Fiscalización: los diputados deben demostrar convicción por fortalecerla

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+ La ASE es un ente débil; en esas condiciones nunca podrá dar resultados


Uno de los temas que cobrará mayor relevancia una vez que se discuta formalmente el paquete de reformas que completará el marco jurídico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, es el del fortalecimiento a las capacidades institucionales para la fiscalización. Los diputados locales podrán decir misa, pero en las condiciones actuales es imposible que la Auditoría Superior del Estado (ASE) tenga más alcances de los que hasta ahora se ha demostrado. Por eso, al margen de nombres y circunstancias políticas, lo que le vendría muy bien a Oaxaca es el fortalecimiento de la fiscalización, como una demostración de que en el Congreso toman en serio el combate a la corrupción y a la impunidad, y de que están dispuestos a dejar de ser cómplices y alcahuetes de los actos de corrupción.

En efecto, como institución, la Auditoría Superior del Estado enfrenta grandes problemas, siendo el presupuestal el mayor de ellos. Como es sabido, la ASE ha enfrentado reducciones y regateos presupuestales sostenidos por parte de los diputados, quienes a pesar de sostener en el discurso político que ellos son aliados de la legalidad y de la rendición de cuentas, en los hechos han mermado de forma profunda los alcances del órgano de fiscalización superior, al rehusarse a incrementar los recursos económicos de la Auditoría, como una forma de fortalecer no a su titular, sino los hasta ahora muy limitados alcances de revisión que tiene.

El asunto no es menor. La Auditoría Superior de Oaxaca es el órgano fiscalizador que tiene más entes auditables en todo el país (alrededor de 630), y ya de por sí era la auditoría de una entidad federativa que tenía menos presupuesto —antes incluso de que en 2014 le redujeran otros 18 millones de pesos a su presupuesto para la creación de un elefante blanco legislativo denominado Órgano Técnico de Fiscalización, que depende de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado—; la ASE tiene menos de cien auditores —lo cual haría, en el mejor de los casos, seis auditorías por cada servidor público, y cada una de las revisiones lleva por lo menos dos meses de trabajo— y cada uno de ellos gana menos de 10 mil pesos al mes.

Sin justificar una conducta indebida, pensemos: ¿cómo suponer que un auditor estatal habrá de resistirse a la tentación de incurrir en un acto de corrupción (extorsionar a una autoridad municipal con problemas de comprobación, por ejemplo; o simplemente dejarse corromper por un edil que, además, si ha robado, tiene dinero suficiente para su “defensa”) cuando su salario lo pone en una situación que prácticamente lo invita a incurrir en ese tipo de conductas?

Por eso, a nadie debiera sorprenderle cuando el propio auditor Carlos Altamirano sostiene públicamente que cada año sólo puede auditar a alrededor de los 70 de los 570 ayuntamientos que tiene la entidad, y que por eso sean también las revisiones a las entidades del gobierno estatal sean aleatorias y por muestras, dada su enorme incapacidad técnica para llevar a cabo más revisiones.

Es, en el fondo, la muestra de que la impunidad está sostenida desde el propio Congreso del Estado, que ni ha hecho una Auditoría fuerte, ni ha generado las condiciones para que los servidores públicos le teman de verdad a una revisión de su ejercicio, y tampoco ha demostrado con hechos tangibles su supuesta convicción por la legalidad y la rendición de cuentas, incluso en estos tiempos en los que ha quedado demostrado que uno de los asuntos que más agravia a la ciudadanía es justamente la excesiva tolerancia del Estado a los actos de corrupción que cometen sus funcionarios, en colusión con particulares que alientan, toleran o permiten esos actos indebidos.

AUDITORES EXTERNOS

Una de las propuestas que el Congreso del Estado deberá valorar con seriedad y determinación, si es que ahora sí tiene la voluntad por fortalecer las capacidades institucionales de la Auditoría Superior, y convertirla en un órgano de revisión digno y decoroso que sea útil para el funcionamiento del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, es la de integrar en las reformas a la Ley de Fiscalización Superior que realicen próximamente, la posibilidad de que despachos externos contribuyan a las funciones de auditoría que debe realizar la ASE, pero que por su reducida capacidad instalada no puede realizar en todos los entes susceptibles de auditoría.

