Jesús Manuel Castillo Reyna
El descarrilamiento del tren de pasajeros en Nizanda, Oaxaca, no puede entenderse como un accidente ni como una falla técnica aislada, aunque así lo intenten presentar la Secretaría de Marina, el gobierno federal y los operadores del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Lo ocurrido es una consecuencia directa de un proyecto impuesto, inscrito en un modelo de desarrollo neoliberal que prioriza la rentabilidad y subordina la vida de los pueblos a la lógica neoliberal.
El Corredor Interoceánico se promueve bajo un discurso de bienestar y modernización, pero su construcción avanza sobre tierras ejidales y comunales que han sostenido históricamente la vida colectiva, la autonomía y la organización social en el Istmo. Hoy esos territorios son fragmentados, cercados y colocados en el mercado para el establecimiento de parques industriales que no surgieron de una decisión comunitaria y que, en muchos casos, han sido rechazados por las propias poblaciones.
El tren que se salió de las vías en Nizanda no solo transitaba una ruta ferroviaria, atravesaba un territorio en disputa, marcado por procesos de consulta simulados, decisiones tomadas desde arriba y una presencia militar cada vez más normalizada. Que la Marina administre la operación del corredor no es un asunto meramente técnico, revela el tipo de control que se ejerce cuando el consenso no se construye y el proyecto requiere garantizarse mediante dispositivos de fuerza institucional.
Bajo el nombre de Polos de Desarrollo para el Bienestar se acelera un proceso de transformación territorial que implica la privatización de la propiedad social y la reconfiguración del uso de la tierra. Miles de hectáreas ya están comprometidas y otras tantas se proyectan para uso industrial. El resultado no es bienestar colectivo, sino la reorganización del territorio para adecuarlo a las necesidades del capital, aun cuando ello implique el desplazamiento de comunidades y la precarización de quienes las habitan.
Las consecuencias ambientales no son también un efecto secundario, sino parte estructural del proyecto. La industrialización del Istmo supone la degradación de fuentes de agua, la explotación intensiva de los bienes naturales y la ruptura de equilibrios ecológicos que sostienen la vida comunitaria. Cuando la tierra deja de ser comunal y se integra a circuitos industriales, se interrumpe el vínculo que permite la reproducción social y territorial.
El descarrilamiento también pone en evidencia la lógica de urgencia con la que el Estado impulsa estos megaproyectos. La infraestructura se inaugura sin garantizar condiciones mínimas de seguridad, priorizando intereses estratégicos vinculados al comercio internacional, la competencia interoceánica y los compromisos derivados del T-MEC. En ese proceso, la integridad de quienes habitan y transitan el Istmo queda relegada a un segundo plano.
Este corredor no puede analizarse de otra manera. Forma parte de una reconfiguración más amplia del sureste mexicano, articulada con proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, programas asistenciales utilizados como mecanismos de contención social y el despliegue permanente de fuerzas armadas. En conjunto, estos dispositivos responden a una misma lógica de control territorial, extracción de recursos y administración de la conflictividad social.
Lo ocurrido el domingo 28 de diciembre de 2025, es una advertencia. Debemos acompañar la lucha de los compañeros de Puente Madera, es la forma de asumir que nuestro territorio no es mercancía y que ningún proyecto puede llamarse futuro si se construye en contra de quienes lo habitan.
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