No se afectará a ningún empleado: Bolaños Cacho

 Al reunirse con los líderes sindicales del Poder Judicial les dice que los empleados adscritos al desaparecido Consejo de la Judicatura,  serán reubicados sin afectar sus derechos

La desaparición del Consejo de la Judicatura no afectará a ningún empleado en sus derechos laborales; por el contrario, todos serán reasignados en diversas áreas del Poder Judicial”, aseguró Raúl Bolaños Cacho.

Este lunes, al sostener una reunión de información con los dirigentes de los tres sindicatos del Poder Judicial, el Magistrado Presidente instruyó al Director de Administración, Antonio Díaz Aragón darles las facilidades a los sindicatos para que los empleados sean adscritos en los diversos juzgados y dependencias del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Les informó que la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con el Decreto 1539 de la LXIII Legislatura local, es un paso enorme para una mejor impartición  de justicia en Oaxaca.

Los que integran esta Junta, nombrados por el Pleno, el magistrado Crescencio Martínez Geminiano y el juez, César Cervantes  Hernández, son personas sólidas y consistentes, con experiencia probada que consolidarán este proyecto sin fallarle a la ciudadanía, precisó.

Luego de escuchar diversos planteamientos de los sindicalizados, el titular del TSJE les agradeció su interés y su responsabilidad de caminar juntos para engrandecer al Poder Judicial.

A esta reunión de trabajo asistió el Secretario General del Sindicato del Empleados del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Oaxaca e Instituciones Conexas (Sepjgeoic), Miguel Esteva Domínguez y la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial “Benito Juárez García”, Olga Josefina Morales Lázaro, así como delegadas y delegados  del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), encabezados por Jorge Mario García Vásquez.

Inminente incremento del pasaje

Carlos R. Aguilar Jiménez.

 


Si en un sistema democrático son la mayoría de ciudadanos quienes eligen a los gobernantes, lógicamente los gobiernos elegidos democráticamente deben responder solidaria y recíprocamente a la mayoría que votó por ellos, que los eligió como autoridades para administrar, poner orden y buscar el bienestar de todos, sin embargo no es así porque se interesan o preocupan únicamente por minorías y elites, ya sea empresarios, comerciantes, profes de la Secta 22, taxistas o concesionarios del transporte urbano de pasajeros, estos últimos convertidos en mafias perniciosas y malignas que exclusivamente ven por sus intereses económicos en contubernio con el gobierno estatal, como sucede con los dueños de autobuses de pasajeros que una vez más exigen incremento al costo del pasaje, y otra vez, en total falsedad e impostura. el gobierno estatal, SEVITRA (hoy SEMOVI) les pide fingiendo y engañando, mejoren el servicio, sabiendo que nunca lo harán.

En el nefasto gobierno de Gabino Cué y todo su gabinete se inició la construcción de las instalaciones, carriles confinados y paraderos de lo que sería un METROBÚS que daría servicio a los miles de pasajeros que a diario debemos transportarnos en la ciudad, no obstante, aunque se compraron incluso autobuses, jamás comenzaron a funcionar, dejándonos a todos los oaxaqueños que requerimos trasladarnos en la ciudad, sometidos y humillados por los dueños de autobuses, al no haber alternativa de transporte digno, limpio y eficiente, porque todos los autobuses incluidos sus conductores huelen mal, están sucios, carecen de ventanas o tienen rotos los cristales, amén que cubren sus rutas con extrema lentitud o velocidad vertiginosa, dependiendo de los pasajeros que puedan abordar, ya sea abunden o no,  y, jamás nunca cumplen con el recorrido completo de las rutas asignadas ni con los horarios establecidos, operando como se les antoja, sin que a los propietarios y sus póngidos choferes ni al corrupto director de SEVITRA le interese la gente que en mayoría votó por su jefe y quien en mala hora le otorgó el cargo, así que no funciona, no existe el METROBÚS, no se utiliza tampoco el LIBRAMIENTO NORTE y los ciudadanos tenemos que utilizar transporte privado arruinando la economía, el ambiente, la convivencia y perdiendo miles de horas circulando que podrían utilizarse para otros asuntos, pero así es Oaxaca, una ciudad donde impera la impunidad. corrupción y los intereses superiores de los pudientes por arriba del interés de la mayoría, de esa mayoría que votó creyendo que con su voto las circunstancias socioeconómicas y de transporte mejorarían, pero no es así, en breve aumentará el precio del pasaje y el METROBÚS nunca dejarán que opere los taxistas ni los camioneros, porque los gobernantes actúan para beneficio propio y de los acaudalados y, cuando terminan su sexenio, inmediatamente huyen de Oaxaca a donde se vive mejor, si no ¿dónde vive Gabino, Diodoro y todos los anteriores gobernantes? En Oaxaca, no…  

AMLO y la SCJN: reduciendo sueldos y antídotos de defensa

Hace algunos años, al resolver las controversias constitucionales contra la reforma constitucional indígena de 2002 promovida por 300 pueblos indígenas, la SCJN renunció a ser el guardián del procedimiento de reformas a la Constitución al determinar que las controversias y los amparos son improcedentes contra la Constitución y cerró la puerta abierta en el amparo Camacho Solís en 1998.

En septiembre de 2013, la SCJN resolvió la contradicción de tesis 293/2011. Los rudos ganaron por decisión dividida. La conclusión fue: contra las restricciones constitucionales no hay nada, están en la cima de la jerarquía normativa y respecto de ellas no puede hacerse control de la convencionalidad. Ese criterio impide que los defensores de DDHH podamos combatir el establecimiento de los delitos de prisión preventiva oficiosa y el ominoso arraigo que aún subsiste como resabio de las épocas más obscuras del país.

Dos años más tarde, la SCJN emitió otro criterio jurisprudencial lamentable y curándose en salud: para el caso de que México sea condenado por la Corte Interamericana, (por mantener en la Constitución el arraigo, por ejemplo) el cumplimiento de la sentencia interamericana se hará, dijo la SCJN, siempre y cuando no se pretenda modificar una restricción constitucional. La restricción constitucional elevada al intocable cénit jurídico.

Eran los guardianes de la Constitución. Las convenciones internacionales no deben despeinar a la Constitución porque ésta, a través del 133, crea el sistema que da vida a los tratados y a las convenciones.  Así lo dijeron. Nada procede contra la Constitución: ni el amparo ni las controversias, ni las acciones de inconstitucionalidad. La Constitución es el espacio donde se contrastan las demás normas y actos de las autoridades y no puede ser al mismo tiempo la zona de contraste y el objeto contrastado.

Si en el lejano 2013 algún pitoniso de las redes sociales les hubiese dicho a aquellos ministros que AMLO iba a ganar las elecciones de 2018, que iba a obtener la mayoría en el Congreso y que iba a hacer efectivo el mandato del artículo 127 de la CPEUM reduciéndoles el sueldo de 500 mil a 108 mil pesos tal vez habrían actuado de manera diferente.

AMLO tomará el poder en diciembre y con la fuerza que tendrá en el Congreso, podrá hacer y deshacer en la Constitución. Y hoy por hoy nadie puede revisar si las reformas constitucionales son constitucionales o no. Nadie puede echar para atrás  reforma constitucional alguna aunque ésta viole derechos humanos.

AMLO ha dicho que hará efectivo el mandato constitucional de que ningún servidor público podrá obtener un sueldo mayor que el presidente de la República y ha prometido que bajará su sueldo a 108 mil pesos mensuales. La propuesta en términos generales es buena, se trata de abatir el dispendio heredado del régimen hegemónico. Pero la reducción de sueldos va a presentar diversos problemas.

Los medios de comunicación dicen que serán ocho mil los servidores públicos afectados por la reducción, entre ellos, brillantes servidores públicos del Poder Judicial de la Federación quienes tienen mi respeto y admiración. El PJF ha sido  el último reducto de defensa de las libertades públicas en México. Empezaban a consolidarse como un poder independiente: a ratos hacían guiños al presidente de la República como en la sentencia de Cassez y a ratos le enmendaban la plana como en el caso del uso lúdico de la marihuana. Con lentitud pero caminaban.

