Agenda de medios en Oaxaca: van de la mano la impunidad y la discrecionalidad en el ejercicio del gasto publicitario

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La agenda de los medios de comunicación en Oaxaca no sólo está determinada por las constantes e impunes agresiones de las que cotidianamente son objeto compañeros reporteros y fotógrafos que cubren casi cualquiera de las fuentes informativas; también está delineada por la falta de claridad —que ya no se resolverá en esta administración— respecto al gasto en publicidad gubernamental. Hoy los medios informativos oaxaqueños no sólo viven bajo las amenazas constantes, sino también en una condición de precariedad que ha sido promovida desde el propio gobierno. La agenda de medios, por tanto, es de dos temas y no sólo de uno, como perniciosamente se intenta enmascarar desde la vocería gubernamental.

En efecto, desde antes del 10 de febrero —fecha en que fue arteramente asesinado el reportero Heber López en el puerto de Salina Cruz— ya había una preocupación clara respecto al clima de impunidad que impera no sólo en contra de los comunicadores sino de todos los oaxaqueños. Cuatro homicidios más perpetrados en contra de comunicadores son el contexto por el que alzó la voz el gremio periodístico oaxaqueño: el 10 de enero fue privado de la vida José Luis Gamboa, en Veracruz; los días 17 y 23 del mismo mes, fueron ultimados Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, respectivamente, en Tijuana, Baja California, y el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán, se perpetró el homicidio de Roberto Toledo.

Ante este panorama funesto, los periodistas oaxaqueños espontáneamente se manifestaron. Organizaron diversas protestas en espacios públicos y las agrupaciones de comunicadores —con la histórica Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) como punto de referencia de las expresiones, no obstante que otras organizaciones y comunicadores en solitario hicieron sus propias demostraciones de indignación— hicieron patente su preocupación e indignación por los constantes hechos de violencia y delitos que se cometen en contra de periodistas. La tenue respuesta gubernamental a todas las expresiones de irritación, fue convocar a una reunión a algunos comunicadores en particular, que sin menoscabo de su presencia en medios, por la propia naturaleza heterogénea del sector no constituyen una representación del gremio periodístico.

¿De qué se habló en esa reunión? Básicamente, de dos cuestiones: primero, la largamente esperada ley de protección a periodistas; y segundo, la posible creación de un fondo o fideicomiso de protección al gremio. Nada más. El Ejecutivo del Estado no se refirió en concreto a la necesidad urgente de que las instancias de procuración de justicia den seguimiento y concluyan las diversas carpetas de investigación que están abiertas en la Fiscalía por agresiones a periodistas. 

Tampoco hubo manifestaciones concretas sobre la necesidad de terminar, en general, con el clima de impunidad que invita a casi cualquier persona a cometer delitos en contra de los comunicadores al ver que la autoridad —estatal, federal— tolera actos de violencia en prácticamente todos los casos. El gremio periodístico es también objeto de las agresiones que impunemente todos los días se cometen en todos los contextos. Si los agresores no tienen miedo por las consecuencias por atentas en contra de la vida o integridad de cualquier persona, tampoco la tienen de ejercer algún acto violento en contra de algún periodista. 

Por eso se dice que, para terminar con las agresiones contra periodistas, antes que cualquier ley nueva para crear un marco específico de protección, lo primero que debe ocurrir es el combate frontal y real a la impunidad que asola día a día a la ciudadanía. Pero sobre eso no se dice, ni se dijo, absolutamente nada.

¿Y EL GASTO PUBLICITARIO? 

La discusión sobre la violencia e impunidad que priva contra el gremio periodístico pasa por otro tema: la precarización de los medios informativos y del trabajo de los comunicadores oaxaqueños en general. Hoy en día no queda claro cómo y bajo qué premisas se decide el ejercicio del presupuesto destinado a la publicidad gubernamental, y por qué se prefiere a los medios de la capital del país sobre los locales. Se pretende crear un fondo de protección a periodistas, pero en general al gremio oaxaqueño se le ha dejado al garete al cortar la gran mayoría de los recursos destinados a publicidad gubernamental —de los que depende en gran medida la subsistencia de la mayoría de los medios, independientemente de la latitud de que se trate.

