Entre las propuestas de los candidatos, ya no debería mantenerse la de seguir bajando salarios a la burocracia

Se dice que en los primeros años de México como nación independiente, los empleados públicos eran los peor pagados, y los que menos certidumbre tenían sobre su empleo. Esto tenía que ver mucho con las inestabilidades políticas y sociales propias de aquella época. Pero también, con una incorrecta valorización de lo que debe ser el trabajo gubernamental. En estos tiempos de gran incertidumbre y promesas de combate a la corrupción, el gobierno debiera tener prudencia y cuidado para evitar que, en nombre de la austeridad y la reducción de salarios y personal, vuelva involuntariamente al pasado.

En efecto, más allá de la típica visión maniquea —que reiteradamente expulsa del servicio público a todos aquellos que sirvieron a los regímenes del pasado—, hoy para cualquier empleado de alguno de los tres ámbitos de gobierno es claramente perceptible que tanto su empleo, como su remuneración, dejaron de ser atractivos y competitivos. Esto, debido a que ante la constante reducción de personal, y la negativa de la administración pública a reconocer la existencia de bajos salarios, resulta que paulatinamente el nivel de respuesta y preparación de los funcionarios estatales, ha ido disminuyendo. Esto es grave para una administración que, sin embargo, necesita imprimir mayor dinamismo, competitividad y eficacia a sus resultados.

En ese sentido, parece que la confusión entre el interés laboral y el supuesto “espíritu” del servicio público hoy está más presente que nunca. Esto porque, por un lado, la administración pública aprovecha la innegable realidad de que el gobierno es el mayor empleador de Oaxaca, y por esa razón ofrece empleos que ofrecen cierta seguridad pero, en realidad, salarios bajos y un alto nivel de responsabilidad. Todo eso, además, lo enmarcan en la cantaleta moral de que todos los sacrificios son justificados, cuando se tiene “compromiso” o “vocación de servicio” con el Estado.

Sin embargo, todo esto choca con la otra parte de la realidad: que los empleados públicos, como los de cualquier tipo de giro oficial o privado, trabajan por necesidad, y lo hacen siempre en la medida de las retribuciones y condiciones de trabajo que se le ofrecen. Esto es simple: el empleado trabaja por necesidad, y rinde y entrega resultados en la medida en que es recompensado, tanto económica como moralmente, por su empleador. En esta lógica, el espíritu de servicio o la vocación, evidentemente salen sobrando.

¿Qué pasa cuando estas dos cuestiones no se encuentran equilibradas ni consideradas? Sucede que, evidentemente, lo que se agudizan son las disparidades, y con ello también se inhibe la posibilidad de mejores resultados. ¿Cómo va a trabajar mejor alguien que cada vez tiene mayor responsabilidad (porque gradualmente le incrementan la carga de trabajo respecto a los que son despedidos), y a la par se le regatean mejoras salariales justas y, al contrario, cada vez que se puede le reducen el salario?

El resultado es un servicio público de menor calidad, con más riesgos y con nulas posibilidades de mejora. Los indicadores así lo señalan.

SUBIR LOS SALARIOS

Vale la pena echar un vistazo al análisis frío de números que pone en la palestra la situación real de los empleados de la burocracia en la administración pública federal.

Pues como lo dice Enrique Huesca (http://bit.ly/1FoORjT), cuestionar a la Administración Pública en el ejercicio del gasto público es producto de la madurez de un pueblo, pero también es producto de la estatura de una nación construir un servicio civil bien remunerado que asegure técnicos preparados para la conducción de las áreas especializadas del país. Singapur, el gran ejemplo de ciudad-estado del lejano oriente, entendió durante el gobierno de Lee Kuan Yew, que para tener una burocracia eficiente, eficaz y fuera de la tentación de la corrupción, había que remunerar justamente a los servidores públicos. El criterio de los tabuladores de sueldo en esta nación no los pone el Estado, sino el mercado. Bajo ese criterio, en México el análisis se determinaría de la siguiente manera: el sueldo del Director de Programación y Presupuesto de SCT debe de ser equivalente al de un director de finanzas de un banco; muy probablemente el primero tiene mayor responsabilidad, pues le hemos encomendado el ejercicio, control y seguimiento de $119 mil millones de pesos que tuvo asignada dicha Secretaría en el PEF 2014.

Lo anterior ayudaría a evitar la pérdida de talentos y situaciones de corrupción. Para funcionarios con nivel de jefes de departamento, que ganan mensualmente entre $13,825.05 y $22,828.90 y llevan sobre sus hombros el otorgamiento de licencias en un Centro SCT, por poner un ejemplo, no es difícil caer en la tentación de vender un permiso. Un subdirector encargado precisamente de la política de servicios personales en este rubro puede ganar entre $20,094.76 a $36,367.26. La pregunta que nos deberíamos hacer antes de cuestionar estas retribuciones públicas sería cuánto gana su par de recursos humanos en Bimbo o Telmex y quién llega al millón de empleados administrados.

