Carlos Morales Sánchez / Presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C.
Hoy, 10 de junio de 2025, se cumplen cuatro años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión expedir una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y comunidades Aformexicanas de México y la deuda con los pueblos indígenas continúa impune. A pesar de la sentencia firme emitida en el amparo en revisión 1144/2019, el Congreso ha incumplido de manera sistemática su obligación constitucional y legal.
La sentencia, concedida el 10 de junio de 2021 en plena pandemia por la Segunda Sala de la SCJN, fue producto de un litigio histórico promovido por personas zapotecas y acompañadas por Litigio Estratégico Indígena, una organización comprometida con la defensa de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
En su resolución, la Corte no solo reconoció la omisión legislativa del Congreso de la Unión, sino que también le impuso un mandato claro: emitir una ley que establezca los mecanismos adecuados y culturalmente pertinentes para la consulta a pueblos indígenas antes de cualquier decisión o proyecto que los afecte. Le dio un plazo de dos periodos legislativos. No lo cumplió.
Este fallo fue un eco del espíritu de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, cuando el país incorporó plenamente los derechos humanos en su marco jurídico. Era, y es, una oportunidad de reconciliación histórica con los pueblos originarios, cuya voz ha sido sistemáticamente ignorada en la toma de decisiones del Estado mexicano.
Sin embargo, cuatro años después, lo que tenemos es un claro ejemplo de cómo opera el racismo institucional. El Congreso de la Unión ha eludido su responsabilidad, escudándose en excusas procedimentales. Y lo más grave: el Poder Judicial Federal, particularmente el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Oaxaca, ha tolerado esta omisión, aceptando justificaciones estériles y manteniendo la simulación de que hay avances, cuando en realidad hay estancamiento.
La inacción del Estado no solo desacata una sentencia judicial: prolonga una injusticia histórica. Mientras el Congreso posterga y los jueces se cruzan de brazos, los pueblos indígenas siguen siendo excluidos de los procesos que les afectan directamente: megaproyectos, reformas legales, decisiones sobre sus territorios, lenguas y culturas.
Este incumplimiento no es técnico ni menor. Es una afrenta a los derechos fundamentales. Es una violación directa al artículo 2º constitucional, a la Convención 169 de la OIT y a los estándares internacionales de derechos humanos.
A más de dos décadas de la reforma constitucional indígena de 2001 y catorce años desde la gran reforma de derechos humanos, el Estado mexicano sigue sin legislar la herramienta mínima de participación indígena: la consulta previa, libre e informada.
Hoy, desde Oaxaca, donde tantas resistencias han nacido, volvemos a exigir: que se cumpla la sentencia, que se legisle con pertinencia cultural y que el Estado mexicano deje de ignorar la voz de los pueblos que son origen y raíz de esta nación.
