Un futuro diferente.


Nematini Vladimir Acevedo Silva

El 2020 inició con buenas noticias para miles de oaxaqueñas y oaxaqueños que por años han militado en los diversos partidos políticos de la entidad, así como también para aquellas personas que deseen postularse a través de la figura de las candidaturas independientes. Esto se debe a que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) aprobó recientemente los Lineamientos en Materia de Paridad de Género que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes e Independientes en el registro de sus candidaturas ante ese órgano.

Esta iniciativa es de aplaudirse y reconocerse, sobre todo porque ahora Oaxaca se suma a la larga lista de estados que han decidió impulsar acciones afirmativas que buscan revertir en el ámbito electoral, la desigualdad en la representación de grupos vulnerables en la integración de ayuntamientos y diputaciones.

Lo anterior se debe a que las comunidades indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, han sufrido discriminación de manera histórica en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Es decir, se les ha negado la valiosa oportunidad de poder trabajar por sus ideales y comunidad.

Sin embargo, la lucha para que en este momento el IEEPCO haya aprobado dicho lineamiento ha sido largo y cansado para todas y todos que son integrantes de estos sectores.

Estos ejemplos de lucha los podemos encontrarlo en el caso de Cirila Sánchez Mendoza, de origen chatina, quién en el año de 1983, se convirtió en la primera mujer indígena diputada en la LII Legislatura Local para el periodo 1983-1986, abanderada en ese momento por el Partido Revolucionario Institucional.  Posteriormente pudo ser Diputada Federal (1989-1991) y Senadora de la República por Oaxaca (1994-2000), gracias al gran trabajo que realizó desde tiempo atrás en conjunto con su comunidad.

Pero como ella lo refirió en una entrevista que le realizaron “mientras no se resuelvan los problemas de las comunidades indígenas, este país no estará completo. A los indígenas, como a las mujeres, se nos debe mucho”. Convirtiéndose de esta manera en una de las mujeres indígenas en abrir la brecha aquellas mujeres que quisieran participar en la vida política.

Otra mujer indígena icónica que podemos encontrar en la política de nuestro estado es Eufrosina Cruz Mendoza, quien en el 2007 sufrió discriminación por parte de los hombres de su comunidad en Santa María Quiegolani para no participar como candidata a la presidencia municipal de su localidad por el hecho de ser mujer.

Derivado de ello Eufrosina, encabezó una batalla política para que se reconociera el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

Han sido otros grupos como el de personas con algún tipo de discapacidad, afrodescendientes, personas mayores y jóvenes quienes no han sido tomados en cuenta para participar como candidatas o candidatos para algún ayuntamiento o diputación local. Así es. Excluidos y alejados de las tomas de decisiones.

A pesar de ello, tal parece que los diversos partidos políticos aplicarán en lo mínimo estas acciones afirmativas, al menos en las elecciones a celebrarse este año.

Lo cual se refuerza más, cuando en este momento existen alianzas conformadas por una variedad de partidos políticos que tan solo buscarán retener o recuperar el poder. Dicho de otra manera, muchos de estos partidos se concentrarán en postular cuadros ya conocidos. Refritos. Lo mismo de siempre.

Por otro lado, algunos otros partidos lo analizarán a fondo para seleccionar y dar paso a nuevas candidatas y candidatos, con lo cual cumplirán de manera adecuada con las acciones afirmativas que tanto requiere nuestra democracia. ¿O tal vez no?

@NemasVA

Continúa Poder Judicial de Oaxaca retorno gradual de actividades


Derivado del Acuerdo General 02/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura, se mantiene la atención a procedimientos en diferentes materias 

El Poder Judicial del Estado informa a la ciudadanía que en caso de dudas e información sobre el seguimiento de asuntos judiciales y los servicios con los que cuenta la institución, pueden comunicarse al Centro de Respuesta Inmediata, JusticiaTEL, con el número telefónico 800 719 22 32. 

Si alguna persona necesita efectuar algún trámite ante un órgano no sólo jurisdiccional sino incluso administrativo del Poder Judicial del Estado, puede comunicarse a la línea telefónica y exponer su caso al personal especializado, con experiencia, conocimiento y dominio de situaciones que se presentan cotidianamente en los juzgados, quienes  son los encargados de brindar apoyo a los usuarios de manera rápida y oportuna.

Derivado del Acuerdo General 02/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial del Estado mantiene la atención de asuntos urgentes y no urgentes así como la reanudación de las actuaciones, plazos y términos en los procedimientos en materia penal tradicional, acusatorio adversarial, civil, familiar y mercantil.

En materia penal adversarial deben desahogarse las audiencias de juicio o debate, así como la judicialización de asuntos por cita judicial. Para ello, en cada caso, se valoran circunstancias, procedimientos y medios, conforme al “Protocolo para la prevención de contagios por COVID 19 de las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca”. 

También se privilegiará el uso de los medios electrónicos o la práctica de audiencias de manera virtual o a distancia, como se ha venido realizando desde el inicio de la contingencia sanitaria.

Respecto al sistema penal tradicional, se reanudó la totalidad de actualizaciones, los plazos y términos para la prosecución y decisión de aquellos asuntos en los que el procesado se encuentre sujeto a prisión preventiva. Por su parte, en cuanto a la materia de oralidad mercantil se rehabilitaron en su totalidad las actuaciones, plazos y términos en todo juicio competente a su juzgado.

En el ámbito civil y familiar se estableció que jueces y juezas deben practicar todo tipo de audiencias, incluso las de desahogo de pruebas, bajo una evaluación prudente de las circunstancias del caso, entorno, medidas convenientes y medios a implementar para prevenir el riesgo de contagio, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia.