68-18: Medio siglo sin autoridad

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Están por cumplirse 50 años de los trágicos acontecimiento de Tlatelolco, del conflicto entre estudiantes comunistoides y gobierno federal, que el 2 de octubre de 1968 terminó con cientos de muertos y también acabó con el Principio de Autoridad que hasta entonces se ejercía en México, porque si bien es cierto que no se justifica ninguna muerte en conflictos ideológicos, en algunos casos no queda opción, como sucedió durante la II guerra mundial cuando para vencer a Hitler fue indispensable enfrentarse a muerte contra sus despiadados ejércitos o en México, para derrocar a P .Díaz fue indispensable una revolución armada en la que murieron cientos de miles.

Por supuesto que no se justifican los muertos de Tlatelolco ni de ningún otro lugar, pero tampoco se justifica que los estudiantes en lugar de estar en salones de clase, estuvieran tratando hacer de México un país comunista al estilo cubano, asaltar la Secretaría de Relaciones Exteriores, boicotear las Olimpiadas Mexico 68 o lo que hayan pretendido, porque la obligación de todo estudiante es estudiar, porque supongo a eso los envían a la escuela sus padres, que han de sacrificarse para darles de comer y todo lo que necesitan mientras se forman académicamente, no a crear comités de huelga, convocar revoluciones, protestas o alzamientos sociales; pero, como haya sido, justificable o no, lo que en realidad trascendió política y socialmente después del 68, que dicen no se olvida, aunque la inmensa mayoría ni hubiera nacido hace medio siglo, es que se acabó, liquidó para siempre con la autoridad, la gobernanza, gobernabilidad y respeto, porque después del 2 de octubre del 68, todos los presidentes y demás autoridades que siguieron nunca más intentaron aplicar la ley a infractores o líderes que argumentan sus demandas o abusos son para dizque  beneficio social, así que el Gobierno desde el 68, para no ser calificado de represor, tirano, déspota, autócrata o arbitrario, prefiere que las demandas, exigencias, delitos, abusos, arbitrariedades y lo que se haga fuera de la ley y debe ser sancionado o regulado, suceda libre e impunemente, porque es más cómodo dejar que acontezca cualquier cosa que resolverla recíproca y legalmente, para unos es más fácil destruir, gimotear u bloquear calles y para otros soslayar, en una dinámica política de impunidad que desde hace medio siglo socavó y derrumbó la Autoridad, porque ahora ya los maestros no pueden castigar alumnos, los padres no pueden regañar a sus hijos, los perros o alimañas tienen derechos casi como humanos y cada quien o grupo hace lo que quiere porque no hay gobernante, padre de familia, educador, director o simple policía, que con autoridad y Don de mando aplique la ley, porque lo condenarán como represor o abusivo y de inmediato aparecerán los Derechos Inhumanos que se dedican a defender delincuentes y líderes corruptos, antes que hacer respetar el derecho humano que todos tenemos a que se aplique la ley y justamente se castigue a los infractores, así sea un presidente o algún dizque estudiante que se dice redentor social y después es un adinerado convertido en lo que más odiaba, como los de aquel fatídico 68, que no olvidan los de odios largos.    

Pulpo camionero en Oaxaca: sector voraz que ha ahuyentado todos intentos de cambio

En una lógica normal, y en un escenario menos paradójico que el oaxaqueño en la cotidianidad, todos estaríamos de acuerdo en que el alza en el costo de los combustibles, avalaría y justificaría un incremento en el costo del pasaje en el transporte público concesionado. En esa lógica normal, el incremento sería justo y estaría avalado por la realidad, a partir de que el servicio que pudiera prestar dicho transporte fuera el adecuado y el merecido por los usuarios. El problema es que en Oaxaca vivimos en un mundo al revés, y por esa razón a pesar de las justificaciones aparentes, nadie avala ni es posible el incremento al costo del pasaje.

En efecto, de acuerdo con declaraciones hechas a la prensa por la presidenta de la Sociedad Cooperativa Chóferes del Sur, Alejandra Gómez Candiani, el servicio de transporte público enfrenta riesgo de “paro por insolvencia”, porque costos de operatividad e insumos han rebasado los ingresos. De acuerdo con la información, por lo pronto la propuesta planteada en la mesa al también concesionario del servicio de transporte urbano y encargado de la Sevitra, Alejandro Villanueva López, es de 10 pesos. La contrapropuesta del también socio de Sertexa es de 50 centavos.

En medio de la polémica por el alza al precio del servicio de transporte urbano concesionado, Gómez Candiani confirmó que lo único certero es que se autorizará el alza, pero aún no se establece de cuánto y cuándo será. En contraposición a esto, Sevitra dio a conocer que no autorizará ningún incremento en la tarifa establecida de siete pesos por pasaje en el servicio urbano, y dijo que realizará todo tipo de operativos para verificar que los integrantes del llamado “pulpo camionero” incrementen unilateralmente la tarifa, bajo la amenaza de aplicar sanciones a quienes llegasen a intentarlo.

