Naturaleza Maligna


Carlos R. Aguilar Jiménez.

El universo en su totalidad y la diminuta porción del cosmos que es la Tierra, nuestro planeta, que llamamos naturaleza por su cielo azul, nubes blancas, agua, tierra y vida, no son ni buenos ni malos, simplemente son, existen, y depende de nosotros que sea bueno o maligno, porque un huracán, por ejemplo, puede ser maligno para zonas donde sucedan calamidades o desastres, pero bueno para regiones donde las lluvias sirvan a cultivos de plantas y recarga de mantos freáticos, pero únicamente de forma temporal, porque si bien la naturaleza opera o funciona como debe, en realidad siempre, desde que nacemos, está tratando de matarnos y a la espera de extinguirnos.

La naturaleza como parte de la dinámica biológica reproductiva, ante la persistencia por sobrevivir de los genes egoístas, es inquebrantable tratando de mantener su existencia a pesar de extinciones masivas, cataclismos globales, catástrofes cósmicas o pandemias exterminadoras, obedeciendo las leyes evolutivas darwinianas respecto de la supervivencia diferencial de los más aptos  y los principios de Roberth Malthus explicados en su libro: Ensayo Sobre el Principio de la población (1789), porque si bien en un principio la naturaleza es persistente en la reproducción biológica, incluso en contra de la entropía, la biología procura engendrar todo los descendientes o hijos posibles por si alguno sobrevive, como un árbol de huaje o diente de león que diseminan miles de semillas, de las que únicamente una o dos germinan, para que después, este es el otro aspecto de la naturaleza maligna (que en realidad no lo es) trate de inmediato de matar, porque de los miles de semillas o huevos que esparcen plantas y animales, pocos sobreviven y, quienes lo logran de inmediato, la misma naturaleza quiere matar, porque en principio, desde el primer día de vida las bacterias y virus como parásitos malignos nos quieren usar para vivir y reproducirse adentro nuestro,  enfermándonos y luego matándonos, de la misma forma que la oxidación del cuerpo debido a respirar oxigeno que paulatina pero inexorablemente nos deteriora y perjudica las funciones del cuerpo, además de todas las enfermedades y fallas fisiológicas, bioquímicas o metabólicas del organismo según el desarrollo humano y del propio proceso de envejecimiento, que día a día, desde que nuestra madre nos diera a luz, nos conduce a la muerte. Si para morir nacimos, lo cierto es que vivimos poco tiempo y, aunque algunos llegan casi a vivir un siglo, lo cierto es que después de los 80 únicamente se sobrevive, porque al final la entropía traducida como: Todo por servir se se acaba o n o hay desayunos gratis, nos extermina al morir, para dar oportunidad a la vida de otros, nuestros hijos o descendientes, quienes también tendrán su oportunidad de existir unas cuantas décadas, porque al final la naturaleza, que ni es buena ni mala, simplemente ES, nos matará, ya sea por virus, bacterias, accidentes o envejecimiento sin escape. Esperemos que en nuestro caso no sea por Covid-19 si nos quedamos en casa.

La intención de AMLO sobre el control presupuestal, es un fraude a la Constitución


Adrián Ortiz Romero Cuevas

El pasado 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que pretende que al Ejecutivo se le otorgue la facultad de reorientar recursos del Presupuesto de Egresos ante emergencias económicas. Esto, a pesar de la aparente legalidad de la propuesta, es ejemplo de una clara intención de cometer un fraude a la Constitución.

En efecto, según información dada a conocer respecto a la propuesta presidencial, la iniciativa plantea la adición de un artículo en el que se establece que en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, se podrían reorientar recursos asignados en el presupuesto de Egresos para destinarlos a “mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias” de la administración (https://bit.ly/3bIBSeO).

En concreto, la iniciativa enviada por el Presidente al Congreso, pretende la adición de un artículo 21 ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispondría —de ser aprobado— lo siguiente: “En caso de que en el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad. 

“Para efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades deberán efectuar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos y traspasarlos a la Secretaría. Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría pueda realizar los ajustes correspondientes.

“La Secretaría establecerá las disposiciones específicas para la realización de los ajustes a las asignaciones autorizadas a las dependencias y entidades en el Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal que corresponda. El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las acciones realizadas en términos del presente artículo” (Oficio No. SG/UE/230/742/20 de fecha 23 de abril de 2020, girado por la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la que se contiene dicha iniciativa).

¿Qué significa esto? Que el Presidente pretende tener un marco de discrecionalidad en la reasignación del gasto público, contraviniendo uno de los principios fundamentales de la división de poderes en materia presupuestal, el cual establece que todo gasto ejercido por el Ejecutivo debe ser autorizado por la Cámara de Diputados. 

Así lo dispone de manera expresa la fracción IV del artículo 74 de la Constitución federal, que establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. Incluso, ahí mismo dispone que la Cámara baja podrá autorizarle al Ejecutivo erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen, y que esas erogaciones —como puede ser en la inversión de los proyectos prioritarios establecidos por el presidente— deberán incluirse en los subsiguientes presupuestos anuales. 

El problema, como podemos ver, no es de planeación o de ejecución, sino que el presidente pretende hacerle fraude a la Constitución queriendo quebrantar, a través de la reforma a una norma ordinaria, un principio constitucional relacionado con la división de Poderes.

FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN

El derecho mexicano está relativamente poco familiarizado con figuras como la del fraude a la ley. En términos simples, incurre en esa conducta quien pretende validar la realización de un acto al amparo de una norma, a sabiendas de que esa conducta se encuentra prohibida por otra disposición jurídica también vigente en el mismo tiempo y espacio. 

Una segunda escala del fraude a la ley es lo que estudiosos del derecho como Manuel Atienza han denominado como los “ilícitos atípicos”, a través de los cuales una norma no quebranta el ámbito estricto de la legalidad, pero sí rompe un principio establecido en la Constitución. Eso fue lo que se determinó en México, por ejemplo, cuando se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, a principios de 2016. 

Aunque en aquella ocasión la Corte consideró que dicha norma sí cumplía con los requisitos de legalidad —fue emitida cumpliendo todas las reglas constitucionales para la creación de una norma—, estableció que dicha norma quebrantaba el principio constitucional de que, en tiempos de paz, no podía autorizarse la presencia ni las acciones de las fuerzas armadas en el espacio público del país, sino que éstas no pueden ejercer “más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129 constitucional). Por eso, en la votación de un proyecto presentado por el ahora presidente de la Corte, el Alto Tribunal decidió declarar inconstitucional dicha norma. 

¿Por qué hablamos hoy de un nuevo intento de fraude a la Constitución? Porque queda claro que, a través de la reforma a una ley ordinaria, el presidente pretende quebrantar no sólo una norma, sino un principio constitucional de amplia importancia. El hecho de que la Cámara de Diputados sea la que determine anualmente la orientación del gasto público, tiene que ver no sólo con una manifestación de la división de poderes y de federalismo, sino también con el hecho de que es la representación popular directa —la Cámara de Diputados representa directamente a la población, y la de Senadores a las entidades federativas—, y por eso es la que establece el destino del gasto público, así como la forma en que éste se va a solventar a través del cobro de los impuestos a toda la población.

Además, si bien parece que el Ejecutivo simplemente está ejerciendo su facultad de presentar iniciativas de ley, en realidad el imperativo constitucional básico y lógico debiera establecer que no sólo debe presentar iniciativas, sino que debe presentar esas propuestas de modificación que contribuyan a la constitucionalidad, y no que intenten romperla. 

Del mismo modo, deberá ser tarea del Congreso no sólo procesar esa o cualquier otra iniciativa presidencial desde la perspectiva de si ésta es legal o no, o si ésta cumple con mantener los límites normativos de la Constitución, sino también de evitar incurrir deliberadamente en actos formalmente legislativos que contravengan el sentido general de la Constitución. 

¿BURLAR “LEGALMENTE” A LA CONSTITUCIÓN?

Es impensable que desde el propio poder público se pretenda quebrantar la Constitución, pero lo es mucho más que esto pudiera ocurrir “coordinadamente” entre dos poderes federales. Por eso, el intento de hallar una “vía alterna” para que el Ejecutivo disponga del destino del gasto público a través de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bordeando y burlando las disposiciones en materia presupuestal establecidas en el artículo 74 constitucional, es inadmisible por ser un abierto intento de cometer un fraude a la Constitución.

Poder Judicial comprometido con la dignificación de la infraestructura judicial


  • El Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez se reunió con el presidente municipal de El Espinal y con el director del IOCIFED para revisar proyectos de obras de infraestructura

En un marco de colaboración institucional, para revisar y dar seguimiento a obras de infraestructura que refuercen los servicios de administración de justicia, el titular del Poder Judicial del Estado (PJE), Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, sostuvo reuniones de trabajo con el presidente municipal de El Espinal, Hazael Matus Toledo y el director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), Adolfo Maldonado Fuentes. 

Desde el incio de su gestión, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura manifestó que uno de los retos de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Oaxaca es contar con infraestructura propia, por lo cual en este primer trimestre de su administración se realizó una evaluación de los inmuebles que conforman esta institución con el objeto de dignificar los espacios laborales, realizar mejoras e iniciar operaciones en aquellos creados para albergar a las instituciones que intervienen en este modelo de justicia y en los cuales ya se ha avanzado en su construcción.

En el caso específico del Centro de Justicia de El Espinal, la autoridad municipal manifestó su respaldo y apoyo necesario en las acciones que hagan falta al magistrado Pinacho Sánchez, ya que se requieren de obras complementarias para el suministro del agua potable, por lo que se construye una cisterna, y necesita habilitarse una planta de tratamiento. 

Además, con el inicio de funciones de este Centro de Justicia en la región del Istmo de Tehuantepec, en el cual a través de recursos propios en los últimos meses se realizaron mejoras y construcciones adicionales y el suministro de 21 equipos de aire acondicionado, se optimizará la labor judicial, activará la economía y se atenderán los asuntos de ese municipio, los de Matias Romero, Tehuantepec y Salina Cruz.

Por otra parte, el titular del PJE dialogó con el director del IOCIFED, sobre un proyecto enfocado al mejoramiento y acondicionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) “Margarita Maza de Juárez” y “Margarita Magón de Flores”, que prestan servicios educativos y asistenciales a las hijas e hijos de los empleados del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Mencionó que es vital garantizar el bienestar y desarrollo óptimo de estos espacios para la tranquilidad de las madres y padres de familia que dejan ahí a sus hijos durante la jornada laboral, por lo que acordaron conjuntar esfuerzos para dar una atención integral a cada uno de los inmuebles que se ubican en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca y en Ciudad Judicial.