+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

La ASF y Goliat

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Nematini Vladimir Acevedo Silva

Hace algunos días la Auditoría Superior de la Federación hizo público el informe sobre el gasto que la administración de la llamada “Cuarta Transformación” realizó durante su primer año de gestión. Este documento contenía datos que alarmaron, de manera inmediata, a la mayoría de la población, pero más aún, desató una ola de críticas y molestias a la supuesta oposición.

Sí, aquella oposición que está integrada por diversos actores políticos que cuentan, según ellos, con una amplia “capacidad moral” y “política” para emitir sus inconformidades y repartir culpas.

Ahora se jactan de ser paladines de la “honestidad”, la “justicia” y la “transparencia”. Olvidan su pasado oscuro y ahora, se reivindican como figuras ejemplares. Todo esto porque va por México.

Con esto no quiero argumentar que dicho informe carece de veracidad y seriedad, al contrario, mediante este tipo de ejercicios que realizan los diversos órganos autónomos, como lo es la ASF, es como las y los ciudadanos podemos conocer la manera y forma en como nuestros gobernantes, destinan los recursos públicos, pero, sobre todo, si el trabajo que los servidores públicos que nos representan están desempeñando su trabajo de manera correcta o no. 

Acciones como los realizados por la ASF han servido para destapar un sin fin de anomalías que surgen a lo largo de las diversas administraciones. En una publicación de la Jornada se informó que ese mismo órgano autónomo fiscalizador detectó que en el último año del sexenio (2006-2012) de Felipe Calderón Hinojosa, se incurrió un notable subejercicio de recursos en el ámbito del gasto federalizado. Éste corresponde a los fondos destinados a servicios sociales como educación, salud y desarrollo.

Con esto se pudo señalar que dejaron de gastar 8 mil 229 millones de pesos en el Seguro Popular y en lo referente a los apoyos a personas vulnerables fueron 3 mil 500 millones más. De igual forma la ASF presentó 147 denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República, derivado de las irregularidades detectadas.

Por otro lado, según una nota de El Sol de México, la ASF entregó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, un reporte de la cuenta pública del 2018 que correspondía al cierre del gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Gracias a este informe se tuvo conocimiento de la llamada “Estafa Maestra”, en donde se encontró una gran red de corrupción mediante la cual se llevaron a cabo una serie de desvíos de recursos del erario público, las cuales presuntamente fueron realizada por ex servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de la entonces Secretaría de Desarrollo Social y Humano, hoy Secretaría del Bienestar.

En este mismo informe también se señaló que, durante el último año de gestión de EPN, presuntamente se utilizaron de forma irregular 144 mil 430 millones de pesos del gasto federalizado. Recurso que la misma ASF reportó hasta el año pasado, haber recuperado tan solo mil 647 millones de pesos de la cuenta pùblica del año 2018. 

La ASF cuenta con una gran responsabilidad para llegar a la verdad y buscar, mediante los mecanismos que la propia ley le confiere, esclarecer aquellas irregularidades que se puedan detectar y, en su caso, llevar a la justicia a los servidores públicos que se presuma, hubiesen cometido alguna afectación al erario público.

Efectivamente. La aclaración realizada por parte de ese órgano fiscalizador a su informe donde refiere que el costo de la cancelaciòn del Aeropuerto de Texcoco había sido tres veces más costoso de lo anunciado por la administración morenista, para algunos fue sinónimo de pleitesía y sumisión al Ejecutivo Federal.

Por otro lado, otra gran parte comenta que esto se trató de un error técnico no fue hecho de manera deliberada, pero que sí tendrá un coste político importante. Pero sin importar el motivo, esto nos debe de preocupar y, sobre todo, continuar exigiendo cuentas claras a la administración que hoy nos gobierna.

Entiendanlo. Ustedes, la oposición que tanto se jacta y que hasta por fin se preocupa por nosotros, las y los ciudadanos, también propiciaron que hoy, nuestro país se encuentre sumido en más pobreza, desigualdad e injusticias sociales. 

@NemasVA

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