+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Centro de justicia del Istmo, un referente de la modernización judicial en Oaxaca

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Con sede en El Espinal, atenderá también asuntos de Juchitán, Matías Romero, Tehuantepec y Salina Cruz 

El Centro de Justicia del Istmo, con sede en el municipio de El Espinal y que concentra en un mismo espacio además de organismos jurisdiccionales del Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia y Defensoría Pública del Estado, brindará una atención integral a favor de más de 213 mil habitantes de esta zona de la entidad y llevará asuntos de Juchitán, Matías Romero, Tehuantepec y Salina Cruz. 

En el marco de la inauguración del nuevo edificio, equipado con tecnología de punta, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, afirmó que la dignificación y modernización de la infraestructura judicial, es una de las prioridades en su administración que en lo que va de este 2020 ha realizado más de 50 obras de construcción, mejoramiento y rehabilitación en distintos espacios.

En el evento, que presidió junto con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y ante el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Horacio Sosa Villavicencio, el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez y el presidente municipal, Hazael Matus Toledo, así como ediles de la zona, expresó que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajan de manera armónica y coordinada en beneficio de lo que reclaman los oaxaqueños: una verdadera justicia, eficiente, profesional y expedita.

Con la presencia, mediante videoconferencia, de magistrados, magistradas, consejera y consejeros de la Judicatura, resaltó que la institución trabaja en todos los ámbitos de la impartición de justicia y ha incorporado las perspectivas de derechos humanos, de género, pluralismo jurídico e interculturalidad, además de que ha dado un salto cualitativo en el empleo de nuevas tecnologías. 

Respecto a las obras realizadas mencionó que para que toda persona que se acerque a realizar un trámite judicial cuente con lugares dignos y las y los servidores públicos realicen en mejores condiciones su labor, se concluyó una rehabilitación integral del edificio sede de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, en la ciudad de Oaxaca, un espacio emblemático que fue equipado con moderna tecnología. 

Por otra parte, se concluyeron las salas de Oralidad Mercantil en Huajuapan de León, Salina Cruz y Huatulco; asimismo, dio a conocer que en breve podrá ser inaugurado también el Centro de Justicia en Ejutla de Crespo. 

“Sabemos que los edificios que albergan los tribunales de justicia pueden representar conmemoraciones del pasado si no se modernizan y dignifican; en cambio su transformación refleja las aspiraciones por el futuro”, puntualizó.

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