Cada uno de los hechos que —por acción u omisión— se quedan sin investigar y aclarar, son un premio para quienes actúan libremente liquidando a personas que, por alguna razón, les son inconvenientes o con las que tienen cuentas pendientes. La autoridad ha demostrado en reiteradas ocasiones su imposibilidad de cumplir con los deberes que le mandan las leyes y la sociedad. El problema es que en medio de ese fuego cruzado se queda una ciudadanía lastimada y temerosa que clama justicia sin recibir respuesta favorable alguna.

La ejecución de uno de los dirigentes populares del Mercado de Abasto, en la capital oaxaqueña, causó conmoción pero, sobre todo, especulaciones. Casi desde el momento en que se supo del homicidio violento de Roberto Mendoza López, comenzaron a correr versiones que vincularon el hecho a motivos políticos, a disputas internas o incluso, a un ajuste de cuentas, al mejor estilo de la mafia o el crimen organizado. Más allá de las teorías a través de las que se pretende “aclarar” el crimen, no está de más echar un vistazo a los obesos intereses, al modo en cómo la autoridad fue totalmente rebasada por la ley del más fuerte, a las redes de protección y a las millonarias cantidades de dinero que todos los días se manejan ahí en el Mercado de Abasto.