Ese mecanismo de revisión, planteado técnicamente por el sub auditor Ramón Icazbalceta Carrete, ya se utiliza en otras entidades del país, y tiene un funcionamiento práctico que multiplica las capacidades de fiscalización: a través de despachos especializados y certificados en auditoría, los propios Ayuntamientos contratan y pagan la dictaminación de sus estados financieros —en este caso, de su Cuenta Pública—, en la misma forma en que las personas físicas y morales contratan a un contador público certificado como auditor, para que elabore los estados financieros de su actividad económica o empresa, y al hacer la dictaminación de los mismos, el contador auditor es corresponsable de lo que ahí se asienta.

En términos contables, los estados financieros elaborados por un auditor certificado tienen plena validez frente a terceros, porque es corresponsabilidad del propio auditor establecer la situación que guardan las finanzas que revisa, bajo la posibilidad de que al no dictaminar correctamente corra el riesgo de perder su certificación o patente para realizar ese tipo de actividades. Por eso, cuando se trata de estados financieros, difícilmente un contador público se presta a asentar datos falsos o inexactos, ya que lo que está de por medio es su prestigio, su reputación, y su actividad profesional.

De este modo, en algunas entidades del país ya se utiliza la figura de los despachos externos coadyuvantes a la Auditoría Superior. Éstos realizan la auditoría y ponen los resultados a disposición de la ASE, evitándose así todo el trabajo de gabinete. En Oaxaca esa posibilidad potenciaría los alcances de la Auditoría ya que nuestra entidad es la que tiene la mayor cantidad de entes auditables del país, y —como se estableció en líneas anteriores— la ASE es el órgano de fiscalización presupuestal y técnicamente más débil de todo el país.

Al final, en cuestiones como esa se verá si en realidad los diputados locales de la LXIII Legislatura tienen convicción por fortalecer las tareas de fiscalización superior, o si sólo están buscando repetir grosero el “quítate tú, para que me ponga yo” que dentro de poco consumarán respecto a la posición de Carlos Altamirano Toledo. En el fondo, si no demuestran esa voluntad ajustando la ley y dotándola de mayores recursos, todos terminarán pagando el costo social y político de no fortalecer a la ASE y a los demás órganos que participarán en las tareas propias del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

PRÓXIMAS CONVULSIONES

Aseguran que no pasará mucho tiempo antes de que los sindicatos universitarios comiencen nuevamente a movilizarse, ahora para defender el viejo privilegio de tener espacios de ingreso para diversas escuelas y facultades, los cuales comercializan de forma pública como si ello fuera una mercancía. Ello se potencializa en facultades como la de Medicina, en donde un ingreso puede llegar a cotizarse en cantidades de seis cifras. Si de verdad la administración universitaria logra erradicar esa práctica, habrá dado un paso importante aún cuando eso genere inestabilidad de quienes no quieren perder el coto económico de esa práctica inadmisible, pero por demás común en la UABJO.

Manoseando a la ASE, inhiben el desarrollo del sistema anticorrupción

 

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+ Ciudadanía enojada; Legislatura podría enfrentar controversia federal


La semana pasada, la diputada del PAN Eufrosina Cruz Mendoza presentó una iniciativa que no tiene otro objetivo que la remoción de los integrantes de la Auditoría Superior del Estado. A pesar de que esta intención pudiera ser relativamente comprensible a la luz del nuevo régimen gobernante en la entidad, lo que en realidad despierta dudas es cómo en la LXIII Legislatura parecen estar desoyendo el llamado ciudadano sobre el combate a la corrupción, prefiriendo el cumplimiento de su agenda particular de temas. Esto tiene mucho de fondo y no hace falta más que entender el contexto de la iniciativa panista para comprender la dimensión del problema.

En efecto, en días pasados la Cruz Mendoza, presentó una iniciativa en la que propone una reforma constitucional para cambiar el nombre de la Auditoría Superior del Estado a “Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca”. Según parece, en la iniciativa la única modificación es el cambio de nombre del órgano de fiscalización. Sin embargo, en sus artículos transitorios se prevé la designación de nuevos Titulares para esa Entidad.

Así, queda claro que el objetivo de la iniciativa no era propiamente el cambiar el nombre de la Auditoría, sino concretamente remover a los responsables de llevar a cabo de revisión y fiscalización superior, coincidiendo con el cambio de gobierno en el Estado. Y pudiera parecer que, en ese contexto, el abanico de posibilidades políticas se abre desde la idea de remover específicamente a Carlos Altamirano Toledo, hasta la también nada despreciable posibilidad de generar un nuevo órgano de fiscalización sexenal, con integrantes cercanos al nuevo régimen.

En todo esto, el recurso fácil podría apuntar a señalar que en estos años la ASE ha sido un órgano de fiscalización testimonial. Sin embargo, en esto habría que diferenciar entre los conflictos de interés —personales y políticos— que enfrenta el auditor Altamirano Toledo, con la tentación —porque esta no es una posibilidad— de hacer pagar institucionalmente a la Auditoría Superior por el cambio del régimen gobernante en la entidad. ¿De qué hablamos?

De que con todo y lo que se diga, como institución, la Auditoría Superior es un órgano bien calificado del que, además, se le reconoce la complejidad de la tarea que enfrenta en Oaxaca, al ser el órgano de fiscalización con más entes fiscalizables en el país (653, entre municipios, poderes del Estado y órganos autónomos) y ser, a su vez, la auditoría superior estatal que recibe menos recursos en todo el país, para el cumplimiento de sus funciones.

Así, por ejemplo, para la OCDE el Estado de Oaxaca cuenta con un órgano confiable para llevar a cabo la tarea de revisar y fiscalizar la gestión financiera de los Poderes del Estado, órganos autónomos constitucionales y Municipios, pues para otorgar dicha calificación se analizó el marco jurídico, la capacidad técnica, que se traduce que cuenten con el personal adecuado —al margen del titular de la ASE—, con experiencia y capacitación necesarios para analizar la información que le presenten lo sujetos auditados, su grado de autonomía frente a los poderes estatales, entre otros elementos.

CONTRASENTIDO

En Oaxaca hay un periodo de espera, que parece no tener para cuándo, respecto al proceso de armonización de la legislación estatal con la federal, para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. En las reformas constitucionales y legales que serán necesarias para su implementación, el órgano de fiscalización superior jugará un papel preponderante al asumir diversas funciones y capacidades que serán propias de ese nuevo entramado institucional.

En ese sentido, queda claro que además de los cuestionamientos que tiene la iniciativa de reforma impulsada por la diputada Mendoza Cruz, por su evidente intención política de solo remover a los integrantes actuales de la ASE, el Congreso del Estado estaría también evadiendo la responsabilidad de entrar de lleno a los trabajos necesarios para el establecimiento constitucional y legal del Sistema Estatal Anticorrupción, y sólo estaría atendiendo una agenda particular de algunos partidos interesados inicialmente con remover a Carlos Altamirano Toledo y, quizá, con tratar de ganar espacios a través de un nuevo reparto de posiciones, pero sin abordar lo relativo al Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo que resulta aún más grave es que este parece, además, un contrasentido frente a la propia ciudadanía, y al Presidente de la República, que hace apenas pocos meses se inconformaron por el intento de varios gobernadores —Quintana Roo y Veracruz— de heredar a funcionarios afines en esas áreas para tratar de generar un espacio de no-fiscalización y, por ende, de impunidad; y la reacción del Presidente que, obligado por las circunstancias, se vio en la necesidad de emprender una controversia constitucional para evitar que dichos gobernadores se abstuvieran de intervenir en los órganos autónomos de sus entidades hasta que no se llevara a cabo la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

CASTIGAR A LAS INSTITUCIONES

Carlos Altamirano debe dejar de ser titular de la ASE, y debieran buscar la vía política para conseguirlo. Eso está claro prácticamente desde su designación. Sin embargo, pensar en que para lograr ese objetivo pueden manosear a las instituciones, resulta un cuestionamiento y una irresponsabilidad similar, que en realidad resulta en un castigo de fondo a las instituciones del Estado en Oaxaca.