Cuando un testador o un fideicomitente constituyen un fideicomiso con bienes de su patrimonio, buscan que el fiduciario sea una institución sólida, profesional, eficiente y confiable. Esos mismos criterios son los que los ciudadanos deberían buscar en el servicio público cuando encomiendan el manejo del patrimonio nacional. Sin embargo, parecería que la comentocracia no coincide con estos criterios: no está dispuesta a que se pague lo justo por esos servicios.

REPENSAR MANIQUEÍSMOS

Son reveladores los datos y las reflexiones que ofrece Huesca: México requiere servidores públicos de primer orden, pero los ciudadanos, y particularmente la opinión pública, deben estar dispuestos a permitir que la Administración Pública obtenga y pague buenos talentos en todos los niveles. Cada vez que critiquemos el salario de un funcionario, pensemos antes si la retribución es proporcional a sus responsabilidades y trabajemos para que así sea. De otra manera, a un buen talento siempre le estará esperando una mejor oportunidad. Cuando levantemos la voz contra el servicio público recordemos que es el único sector que desde el año 2000 no recibe un aumento y que, año con año, su salario no se actualiza con la inflación. Si hacemos la cuenta del poder adquisitivo perdido, probablemente encontremos una correlación estadística con los talentos que también se fueron del servicio a la nación.

Realiza el TSJO foro sobre el feminicidio en México

La Magistrada Maribel Mendoza Flores reconoció avances en los derechos de las mujeres como el juzgar con perspectiva de género, que “es ya una obligación constitucional y convencional”.

Con el objetivo de reflexionar, analizar y visibilizar la violencia contra las mujeres y el Feminicidio como problema global, la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJO), realizó este viernes el Foro “El Feminicidio en México: retos y desafíos en el acceso a la justicia” con la participación de la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario, Luz Idalia Rojas Osorio, así como las Maestras Jazibe Valencia de los Santos y Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.

En el auditorio del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO), la Magistrada Maribel Mendoza Flores, presidenta de la Primera Sala Penal, dio la bienvenida a los asistentes y a las panelistas en representación del titular del Poder Judicial, Magistrado Raúl Bolaños Cacho.

“Desde este espacio, como funcionaria pública y como mujer hago un llamado a todos los órganos de procuración e impartición de justicia para que seamos diligentes en nuestra función, para que apliquemos la perspectiva de género, contribuyendo a frenar el Feminicidio que tanto afecta a la sociedad”, dijo la magistrada Mendoza Flores.

Luego de recordar la figura de la ilustre oaxaqueña, Ministra María Cristina Salmorán referente en la lucha de los derechos y oportunidades de las mujeres en México, lamentó que históricamente las mujeres y las niñas han sido y siguen siendo víctimas sistemáticas de la desigualdad estructural y de la violencia.

Sin embargo, la Magistrada Maribel Mendoza Flores reconoció avances en los derechos de las mujeres como el juzgar con perspectiva de género, que “es ya una obligación constitucional y convencional”.

Por su parte, la Magistrada Luz Idalia Rojas Osorio, del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el Estado de Oaxaca al hablar de “Casos emblemáticos nacionales e internacionales de los derechos humanos de las mujeres víctimas de Feminicidio”, dijo que fue hasta en el 2010 en que el término Feminicidio fue utilizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía, joven asesinada en Chimalhuacán, Estado de México.

Por su parte, la Maestra Jazibe Valencia de los Santos, directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, presentó su ponencia “El Feminicidio en México: retos y desafíos en el acceso a la justicia”.

En su intervención dijo que la tipificación del delito de Feminicidio es una obligación que los estados tienen de adecuar sus legislaciones a instrumentos internacionales. “Las leyes tienen que ser congruentes con las circunstancias, porque si la sociedad avanza, también avanzan y se recrudecen las manifestaciones de violencia; hablar de política criminal con perspectiva de género es fortalecer estrategias de persecución y sanción de los responsables de ejercer esa violencia buscando el castigo ejemplar”.

Finalmente, la Maestra Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, directora del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó la ponencia “Alerta de Género como instrumento preventivo y de garantías para la seguridad de las mujeres”.

Informó que en este año la CNDH ha abierto 11 carpetas de investigación por homicidio doloso de los cuales 2 están tipificados como Feminicidio.

Lamentó que la violencia contra las mujeres avance, mientras el marco legislativo para contralarlo se encuentra estancado al tiempo que demandó de la federación y los gobiernos estatales más recursos para aplicar medidas preventivas que protejan a la mujer, “porque este flagelo no puede esperar más”, sostuvo.

Es de señalarse que fungió como moderador de este foro, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez.