Federalismo en México: es urgente reconocer que vamos muy mal

Conago

+ Entidades federativas: Sí a Conago constitucional… ¿y qué más?


Recientemente, la Conferencia Nacional de Gobernadores planteó una propuesta de reforma a la Constitución federal, para elevar a rango constitucional ese organismo de diálogo e intercambio entre mandatarios estatales. Aunque la propuesta parece positiva para el fortalecimiento del intercambio y los equilibrios entre los ámbitos de gobierno estatal y federal, sería necesario que junto con esa propuesta se hablara de otras que, en paralelo, equilibraran también el poder e influencia de los Gobernadores y que fortaleciera rubros como el de la rendición de cuentas.

En efecto, Gobernadores de seis estados y el Jefe de Gobierno capitalino presentaron la semana pasada una propuesta para que a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se le reconozca como institución. Ello, en el Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a los estados de la Federación y del Distrito Federal. En nombre de la Conago, su presidente, Mariano González Zarur, gobernador de Tlaxcala, hizo la propuesta ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, quienes únicamente se limitaron a señalar que dicha propuesta tendrá que ser socializada entre los integrantes del Congreso de la Unión, y sometida a un dictamen de las comisiones de estudio legislativas que correspondan.

Y es que en un primer plano, elevar a rango constitucional la Conago, parece algo necesario, aunque evidentemente lo primero que tendría que ocurrir es el establecimiento de una reglamentación específica, con fuerza de ley —no necesariamente constitucional—, que normara y formalizara los trabajos de ese espacio de diálogo e intercambio entre gobernadores, que hoy está dotada únicamente de fuerza política derivada del peso específico de sus integrantes, pero que en términos llanos carece de vida propia.

Sólo que incluso en este escenario hay cuestiones de hecho que deben ser tomadas en cuenta. Una de ellas fundamental, se centra en el hecho de que hoy los gobernadores de las entidades federativas no necesariamente son un ejemplo de equilibrio de poder y de ejercicio democrático de sus funciones. De hecho, son de las figuras más cuestionadas por la forma en que han utilizado a su conveniencia la laxitud que existe en la relación entre los poderes federales y los locales, así como la ausencia de funciones de control más estrictas entre ambos.

Ello, evidentemente, ha generado más desequilibrios que avances en cuanto al ejercicio de las funciones públicas de los gobernadores, y ha generado también cuestionamientos que no han sido lo suficientemente atendidos por quienes tienen la encomienda de ajustar las leyes a la realidad nacional. Por eso los Gobernadores en general hoy parecen pequeños virreyes que al no tener contrapesos externos —desde los poderes federales— y tener al mismo tiempo dominado su escenario interno —pues en México todos los gobernadores son más fuertes por definición frente a los demás poderes estatales— pueden lo mismo cumplir cabalmente con sus funciones que sobrepasar, a plena luz del día, sus funciones para neutralizar cualquier viso de oposición.

PROBLEMA DEL FEDERALISMO

El federalismo mexicano está trazado por dos rutas paralelas. Una es la del llamado federalismo disfrazado de centralismo; y el otro es el del llamado “feuderalismo”. Ninguno de los dos es parte de una democracia y un gobierno saludable como al que se supone que aspiramos los mexicanos.

El federalismo centralizado es nocivo porque éste sólo ha atendido a la concentración del poder por parte del Ejecutivo Federal, en detrimento de las entidades federativas. Esta forma fáctica fue la que predominó durante toda la época del priismo hegemónico, y sólo fue desterrada políticamente (pues en los asuntos fiscales del país, el federalismo sigue siendo tan débil, que por eso la federación continúa cobrando casi la totalidad de los impuestos que generan ingresos a las arca nacionales) luego de la alternancia de partidos del año 2000.

Por su parte, el feuderalismo es lo contrario. Este tiene que ver con las libertades excesivas que consiguieron los ejecutivos de los estados luego de la alternancia de partidos del año que comentamos. A través de esa figura también fáctica, las entidades se convirtieron en territorios que sólo dependen de la federación en términos del ingreso, pero que se resisten a rendir cuentas como deberían, y en los que los gobernadores dedican gran parte del tiempo a frivolidades, a tratar de entrometerse en los asuntos políticos que no son de su incumbencia, y a traficar con los recursos económicos que debieran estar destinado al desarrollo de las entidades que gobiernan.