En esa lógica, el Estado no ha querido comprender —porque no le importa; porque no le conviene a sus intereses— reconocer que la publicidad gubernamental ya no debiera funcionar bajo la lógica del “no te pago para que me pegues”, sino para garantizar la subsistencia mínima de todas las expresiones relacionadas con la libertad de expresión, independientemente de si son afines o no a los intereses o a la línea gubernamental. A eso se ha sumado el afán de figurar siempre en la capital del país, en detrimento de lo que se puede y debe hacer respecto a los medios informativos oaxaqueños, que en el contexto real —aquí y en todas las sociedades del mundo— necesitan de la publicidad gubernamental para subsistir.

Pero ¿qué ha pasado en Oaxaca? Que antes había medios informativos ricos y periodistas pobres, en algunos casos. Hoy unos y otros están en la misma situación —de crisis—, porque no hay una preocupación real del gobierno sobre cómo subsisten no los dueños de los medios, sino los comunicadores. Con su política de “campañas publicitarias”, concedida discrecionalmente a cada medio por la vocería gubernamental, lo que ocurre hoy es el premio y castigo según la afinidad o rebeldía del medio. Al que publica todo y se pliega al gobierno, se le concede todo; pero al que no, simplemente se le cierra la llave de la publicidad, como un castigo por tener una agenda independiente a la de la comunicación o los intereses gubernamentales. Y en todos los casos, el problema es que en medio de la transición digital, en la que siempre se apela al “todo gratis” entre medios y consumidores, al comunicador/empleado que recibe —o que debería percibir— un salario a cambio de su labor, se le pone a sufrir permanentemente porque hoy ya no tiene seguridad sobre su ingreso mínimo. 

Eso ha generado un clima de informalidad en el trabajo periodístico que, en cualquiera de sus aristas, es nocivo para la libertad de expresión. Porque, de entrada, todo buen periodismo cuesta; y dejar de reconocer eso implica un quebranto no sólo para el gobierno o el gremio, sino también para la sociedad que ve mermada la calidad del periodismo que se le pone al alcance, y que consume. Hoy, por ejemplo, muy pocos comunicadores cuentan con seguridad social porque los medios están cada vez más pulverizados; y mientras, el gobierno vive de guiños discretos —con los que disfrazan la amenaza— a los comunicadores para pagarles para que no les peguen, pero sin la preocupación real de si tienen o no medios mínimos de subsistencia en un contexto de respeto mutuo.

EPITAFIO 

¿Por qué este tema es fundamental, en el contexto de las agresiones? Porque para garantizarle la seguridad al gremio, lo primero que tendrían que hacer es estimular sus medios de subsistencia. Sin embargo, lo que priva hoy es la informalidad y la coacción disfrazada de premios o castigos. Ningún medio o periodista debería prestarse a ese juego de juego de incentivos perversos en el que quien siempre pierde es el comunicador. Por eso, si no existe un periodismo sólido e independiente, ¿cómo pretenden hablar de impunidad, de fideicomisos o de fondos de protección, si no existe un piso mínimo de dignidad promovido a partir del uso correcto de los recursos públicos destinados para la publicidad gubernamental? 

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AL MARGEN || AMLO y Loret: el problema es que no hay Estado de Derecho

Adrián Ortiz Romero Cuevas

El Presidente de México se equivoca en la apreciación de que sí tiene derecho a interpelar a cualquier otro ciudadano —sea o no periodista—, porque el país que gobierna tiene un problema gravísimo, transversal, que radica en la debilidad (¿o inexistencia?) del Estado de Derecho. En un auténtico panorama en el que estuviera garantizada la integridad y la seguridad de todas las personas, el diálogo entre dos entes de poder —un gobernante y un periodista— sí podría ser equitativo incluso en la interpelación. Pero en México estamos lejos de ello.

