Tenencia en Oaxaca: cualquier solución pasaba por reconocer la necesidad de soluciones creativas

Es reconocimiento de lo impráctico que resultaba el proceso de cobro, y el gravamen mismo sobre la tenencia y uso de vehículos en Oaxaca, debería ser apenas el primer paso de una serie de medidas para reactivar y fondear la insuficiente recaudación de impuestos estatales. Si de verdad existe la intención de incrementar la captación de impuestos locales, dicho reconocimiento, además, debe reflejarse en todas las demás áreas relacionadas con el cobro de contribuciones, que además de ser poco competitivas, resultan ser muy poco amigables con el contribuyente oaxaqueño.

En efecto, la impracticidad del cobro del impuesto a la tenencia y uso de vehículos, en Oaxaca podía verse desde distintos ángulos. Desde la perspectiva estrictamente económica, resultaba que por un lado el impuesto era demasiado oneroso con relación a su costo en otras entidades federativas; y por el otro, el gobierno de Oaxaca nunca logró aterrizar una argumentación convincente respecto de cuál era el propósito o la finalidad de que el contribuyente oaxaqueño pagara dicho impuesto en la entidad, y no en otra en donde era menor o en la que definitivamente no se cobrara. Junto a ello, siempre estuvo la excesiva burocracia, y la intrincada y decimonónica tramitología que se procuraba para que, quien quisiera pagar cinco o diez veces más por unas placas de circulación que en otra entidad, lo hiciera en Oaxaca. Por todo eso, vale la pena ir por partes.

Como antecedente en el primero de los rubros, vale señalar desde hace varios lustros el impuesto a la tenencia de vehículo era uno de los que quedaba sujetos a la coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas. Esto era que, a pesar de ser un gravamen federal, los encargados del cobro y la utilización de dichos recursos eran las propias entidades federativas.

En términos simples, los recursos que captaban por ese concepto eran tomados “a cuenta” de los recursos que la federación estaba obligada a transferirle a las entidades federativas. El problema es que, en 2012, dicho impuesto desapareció como un gravamen federal, pero quedó abierta la posibilidad de que los estados de la República lo continuaran aplicando ahora como un impuesto del orden estatal.

Así, hubo varias entidades de la República que lo eliminaron, y otras desde el principio ofrecieron estímulos fiscales a los contribuyentes para que consintieran el cobro pero a una tasa cero, o de algunos pesos, para que con ello se mantuviera la vigencia del gravamen y se dejara abierta la puerta a la desaparición del estímulo, sin el riesgo de que los contribuyentes alegaran en su contra, por haber sido actos consentidos durante el periodo de la vigencia de los beneficios fiscales.

La postura del gobierno de Oaxaca, sin embargo, fue poco asequible frente a la situación. Bajo el alegato de que era un impuesto que no podía desaparecer debido a los compromisos adquiridos por el gobierno de Ulises Ruiz, que bursatilizó ingresos futuros (según para realizar obras de beneficio social, cuestión que nunca fue transparentada) garantizándolos justamente con los derechos vehiculares y con el cobro de la tenencia, entre otros.

Era evidente que el impuesto no podía desaparecer. Pero al restablecer el cobro de la tenencia estatal, y mantenerlo en las mismas tasas de la antigua tenencia federal, sólo provocaron una fuga enorme de contribuyentes oaxaqueños que, a partir de diversos derechos fundamentales que sobreponen la libertad de tránsito y el reconocimiento de los actos jurídicos entre entidades federativas al cobro de un impuesto, decidieron emplacar sus vehículos en otros estados en los que la tenencia había sido flexibilizada o eliminada.

ALEJADOS DE LA CIUDADANÍA

Todavía en los últimos días de 2017, realizar el trámite de registro, emplacamiento y pago de tenencia y derechos vehiculares en Oaxaca, era una auténtica tortura. Dicho proceso había sido el mismo que se seguía desde años atrás, el cual además de ser un servicio lento y plagado de burocracia, era además complejo y poco accesible para el ciudadano, que en el mejor de los casos debía perder todo un día para realizar el trámite, o bien podía hacerlo en varios momentos para permitirle los tiempos de espera a un sistema de cobro anticuado, complicado y repelente a los contribuyentes.

Para empezar, el contribuyente debía llevar todos los documentos relacionados con la propiedad del vehículo de motor, y buscar una subdelegación fiscal, o una oficina de la Secretaría de Vialidad y Transporte, en la que estuviera disponible el servicio en el momento necesario (para realizar este trámite, el autor de este espacio tuvo que visitar cuando menos tres oficinas distintas, sin éxito); una vez superado este obstáculo, debía pasar a una primera revisión de la documentación, en la que prácticamente a todos los contribuyentes les informaban de un requisito adicional, cartas poder o demás, en medio de una oficina (incluso en las oficinas centrales de Sevitra) en la que no son visibles al público los documentos requeridos para cada trámite, ni los señalamientos sobre dónde inicia y cuál es el flujo en cada uno de ellos; y mucho menos los tipos de servicios que ahí se prestan.

Una vez superada la revisión, captura y digitalización de documentos, se emitía una orden de pago llena de problemas: o se pagaba en la ventanilla bancaria ubicada dentro de las oficinas de Sevitra, teniendo que esperar cuando menos un día para que “el sistema refleje el pago”. Otra opción era acudir a una sucursal bancaria que se encuentra por lo menos a un kilómetro de distancia e invertir todo el tiempo para la realización de las comunes largas filas para el pago en ventanilla, considerando que sólo una institución bancaria (Banorte y, a veces, HSBC) garantizaba el reflejo del pago a los pocos minutos, para poder continuar el trámite el mismo día.

Y había una tercera opción: el pago, en la misma oficina de Sevitra, a través de una terminal para tarjetas bancarias. Ilusamente, se creyó que este sería el método más rápido. Pero no: de todos modos, habiendo pagado ahí mismo, había que esperar al menos tres o cuatro horas para el reflejo del pago en el llamado sistema SIOX. A pesar de las promesas, éste contribuyente debió esperar dos días al reflejo del pago, debido a una “caída del sistema” que prolongó por mucho tiempo más la posibilidad de concluir dicho trámite.

Con esta burocracia, ¿cómo no emplacar en otro estado a través de un gestor, con un costo inicial similar o menor al cobrado en Oaxaca, y con la garantía de que los pagos posteriores no rebasarían los 600 pesos anuales?

CERTIDUMBRE

Con las medidas anunciadas, se supone que esa tortura burocrática debe terminar. Eso era indispensable para lograr que más automovilistas regresen a las placas estatales. Y lo que sigue es hacer amigables los servicios tributarios estatales a los contribuyentes. ¿A poco no entienden que en el SAT tratan al usuario lo mejor posible cuando acude a realizar trámites, para que después con esa misma diligencia hagan lo necesario para determinarle y cobrarle sus impuestos? Ahí está la clave.