La transición fue una burla; PRI va por los órganos autónomos

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+ Defensoría, Transparencia y ASE, serían órganos “sexenales”


Existe la posibilidad de que el nuevo gobierno en Oaxaca reforme la Constitución para integrar nuevamente los órganos autónomos, que hace apenas cuatro años fueron —bueno, aparentaron ser— símbolos de la transición democrática. Esta posibilidad se presenta como algo natural, luego de que el gobierno saliente, y la LXI Legislatura, hicieron todo lo necesario para establecer órganos autónomos que, cuando mucho —y vaya paradoja—, serían sexenales y no independientes de los poderes del Estado.

En efecto, hoy es común escuchar a personas que, instalados en el futurismo político, aseguran que, o antes de fenecer la LXII Legislatura, o iniciando la siguiente, podrían ocurrir reformas constitucionales que permitan la reintegración de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el Instituto de Acceso a la Información, y la Auditoría Superior del Estado. La razón que aducen es simple: a los integrantes de dichos órganos, afirman, los puso el gobierno saliente al margen de procesos explicables a la luz de los principios constitucionales que rigen a los órganos autónomos. Por eso, señalan, es necesario quitarlos para “ahora sí” hacerlos autónomos.

Esas afirmaciones, más comunes de lo que imaginamos, parecen hasta una burla, pero sobre todo el reflejo del fraude cometido en contra de la ciudadanía, que en 2010 votó a favor de la transición democrática y le dieron simulación, y que ahora habría votado por una segunda alternancia, obteniendo posiblemente el mismo resultado.

Esto, sin embargo, fue previsible desde el momento en que la LXI Legislatura —la anterior a la que actualmente está por terminar— claudicó en el mandato democrático que le otorgó la ciudadanía, y se dedicó a servir de palero de los intereses gubernamentales en turno, para designar a personajes como Alberto Alonso Criollo, Carlos Altamirano Toledo, Esteban López José —que resultó tan incompetente que ni quienes lo pusieron tuvieron la vergüenza de sostenerlo en su cargo— o Arturo Peimbert Calvo, en el Instituto Electoral, la Auditoría Superior, el órgano garante de transparencia, y la Defensoría de los Derechos Humanos, respectivamente.

PREVISIÓN CUMPLIDA

No hacía falta ser gurú para prever que esa integración amañada y torcida de los órganos autónomos, terminaría –cuando mucho- en órganos sexenales, fustigados por el gobierno que relevaría al que los impuso. En esta columna, el 11 de mayo de 2012 lo señalamos:

“Y si ya de por sí son graves los cuestionamientos que pesan sobre los nuevos titulares de los órganos autónomos (Alonso Criollo, Carlos Altamirano, y Peimbert, hasta entonces), resulta mucho más preocupante —para la naturaleza actual de los órganos, y para sus titulares— que el grupo gobernante y los partidos coaligados hayan decidido priorizar las posiciones políticas, por encima de las instituciones.

¿De qué hablamos? De que, en todos los casos, ha habido un afán irrenunciable por imponer a las cabezas de esos órganos, aún utilizando las formas más antidemocráticas y colocando ahí a personajes no idóneos para esas tareas.

La cuestión de fondo que entraña un problema como ese —abundamos en aquel entonces—, es que ni se fortalecieron las instituciones ni tampoco se ha demostrado un trabajo verdaderamente efectivo en las tareas que realiza cada uno de los órganos autónomos. Hoy, los titulares de la ASE, IEEPC y ahora de la DDHPO, se encuentran respaldados sólo por el momento político, por el régimen y por la composición actual del Poder Legislativo.

