+ Organizaciones sociales: antes eran clientela política; hoy someten al gobierno
Ante la reanudación de la crisis violenta de los últimos días entre la Agencia Vicente Guerrero y la colonia Guillermo González Guardado en Zaachila, contra integrantes de la organización “14 de junio”, la Secretaría General de Gobierno debería comenzar a reconocer con responsabilidad la dimensión del problema, y hacer lo necesario para contener a profundidad este foco de riesgo para la gobernabilidad y la seguridad de los oaxaqueños.
En efecto, hasta ahora el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría General de Gobierno, ha centrado su actuación respecto a la disputa entre la organización 14 de Junio y la Agencia Vicente Guerrero de Zaachila, a partir de dos planteamientos: el primero, que este es un conflicto entre organizaciones de lucha social, y que por ende su tratamiento debe ser de esa misma naturaleza; y segundo, que éste es también una disputa focalizada a un espacio en específico, y que por ende no corre el riesgo de extenderse a otras comunidades, ni de contaminarse con otros liderazgos o conflictos de las zonas circundantes.
Sin embargo, habría que tomar la situación con mayor reserva que la aparente tranquilidad y pasividad que hasta ahora está demostrando la Secretaría General de Gobierno en el abordaje de este problema. ¿De qué hablamos? De que éste no es un lío entre Flavio Sosa, el Ayuntamiento de Zaachila, y la 14 de Junio; tampoco es una pequeña revuelta de una colonia insurrecta; y mucho menos es un lío que tenga que ver con temas estrictamente políticos, electorales e incluso de organizaciones que enmascaran en la lucha social intenciones relacionadas con la delincuencia organizada.
En realidad, este conflicto no tiene, del lado de los colonos de la Agencia Vicente Guerrero y de la González Guardado, un derrotero ni un liderazgo visible más que el de oponerse a las acciones violentas y los excesos que están cometiendo en sus territorios los integrantes de la 14 de Junio. Del lado de esta organización, no se ha demostrado más que la insistencia por mantener el control del territorio en ciertas actividades económicas como el mototaxismo y el cobro de derecho de piso para algunos giros comerciales. De fondo, queda claro, no están mezclados más intereses que esos.
¿Cuál ha sido hasta ahora la postura del gobierno? Ha sido estrictamente policiaca. Es decir, el Gobierno del Estado ha implementado únicamente acciones a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y de la Fiscalía General del Estado, para tratar de mantener aisladas las condiciones de violencia que prevalecen; sin embargo, Seguridad Pública ha demostrado ser incapaz de contener los enfrentamientos en todas las ocasiones en que éstos han ocurrido; y las acciones de la Fiscalía General —por muy eficaces que pudieran ser— se quedan cortas, frente a un problema que tiene más de fondo que la sola comisión de delitos.
De ahí parte el señalamiento de que en todo ese escenario, quien se ha quedado aún más corta es la Secretaría General de Gobierno, que hasta ahora no parece haber terminado de entender la naturaleza del problema que enfrenta, ni tampoco los riesgos que implica el trato timorato y de parcialidad que hasta ahora ha demostrado. De continuar así lo que estarán alimentando es una potencial crisis mayor, que luego será contaminada y colonizada por otros problemas, tal y como ha ocurrido en otros conflictos más o menos similares.
LOS MALOS CONTRA LOS PEORES
Sólo demuestra estrechez en el análisis querer reducir el conflicto entre colonos y la 14 de Junio, a un pleito entre Flavio Sosa y “Don Panchito”, Francisco Martínez Sánchez. Los oaxaqueños conocemos a la perfección la forma de actuar de unos y otros, y por eso parece algo inicuo reducir o justificar el enfrentamiento por la presencia de esos dos personajes, y sus respectivas organizaciones.
En realidad, en el conflicto de Zaachila hay un tema social de fondo, y es la respuesta de los colonos frente al abandono gubernamental y el reconocimiento tácito al líder de una organización —en este caso, la 14 de junio— como una especie de encomendero de toda una zona. ¿No es eso a lo que el propio gobierno ha intentado reducir toda la zona que hoy está en conflicto? Pues con el silencio gubernamental, y la tibia respuesta de la Secretaría General de Gobierno a las demandas de atención a esta crisis, lo que queda claro es que en el fondo existe cierta voluntad para no quitarle a la 14 de junio la hegemonía y el control que ejerce sobre esa zona, cometiendo excesos entre la población en aras de mantener un negocio, pero sobre todo un espacio de control político.
En esa lógica, habría que reconocer que las instancias encargadas de la gobernabilidad en Oaxaca están tratando de mantener ciertas alianzas que hoy reconocen que son impopulares, pero que no pueden romper. En este caso, el Estado —a través de algunos funcionarios y operadores políticos del régimen— comienza a pagar los costos de haber intentado cooptar como clientelas políticas a organizaciones como la 14 de Junio, el Sindicato Libertad, o los tentáculos obreros de la CTM, y ahora enfrentarse al cobro de facturas por parte de esas organizaciones, que no quieren victorias partidistas, sino espacios francos para imponer su voluntad y sus intereses económicos.
En el caso de la Agencia Vicente Guerrero, eso justamente es lo que está haciendo crisis. Pues más allá del señalamiento sobre Flavio Sosa, es claro que del lado de los colonos no existen liderazgos reconocibles, porque en el fondo sí persiste una inconformidad social que está haciendo a la gente responder de las formas que ya hemos visto. Lo que el propio devenir del conflicto está dejando ver, es que urge que el gobierno deje de verlo como el enfrentamiento entre dos grupos, y atienda las causas sociales de fondo, aún a costa de frenar y replegar a sus aliados incómodos de la 14 de junio. Porque cualquier viso de solución a esta crisis, en realidad pasa por dejar sin efectos la especie de “licencia” fáctica que el propio gobierno le dio a la 14 de Junio, para imponer su ley en esos territorios.
Eso no lo está haciendo ninguna instancia gubernamental. No lo está haciendo, principalmente, la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular, Héctor Anuar Mafud Mafud, todos los días demuestra su voluntad de querer echarse en brazos de cuanto dirigente se lo ofrece con tal de mantener a salvo las condiciones mínimas de su gestión. La pasividad, la actitud timorata y la intervención a medias en el conflicto de Zaachila, pone en claro que por lo menos la Segego no tiene convicción por frenar a la 14 de junio, y permitir una aplicación pareja de la ley a todos los involucrados.
El riesgo que existe, es que al final este conflicto se contamine por otros intereses —esos sí, políticos y partidistas— y que dentro de algún tiempo ya no sean controlables ni las causas del enfrentamiento actual, y mucho menos los líos y las mezquindades que se le monten.
APRENDER DEL PASADO
Volteen a ver el 2006 y verán que no eran ni los mismos actores, ni las mismas causas, ni las mismas dimensiones, los que había al inicio del conflicto —que parecía originado por una inconformidad magisterial genuina—, que los que había en su fase más violenta, cuando ya estaban presentes —y se habían montado sobre las banderas iniciales— todo tipo de organizaciones más violentas, más radicales y menos susceptibles al diálogo. Ese es el riesgo actualmente. Quizá aún estén a tiempo de frenarlo.
