, “denigre y señale” a las Fuerzas Armadas. “Por eso refiero el poco respeto que tiene por las instituciones”, dijo Osorio, quien también calificó de inadmisible las declaraciones del líder de Morena, ya que dañan “a la institución que más confianza le tienen los mexicanos”.
Aún con todo esto, López Obrador no se desdijo de sus señalamientos, y aunque suavizó su posición con relación a las fuerzas armadas, insistió en la idea de la responsabilidad de Peña Nieto en la desaparición de los normalistas y en la represión a movimientos sociales a través de las fuerzas armadas.
Quizá López Obrador no se da cuenta que si llega a ser Presidente, entonces él representará al Estado y será tan responsable de hechos como la desaparición de los normalistas como hoy lo es Enrique Peña Nieto, y como lo será cualquiera que llegue a esa misma posición por una cuestión institucional y de reconocimiento de la responsabilidad internacional por los hechos ilícitos del Estado.
RESPONSABILIDAD DE ESTADO
Lo primero que es necesario comprender, es que frente a hechos como la detención-desaparición de los normalistas de Atoyzinapa, la responsabilidad de Estado no se segmenta en los ámbitos de gobierno; y en un segundo plano, no menos importante, también es necesario entender que en el ámbito de los derechos humanos no existe jerarquía ni ámbitos de aplicación. Vale la pena analizar estos dos elementos que son determinantes en la explicación de por qué el gobierno federal sí tuvo responsabilidad desde el inicio, y de por qué sí es perfectamente válido el cuestionamiento de por qué tardó tanto tiempo en asumir una postura e intervenir en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala. Veamos.
¿Por qué la responsabilidad no puede segmentarse? Una primera luz sobre este tema, la da el Pacto de San José, cuando en su artículo 28, dice lo siguiente: “1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención”.
¿Qué significa eso? Que frente al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos nacionales —como el gobierno federal, en el caso de la federación que es México— es quien debe, primero, responder por el cumplimiento del contenido de la Convención; y segundo, ver que las partes integrantes cumplan también su contenido, pero sin dejar de ver que el deber entre estados y federación es uno solo.
Ahora bien, cuando se habla de cumplimiento, se refiere al respeto a los derechos fundamentales consagrados en esa Convención. ¿Cuáles? El derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente (art. 4); derecho a la integridad personal (art. 5); derecho a la libertad personal —que es uno de los directamente transgredidos aunque no el único, porque ese es un delito pluriofensivo— (art. 7); derecho a la protección de la honra y la dignidad (art. 11), entre otros.
Por eso, aunque el gobierno federal no es directamente responsable de haber cometido las detenciones-desapariciones de los normalistas, sí tuvo desde el primer momento una responsabilidad de Estado por la que debió intervenir de inmediato, tomando en cuenta, además, que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece como primer deber de los Estados parte —México es uno de ellos— el no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Valdría la pena saber, en concreto, por qué razón el gobierno de México tardó tanto en entender la situación.
SÍ FUE EL ESTADO
Hay legislación internacional en el sentido de que en los hechos ilícitos del Estado, se considera responsabilidad institucional del Estado cuando sus representantes —es decir, cualquiera de sus funcionarios, al margen de su jerarquía— actúa en el ejercicio de sus atribuciones en la comisión de una conducta ilícita, máxime cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Por eso, aún cuando hayan sido elementos de la Policía Municipal de Cocula e Iguala quienes detuvieron y entregaron a los normalistas para ser desaparecidos, al final sí termina siendo responsable el Estado, que no segmenta sus responsabilidades. Por eso AMLO engaña con la verdad: sí fue el Estado pero no Peña Nieto. Y lo que queda en medio es la temeraria acusación a las fuerzas armadas, de las que pretende llegar a ser su comandante supremo.