En efecto, a lo largo de más de 15 días el Presidente se ha mostrado iracundo por la revelación periodística de que su hijo y su nuera habitaron una casona en la ciudad de Houston Texas, en los Estados Unidos, cuyo propietario es un alto ejecutivo de una empresa petrolera para la que ella trabaja, que a su vez es contratista de Petróleos Mexicanos y que durante la actual administración ha recibido millonarias extensiones a los contratos que tiene firmados con la empresa petrolera del Estado mexicano. 

Durante todo ese tiempo, ni el Presidente ni su hijo han alcanzado a dar una explicación coherente y clara de por qué no existe conflicto de interés, ni posible tráfico de influencias, en las evidentes conexiones que existen entre la familia del hijo del Presidente con la empresa petrolera estadounidense; el uso de la casona —que no queda claro aún si fue a título oneroso o gratuito— y los negocios que en ese mismo periodo ha realizado con el gobierno mexicano. Aunque la presunción de inocencia continúa a favor de José Ramón López Beltrán, es claro que de todos modos ese enredo lo sitúa —por lo menos— en lo que dice la conseja popular de no hacer cosas buenas que parecen malas.

El Presidente, sin embargo, optó por una postura aparentemente ultra progresista. Se dijo ajeno al problema —aunque se percibe muy enojado— y prefirió cuestionar el origen de los recursos que según ha percibido el periodista que encabezó la difusión del reportaje que reveló las condiciones en las que vive su hijo en los Estados Unidos. Afirmamos que la postura presidencial fue aparentemente ultra progresista, porque el Primer Mandatario decidió no guardar las acartonadas formas del presidencialismo tradicional mexicano, y optó por increpar al periodista: primero lo insultó y descalificó —como hace cotidianamente con todo aquel que no coincide con sus ideas—, pero después fue más allá al afirmar que Loret es financiado por sus adversarios. 

El punto cúspide de este periplo ocurrió el pasado 11 de febrero cuando dijo que “alguien” había dejado “un papelito” en Palacio Nacional con los montos que según percibió Loret en 2021 de las empresas para las que trabaja. Quizá el Presidente quería demostrar que a él no lo asusta un periodista, y que tiene los elementos y las agallas suficientes para también cuestionarlo. Difundir sus ingresos, según la lógica presidencial, revelaría que él es parte de una oligarquía que está intentando hacer todo para desestabilizar el movimiento social que él encabeza. Algo así como que Loret es parte de la clase “fifí” que no quiere que el “pueblo” —ese amasijo amorfo que él encabeza, y que bien puede ser todo o nada— asuma el control de las riquezas y los bienes que debían beneficiar a todos los mexicanos y no sólo a una minoría. Hasta ahí, la lógica presidencial parecía perfecta. 

Lo habría sido si en México no hubiera tantos periodistas hostigados, amenazados y asesinados. Y como si México no fuera tierra fértil para los grupos criminales que no quieren a los periodistas y que, en general, no quieren a nadie… y que por eso extorsionan, lesionan, secuestran y matan impunemente a todo aquel que no coincide con sus intereses.

NO HAY ESTADO DE DERECHO

Fue Loret pero pudo haber sido cualquier otro, y el resultado habría sido el mismo. El Presidente exhibió sus supuestos ingresos —porque no tiene forma de asegurar que Loret gana lo que él dice que percibe— y con eso lo puso en la mira de todos aquellos que ven en México tierra fértil para la maña. Al afirmar que gana 35 millones de pesos al año lo convierte en automático en blanco fácil y certero para quienes roban, asaltan, extorsionan, secuestran y matan por dinero. Porque en México cualquier persona con ingresos superiores a la media, es un objetivo permanente de la delincuencia.

Ahí es donde la engañosa postura ultra progresista de AMLO chocó con la realidad. Quizá en cualquier país de primer mundo, donde todos absolutamente tienen garantizado el respeto a su integridad, dos entes representantes de poderes sí pueden increparse públicamente sin poner en riesgo su persona o a sus familias. 

