Conflictos municipales: ¿Dónde está la Segego?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La inusual alta incidencia de conflictos en ayuntamientos regidos por sistemas normativos indígenas en Oaxaca debería tener prendidas las alertas; no sólo de la Secretaría General de Gobierno sino de toda la administración estatal, para evaluar por qué están ocurriendo tantos conflictos intramunicipales en los que pareciera que todos tienen causas conexas. En la generalidad, existen vasos comunicantes en todos los conflictos, que tienen que ver con la corrupción y el desvío de recursos, pero también con los engaños y la manipulación de los que parecen haber sido objeto autoridades municipales indígenas a manos de funcionarios estatales.

En efecto, existe un leitmotiv en diversos conflictos municipales que se han presentado en los últimos meses en municipios indígenas de Oaxaca: las acusaciones de desvíos de recursos en contra de autoridades municipales en funciones y exconcejales, y la toma de decisiones por parte de las asambleas comunitarias —en la mayoría de los casos, por habitantes de las agencias, y no de las cabeceras municipales—, relativas a la retención de sus propias autoridades, hasta aclarar el destino de los recursos económicos presuntamente desviados. 

En más de un caso, de los varios que han ocurrido en las últimas semanas, han salido a relucir nombres de funcionarios estatales dependientes de la Secretaría de Finanzas, a los que las autoridades indígenas acusan discretamente —por el evidente temor a las represalias— de haber “recomendado” a integrantes de despachos contables que en algún momento les solicitaron “préstamos” provenientes de recursos municipales, a cambio de rendimientos y obras cuya autorización dependía de los mismos funcionarios que generaban el acercamiento con los despachos particulares. El problema, en diversos casos, ha sido que los préstamos nunca fueron reintegrados, y son las autoridades municipales —ediles y tesoreros— quienes cargaron con el costo del desvío.

Los casos abundan. Por ejemplo, en San Juan Teitipac, municipio perteneciente a Valles Centrales, los días 13, 14 y 15 de febrero un grupo de pobladores mantuvo retenido al edil Ezequiel Hernández, a quien acusaron de un presunto desvío de recursos públicos. Después de una asamblea general, habitantes de ese municipio acordaron tal medida por considerar que ese presidente municipal encubrió al tesorero municipal, quien no había entregado cuentas claras sobre los gastos de la administración de San Juan Tepitipac. Los pobladores manifestaron que gestionarían ante el Congreso de Oaxaca la revocación de mandato por la opacidad con la que se ha manejado el edil, quien fue finalmente dejado en libertad pero sin haber librado la acusación que le formuló su propia asamblea comunitaria. 

Ahora bien, en el caso de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, ubicada en el distrito de Etla, ésta enfrenta una combinación de conflictos. Hace algunas semanas, el expresidente municipal Anastasio Ignacio Pacheco López fue retenido por habitantes de ese lugar a por un presunto desvío de recursos durante su administración. 

Igual que en el caso de Teitipac, en una asamblea comunitaria, decidieron retener también a quienes fungieron como síndico municipal y como regidor de Hacienda, Bernabé Pacheco y Victorino Morales, respectivamente. La retención la acordaron debido que los convocaron a comparecer para que informaran sobre el manejo y destino de los recursos públicos, pero no se presentaron. Asimismo, estas personas fueron removidas del cargo y el pasado 16 de diciembre, ratificaron su renuncia ante la comisión de Gobernación del Congreso del Estado. En su lugar nombraron a Jorge Morales López como edil, así como a Lorenzo Pérez y Anastasio Ramírez como síndico municipal y regidor de Hacienda.

Como si esto no fuera suficiente, apenas el viernes pasado resultaron tres personas muertas por disparos de proyectil de arma de fuego, a causa de un enfrentamiento entre comuneros de las localidades de Santiago Tlazoyaltepec y Santa María Peñoles, quienes mantienen un añejo conflicto por límites de tierra, en la región del Valle de Oaxaca. Igual que en el caso del desvío de recursos, la inacción de las autoridades estatales provocó que el conflicto escalara al punto de las armas, y al lamentable costo de vidas humanas.