Incluso, el sábado 4 de agosto, a través de un comunicado, la Sevitra habilitó líneas telefónicas para que los usuarios denunciaran el incremento de la tarifa del pasaje. “A todos los usuarios del transporte público, ante el incremento excesivo y no autorizado del pasaje por esta dependencia, hemos habilitado una línea especial para recibir su denuncia, 50 11 961 extensión 1104, también lo puedes hacer en nuestras redes sociales. Tus quejas y denuncias serán atendidas por el departamento de multas y sanciones”, explica el comunicado.

Y es que en apariencia, aquí estamos frente a un diferendo que se supondría que no debiera existir. Es público y notorio el hecho de que en el último año el costo del litro de todos los combustibles que utilizan los vehículos de motor (gasolina y diesel) se ha incrementado de forma exponencial, y que ese es un incremento al costo operativo que casi de manera natural impacta no sólo al transporte público sino a prácticamente todas las actividades y giros de la economía, que directa o indirectamente utilizan medios de transporte para ser realizadas.

 

REALIDAD PARALELA

El problema es que al menos en Oaxaca, existen dos factores que anulan esa realidad aparente: el primero, que los oaxaqueños hemos sido testigos de una larga historia de promesas incumplidas por parte del pulpo camionero a cambio de los recurrentes incrementos a la tarifa del transporte público.

Y el segundo, que a pesar de que en Oaxaca la tarifa es relativamente competitiva con respecto al costo del transporte en otras entidades federativas, aquí el servicio sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para los usuarios, y se mantiene esa especie de “monopolio” en el que son un puñado de empresas las que se reparten la geografía citadina y de la zona conurbada para la prestación de servicios. En ese acuerdo aparente entre empresas, todos deciden mantener las mismas condiciones de servicio —que son pésimas, en general—, y presionar juntos para los incrementos a las tarifas y para el sostenimiento de su oligopolio, a pesar de que todas sus promesas son incumplidas.

De hecho, si el servicio prestado por el pulpo camionero fuera el adecuado, nadie se inconformaría que existiera un alza a la tarifa porque, de hecho, eso sería lo natural según el costo de los insumos, refacciones y en general la prestación del servicio. Del mismo modo, si hubiera una mayor competencia entre empresas, una mayor demanda por parte del gobierno —que es quien concede las concesiones del servicio—, y mayores exigencias por parte del público usuario, entonces habría mayores posibilidades de que el servicio mejorara.

Lo paradójico es que, de nuevo, en Oaxaca los concesionarios del transporte público están exigiendo un incremento a la tarifa autorizada, a partir de la “consideración” que le piden al público sobre el incremento en los costos de los combustibles y los insumos, pero evidentemente evadiendo la realidad de que han sido ellos quienes inicial y permanentemente han desconsiderado a los usuarios, a los que engañan, maltratan y abiertamente ningunean cuando se trata de cumplir con las condiciones de un servicio más o menos digno.

En esa lógica, resulta que ante cada promesa de incremento existe una serie de promesas que ya sabemos que nunca se han cumplido, y posiblemente nunca veamos en la realidad. Han prometido cambiar la forma de la prestación del servicio, mejorar las unidades, evitar la contaminación excesiva que generan dichas unidades, y tomar medidas para evitar los accidentes que cada año cuestan vidas humanas, que dejan a muchas personas incapacitadas por las lesiones recibidas, y cantidades millonarias de dinero por concepto de daños materiales, de los que muchas veces no se responsabilizan ni los conductores de las unidades, ni las empresas camioneras, ni los dueños de las unidades.

 

INDIGNIDAD

Obviamente, si en Oaxaca existiera más competencia —como el SitiBus, o cualquier otro servicio más o menos estandarizado—, nadie reclamaría un mayor costo del servicio, porque sabrían que a cambio de ese dinero recibirían transportación digna, limpia, segura, y con tiempos perfectamente establecidos. El problema es que hoy los usuarios sienten que pagan demasiado por el servicio no porque consideren el costo del diesel que se ha incrementado significativamente en los últimos meses, sino porque asumen que a cambio de esos siete pesos reciben un servicio de mala calidad, inseguro, indigno e incapaz de satisfacer cualquier necesidad de calidad, para simplemente quedarse en la satisfacción (mínima) de la necesidad de trasladarse de un sitio a otro sin esperar nada más que zangoloteos, riesgos y el mal trato al que nos tienen acostumbrado los desconsiderados operadores —y dueños, y todos— del pulpo camionero.