Es cierto que en un país con 54.3 millones de pobres que viven con 25 pesos diarios es ofensivo que algunos servidores públicos ganen más de 500 mil pesos mensuales. Sin embargo, conforme a los roles democráticos este sueldo es un derecho adquirido y actualmente está protegido constitucionalmente.
La prohibición de la retroactividad en perjuicio de las personas es un principio que vertebra a los sistemas democráticos. Este principio constitucional podría ser la herramienta de defensa de los servidores públicos afectados contra la iniciativa presidencialista que sólo aplicaría a los servidores públicos contratados en el futuro pero no a los que ya gozaban del sueldo con anterioridad a la reforma. Otro argumento defensivo podría ser el principio de progresividad que se traduce en el hecho que la autoridad no puede afectar o disminuir los derechos ya ganados por los ciudadanos. Con estos principios los servidores púbicos afectados ganarían los amparos con una mano en la cintura si la reducción de sus salarios estuviese prevista en una ley secundaria.
El problema se agravaría si la reducción a los sueldos viniese desde una reforma al artículo 127 de la Carta Magna con una restricción constitucional, por ejemplo, en los siguientes términos:

“II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Contra esta medida no podrá argumentarse ni la aplicación retroactiva de la ley ni los derechos adquiridos. El juicio de amparo será improcedente.”
A nadie conviene un Poder Judicial de la Federación débil y sometido al Ejecutivo. Si la SCJN cede ante la presión del Ejecutivo y acepta “voluntariamente” la reducción de sueldos volveríamos a estadios anteriores de 1994 lo que eliminaría el estrechísimo margen de independencia judicial ganado en 25 años y no habrá espacio para el disenso, pues los tres poderes estarán bajo el influjo de un solo poder.

Es necesario entonces que la SCJN, en una nueva reflexión atenazada por las circunstancias, vaya generando el antídoto contra el veneno que generaron: es necesario abrir la procedencia del amparo contra la Constitución interpretando el artículo 25 de la Convención Americana sobre DDHH, eliminar la teoría de las restricciones constitucionales y admitir la posibilidad de cumplir de manera plena las sentencias del Tribunal Interamericano eliminando las restricciones de la Constitución.

Los ministros conservarán su sueldo pero los ciudadanos ganarán más: una efectiva y real división de poderes y la certeza de la vigencia de los pesos y contrapesos tan necesarios en las democracias.

La mayoría legislativa de AMLO no debe ser vista como un cheque en blanco frente a la ley

Andrés Manuel López Obrador gozará de una mayoría legislativa sin precedentes durante la primera mitad de su gobierno, pero ello debe constituir una oportunidad y no una amenaza frente a la Constitución y las leyes. Para que sea así, su mayoría legislativa debe ser vista como un elemento a favor para la reestructuración del gobierno y los factores de poder, pero no para el cumplimiento de caprichos o ambiciones no relacionadas con la cuarta transformación que AMLO le prometió a los electores, y por la que más de 30 millones de ellos votaron por él. Para ello, debe haber mayorías y minorías acordes con la democracia en evolución que se supone que queremos.

En efecto, López Obrador ha planteado una serie de cambios relacionados con su proyecto de nación. Aunque éste no ha sido más que esbozado, el Presidente Electo ha hecho diversos anuncios que, para ser cumplidos, tendrían necesariamente que pasar por reformas legales e incluso a la Constitución. Cuenta con la valiosísima herramienta de la holgada mayoría legislativa que los electores le dieron en las urnas el 1 de julio. Y no sólo eso: contará también con el control de más de 17 legislaturas estatales, que son las necesarias para complementar el proceso dificultado de reformas a la Constitución federal, previsto en su artículo 135.

Frente a ello vale la pena preguntarse no sólo qué papel jugarán las fuerzas opositoras a partir del 15 de septiembre —fecha en que se renueva la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión—, sino también qué papel jugará la amplia mayoría de Morena, y quienes puedan ser sus aliados. Lo natural y lo lineal será pensar, en primer término, que como partido, el Movimiento de Regeneración Nacional se plegará a las necesidades de nuevas leyes y reformas que pueda plantear el nuevo Presidente, y que las respaldaría incluso inopinadamente.

En esa misma lógica, podría también plantearse una cuestión concomitante: qué papel jugará la oposición, que si bien será minúscula frente al poder que la voluntad popular le dio al partido del nuevo Presidente, sí será el espacio que podría llegar a representar a las minorías que no votaron por Andrés Manuel ni por Morena, y que ahora parece que se encuentran en una especie de situación de orfandad frente al poder avasallante de los ganadores.