MÁS CONFLICTOS

En Mazatlán mixe, familiares de dos hombres retenidos en La Mixtequita, de nombres Rey Martínez Pérez y Tadeo Rivera, suplente del presidente municipal Eleuterio Macario Jiménez, solicitaron a las autoridades estatales en febrero pasado que intervinieran para lograr la liberación de sus familiares, que habían sido retenidos desde los primeros días de febrero por habitantes de dicha comunidad.

Igual que en los casos previos, los familiares de Tadeo y Martínez responsabilizaron a Gregorio Fernando Manuel, agente de policía de El Tortuguero, y a Aristeo Santiago Cruz, agente de La Mixtequita, de lo que les pudiera pasar a los hombres retenidos; por su parte, los señalados exigían, a cambio de liberar a los retenidos, la entrega de los recursos públicos del 2021 que supuestamente no han recibido, y que sigue siendo un misterio dónde o a quién fueron realmente entregados.

Ahora bien, a la par de este hay otro conflicto en San Martín Peras, municipio de la región Mixteca. El edil de esa localidad Román Juárez Cruz, fue retenido por pobladores de la comunidad, quienes no estaban de acuerdo en que éste presentara su renuncia frente a acusaciones similares de desvío de recursos, hasta que no aclarara el destino de los faltantes en las arcas municipales.

Junto a estos, hay otros conflictos intermunicipales, e intramunicipales, que deberían ya tener todas las alertas prendidas de las autoridades estatales, no sólo para tratar de desenmarañar estos conflictos sino también para aclarar si desde las áreas financieras del propio gobierno estatal hay una especie de “fuego amigo”. Es inusual que en tantos casos se hable de funcionarios involucrados, de gestiones ante despachos privados, y de claras tomaduras de pelo contra autoridades indígenas que ahora no están pagando las consecuencias, sino que están poniendo en vilo la gobernabilidad y la aparente situación de control de los conflictos municipales.

EPITAFIO 

El problema es que, por un lado, una cosa es el respeto a la autonomía municipal y otra que las dependencias estatales no asuman su responsabilidad de tomar al toro por los cuernos cuando este tipo de asuntos se desbordan. ¿Qué puede decir la Segego ante las demandas de la gente de las comunidades indígenas —y, en general, de los 570 municipios de la entidad— por asuntos que impactan en su vida cotidiana? El ser, o parecer rebasados, los colocan en la posición —voluntaria o no— de parecer cómplices de quienes desde otras áreas del gobierno están provocando estos conflictos. Cualquiera que sea el caso, por ningún lado se ven las acciones del subsecretario de Fortalecimiento Municipal Martín Vela Gil, para enfrentar estas y otras situaciones que son potencialmente problemáticas; y qué decir del titular de la Secretaría General de Gobierno Francisco García López, que está claramente rebasado frente a las circunstancias.

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Oficialismo y oposición: pragmatismo los une

+ Alcaldía citadina: guerra de baja intensidad

La feroz guerra desatada al interior de los partidos políticos en Oaxaca, por las respectivas candidaturas a Gobernador, ha dejado prácticamente sin atención las definiciones respecto a las Presidencias Municipales. En los comicios estatales de julio próximo, se disputarán lo mismo la gubernatura que 128 alcaldías, y la totalidad del Congreso del Estado. ¿Qué podemos esperar de esto último?

De entrada se pueden apreciar, desde ahora, dos fenómenos curiosos: para el caso de la capital oaxaqueña, es claro que los polos otrora equidistantes están pareciendo unirse. En efecto, desde hace algún tiempo, los más férreos detractores del edil citadino, José Antonio Hernández Fraguas dejaron de serlo, y hoy parecen no sólo inofensivos, sino incluso sus potenciales cercanos. Nos referimos a su ex contrincante electoral, Humberto López Lena Cruz.

Alrededor de este inusual “reencuentro” entre priistas y tránsfugas, le han endilgado importantes señalamientos, que no dejan de ser meras especulaciones y expresiones de fobias y chismes. Se ha dicho, con insistencia en los últimos días, que el Radiodifusor y ex Diputado federal por Convergencia, buscará nuevamente —como lo hizo público hace un par de semanas— ser postulado como candidato a la Presidencia Municipal.

