+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Capacita el Poder Judicial a jueces en materia de oralidad mercantil

Date:

Por instrucciones del magistrado Raúl Bolaños Cacho, Martha Elena Gómez y Miguel Hernández asisten a un curso en la materia

El Poder Judicial del Estado que preside el magistrado Raúl Bolaños Cacho continúa su labor de capacitación a su personal en materia de oralidad mercantil.

Los jueces, Martha Elena Gómez Carreño y Miguel Hernández Bautista quienes son pioneros en este nuevo sistema en Oaxaca, asistieron a la Reunión Nacional de Juzgadores 2018 -quinta edición de la Red Nacional de Jueces de Proceso Oral Civil y Mercantil-, realizada en la Ciudad de México.

Gómez Carreño y Hernández Bautista  abrevaron conocimientos en esta reunión que se realizó  durante dos días con 114 de sus homólogos de 31 estados del país, cumpliéndose una de las recomendaciones del titular del Poder Judicial, Bolaños Cacho de capacitar a su personal en este nuevo Sistema de Oralidad Mercantil.

Este encuentro de corte académico, realizado el pasado fin de semana, fue convocado  por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y se realizó en  el “Salón Morelos” de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objetivo de generar acciones para robustecer y ofrecer una justicia más eficiente para todos los mexicanos, de manera especial en acciones relacionadas con el juzgar en materia civil y mercantil, procesos que en Oaxaca tienen seis meses de haberse implementado.

Durante el primer día, el juez Miguel Hernández y la jueza Martha Gómez participaron en el panel: Incidentes en el juicio oral mercantil, además de la Conferencia: Avances y siguientes pasos del Programa Nacional de Implementación de Juicios Orales Mercantiles, impartida por el Maestro José Daniel Jiménez Ibáñez, Coordinador General de Proyectos Especiales de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), así como por el licenciado Andrés Alejandro Pérez Frías, Director General Jurídico de la Secretaría de Economía.

Asimismo fueron parte de la Conferencia: Buenas prácticas en el dictado de sentencias en el tema de Derechos Humanos, impartida por el licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario de Estudio y Cuenta Adjunto,  adscrito a la ponencia del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Entre otras actividades también participaron en el panel: La prueba pericial en el Juicio Oral Mercantil y su mesa de trabajo y en la  conferencia: Resultados de Programa Nacional de Capacitación para Jueces en materia de Oralidad Mercantil y en el panel: La prueba confesional en el juicio oral mercantil y la mesa de trabajo, entre otros.

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