En la búsqueda de equilibrios entre ganadores y perdedores existe —o debería existir— una gama enorme de matices, para que ni los ganadores terminen siendo la oficialía de partes legislativa de los cambios y necesidades del Presidente, ni los opositores terminen siendo un grupúsculo arrinconado que decide colaborar con la mayoría a cambio de algunos favores, o para evitar la pérdida de algunos de los privilegios que le pudieran ofrecer desde el sector público.

¿Qué se necesita? Se necesita, en este nuevo contexto, una oposición que sea firme y congruente, independientemente de su número y posición; y también se necesitaría un oficialismo capaz de no ser un satélite del nuevo Hombre Fuerte del país, sino un contrapeso interno frente a las decisiones que pueden ser parte de un proyecto de país, pero que también pueden ser el dintel para las tentaciones no democráticas. En la definición de mayorías y minorías deberá quedar definido mucho del rumbo que necesita México no sólo para sostener este cambio de rumbo, sino sobre todo para fortalecer su democracia.

MAYORÍAS Y MINORÍAS

México no había tenido mayorías legislativas desde los tiempos del régimen de partido hegemónico. La última mayoría absoluta del PRI fue desmantelada en la elección federal intermedia de 1997, y desde entonces la pluralidad ha sido el signo distintivo del ejercicio legislativo, y de su relación con los presidentes de entonces a la fecha.

Ernesto Zedillo no sólo fue quien perdió la mayoría legislativa del PRI, sino que también entregó la Presidencia al PAN. Vicente Fox no logró nunca la mayoría y, de hecho, Felipe Calderón fue un Presidente que ejerció los seis años de su mandato con minoría en las cámaras legislativas federales. Enrique Peña Nieto cambió las coordenadas, al construir una mayoría artificial a través del Pacto por México.

Muchos de los que ahora militan y nutren la fuerza de Morena, fueron los mismos que señalaron y criticaron tanto el hecho de que el Pacto era producto de un acuerdo político entre cúpulas, y no de la voluntad popular para reformar la Constitución; y que las características del Pacto, y las condiciones bajo las que establecieron el catálogo de reformas, desconsideraban a la ciudadanía y degradaban al Poder Legislativo al haberlo convertido en una especie de oficialía de partes de los proyectos reformistas que se habían discutido y acordado en otras arenas que no eran las del debate legislativo.

Hoy, esas personas y grupos que en aquel entonces denunciaron las arbitrariedades y la desconsideración del Pacto respecto a la voluntad popular, ¿serán capaces de establecer sus propias coordenadas frente a las necesidades y los dictados de Andrés Manuel, o serán la versión renovada de aquella “oficialía de partes legislativa” que tanto denunciaron, cuando el acuerdo cupular constituyó una mayoría artificial a través del Pacto por México entre el PRI, el PAN y el PRD?

Evidentemente, lo sano y lo democráticamente coherente, sería que Morena fuera una mayoría aliada con el Presidente, pero no una mayoría acrítica. Lo primero tendría que significar la posibilidad de que las bancadas de Morena tanto en las dos cámaras legislativas federales, como en los Congresos estatales —todo ello es necesario para llevar a cabo una reforma constitucional— tuvieran sus propias consideraciones respecto a los proyectos reformistas del nuevo Presidente. El problema es que tanto Morena como Andrés Manuel no se han caracterizado, hasta ahora, por ser afines y tolerantes a los disensos y a las alternativas frente a los planteamientos establecidos desde la verticalidad del poder.

DISYUNTIVA

En realidad, una de las cuestiones que resultan más relevantes en este sentido, es la relativa a que el poder público y las mayorías no terminen siendo la herramienta propia del autoritarismo. La voluntad popular en México volvió a otorgar una mayoría 21 años después, quizá con la consideración de que el estado de madurez de nuestra democracia permitirá que, aún así, existan modificaciones equilibradas y que la mayoría sea sinónimo y muestra de civilidad, y no el preámbulo de las tentaciones que han ahogado a otras naciones frente a líderes absolutos. En el fondo, mucha de esa responsabilidad está depositada no en las minorías, sino justamente en la mayoría legislativa que debe ahora hacer su trabajo para bien de México, y no para poner en entredicho el delicado avance democrático de las últimas dos décadas.