Sin embargo, viendo una perspectiva de más largo plazo, y de posibles cambios en el escenario político, queda claro que la composición actual de esos órganos no garantiza su estabilidad. Pues así como fueron impuestos gracias a una testarudez y a una circunstancia (dejando de lado la legitimidad), también pueden ser quitadas las personas, y reformados los órganos, si luego de un proceso electoral la correlación de fuerzas cambia y se hace favorable para quienes hoy son una oposición minoritaria.

Mientras gobernó el régimen priista, éste hizo lo que quiso con los órganos autónomos. El único mérito que siempre se adjudicó el priismo, mientras gobernaba, fue el de haber establecido esos organismos autónomos en la legislación constitucional estatal. Sin embargo, tampoco tenían empacho en decir que serían otros gobernantes, posiblemente de otros partidos, quienes tendrían la tarea de verdaderamente democratizarlos y permitirles un funcionamiento pleno en el ámbito de la autonomía frente al poder, para poder cumplir cabalmente con los fines equilibradores y fiscalizadores para los que fueron concebidos.

Hoy, toda esta previsión está en vías de cumplirse a través de dos vías posibles: la primera, es que aprovechando el trabajo legislativo que deberán hacer para homologar las normas locales al Sistema Nacional Anticorrupción y su legislación secundaria, decidan establecer disposiciones para reintegrar los órganos autónomos; la segunda, que comedidamente presionen a los actuales titulares de los órganos autónomos —maniobra nada democrática— para que de forma voluntaria se separen de sus responsabilidades y permitan la reconformación de los órganos autónomos.

¿REPETIR LA HISTORIA?

De cara a la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción, lo peor que podría hacer el nuevo régimen es repetir la historia del gobierno saliente, que simuló transición democrática para poner a sus aliados como titulares de los órganos autónomos, y con esto mantener subordinación al poder del Ejecutivo. Deben dejar la simulación y ahora sí cumplir con la autonomía que mandata la Constitución.

Cotaipo: en la cuna de la transparencia, los signos son de regresión

Esteban, Gema y Sehyla

+ Consejeros, con denuncias penales pendientes, carecen de legitimidad

 

El pasado jueves el Senado aprobó la Ley General de Transparencia que dota de mayores facultades al IFAI, y fortalece el quehacer de los institutos de transparencia en los estados. Se supone que una ley como ésta debería traducirse en grandes beneficios para Oaxaca, al garantizar un efectivo ejercicio del derecho a la información y sentar el precedente del Gobierno Abierto… de no ser porque la Cotaipo atraviesa por una crisis que la tiene herida de muerte y le impide estar a la altura de los retos actuales.

En efecto, si después de todo lo que se ha dicho y escrito de la Cotaipo, quedara pizca de dignidad en los consejeros ya hubieran presentado su renuncia al cargo, para no obstaculizar la auditoría que está por iniciar y por ética personal se someterían a la acción de la justicia. Con ello por primera vez en dos años estarían rindiendo cuentas a los oaxaqueños que demandan una explicación a las camionetas de lujo que estrenaron, a los boletos de avión, al tráfico de influencias y a las facturas apócrifas con las cuales justificaron gastos en el 2013 y 2014.

Pues con el desprestigio a cuestas que enfrentan los tres consejeros Esteban López José, Eréndira Fuentes Robles y Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, quienes en un dudoso proceso  de selección y contra todos los augurios fueron impuestos en el cargo en noviembre del 2012 a propuesta de la LXI Legislatura local, impulsados por los tres principales partidos políticos PAN, PRD y PRI, respectivamente, que hoy lamentan la precipitada decisión y buscan enmendar los errores con distintas iniciativas para renovar el Consejo General.

En la tierra que impulsó la transparencia en el país con el activismo y aportaciones del llamado “Grupo Oaxaca” integrado por personajes del medio político, jurídico, académico y periodístico, la sociedad civil se anticipó a los poderes establecidos para garantizar un derecho de avanzada como el de acceso a la información, y logró impulsar la legislación en la materia.