En esa lógica, hasta hoy no había existido una definición clara sobre si los gobernadores priistas seguirían asumiendo sus libertades como hasta ahora; tampoco ha habido definiciones de si el nuevo Presidente buscará convertirse en el hombre fuerte de su partido no sólo en el ámbito federal sino también en los estados gobernados por las siglas que él representa; o si finalmente terminarán compartiendo un poder en el que todos se respetan a partir de la dinámica de no tocarse ni cuestionarse.

Ese parece ser el mensaje que está enviando la Conago al Presidente de la República, cuando el portavoz de la propuesta de constitucionalizar a ese organismo, viene de un Gobernador emanado del PRI. Parece, pues, que la idea es que México continúe con ese federalismo chueco con tal de que los poderes tanto del Presidente como de los Gobernadores entren en colisión.

Hoy en día, el Presidente lo que menos necesita es entrar en una ruta de choque con los mandatarios estatales. Y éstos parecen estar aprovechando la ocasión para fortalecerse ya no sólo en los hechos, sino ahora también en la Constitución. Ojalá esto no sea la creación de un Frankenstein que convierta en juez y parte a los gobernadores, y que no incremente sus capacidades sino su poder corruptor. No hay razón para pensar que algo así no pudiera ocurrir.

¿PROHIBIDO?

Algunas voces, como la del panista Juan José Rodríguez Pratts, reiteradamente se han pronunciado en contra de la legalización de la Conago, bajo un argumento que aunque puede ser rebatible, sí tiene lógica. Dice que ello sería inconstitucional, bajo la premisa de que el artículo 117 señala que “los Estados no pueden, en ningún caso: Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”.

Constitucionalismo local: vuelta a los orígenes

+ ¿Por qué es importante conocer leyes estatales?

 

El pasado lunes, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Regional del Sureste, se presentó el libro “Oaxaca: historia de las instituciones jurídicas”, escrito por el constitucionalista Raúl Ávila Ortiz. Dicho texto (editado por la UNAM y el Senado de la República, en el contexto de los festejos por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución), es un buen recordatorio de por qué hoy, cuando México se enfrenta a diversas interrogantes que serán trascendentales para su futuro como nación, es importante recobrar el sentido federalista y la preponderancia que tienen las entidades federativas en el contexto nacional.

Como bien lo sabemos, México ha vivido un centralismo disfrazado de federalismo que, sin embargo, poco a poco va transitando hacia un sentido más equilibrado de importancia entre la Federación y las entidades federativas. Esa circunstancia nos ha llevado a centrarnos siempre en el estudio de la legislación federal, pero dejando de lado cualquier posibilidad de acercarse al constitucionalismo local, que necesita recobrar la importancia que nunca debió perder.

Es evidente que, por la propia forma en que se ha ejercido el poder en México, nuestro Federalismo ha ido de las meras apariencias, a un creciente ejercicio material de sus funciones. A lo largo de buena parte del siglo XX, las entidades federativas tuvieron tal denominación únicamente por una cuestión de decoro y preservación del modelo de Estado, pero sin tener una verdadera capacidad de articular una forma de organización independiente del poder central, y basada en una dinámica propia tanto en lo electoral, como en lo administrativo, e incluso en el campo de la preservación de las libertades individuales y colectivas que pudieran contenerse en las Constituciones locales.

No siempre fue así. De hecho, cuando la nación mexicana era aún incipiente y discutía su forma de Estado y de gobierno, las provincias fueron las pioneras de la discusión, y la disputa, entre el establecimiento de una República o Monarquía, y de una forma de gobierno de tipo centralista o federal. Aunque el lugar común indica que nuestra organización política fue una simple copia del modelo estadounidense, lo cierto es que la formación de nuestro modelo federal fue mucho más compleja de lo que parece.

De no haber sido por personajes tan importantes como Miguel Ramos Arizpe, y de algunos hechos previos a la independencia nacional, como la invasión francesa a España a principios del siglo XIX, con la posterior reinstauración de la monarquía española en la persona del rey Fernando VII, pero ahora basada en los principios establecidos en la Constitución de Cádiz, la discusión de nuestro modelo federal habría sido menos trascendente, y de peso específico, de lo que fue.

Gracias a entidades como Oaxaca, que se opusieron tanto a la instauración del Primer Imperio Mexicano, con Agustín de Iturbide coronado como emperador, como a la posibilidad de instaurar un modelo centralista, que también fue discutido dentro de los debates para establecer una Constitución para la naciente nación mexicana, y que exigieron que se les reconociera su importancia y los derechos correspondientes para poder organizarse y regirse, es que prevaleció el modelo que, no sin innumerables errores que se han ido ajustando con el paso del tiempo, y otros que aún prevalecen, continua siendo la base de nuestra organización política nacional.

REGRESAR A LO LOCAL

Ahora bien, tendríamos que preguntarnos ¿por qué resulta hoy importante regresar a nuestras constituciones locales? Lo aparente y lógico, podría llevarnos a suponer que si la constitución federal es la norma a la que deben ajustarse todas las leyes y decisiones de las entidades federativas, y que si ésta contempla una serie de derechos y garantías que pueden ser oponibles al Estado a través de mecanismos de control constitucional, entonces sería intrascendente volver a textos político-jurídicos que han sido más bien ornamentales, y fácilmente manipulables, en las entidades federativas.

Ese retorno necesario se inscribe en el contexto del proceso de democratización que, aún con sus innumerables cuestionamientos, ocurre lentamente en nuestro país. Es cierto, durante casi todo el siglo XX las entidades federativas fueron meros territorios, gobernados y determinados desde la capital del país. Es cierto que durante casi toda esa centuria, era el Presidente quien decidía lo mismo el gasto, que la organización y los funcionarios que convenían al régimen central, para administrar las entidades federativas.

Pero hoy podemos ver que esa forma material de gobernar, en buena medida se encuentra agotada. Los nuevos tiempos marcan el retorno a la preponderancia de las entidades federativas como núcleos esenciales de la formación política; asimismo, como bases del poder político que se detenta en el país. Y como auténticos factores de poder que tienen la capacidad política, jurídica, e incluso material en la praxis, de oponerse a las más importantes decisiones o influencias que se pretenden desde el exterior.

Todo eso hace importante, y necesario, no sólo voltear a nuestros textos constitucionales estatales, sino también a conocer cuáles son los antecedentes más importantes de esas cartas de derechos y organización política y administrativas locales que hoy rigen a cada una de las entidades federativas.

En este contexto, resulta de gran valía el trabajo del doctor Raúl Ávila Ortiz. Al menos por dos razones, que son enunciativas mas no limitativas: primera, porque existe un enorme vacío en cuanto al conocimiento sistemático tanto de nuestros textos históricos, como de los actuales; y, sobre todo, porque ese libro, logra con gran pulcritud establecer las líneas generales del conocimiento jurídico, que todo abogado, o estudioso del fenómeno político, debe tener si verdaderamente desea conocer el contexto actual, y el histórico, de nuestro constitucionalismo local, y de las instituciones que nos han regido.

RESPUESTAS

Este libro, esencialmente, nos proporciona algunas respuestas a los por qués que, sin duda, en algún momento, todos los interesados en el estudio del derecho, nos hemos planteado sobre nuestra realidad, sobre nuestro pasado, y sobre los problemas y las soluciones jurídicas y políticas que a esos asuntos se han planteado.

 

México: los espectros del “federalismo”, 200 años después

+ Visión de futuro: promover la homogeneidad social en México

En la mayoría de las ocasiones, se entiende como un cliché aquello de que “el primer paso para solucionar cualquier problema, es reconocerlo”. En realidad, la solución de cualquier problema está implícita en su propio planteamiento. En México, hay que reconocerlo incluso con dolor, reiteradamente nos hemos dado cuenta que buena parte de nuestro sistema gubernamental ha fracasado. Luego de un periodo de paz relativa y estabilidad, de más de 80 años, hoy México no ha alcanzado a superar buena parte de los mismos problemas que lo aquejaban desde su surgimiento como nación. Pobreza, desigualdades, analfabetismo, desempleo y marginación siguen siendo la constante… aunque nuestro país está en vísperas de cumplir 189 años como nación independiente —esto, si tomamos en cuenta que México logró su independencia en 1821, no en 1810, como común y erróneamente se considera.

¿Qué es lo que ha fracasado? ¿Hemos sido las personas, el gobierno, los gobernantes, o el modelo mismo de gobierno y distribución del poder que impera en el Estado mexicano, lo que ha fallado? La respuesta es que, acaso, la responsabilidad cae en todos los factores de la sociedad de manera conjunta. Particularmente, en lo que toca a la parte del modelo gubernamental y del ejercicio del poder, es donde recaen dos de las aristas más sensibles de nuestros problemas nacionales actuales.

México adoptó desde sus orígenes un sistema de gobierno que hasta entonces le era desconocido —por estar fuera de su tradición jurídica y política—, y a la par de ello se enfrascó en interminables disputas por el poder que, al final, no hicieron más que debilitar al país y al poder mismo. Cada peso que se gastaba en comprar armas o municiones, en financiar ejércitos regulares o grupos armados, para las decenas de asonadas y cuartelazos que ocurrieron en el siglo XIX mexicano, era un peso que se dejaba de invertir en los entonces casi inexistentes servicios básicos que tenía obligación de prestar el Estado a sus ciudadanos.

Con el paso del tiempo las circunstancias cambiaron pero la constante no: fuera con Antonio López de Santa Anna, don Benito Juárez, Lerdo o Porfirio Díaz, prevaleció la circunstancia de tener, pretender o lograr ejercer totalmente el control político desde el centro del país, y desde la persona misma de los gobernantes. Esto, a pesar de que desde la Constitución de 1824, se estableció al federalismo y la división de poderes, como dos de las piedras angulares de la conformación política y administrativa de nuestro país. A pesar de ser manifiesto, no hubo federalismo en México ni antes, ni como consecuencia de la Revolución Mexicana de 1910, que derivó en la promulgación de la Constitución de 1917.

Quizá por eso, hace seis décadas, el poeta mexicano Octavio Paz escribiría en su libro El Laberinto de la Soledad, lo siguiente: “La permanencia del programa liberal, con su división clásica de poderes —inexistentes en México—, su federalismo teórico y su ceguera ante nuestra realidad, abrió nuevamente la puerta a la mentira y la inautenticidad. No es extraño, por lo tanto, que buena parte de nuestras ideas políticas sigan siendo palabras destinadas a ocultar y oprimir nuestro verdadero ser”.

¿FEDERALISMO REAL?

Esa era la realidad nacional en los albores de la década de los cincuentas, en el siglo XX; en gran medida sigue siendo la constante ahora que estamos en vísperas de finalizar la primera década del siglo XXI. ¿Por qué?

Porque a nivel jurídico-político, nuestro federalismo tiene apenas unos años de —medio— haberse logrado en cuanto al acotamiento —también relativo— del poder presidencial; pero también porque todos los días podemos darnos cuenta de que, en diversas materias, sigue predominando el centralismo que –según- tanto hemos luchado por combatir. Nuevamente: ¿Por qué?

Más del 30 por ciento del total de la población nacional, vive en las tres o cinco ciudades más importantes de la República Mexicana. A diferencia de un federalismo como el estadounidense, en México sólo tenemos como centros económicos potenciales a tres ciudades; al norte de nuestra frontera, ese potencial no sólo se reduce a Nueva York o Washington. Tanto del lado del Océano Atlántico, como del Pacífico, tienen potencias económicas (Illinois o California, por citar dos ejemplos) Estados Unidos tiene potencias económicas que no son consecuencia más que de una distribución presupuestal más igualitaria, honesta y equitativa.

Pero no sólo eso. En México existen 32 entidades federativas, en las que abundan las desigualdades en cuanto al reparto del dinero público. Lo mismo ocurre con los 2440 municipios habientes en México: el gobierno federal —que es quien reparte la riqueza pública— sólo se encarga de “tener contentos” a los cien municipios más ricos, repartiéndoles grandes cantidades de dinero; y de hacer más o menos lo mismo con los 100 más pobres, por razones políticamente correctas de apoyo a las zonas más marginadas. Sólo que, en medio, deja en la total desatención a la gran, gran mayoría de las demarcaciones territoriales básicas.

Se puede argumentar a favor del federalismo en México, quizá como la opción más viable para atajar las concentraciones de poder que tanto daño le han hecho al país. Pero no se puede decir que ese federalismo sea exitoso cuando existen abundantes problemas de orden social que no han sido resueltos. No puede ser así, tampoco, cuando el propio federalismo mal entendido en el otro extremo, ha convertido a los gobernadores en auténticos virreyes que pueden hacer y deshacer a discreción dentro de los territorios que gobiernan, o cuando los municipios se aparecen ya como meras figuras administrativas, que no gozan de la importancia, el sustento jurídico y el potencial suficiente como para detonar el desarrollo de las demarcaciones. Situaciones similares se derivan en cuanto a la imposibilidad de generar empleos, educación de calidad, servicios suficientes y competentes de salud, o un sistema de distribución de la riqueza que causara menos estragos o desigualdades sociales.

TAREA INACABADA

Es un gran logro haber comenzado a dar los primeros pasos en cuanto al federalismo visto desde la lógica del ejercicio del poder. Debe ahora “aterrizarse” a los múltiples rubros en los que, como decía Paz, sigue predominando la inexistente división de poderes en el país, el federalismo teórico y una dolorosa ceguera –o negación- de nuestra realidad actual.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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