En la lista de pendientes está el sistema anticorrupción y el penal
No es una sola persona la que va a cambiar en un santiamén el estado de cosas en el ámbito de la procuración de justicia. Por eso, más allá de la decisión del Congreso del Estado de elegir a Rubén Vasconcelos Méndez como nuevo fiscal General de Oaxaca, lo que debe verse es el cúmulo de cambios legales e institucionales que son urgentes para verdaderamente impulsar cambios de fondo en la procuración de justicia y la persecución de los delitos en Oaxaca.
En efecto, el pasado viernes el Congreso del Estado resolvió que Rubén Vasconcelos Méndez se convirtiera en el nuevo fiscal General del Estado, en una elección que fue unánime a partir de la idoneidad del ahora funcionario estatal, pero también de la necesidad de dotar de legitimidad los trabajos de la procuración de la justicia en Oaxaca. En esencia, el Congreso le dio a Vasconcelos un envidiable espacio de legitimidad al elegirlo con la totalidad de los votos posibles, pero Vasconcelos también legitima al Congreso y a la Fiscalía con sus impecables antecedentes profesionales, su amplia experiencia en las tareas de procuración de justicia, y su reconocimiento público como uno de los más destacados juristas mexicanos de la actualidad.
Sin embargo, suponer que con eso el panorama de la procuración de justicia en Oaxaca está resuelto, sería tanto como caer en una dolorosa falacia. ¿Por qué? Porque a pesar de que Oaxaca ha sido vanguardia en diversos temas relacionados con la justicia, lo cierto es que hoy en día la característica común tanto del sistema de procuración, como del de impartición de justicia, es que atraviesan por una crisis generada en gran medida por el abandono de los cambios institucionales y de marco jurídico, que eran necesarios desde hace mucho tiempo pero que por alguna causa quedaron pospuestos indefinidamente en Oaxaca.
En el caso de la procuración de justicia, en Oaxaca existen enormes retos que comienzan por el presupuesto asignado a la Fiscalía, que luego se reflejan en las precarias condiciones en que los agentes del Ministerio Público, Policías Investigadores y Peritos realizan sus labores; junto a ello, existe también un añejo problema relacionado con la corrupción y la colusión de los funcionarios encargados de la procuración de justicia, que en muchos de los casos desvían el sentido de las investigaciones y las inclinan a favor de los intereses de alguna de las partes y no de la justicia, como debería ser en todos los casos.
Y si esos son los problemas “cotidianos” que no sólo corroen a la Fiscalía General, sino a prácticamente todas las instituciones públicas que brindan algún servicio a la ciudadanía, hay aún más problemas que deben ser atendidos integralmente para lograr una mejor procuración de justicia. Es incierto el grado de integración que tiene en la actualidad el marco jurídico relacionado con la procuración de justicia, respecto al sistema de justicia acusatorio adversarial, que desde junio del año pasado está en vigor en todo el país. Evidentemente, las reformas relacionadas con la implementación de dicho sistema no sólo pasan por el poder judicial, sino por todos los órganos del Estado que participan en la persecución de los delitos.
La puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal implica no sólo inversiones sino también el replanteamiento de todos los actores e instituciones que participan presencialmente en un juicio: además de los jueces y funcionarios judiciales, hoy los fiscales que formulan acusaciones, los peritos que presentan sus dictámenes, los policías que dan fe de los hechos y circunstancias en que actuaron frente a la posible comisión de un delito, entre otros, deben estar a la altura de lo que el sistema de justicia demanda, y de la urgencia de justicia que la sociedad demanda con urgencia de ellos.
El problema —que a su vez es una oportunidad— es que todos esos cambios requieren no sólo del trabajo del Fiscal, sino de diversas instituciones que deben entender la dimensión de la transformación institucional que enfrentan, que se combina con la sensación de defraudación que hoy demuestra la ciudadanía oaxaqueña al no sentirse representada ni retribuida en su larguísima demanda de justicia.
EMPUJAR LAS REFORMAS
Sobre la Fiscalía General recaerán responsabilidades que son de gran calado. Una de ellas será la de albergar al Fiscal Anticorrupción que deberá ser electo también por el Congreso para conocer y perseguir los delitos relacionados con la función de los servidores públicos. En el ámbito federal, la PGR ha dado muestras de irresponsabilidad y poco compromiso con el combate a la corrupción, al intentar menguar los alcances y la autonomía técnica y operativa del Fiscal Anticorrupción. El Congreso federal, a su vez, ha hecho lo mismo postergando indefinidamente, siempre por razones fútiles, la definición de quién ocupará el cargo de Fiscal Anticorrupción.
Ante ese panorama, en Oaxaca se tiene la oportunidad de no caer en la misma tentación en que incurrieron las instituciones federales antes señaladas. En los mismos alcances de la autonomía constitucional de la Fiscalía General, se debe impulsar la creación de una Fiscalía Anticorrupción que cumpla cabalmente con los requerimientos deontológicos establecidos en la Constitución para perseguir con eficacia y autonomía los delitos relacionados con la corrupción; del mismo modo, el Congreso del Estado debe también demostrar que tiene capacidad y la altura para seguir tomando decisiones de Estado en el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción, que le dé certidumbre a la sociedad y que no tenga la tentación de convertirse en un apéndice del poder.
En esa misma lógica, los Tres Poderes del Estado en Oaxaca, deben asumir la responsabilidad que implicará el echar a andar el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y reformar todo un catálogo de leyes estatales en los que no sólo participan los órganos de fiscalización, la Contraloría o los nuevos órganos dependientes del Sistema de Combate la Corrupción sino también, como uno de los actores centrales, la Fiscalía General del Estado.
Al final, todos deben asumir que hoy la persecución de los delitos —no sólo en materia penal, sino en todas las que hoy son tema de preocupación para la sociedad— no la hace únicamente la Fiscalía, sino la coordinación entre todas las instancias que tienen relación con ello. Por eso es importante entender que no se trata de suponer —equivocadamente— que una sola persona puede cambiar el estado de cosas actual, sino que para que realmente ocurran las transformaciones de fondo que todos demandan, debe haber un trabajo permanente y coordinado desde diversos frentes.
INICIA EL VÍA CRUCIS
El gobierno de Oaxaca tendrá que desplegar, a partir de hoy, todas sus capacidades institucionales para evitar que las acciones “tradicionales” de la Sección 22 del SNTE se desborden en daños para la ciudadanía y para la entidad. El sector radical del magisterio no tardará en hacerse presente en las calles, pero sobre todo en la Asamblea Estatal, en donde siempre intentan reventar los acuerdos relativamente civilizados que se construyen desde las mesas de trabajo. Viene, pues, la primera gran prueba para los encargados de la gobernabilidad en Oaxaca, y también se verá el nivel real de colaboración y apoyo con las instancias federales.