Pero lejos de honrar el antecedente inmediato, los partidos políticos menospreciaron la transparencia y la rendición de cuentas al enturbiar un pretendido procesos democrático de selección, y jugar con cartas marcadas que favorecerían a tres advenedizos carentes de la ascendencia, prestigio y conocimientos mínimos en la materia, a quienes en dos años demostraron con toda claridad que el puesto les quedó grande, y que a su vez el presupuesto de la institución les quedó pequeño para satisfacer sus ambiciones personales, y para saldar deudas añejas.

 

LAS DENUNCIAS PENALES

El desprestigio que llevan a cuestas no es gratuito. Amén de la opacidad y la parálisis en la que han sumido a la institución, así como las disputas por poder y dinero que existen entre los consejeros López José y Ramírez Ricárdez, resulta que ambos enfrentan procesos judiciales que se empeñan en negar, aunque éstos sean del dominio público.

Pues resulta que aún cuando la mayor fuerza de un órgano (como el de transparencia) para sostener y hacer cumplir sus resoluciones radica en la integridad moral y ética de sus integrantes, en Oaxaca existen denuncias penales por enriquecimiento ilegítimo, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones, que atañen nada menos que a los tres titulares del órgano garante.

Ahora mismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debiera estar investigando las presuntas conductas ilícitas por parte de los funcionarios. En la Averiguación Previa 1166/ AEI/ 2013, se denunció a López José, Eréndira Fuentes y Ramírez Ricárdez por el delito de abuso de autoridad y demás delitos cometidos por servidores públicos.

Más escandalosa aún es la conducta personal de una de las Consejeras —Gema Sehyla Ramírez, solapada hasta ahora por un sector importante del priismo en la LXII Legislatura—, quien suma cuatro denuncias en su contra por parte de ciudadanos, tres de ellas datan de varios años atrás, cuando aún no ocupaba ningún cargo en la administración pública, lo cual contradice la versión que ofrece a los diputados, argumentando que acumula esos procesos por “haber defendido a su partido en los procesos electorales”.

Peca de soberbia o de ingenuidad al creer que ese argumento es verosímil cuando ha tenido disputas con particulares que han parado en los tribunales por temas de amenazas, robo simple y fraude, las cuales hasta el momento permanecen en reserva. Pues ante la PGJE se presentó la denuncia número 583/CH/2007 en contra de Gema Sehyla Ramírez Ricárdez por el delito de amenazas.

Otra denuncia ante la Procuraduría es la número 87/PJ/1999 en contra de la misma Consejera por el delito de robo simple, y una más identificada con el numeral 1299/SC/2003, también en contra de Ramírez Ricárdez por el delito de fraude, mismas que siguen archivadas en la PGJE. Semejantes antecedentes la llevarían en una democracia representativa a ser destituida del cargo por falta de probidad para el servicio público y por carecer de buena fama pública.

Dado el momento histórico para la transparencia en México no se pueden pasar por alto las tres solicitudes de juicio político contra Ramírez Ricárdez que duermen el sueño de los justos en el Congreso local y que al ponerse en marcha concluirían con la destitución inmediata del cargo que le fue conferido por seis años. Al cabo de dos años los consejeros provenientes de los tres principales partidos se caracterizan por los nulos los resultados, por ocultar con artilugios de principiantes el manejo discrecional del presupuesto, por repartir culpas y ocultar los malos manejos debajo de la alfombra a cargo de una consultoría externa que ofrece servicios de contabilidad y asesoría fiscal. Por eso, se puede afirmar categóricamente que ese conjunto de antecedentes está aún lejos de terminar de ser repasado.

 

AUSTERIDAD, SÓLO EN LA CASA DEL COMPADRE

Eso es lo que les acomoda muy bien a los diputados de la LXII Legislatura, que sin ningún pudor en diciembre de 2013 hicieron hasta principio constitucional el de la llamada “irreductibilidad” del presupuesto del Poder Legislativo. En el fondo, un buen comienzo sería que se hiciera público si en realidad se llevó a cabo la auditoría que la ASE prometió realizar a inicios del año pasado al ejercicio presupuestal del Congreso, y cómo ejercieron esos recursos. Esto serviría al menos para saber por qué los diputados necesitan tantos millones para simular que legislan.