+ Suprema Corte: con el poder en las manos para decidir los límites
Si la clase política oaxaqueña tiene verdadero interés en defender el territorio frente a la invasión del estado de Chiapas, sería trascendental que para enfrentar este asunto hiciera a un lado cualquier mezquindad y cerrara filas a favor de Oaxaca. Se han dado pasos sustanciales en la operación política que busca proteger el territorio que el estado vecino reclama como suyo, y por eso mismo se hace urgente que quienes integran los poderes del Estado aparten sus diferencias y en este asunto demuestren que hay temas que rebasan los intereses políticos.
En efecto, el pasado cinco de marzo los Secretarios Generales de Gobierno de Oaxaca y Chiapas (Alfonso Gómez Sandoval Hernández, y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, respectivamente) firmaron una declaración conjunta que es trascendental para reforzar el procedimiento jurisdiccional que se sigue ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la porción de territorio que los dos estados reclaman como propio. En esa declaración conjunta, los representantes de ambos gobiernos establecieron el compromiso expreso de acatar la sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia respecto a la controversia constitucional 121/2012 que se sigue por la pertenencia territorial de la región de los Chimalapas.
Este asunto hizo crisis hace algunas semanas debido a la persistencia de los llamados “talamontes”, que si bien tienen décadas presentes en la región de Los Chimalapas, esto ha sido en gran medida alentado por el gobierno chiapaneco en su intento por afianzar la pertenencia de ese territorio. Y es que la invasión a territorio oaxaqueño, así como la tala ilegal e inmoderada de bosque y selva en la región Chimalapa, empezó en los años cuarenta, década en la que el gobierno chiapaneco —con el argumento de que esas tierras eran “nacionales” y que se encontraban dentro de territorio del Estado de Chiapas—, apoyó y protegió a las compañías madereras como fueron los Sánchez Monroy, Manuel F. García, Juan Pérez y otros, para que indebidamente se instalaran en esa región.
Y no solamente esto, en la región de Los Chimalapas se cuenta que de forma ilegal, el gobierno chiapaneco les expidió permisos de explotación forestal para que talaran el bosque de manera indiscriminada. Esas compañías madereras o aserraderos ya instalados dentro de la jurisdicción de Santa María y de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, con sus respectivos permisos de explotación forestal, necesitaron mano de obra para trabajar. Por esta razón llegaron a la región Chimalapa trabajadores provenientes del mismo estado de Chiapas, pero también de Guerrero, Michoacán, Veracruz y de otras partes de la República.
Esos trabajadores que llegaron con todo y familia fundando en ese lugar pequeños núcleos humanos que más tarde se convirtieron en comunidades. A esas comunidades los “chimas” (apelativo que con orgullo se hacen llamar los naturales de Santa María y de San Miguel Chimalapa) les llaman “congregaciones”, para diferenciarlas de las “zoques ancestrales”.
En un principio se crearon aproximadamente 40 congregaciones irregulares. En la actualidad solo quedan 22, que indebidamente el municipio de Cintalapa, Chiapas, los reconoce como sus agencias municipales.
Además, los gobiernos que ha tenido el estado de Chiapas, en un intento por legalizar y con la ambición de expandir su territorio, ha bautizado a los asentamientos irregulares asentados en jurisdicción de Santa María y de San Miguel Chimalapa, con nombres de personajes chiapanecos. Por esa razón, existen poblados como Rafael Cal y Mayor, Ramón E. Balboa, Elsye Herrerías de Castellanos, Pilar Espinosa de León, Flor de Chiapas, Rodulfo Figueroa.
Y Chiapas, no conforme con lo anterior, mediante el Decreto número 008 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura de aquel Estado, pretendió crear, sobre el ejido denominado “Rodulfo Figueroa”, que se encuentra dentro de la jurisdicción de San Miguel Chimalapa Oaxaca, un nuevo municipio con el nombre de “Belisario Domínguez”, que esencialmente es la cuestión controvertida ante la Suprema Corte a través de la Controversia Constitucional antes mencionada.
NEGOCIACIÓN Y ACEPTACIÓN
En un inicio, el gobierno de Chiapas intentó negociar con el de Oaxaca un arreglo extrajudicial por este conflicto de límites. Pero a pesar de las inconsistencias de la defensa legal que hubo en los inicios de este asunto por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca, sí hubo la claridad para evitar cualquier tipo de negociación con Chiapas. Hubo dos razones para no optar por esa ruta: la primera, que todos los antecedentes históricos sobre los límites de los dos estados están a favor de Oaxaca; y la segunda, porque cualquier negociación habría implicado la necesidad de ceder alguna porción de territorio, lo cual no habría sido correcto si de lo que se trata es defender todo el territorio.
Por eso mismo, hoy es más necesario que nunca que haya un cierre real de filas de todos los actores e instituciones políticas oaxaqueñas para defender el territorio. Pues si ya se están fijando los parámetros de la actuación que prevén los dos gobiernos frente a la determinación que tome la Corte en este asunto, entonces lo que hace falta hacer es reforzar la idea de que ninguna de las instancias involucradas —cualquiera de los tres poderes del estado— actúa solo o sin el respaldo expreso de los demás factores de poder institucionales de la entidad.
Hoy en día, por ejemplo, no termina de quedar clara cuál ha sido la participación de la LXII Legislatura en el seguimiento de este asunto; tampoco se sabe bien a bien qué intervención han tenido los senadores en este proceso de negociación política. En el fondo, parece que como el tema no ha vuelto a hacer crisis a gran escala, no hay más atención que la indispensable de las instancias encargadas de la política interna. Pero lo cierto es que tendría que haber una defensa más decidida y visible por parte de los poderes y de todos los actores políticos en Oaxaca, independientemente de sus colores y motivaciones políticas.
CONFLICTOS
En los diferendos que han surgido entre los locatarios de los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, ahora que iniciaron los trabajos de remodelación, surge insistentemente el nombre de Claudio Ruiz Solana, como el instigador de los mismos. ¿Qué relación tiene este individuo —que ostenta un cargo se supone que honorario en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez—, con el manejo de esos espacios?
