Renato Galicia Miguel
La familia de la activista ayuujk Sandra Domínguez y el abogado Joaquín Galván tienen los otros datos sobre la desaparición de ella: es una versión conjunta que cada vez cobra mayor fuerza, aunque el gobierno estatal de Salomón Jara Cruz se empeñe en imponer mediáticamente las conclusiones de su “línea de investigación” y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), convalide esta “historia oficial” y relegue o, peor aún, ignore otras vertientes sobre los motivos de tan grave crimen.
No hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta de lo posible y probable que pueden ser los datos que manejan la familia Domínguez Martínez y el abogado Joaquín Galván, también ayuujk, por cierto, tan sólo es suficiente, como diría el neurofisiólogo René Drucker Colín, con utilizar dos de las cien mil millones de neuronas que tenemos y unir cabos para ir esclareciendo cómo se ha ido imponiendo la “verdad histórica” jaranista.
En artículos anteriores, manejé la idea de que las autoridades estatales y federales ya tenían una “historia oficial” tipo película del argentino Luis Puenzo o una “verdad histórica” a lo Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de Sandra Domínguez. Sostuve que, convenientemente, habían priorizado la versión de que el caso estaba relacionado con actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado por parte de la pareja de la activista, Alexander Hernández, al tiempo de ignorar olímpicamente la denuncia que hizo aquélla sobre la participación de altos funcionarios en el chat porno Sierra XXX, que sería “la punta del iceberg” de una red criminal mucho mayor.
En entregas recientes de las periodistas Soledad Jarquín (https://bit.ly/3F4d8Bk) y Rocío Flores (https://bit.ly/41GVAnR) se hace hincapié en esos puntos. Repito, sólo es suficiente con utilizar dos neuronas para darse cuenta que hay un oscuro trasfondo en la desaparición de la activista.
¿Por qué no actúan al respecto las autoridades federales, por qué no atraen el caso? En este momento, y más allá de que el gobierno estadounidense de Donald Trump tenga como objetivo avieso vulnerar la soberanía de México con sus acusaciones de los vínculos entre el poder político y el crimen organizado, y en el entendido de que los capos extraditados a la Unión Americana estén soltando la sopa, no es descabellado pensar que algo hay, que algo sabe ya la Casa Blanca como para utilizar esto como arma político-económica.
En todo caso, los mexicanos corroboramos diariamente esos posibles vínculos con casos que remiten a un refrán sabio: cuando el río suena…
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