Alcoholímetro Sta. Lucia del Camino

Carlos R. Aguilar Jiménez.

 


Si para bien el propósito de los operativos viales para medir alcoholemia de conductores de vehículos en operativos de la policía vial equipados con alcoholímetros, se justifica legal y socialmente y son irrefutables sus resultados salvando vidas, evitando heridos, lisiados y todo tipo de accidentes de tránsito al restringir que los conductores manejen sus vehículos en ebriedad, debido a lo que implica ser detenido y de manera inconmutable arrestado, además de obligar a pagar multas correspondientes, lo cierto es que al margen de la actitud y relativa consideración de los operativos que organizan los agentes viales de Oaxaca de Juárez que se conducen según dictan las ordenanzas municipales, fuera de la capital, principalmente en el municipio de Santa Lucía del Camino, los operativos viales son en excelente negocio para el presidente municipal de ese pueblo conurbado.

Operativos con alcoholímetro en el municipio de Santa Lucía a cualquier hora desde la puesta de sol de jueves a domingo, podríamos evaluar es correcto y atinado porque limita a bebedores a no consumir alcohol en exceso y después manejar, porque si se hace confianza y conocen donde se instalan, se buscan atajos o formas de evitar arrestos y multas, que en estos casos además de cárcel inconmutable implica detención del vehículo, traslado al encierro, además de no liberar al vehículo si no están en regla sus documentos oficiales y vigentes, lo que significa un enorme costo para los borrachos en Santa Lucía del Camino porque los operativos con alcoholímetro o sin él son negocio para todos, porque si el ebrio conductor paga en flagrancia la suma de dinero que exigen los policías, lo dejan libre aunque su vehículo sea retenido, pero sin entregar recibos por pagos que se efectúan al margen de la ley ante la horrible perspectiva de ser arrestado, así que los conductores ebrios hacen lo imposible por pagar, no obstante no haya comprobante del dinero que ingresa a los bolsillos de los agentes viales de Santa Lucía y su proporción para el presidente municipal de Santa Lucía, pueblo donde por un lado castigan a conductores  alcoholizados, pero por otro, Santa Lucía es la gran cantina de Oaxaca, el rumbo de la ciudad donde sus presidentes municipales promueven y facilitan la proliferación del consumo de alcohol en bares, tugurios, burdeles, antros y todo lo que implica ganancias en cuanto a placeres derivados del embrutecimiento en relación con drogas y prostitución, así que si alguien pretende emborracharse drogarse o alquilar mujeres u hombres, sabe que Santa Lucía es el pueblo adecuado para hacerlo hasta el amanecer porque los tugurios no tienen horario y operan sin restricción municipal, incluso utilizando mujeres que parecen adolescentes sabiendo que ninguna autoridad, ni del gobierno estatal hacen algo para aplicar las leyes que establecen cómo deben funcionar los negocios donde se vende alcohol y “fichan” con lo que sea. Como sea, lo cierto es que “Si Toma, no maneje”, y menos si tiene que circular por Santa Lucía o lleve algunos miles de pesos para salvarse del arresto inconmutable. Lo demás son anécdotas de cantinas y borrachos…

Cuidar la información en redes sociales para evitar extorsión

Este delito va en aumento debido a la facilidad con el que se comete, opinan los jueces de Control del TSJE, Martha Castillejos Sánchez y Manlio Rigoberto Hernández Domínguez

Los jueces de Control del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Martha Castillejos Sánchez y Manlio Rigoberto Hernández Domínguez, reconocieron que la extorsión telefónica es un delito que va incrementándose por lo cual pidieron a la ciudadanía adoptar medidas preventivas y denunciar el caso para que se proceda.

En su participación en el programa televisivo La justicia a tu alcance que se transmite en Cortv, la abogada Castillejos Sánchez consideró que este delito va a la alza, debido a la facilidad con que se comete. “Nada más se toma un teléfono y se marca. Se sabe que la mayoría de llamadas de este tipo se hacen de los reclusorios; no se requiere de ningún esfuerzo”, puntualizó.

“La extorsión consiste en que una persona pretende el derecho a dar, a hacer; no hacer o tolerar algo a cambio de un lucro, que va en decremento de la persona extorsionada, el cual puede realizarse de diversas maneras y medios”, dijo.

Por su parte, el licenciado Hernández Domínguez, señaló que la extorsión está dentro del catálogo de delitos patrimoniales del Código Penal del Estado de Oaxaca y se puede clasificar en extorsión telefónica, electrónica y directa.

“La extorsión telefónica o electrónica es a través del engaño de un premio, por un movimiento irregular en una cuenta bancaria; la directa, normalmente se da de un grupo delictivo que  acude a un negocio donde ya están pidiendo una determinada cantidad; dejar de hacer algo, tolerar algo en algún negocio, permitir que intervengan algún grupo de personas para que tengan un incentivo económico”.

Por esto, invitó a la sociedad a realizar acciones de prevención y sobre todo cuidar la información que proporciona a desconocidos y en sus redes sociales, ya que pueden servir como medio de información para las personas que pretenden realizar una extorsión.

“La extorsión es un delito que va transformándose como va transformándose la sociedad; por ejemplo, si alguien realiza una extorsión telefónica, el que va hacer la llamada tuvo que hacer una investigación previa o con la misma información que da la víctima, sobre tu patrimonio, sus hábitos cotidianos, dónde va, dónde trabaja, esto a través de llamadas previas que se concreta con la llamada donde ya pide un beneficio económico”, indicó el Juez de Control.

A su vez, Martha Elena Castillejos Sánchez, expuso que el Código Penal oaxaqueño contempla para extorsión simple de 1 a 3 años de prisión; si el monto económico obtenido se excede de las 100 veces el salario mínimo; de 3 a 6 años de prisión si excede las 100 veces pero no las 500 veces el salario mínimos y si excede las 500 veces, va de 6 a 12 años de presión; mientras que para la extorsión telefónica o electrónica va de 8 a 14 años, la cual aumenta dos años y ocho meses si el extorsionador está en un reclusorio.

La Jueza y el Juez de Control coincidieron en que es necesario que la sociedad realice acciones de prevención para evitar la extorsión y si se llega a ser víctima, realizar la denuncia ante el Ministerio Público para que se pueda proceder a la investigación y sanción. La víctima puede denunciar el caso directamente a la Fiscalía, al 911 o al 089, señalaron.

“Si se está protegiendo que no se afecte el patrimonio, la extorsión se consuma cuando entregan el dinero, sin embargo, si ya están haciendo al llamada para obtener un lucro ya está dentro de la tentativa de ese delito, ya se puede sancionar e investigar. A quien cometa la extorsión telefónica se le puede imponer la prisión preventiva”, subrayó el  juez Manlio Rigoberto Hernández Domínguez.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el delito de extorsión fue segundo lugar del 2012 al 2016, tan solo por debajo del robo a transeúnte o transporte público.