Conflictos municipales: ¿Dónde está la Segego?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La inusual alta incidencia de conflictos en ayuntamientos regidos por sistemas normativos indígenas en Oaxaca debería tener prendidas las alertas; no sólo de la Secretaría General de Gobierno sino de toda la administración estatal, para evaluar por qué están ocurriendo tantos conflictos intramunicipales en los que pareciera que todos tienen causas conexas. En la generalidad, existen vasos comunicantes en todos los conflictos, que tienen que ver con la corrupción y el desvío de recursos, pero también con los engaños y la manipulación de los que parecen haber sido objeto autoridades municipales indígenas a manos de funcionarios estatales.

En efecto, existe un leitmotiv en diversos conflictos municipales que se han presentado en los últimos meses en municipios indígenas de Oaxaca: las acusaciones de desvíos de recursos en contra de autoridades municipales en funciones y exconcejales, y la toma de decisiones por parte de las asambleas comunitarias —en la mayoría de los casos, por habitantes de las agencias, y no de las cabeceras municipales—, relativas a la retención de sus propias autoridades, hasta aclarar el destino de los recursos económicos presuntamente desviados. 

En más de un caso, de los varios que han ocurrido en las últimas semanas, han salido a relucir nombres de funcionarios estatales dependientes de la Secretaría de Finanzas, a los que las autoridades indígenas acusan discretamente —por el evidente temor a las represalias— de haber “recomendado” a integrantes de despachos contables que en algún momento les solicitaron “préstamos” provenientes de recursos municipales, a cambio de rendimientos y obras cuya autorización dependía de los mismos funcionarios que generaban el acercamiento con los despachos particulares. El problema, en diversos casos, ha sido que los préstamos nunca fueron reintegrados, y son las autoridades municipales —ediles y tesoreros— quienes cargaron con el costo del desvío.

Los casos abundan. Por ejemplo, en San Juan Teitipac, municipio perteneciente a Valles Centrales, los días 13, 14 y 15 de febrero un grupo de pobladores mantuvo retenido al edil Ezequiel Hernández, a quien acusaron de un presunto desvío de recursos públicos. Después de una asamblea general, habitantes de ese municipio acordaron tal medida por considerar que ese presidente municipal encubrió al tesorero municipal, quien no había entregado cuentas claras sobre los gastos de la administración de San Juan Tepitipac. Los pobladores manifestaron que gestionarían ante el Congreso de Oaxaca la revocación de mandato por la opacidad con la que se ha manejado el edil, quien fue finalmente dejado en libertad pero sin haber librado la acusación que le formuló su propia asamblea comunitaria. 

Ahora bien, en el caso de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, ubicada en el distrito de Etla, ésta enfrenta una combinación de conflictos. Hace algunas semanas, el expresidente municipal Anastasio Ignacio Pacheco López fue retenido por habitantes de ese lugar a por un presunto desvío de recursos durante su administración. 

Igual que en el caso de Teitipac, en una asamblea comunitaria, decidieron retener también a quienes fungieron como síndico municipal y como regidor de Hacienda, Bernabé Pacheco y Victorino Morales, respectivamente. La retención la acordaron debido que los convocaron a comparecer para que informaran sobre el manejo y destino de los recursos públicos, pero no se presentaron. Asimismo, estas personas fueron removidas del cargo y el pasado 16 de diciembre, ratificaron su renuncia ante la comisión de Gobernación del Congreso del Estado. En su lugar nombraron a Jorge Morales López como edil, así como a Lorenzo Pérez y Anastasio Ramírez como síndico municipal y regidor de Hacienda.

Como si esto no fuera suficiente, apenas el viernes pasado resultaron tres personas muertas por disparos de proyectil de arma de fuego, a causa de un enfrentamiento entre comuneros de las localidades de Santiago Tlazoyaltepec y Santa María Peñoles, quienes mantienen un añejo conflicto por límites de tierra, en la región del Valle de Oaxaca. Igual que en el caso del desvío de recursos, la inacción de las autoridades estatales provocó que el conflicto escalara al punto de las armas, y al lamentable costo de vidas humanas.

MÁS CONFLICTOS

En Mazatlán mixe, familiares de dos hombres retenidos en La Mixtequita, de nombres Rey Martínez Pérez y Tadeo Rivera, suplente del presidente municipal Eleuterio Macario Jiménez, solicitaron a las autoridades estatales en febrero pasado que intervinieran para lograr la liberación de sus familiares, que habían sido retenidos desde los primeros días de febrero por habitantes de dicha comunidad.

Igual que en los casos previos, los familiares de Tadeo y Martínez responsabilizaron a Gregorio Fernando Manuel, agente de policía de El Tortuguero, y a Aristeo Santiago Cruz, agente de La Mixtequita, de lo que les pudiera pasar a los hombres retenidos; por su parte, los señalados exigían, a cambio de liberar a los retenidos, la entrega de los recursos públicos del 2021 que supuestamente no han recibido, y que sigue siendo un misterio dónde o a quién fueron realmente entregados.

Ahora bien, a la par de este hay otro conflicto en San Martín Peras, municipio de la región Mixteca. El edil de esa localidad Román Juárez Cruz, fue retenido por pobladores de la comunidad, quienes no estaban de acuerdo en que éste presentara su renuncia frente a acusaciones similares de desvío de recursos, hasta que no aclarara el destino de los faltantes en las arcas municipales.

Junto a estos, hay otros conflictos intermunicipales, e intramunicipales, que deberían ya tener todas las alertas prendidas de las autoridades estatales, no sólo para tratar de desenmarañar estos conflictos sino también para aclarar si desde las áreas financieras del propio gobierno estatal hay una especie de “fuego amigo”. Es inusual que en tantos casos se hable de funcionarios involucrados, de gestiones ante despachos privados, y de claras tomaduras de pelo contra autoridades indígenas que ahora no están pagando las consecuencias, sino que están poniendo en vilo la gobernabilidad y la aparente situación de control de los conflictos municipales.

EPITAFIO 

El problema es que, por un lado, una cosa es el respeto a la autonomía municipal y otra que las dependencias estatales no asuman su responsabilidad de tomar al toro por los cuernos cuando este tipo de asuntos se desbordan. ¿Qué puede decir la Segego ante las demandas de la gente de las comunidades indígenas —y, en general, de los 570 municipios de la entidad— por asuntos que impactan en su vida cotidiana? El ser, o parecer rebasados, los colocan en la posición —voluntaria o no— de parecer cómplices de quienes desde otras áreas del gobierno están provocando estos conflictos. Cualquiera que sea el caso, por ningún lado se ven las acciones del subsecretario de Fortalecimiento Municipal Martín Vela Gil, para enfrentar estas y otras situaciones que son potencialmente problemáticas; y qué decir del titular de la Secretaría General de Gobierno Francisco García López, que está claramente rebasado frente a las circunstancias.

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Gobernabilidad: esencial para no enturbiar planes priistas

+ Evencio Martínez: paradojas de ser un factor para tricolor

Todo lo que resta del mes de abril, transcurrirá lo que comúnmente se ha denominado como el “tiempo muerto” del proceso electoral. Pero una vez pasado ese tiempo de veda, ocurrirá con gran fuerza el inicio de las campañas electorales. Ahora y durante los próximos dos meses, la preservación de la gobernabilidad será un factor esencial para quienes, desde el gobierno, tratarán de contribuir al triunfo del Partido Revolucionario Institucional. Es una paradoja que, en todo esto, el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, sea un factor decisivo para una fuerza política con la que, según los antecedentes, nunca ha comulgado.

Es necesario ver este asunto por lo menos en dos vertientes. La primera de ellas, se centra fundamentalmente en lo riesgoso que es, para el proceso electoral, un periodo de inestabilidad política durante los meses que restan antes del día de los comicios. Particularmente, los “planes de triunfo” del Revolucionario Institucional se verían gravemente amenazados, o cancelados definitivamente, si en la carrera proselitista llegara a interferir un conflicto o un episodio de inestabilidad social.

¿De qué hablamos? De que faltan, en promedio, unos 80 días antes de la jornada electoral. Este par de meses por venir, habrá de ser todo menos un día de campo. Y no sólo para quienes tengan la responsabilidad de conducir o encabezar las respectivas campañas políticas, sino también para los que se quedaron en la nada sencilla tarea de preservar la paz social y la gobernabilidad del Estado.

Hay, cuando menos, tres factores que en estos meses podrían poner en riesgo los delicados equilibrios que hoy existen entre el Gobierno del Estado, y sus adversarios tradicionales. El primero de ellos, que con seguridad tendrá una particular crisis, es el de la negociación magisterial de mayo próximo. El segundo, tiene que ver con la manutención de las condiciones mínimas de prudencia en lo que tenga que ver propiamente con el proselitismo de los partidos políticos. Y un tercero, incluso, podría ser el de una reacción de factores hasta ahora no considerados, como el de los grupos sociales radicales o la guerrilla con presencia en el Estado. Veamos, en términos someros, por qué cada uno de esos factores debe considerarse, desde ahora, como riesgoso.

El Gobierno de Oaxaca debe, en el primero de los puntos, tener mucha menos confianza en la negativa de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a participar activamente en el proceso electoral. Esto significa que no tomará partido y que tampoco encabezará acción de proselitismo alguna a favor de las fuerzas de oposición. Sin embargo, esto tampoco debe tomarse como que ellos habrán de desentenderse de los tiempos, o que dejarán de jugar el papel de factor político esencial que ocupan en el contexto oaxaqueño.

Dentro de unas tres semanas, veremos cómo el llamado “magisterio democrático” hace presencia y juega sus propios intereses, a partir de la negociación de su pliego petitorio. Conducirán sus acciones paralelamente, y no en coordinación, con las fuerzas de oposición porque ambos grupos buscan el mismo fin, que es el de lograr gobiernos no priistas. Y de no conducirse adecuadamente, esto se convertirá en un problema grave no sólo para el gobierno, sino para el triunfo que el priismo pretende obtener en Oaxaca.

Y aunque ese es el factor más desequilibrante y cercano, no se deberían desdeñar los otros dos. Sería indeseable, y perturbador, que ahora se repitieran sucesos como los enfrentamientos de hace seis años en Huautla de Jiménez entre priistas y opositores, o el acoso por razones partidistas que, sin duda, trascenderían al calificativo de hechos aislados y se inscribirían a favor de las causas opositoras.

¿Y la guerrilla? El EPR, y con ello una decena de grupos guerrilleros, mantienen una tregua unilaterial, en las acciones de hostigamiento que emprendieron en 2008 para lograr la presentación con vida de dos de sus militantes que desaparecieron justamente en Oaxaca. La tregua podría romperse en cualquier momento.

Y… ¡¿EVENCIO?!

Este cúmulo de asuntos nada sencillos, se encuentran en manos de un no priista —y más bien, perredista perfectamente identificable desde siempre— que se llama Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y que funge como secretario General de Gobierno. Menuda singularidad la de este gobierno. Hay razones para afirmarlo.

Es evidente que el Gobierno del Estado no sólo está jugando, en el proceso electoral, la continuidad, sino también la existencia y hegemonía del régimen priista en la entidad. Para ello, es condición indispensable que nada enturbie o influya negativamente en el trabajo estructural que realiza ese partido para tratar de ganar los comicios. Empero, si esto es así, ¿entonces por qué poner en manos de una persona que tiene todo, menos antecedentes buenos, respecto a un desempeño eficiente y eficaz en el servicio público de primer nivel en el Estado?

La pregunta no es ociosa. Martínez Ramírez fracasó estrepitosamente en las tareas que se le encomendaron en la Procuraduría General de Justicia entre 2007 y principios de 2010. Su labor en la Secretaría General de Gobierno, en la medida en que la población se encuentra malamente acostumbrada al hostigamiento público de todo tipo de organizaciones sociales. Sin embargo, en los meses recientes particularmente, ha habido un incremento exponencial de los conflictos que el gobierno no resuelve sino hasta cuando ya ocurrieron bloqueos, toma de oficinas y perjuicios a las personas.

ENEMIGO, CERCANO

Quizá esto sea un problema mayor para el priismo. Evencio Martínez se encuentra rodeado de personajes que perfectamente pueden ser identificables como cercanos a la oposición, y que, en conjunto, tienen en las manos el control —o descontrol— de la gobernabilidad del Estado. ¿Todos ellos trabajarán para preservar una paz social, que le permita al Revolucionario Institucional afianzar sus posibilidades de triunfo? Quizá los tricolores tengan al enemigo en casa. ¿Lo habrán tomado en cuenta?

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