No son solo ‘barras bravas’

Gibrán Ramírez Reyes

Lo que pasó en el estadio Corregidora es apenas la intensificación de lógicas sociales dominantes en diversas regiones de la economía, la política y otros entramados sociales del país en el terreno del futbol comercial. Diríamos que, más que ser una anomalía, se dejó entrar a la sociedad al estadio, de modo que se presenciaron arreglos por desgracia hoy normales en nuestro país en sitios que suelen mantenerlos contenidos y estar a salvo de sus actos más violentos. Desde siempre, las elites contratan grupos precarizados y considerados liminales marginales, que ocupan un lugar intermedio entre las actividades legales e ilegales, para utilizar su fuerza física en situaciones determinadas. Las directivas de equipos de futbol los utilizan para abultar la venta boletajes (para beneficiarse de patrocinadores y quizá para lavar dinero); grupos partidistas, para concertar acarreos hacia mítines políticos, activismo de campañas, o bien, para la intimidación de adversarios, para vetar su entrada a territorios por la fuerza; grupos de poder universitario, para reprimir el activismo estudiantil. Un circuito que comenzó con un modelo centralista y que incluyó elementos fácilmente discernibles (porrismo universitario de la UNAM y el politécnico, grupos de choque del PRI y narcomenudeo de la Ciudad de México), se convirtió cada vez más en una compleja realidad nacional. Como puede verse, se trataba de grupos que, aun actuando desde las sombras, respondían en última instancia a poderes públicos o legitimados constitucionalmente. Los jefes eran claros: estaban en la policía, en el partido, o en la dirección o en la rectoría de la universidad.

En lo que va del siglo, hubo cambios que llevaron a este tipo de grupos a tener una dimensión mucho mayor y al poder público a tener una menor capacidad de control sobre ellos. Al porrismo universitario, a los grupos de choque priistas, y al narcomenudeo citadino, se sumaron el porrismo alentado por universidades estatales con muchos recursos, el modelo argentino de barras bravas, los grupos de choque asociados al PAN, al PRD y a grupos políticos sin una clara adscripción partidista, la explosión del narcomenudeo y su cartelización, y la diversificación de actividades de los agentes de fuerza ilegal que configuraron nuevos actores para diversas actividades económicas como los “sicarios” y los “halcones”. Ese proceso no ha sido secreto y podría documentarse con base en las publicaciones mismas que hacen esos grupos en sus diversos espacios de internet. Aunque algunos clubes lograron tomar control de las barras en los eventos deportivos (un control ahora privatizado), no es extraño encontrar entre ellas acusaciones de violación y homicidio, de actos de violencia que han llevado a pérdidas de ojos —y el narcomenudeo es desde luego una costumbre. Los jefes de estos grupos ahora son menos claros.

La violencia suele mantenerse a raya con protocolos de seguridad, con elementos antidisturbios que separen áreas de los estadios, con controles de cupo y con frágiles códigos de comportamiento (como programar los choques entre barras afuera del estadio, antes o después del partido). Quién sabe hasta dónde el crecimiento del régimen de violencia ha sobrepasado las respuestas anteriores a sus problemas potenciales —y urge entenderlo. Envenenan la conversación ideas que resultan impertinentes, en este contexto incluso estúpidas: por ahí un caricaturista de la ultraderecha insinúa que se trata de un regalo del crimen organizado al gobierno de la república para distraer; por allá otro personaje habla del calentamiento social para un golpe blando contra el gobierno. Por otro sitio muy lejano la violencia sigue su curso.

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Conflictos municipales: ¿Dónde está la Segego?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La inusual alta incidencia de conflictos en ayuntamientos regidos por sistemas normativos indígenas en Oaxaca debería tener prendidas las alertas; no sólo de la Secretaría General de Gobierno sino de toda la administración estatal, para evaluar por qué están ocurriendo tantos conflictos intramunicipales en los que pareciera que todos tienen causas conexas. En la generalidad, existen vasos comunicantes en todos los conflictos, que tienen que ver con la corrupción y el desvío de recursos, pero también con los engaños y la manipulación de los que parecen haber sido objeto autoridades municipales indígenas a manos de funcionarios estatales.

En efecto, existe un leitmotiv en diversos conflictos municipales que se han presentado en los últimos meses en municipios indígenas de Oaxaca: las acusaciones de desvíos de recursos en contra de autoridades municipales en funciones y exconcejales, y la toma de decisiones por parte de las asambleas comunitarias —en la mayoría de los casos, por habitantes de las agencias, y no de las cabeceras municipales—, relativas a la retención de sus propias autoridades, hasta aclarar el destino de los recursos económicos presuntamente desviados. 

En más de un caso, de los varios que han ocurrido en las últimas semanas, han salido a relucir nombres de funcionarios estatales dependientes de la Secretaría de Finanzas, a los que las autoridades indígenas acusan discretamente —por el evidente temor a las represalias— de haber “recomendado” a integrantes de despachos contables que en algún momento les solicitaron “préstamos” provenientes de recursos municipales, a cambio de rendimientos y obras cuya autorización dependía de los mismos funcionarios que generaban el acercamiento con los despachos particulares. El problema, en diversos casos, ha sido que los préstamos nunca fueron reintegrados, y son las autoridades municipales —ediles y tesoreros— quienes cargaron con el costo del desvío.