Lopez Lena Cruz nunca aclaró bajo qué siglas buscaría competir. Pero pronto se especuló que por su notoria cercanía con el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Franco Vargas, y por el fuerte diferendo que tiene con algunos integrantes del grupo convergente del senador Gabino Cué Monteagudo, éste podría ser abanderado del tricolor para los comicios municipales. ¿Será?

Probablemente, esas especulaciones tengan algo de verdad. En efecto, entre sus cercanos, López Lena Cruz no niega sus buenas relaciones y los acuerdos que desde hace algún tiempo tiene con el grupo político que gobierna en el Estado; del mismo modo, es claramente perceptible que la “tradicional” línea editorial crítica que tenían los medios informativos de su propiedad, hoy se encuentran disminuidas drásticamente. Incluso, es innegable su voluntad por buscar nuevamente la alcaldía citadina. Nadie duda de eso.

Lo realmente interesante, sin embargo, es el contraste que todo esto genera con el estado que guardan las definiciones políticas en el Revolucionario Institucional, de cara a los comicios del año próximo. Particularmente, la capital oaxaqueña es un escenario electoral complejo para el oficialismo. Pero habría que valorar con serenidad, si la suma de un factor de innegable presencia, como lo es el ex diputado López Lena Cruz, tendrá la posibilidad de ser consensado y aceptado por todas las fuerzas políticas que hacen al partido tricolor en Oaxaca de Juárez.

Todas esas fuerzas serían desplazadas. Cada una de ellas tiene nombre, apellido y arraigo en dicho partido. Del mismo modo, cada una de ellas tiene una expectativa propia de lo que pueden apostar y conseguir en el proceso electoral. Si lo analizamos en función de eso, no parece fácil que finalmente todos cedan, declinen a favor de un ex priista y conocido renegado, como López Lena, y le sumen sus respectivos esfuerzos a la causa electoral de éste último.

Así, el Empresario radiofónico de origen juchiteco, parece sabedor del asunto; sabe de las dificultades para que los factores de presencia priista en la capital —léase José Antonio Hernández Fraguas a través de Martín Mathus Alonso, Javier Villacaña, los sectores priistas, y demás— lo dejen pasar y se sumen a él; del mismo modo, no estaría dispuesto a sumarse al PRI, pero sin convertirse en el candidato a la Alcaldía.

Esa sería una operación electoral, política y matemática de muy altos costos, en la que sabe que difícilmente todos los posibles involucrados podrán ponerse de acuerdo. Por eso, nadie debería descartar que, aún con las fuertes discordancias que López Lena tiene con algunos convergentes, al final lo veamos enrolado en la búsqueda de la candidatura citadina, en las filas de la Coalición opositora.

OPOSICIÓN DESARTICULADA

Dentro de los partidos que ya integran lo que sería la Coalición opositora —es decir, el Partido de la Revolución Democrática, PT y Convergencia; porque Acción Nacional no ha manifestado totalmente su adherencia al proyecto opositor—, el único que parece estar teniendo una idea motivadora sobre la Alcaldía citadina para los próximos comicios, es el diputado perredista Jesús Romero López.

El camino que está tomando el Legislador local por el PRD, es el mismo por el que varios otros han transitado en el pasado, fallidamente. Desde hace unas semanas, en la capital oaxaqueña se ha promocionado un organismo civil denominado “Juntos Resolvamos”. Es el medio por el que el diputado Romero pretende acercarse a la ciudadanía, y convertir las inconformidades recogidas en un proyecto de gobierno para Oaxaca de Juárez.

¿Qué tiene de novedoso el esquema? A la luz de los hechos, y los antecedentes, nada. Y es así porque el Legislador istmeño está tomando el mismo camino por el que hace tres años pretendió lo mismo por la capital oaxaqueña su pariente, el entonces también diputado local, Lenin López Nelio López. Incluso, es el mismo esquema que hace unos meses ocupó el regidor Giovany Vásquez Sagrero para posicionarse en una “candidatura independiente” —que en realidad era inexistente. De nuevo, como en los casos anteriores, están tratando de valerse de esquemas engañosamente ciudadanos para construir una propuesta de gobierno.

El problema para el diputado Romero López —como en su momento lo fue para López Nelio— es su falta de arraigo, su inexistente experiencia en temas electorales prácticos y su escasa capacidad para convertir un antecedente político eminentemente familiar, en una posibilidad electoral real.

RESULTADO PREVISIBLE

En los meses sucesivos habrán de verse las negociaciones que tomen las demás fuerzas electorales de oposición respecto a la Alcaldía citadina. Particularmente, habrá que ver las postulaciones que pelee, negocie y asegure Acción Nacional, ante la decisión de declinar a favor del senador Gabino Cué Monteagudo, en la candidatura a Gobernador. Pero si finalmente se enfrentan en una competencia interna únicamente el diputado Romero López y el radiodifusor López Lena, adelantadamente podríamos vaticinar que el segundo tendrá muy pocos problemas para hacerse de una candidatura que, en realidad, tendría un bajísimo nivel de disputa.

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Argeo, Xoxo y PRI: nadie debería sorprenderse

+ Corrupción: la constante de un gobierno opaco

Desde hace varias semanas, un nutrido grupo de habitantes del vecino municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, encabezan diversas protestas en contra del edil, Argeo Aquino Santiago. Aparentemente sorprendidos, los habitantes de esa demarcación, denuncian innumerables actos de corrupción, nepotismo, manejo discrecional de recursos y complicidades con legisladores, funcionarios estatales y particulares, a través de los cuales están saqueando las arcas municipales. Todos estos, sin embargo, eran escándalos anunciados.

En realidad, la historia política reciente de Santa Cruz Xoxocotlán no apunta más que a la disputa permanente por un cuantioso y prolífico botín económico, que se esconde detrás de un ejercicio gubernamental largamente castigado por la inestabilidad. Como todo “buen” territorio conurbado a una ciudad capital, ese municipio bien podría entenderse como una suerte de “válvula de escape” de todo lo que —también aparentemente— no puede o debe ocurrir en una demarcación como Oaxaca de Juárez.

¿A qué nos referimos? A que Santa Cruz ha sido el espacio de todas las masificaciones, tolerancias y evidencias claras de corrupción, que muchos quisieran, pero que no pueden ocurrir en el municipio citadino aledaño. Xoxo —como prácticamente todos los 18 municipios conurbados a la capital oaxaqueña— es hoy un espacio ideal lo mismo para la edificación de nuevos fraccionamientos, que la instalación de bares, prostíbulos y zonas de tolerancia. Es cierto, nada de eso es privativo de Santa Cruz; sin embargo, éste parece ser el territorio auténtico de las disputas porque territorialmente es el más grande (tiene una extensión más o menos similar a Oaxaca de Juárez); es el más poblado, y es en el que se han concentrado la mayor politización y las luchas por el poder público.

Volteemos al pasado y corroboremos lo antes dicho. Al hacerlo, podremos corroborar que ninguno de los últimos cinco presidentes municipales de esa demarcación, han tenido gestiones legitimadas, aceptables y con resultados dignos de presumir. En realidad, ha sido todo lo contrario: en el periodo señalado, todos los ediles —independientemente de la fuerza política de la que emanaron— se han enfrentado a feroces luchas por el poder, a los intentos de desestabilización de grupos contrarios, y a escandalosas acusaciones sobre malversación de fondos, corrupción en la licitación y asignación de obras, desviación de recursos públicos, contratación discrecional de trabajadores, y muchos otros cargos.

Así, en un repaso somero, podremos ver que Erasmo Medina no fue distinto, por ejemplo, que Gilberto Ramírez Leyva y el edil —José Julio Antonio Aquino— que hubo entre las respectivas gestiones de uno y otro. Ambos enfrentaron duros cuestionamientos durante sus administraciones que, sin embargo, terminaron en el olvido. Esas características también envolvieron a Roberto Molina Hernández y Sandra Eugenia Ramírez Flores. Éstos últimos, tuvieron como principal capital político para acceder al gobierno de ese municipio, el fracaso y la mala fama que entonces se había ganado la administración priista. Al final, las acusaciones que ellos vertieron sobre Ramírez se volvieron nada ante las evidencias de que ellos podrían haber sido responsables de malversaciones del mismo tipo, y mucho más.

Así, en 2007 los priistas nuevamente arrebataron el poder a los perredistas, y Argeo Aquino Santiago se convirtió en Edil. Sólo que entonces nadie reparaba en que la probidad de este individuo no era precisamente la mejor de sus características, ni mucho menos un artículo de lujo para el priismo. Nadie debería hacerse el sorprendido. Porque aunque, en efecto, él pudiera ser responsable de los actos de corrupción galopante de los que se le acusa, al final todos fueron víctimas del brutal refranero, que apunta que “no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”.

MALA FAMA

Argeo Aquino Santiago no ha sido ni el mejor priista ni el mejor dirigente de colonos ni el mejor líder social, ni mucho menos el más avezado de quienes se encargan de velar y proteger por los mercaderes. De hecho, su militancia tiene cuestionamientos al haber sido uno de los más memorables traidores a la causa inicial del Partido Convergencia, para brincar a las filas del priismo. Sus credenciales como líder social o de trabajadores, igualmente, no son las mejores: “tradicionalmente” ha sido el encargado de proteger lo mismo a “fayuqueros” que a vendedores ambulantes y grupos de mototaxistas. Todas, actividades lo mismo comprensibles que enmarcadas por la ilegalidad. Ese es el talante moral y político de un hombre como Aquino Santiago.

Sin embargo, tal parece que fue todo eso —y no una reputación más presumible— lo que le valió la postulación a la Alcaldía de Santa Cruz Xoxocotlán por el Revolucionario Institucional. Sólo que su candidatura necesariamente desplazó a otros grupos del tricolor que pretendían regresar al gobierno municipal. Y esa afrenta ahora se combinó con el rumbo natural que tendría que tomar el gobierno de un individuo nacido, crecido y consolidado en rubros harto cuestionables, y que nada tienen que ver con la correcta administración de una entidad pública.

Nadie se dijo sorprendido cuando fue impulsado al gobierno municipal. Nadie se dijo sorprendido ni escandalizado por su ascendencia y fama pública. Todos en el PRI creyeron que era una buena opción, porque podía ganar los comicios. Y así fue. Sólo que en el ejercicio cotidiano del poder, ha resultado ser un fiasco. Para bien o para mal, igual que sus antecesores.

Ciertas o falsas, las mismas acusaciones han pesado sobre todos. La realidad deja ver que la disputa por el poder, por el dinero obtenido por medios inconfesables, y por el manejo discrecional del presupuesto, es lo que tiene a Xoxo como un reflejo del país: un municipio amplio que podría ser próspero, pero que está sepultado por la acción negativa recurrente de quienes lo han administrado.

NO HAY MIEDO…

Ayer, el diputado local por Convergencia, Benjamín Robles Montoya, pretendió exponer en la tribuna del Congreso del Estado, un proyecto de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado. Así lo pidió el legislador. Y así fue incluida su petición en el orden del día. Sólo que el salón de plenos se llenó de trabajadores sindicalizados estatales, interesados por el tema. Y entonces Robles retrocedió. Quizá vio que el tema no era rentable electoralmente hablando. El sistema de pensiones, claro, puede esperar.

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Rezagos y desatenciones en municipios: origen de la inseguridad

El pasado 30 de octubre, al tomar posesión de su cargo como presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza prometió a sus ciudadanos que cumpliría cabalmente con las promesas de brindar seguridad que había hecho como candidato.

En su intervención hizo particular mención de dos hechos que particularmente cimbraron al país: la primera, que estaría dispuesto a sobrepasar sus facultades constitucionales y legales para cumplir con su cometido (creando lo que denominó como “grupos rudos de limpieza” y otros de inteligencia); y la segunda, el anuncio del asesinato —presuntamente ocurrido esa misma mañana, de un secuestrador que desde hacía meses tenía asolada a la población de esa demarcación.

Mauricio Fernández Garza, con sus declaraciones, promesas y demostraciones inexplicables —e ilegales— de fuerza, no hizo más que revivir una discusión que debería ser de toda la actualidad en el país: el papel que juegan las entidades federativas y los municipios en el combate al crimen organizado y la delincuencia común que azota al país. Es paradójico y sorprendente, pero es un tema que, hasta hace un par de semanas, a nadie parecía interesar en México.

¿Por qué debería ser una discusión actual e intensa? Porque la desatención federal a los dos mil 440 municipios que existen en el país, ha estimulado enormemente la multiplicación de la delincuencia en todas sus vertientes.

Porque “promesas” como las del edil Fernández Garza no parecen ser más que una de tantas muestras del hartazgo ciudadano que se traduce en acciones igualmente irracionales, ilegales y riesgosas para la misma población que la delincuencia. Y porque finalmente, a la mayoría de los mexicanos, el caso de Garza García pareció interesarles más por el morbo que por el fondo que verdaderamente tiene este asunto.

Sobre todo, si México fuera un país distinto, la actuación de un personaje como el aludido habría sido suficiente para generar un fuerte cuestionamiento institucional sobre el papel del Estado y las funciones básicas que debe cumplir a la población. Eso, cierto, podría pasar en otro país. Cualquiera. Pero curiosamente no en México.


¿EDIL HUÉRFANO?

Las aseveraciones de Fernández Garza acapararon rápidamente la atención de la opinión pública, por al menos tres razones. La primera, porque fue el primer gobernante en México que se atrevió a asegurar que estaría dispuesto a sobrepasar sus atribuciones para combatir la inseguridad; segunda, porque en su toma de protesta anunció la creación de grupos de limpieza y de inteligencia para, en sus propias palabras, colaborar con el gobierno federal en la lucha anticrimen; y tercera y principal, porque estableció por lo menos cinco horas antes que cualquier autoridad, que el ahora famoso “Negro” Saldaña, un secuestrador de su municipio, había amanecido asesinado en la Ciudad de México.

Cualquiera de esas aseveraciones era grave por sí misma. Al verterse juntas se convirtieron en un cóctel explosivo. ¿Cómo tolerar, en los tres niveles de gobierno, que un Edil no sólo estuviera dispuesto a violar la ley, sino que lo anunciara? ¿Cómo permitir que se utilizaran recursos públicos o privados para la posible constitución de grupos violentos al servicio de un individuo que ostenta un cargo de elección popular? ¿Cómo se enteró Fernández Garza, antes que cualquier autoridad, del asesinato de un grupo de individuos, ocurrido a más de mil kilómetros de distancia?

Lo más grave, sin embargo, es que hasta ahora sólo se ha simulado y arrinconado el tema de fondo: ¿Cómo evitar, desde el gobierno federal, que esas cosas ocurran? Y, sobre todo, ¿por qué nadie detuvo al locuaz edil Fernández? El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se tardó cinco días en emitir un posicionamiento respecto a los hechos que involucraban al Munícipe sanpetrino. El gobierno de Nuevo León sólo alcanzó a limitarse. La Procuraduría General de la República llamó a declarar a Fernández para que revelara el modo en cómo se enteró del crimen antes que la autoridad. Y ya.

¿Ahí debe terminar una discusión tan apremiante como la de la seguridad en los municipios? Para el gobierno federal, sí. Nosotros creemos lo contrario.


CUNA DE LA INSEGURIDAD

Desde el inicio de su gestión al frente del gobierno federal, el presidente Felipe Calderón prometió llevar a cabo una lucha frontal en contra de la inseguridad. Para ello decidió emplear a las fuerzas armadas y a la Policía Federal Preventiva. Tomó grandes cantidades de recursos económicos y todas las atribuciones a su alcance, para reorganizar a las fuerzas federales y emprender una lucha que entonces no sabía si podría o no ganar.

Han pasado casi tres años desde entonces, y nadie puede asegurar que los resultados sean hoy por lo menos satisfactorios. Ninguno de los índices reales de inseguridad ha disminuido. Todos los días se siguen cometiendo todo tipo de delitos del orden común y federal. Éstos van desde el trasiego de drogas, personas y objetos prohibidos, el tráfico de armas, el secuestro, homicidios, violaciones y delincuencia más “común” como los robos y asaltos.

Uno de los problemas más graves, en todo esto, es que tres años después es evidente que el gobierno federal comenzó al revés: tomó todas las atribuciones para sí, pero dejó descobijados de facultades y dinero a las extensiones territoriales donde justamente ocurre la delincuencia: las entidades federativas y los municipios.

En efecto, el gobierno federal se ha quejado amargamente porque las entidades federativas y los municipios no han emprendido una lucha pareja con el gobierno federal en contra de la delincuencia organizada. Razones hay de sobra: desde las evidentes explicaciones relacionadas con las complicidades que teje el poder político con el dinero mal habido, hasta el evidente estado de indefensión en que se encuentran miles de municipios, y muchos gobiernos estatales, para hacer frente a la delincuencia con sus propias herramientas y armamento.

El problema es más grave de lo que parece.


MUNICIPIOS OLVIDADOS

La explicación es sencilla: mientras el gobierno federal está dispuesto a gastar unos 35 mil millones de pesos en la manutención de las fuerzas federales, a las entidades federativas se les imponen condiciones poco equitativas para el acceso a recursos; los municipios —que son la base territorial del país— tienen una participación meramente simbólica del presupuesto destinado a seguridad. Veamos claramente por qué.

Existen en el país, poco más de dos mil policías municipales. La gran mayoría de esas corporaciones no cuenta ni con el armamento ni con la preparación ni el nivel de confiabilidad mínimo, como para poder garantizar que puede combatir eficazmente la inseguridad en sus respectivas demarcaciones. En su mayoría, las corporaciones cuentan con pocos agentes, mal pagados e impreparados. Esas policías son costeadas con recursos de las demarcaciones. Así, sus posibilidades de evolución son mínimas.

Para, según, atender este problema, el gobierno federal creó un fondo de atención a la seguridad pública municipal, al que destina anualmente unos 4 mil millones de pesos, pero al que sólo tienen acceso los 100 municipios más poblados del país. La explicación oficial, es que esas cien demarcaciones son las que albergan a la mayoría de la población, y que esos recursos son suficientes para equipar y sostener a las corporaciones municipales. Nadie sabe bien a bien si 100 es un número arbitrario, políticamente correcto o verdaderamente obtenido de un estudio sistemático de la seguridad en las municipalidades.

El problema es que los municipios que sí tienen acceso a esos recursos, sólo pueden lograrlo luego de cumplir con intrincadas reglas de operación que no contribuyen a agilizar las operaciones. Mientras todo esto ocurre, en los municipios es donde se comete y se guarece la gran mayoría de las bandas delincuenciales del país. No podrían, evidentemente, esconder en otro lado: no existe en el país, territorio ajeno, se supone, a la potestad y la vigilancia del Estado.


FENÓMENO NOCIVO

La reacción del edil Fernández podría ser comprensible, pero nunca tolerable. Su intención se traduce claramente en tomar la justicia en sus manos, lo cual es ilegal e inaceptable. Pero el problema no es sólo de él: es también del gobierno federal, porque este es un reflejo del fracaso de sus estrategias de lucha contra la inseguridad. Hay, por todos lados, ciudadanos hartos de tanta violencia e inseguridad que están dispuestos a financiar a grupos que exterminen a la delincuencia. Sólo que ese remedio equivale a cortarle una de sus cabezas a la hidra, para que luego le surjan otras nuevas y multiplicadas.

La inseguridad en los municipios refleja un problema grave del federalismo mexicano que nunca ha funcionado. Esas demarcaciones, en todo el país, son ineficientes, dependientes y poco confiables. Los gobiernos estatales hacen poco por los municipios. Y el gobierno federal no mete las manos porque desconfía de unos y otros, en la medida de que todos se rehúsan a cumplir con sus deberes no sólo de atención sino también de vigilancia, confiabilidad y transparencia.

Esto es que, al final, la inseguridad parte de los municipios y finalmente a ellos regresa. Un círculo vicioso a todas luces inaceptable.