Los casos abundan. Por ejemplo, en San Juan Teitipac, municipio perteneciente a Valles Centrales, los días 13, 14 y 15 de febrero un grupo de pobladores mantuvo retenido al edil Ezequiel Hernández, a quien acusaron de un presunto desvío de recursos públicos. Después de una asamblea general, habitantes de ese municipio acordaron tal medida por considerar que ese presidente municipal encubrió al tesorero municipal, quien no había entregado cuentas claras sobre los gastos de la administración de San Juan Tepitipac. Los pobladores manifestaron que gestionarían ante el Congreso de Oaxaca la revocación de mandato por la opacidad con la que se ha manejado el edil, quien fue finalmente dejado en libertad pero sin haber librado la acusación que le formuló su propia asamblea comunitaria. 

Ahora bien, en el caso de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, ubicada en el distrito de Etla, ésta enfrenta una combinación de conflictos. Hace algunas semanas, el expresidente municipal Anastasio Ignacio Pacheco López fue retenido por habitantes de ese lugar a por un presunto desvío de recursos durante su administración. 

Igual que en el caso de Teitipac, en una asamblea comunitaria, decidieron retener también a quienes fungieron como síndico municipal y como regidor de Hacienda, Bernabé Pacheco y Victorino Morales, respectivamente. La retención la acordaron debido que los convocaron a comparecer para que informaran sobre el manejo y destino de los recursos públicos, pero no se presentaron. Asimismo, estas personas fueron removidas del cargo y el pasado 16 de diciembre, ratificaron su renuncia ante la comisión de Gobernación del Congreso del Estado. En su lugar nombraron a Jorge Morales López como edil, así como a Lorenzo Pérez y Anastasio Ramírez como síndico municipal y regidor de Hacienda.

Como si esto no fuera suficiente, apenas el viernes pasado resultaron tres personas muertas por disparos de proyectil de arma de fuego, a causa de un enfrentamiento entre comuneros de las localidades de Santiago Tlazoyaltepec y Santa María Peñoles, quienes mantienen un añejo conflicto por límites de tierra, en la región del Valle de Oaxaca. Igual que en el caso del desvío de recursos, la inacción de las autoridades estatales provocó que el conflicto escalara al punto de las armas, y al lamentable costo de vidas humanas.

MÁS CONFLICTOS

En Mazatlán mixe, familiares de dos hombres retenidos en La Mixtequita, de nombres Rey Martínez Pérez y Tadeo Rivera, suplente del presidente municipal Eleuterio Macario Jiménez, solicitaron a las autoridades estatales en febrero pasado que intervinieran para lograr la liberación de sus familiares, que habían sido retenidos desde los primeros días de febrero por habitantes de dicha comunidad.

Igual que en los casos previos, los familiares de Tadeo y Martínez responsabilizaron a Gregorio Fernando Manuel, agente de policía de El Tortuguero, y a Aristeo Santiago Cruz, agente de La Mixtequita, de lo que les pudiera pasar a los hombres retenidos; por su parte, los señalados exigían, a cambio de liberar a los retenidos, la entrega de los recursos públicos del 2021 que supuestamente no han recibido, y que sigue siendo un misterio dónde o a quién fueron realmente entregados.

Ahora bien, a la par de este hay otro conflicto en San Martín Peras, municipio de la región Mixteca. El edil de esa localidad Román Juárez Cruz, fue retenido por pobladores de la comunidad, quienes no estaban de acuerdo en que éste presentara su renuncia frente a acusaciones similares de desvío de recursos, hasta que no aclarara el destino de los faltantes en las arcas municipales.

Junto a estos, hay otros conflictos intermunicipales, e intramunicipales, que deberían ya tener todas las alertas prendidas de las autoridades estatales, no sólo para tratar de desenmarañar estos conflictos sino también para aclarar si desde las áreas financieras del propio gobierno estatal hay una especie de “fuego amigo”. Es inusual que en tantos casos se hable de funcionarios involucrados, de gestiones ante despachos privados, y de claras tomaduras de pelo contra autoridades indígenas que ahora no están pagando las consecuencias, sino que están poniendo en vilo la gobernabilidad y la aparente situación de control de los conflictos municipales.

EPITAFIO 

El problema es que, por un lado, una cosa es el respeto a la autonomía municipal y otra que las dependencias estatales no asuman su responsabilidad de tomar al toro por los cuernos cuando este tipo de asuntos se desbordan. ¿Qué puede decir la Segego ante las demandas de la gente de las comunidades indígenas —y, en general, de los 570 municipios de la entidad— por asuntos que impactan en su vida cotidiana? El ser, o parecer rebasados, los colocan en la posición —voluntaria o no— de parecer cómplices de quienes desde otras áreas del gobierno están provocando estos conflictos. Cualquiera que sea el caso, por ningún lado se ven las acciones del subsecretario de Fortalecimiento Municipal Martín Vela Gil, para enfrentar estas y otras situaciones que son potencialmente problemáticas; y qué decir del titular de la Secretaría General de Gobierno Francisco García López, que está claramente rebasado frente a las circunstancias.

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