Sí, aunque en un país de primer mundo, en donde cada quien entiende su papel y sus límites, aún frente a un posible ejercicio excedido del oficio periodístico, un Presidente no sería el primer promotor de descalificar a un ciudadano a partir de sus ingresos, y menos haber obtenido esos datos, y exhibirlos, utilizando —y abusando— el acceso a información confidencial —como los ingresos y datos fiscales de un ciudadano— que le permite su cargo. Eso, aquí y en todos lados, se llama abuso de poder.

Por eso la decisión de López Obrador de confrontar a la prensa a partir del origen de sus recursos, constituye una peligrosa estratagema que alimenta los peores vicios de nuestra sociedad. Y es que, si el estado de derecho se define como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos; y que asimismo exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal, queda claro que en México eso no se cumple.

Por eso al increpar a un periodista, el Presidente lo pone en riesgo, pues lo coloca en una situación en la que el Ejecutivo federal no sólo deja de ser garante del ejercicio de la libertad de expresión, sino que es uno más del amplio grupo de personas a las que no le gusta que se piense y se publique libremente. Al atacarlos y luego exhibir sus ingresos, el Presidente pone al periodista —a cualquier persona, de hecho— en una doble posición de indefensión, pues por un lado repudia las libertades que le permiten ejercer su oficio, y lo pone como blanco de quienes son capaces de cometer cualquier delito —la delincuencia organizada— con tal de arrebatarle su patrimonio a una persona.

EPITAFIO 

Al final no es Loret. Es que AMLO parece que ya no entiende que, en muchos sentidos, México es tierra de nadie.

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¿Tiene AMLO la necesidad y el derecho de increpar e insultar a medios y periodistas?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

El Presidente de la República entró en un terreno resbaladizo cuando decidió increpar —e insultar— a medios y periodistas, frente a la revelación de investigaciones que dan pautas sobre posibles actos constitutivos de conflicto de interés, y potencialmente de corrupción, en que presuntamente incurrieron sus familiares directos. Lejos de ganar la discusión sustantiva con ese engañoso mecanismo de defensa, e incluso de evadirla, el presidente está irremediablemente destinado a tropezar con las piedras de la intolerancia que él mismo está sembrando.

En efecto, hay un cúmulo de preguntas que vale la pena intentar responder, comenzando por la relativa a por qué nadie le dice al Presidente que, de entrada, incurre en el más simple de los errores del pensamiento: la falacia ad hominem. Este argumento que, por su forma o contenido no está capacitado para sostener una tesis, que consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de ésta. Para utilizar esta falacia se intenta desacreditar a la persona que defiende una postura señalando una característica o creencia impopular de esa persona.

Así, como el primero de los elementos que vale la pena repensar, es necesario considerar si el derecho al cuestionamiento —valido, evidentemente— que tiene el Presidente de la República, en su calidad de ciudadano, en realidad intenta emparejar un debate que muchos consideran desigual; o si en realidad lo que intenta es tratar de enmascarar la discusión sustantiva relativa al patrimonio y posesiones de uno de sus hijos, a través del cuestionamiento a los medios y los periodistas que investigan y, con aciertos o errores, e incluso con sesgos e impulsos políticos, dieron a conocer la información que hoy incomoda al Presidente. 

En ese sentido, valdría la pena preguntarse de qué lado resulta desigual el debate entre un Presidente y un periodista. Al respecto, es claro que muchos de los que apoyan la postura del Ejecutivo federal de cuestionar a comunicadores como Carlos Loret de Mola o Joaquín López Dóriga, e incluso a Carmen Aristegui, sostienen que la razón presidencial es válida en la medida de que con ello intenta emparejar un debate que reiteradamente es desigual a favor de los comunicadores. ¿Por qué el Presidente se debe quedar callado, sostienen, frente a los ataques de Loret o López Dóriga? 

Dicen ellos que el Presidente también es ciudadano y que como tal, tiene derecho a devolver el cuestionamiento a quienes denodadamente ponen interrogantes a la gestión del Mandatario; máxime, cuando —dicen— esos periodistas han sido financiados por los actuales adversarios del Presidente. Frente a esos argumentos, ¿de verdad eso le da derecho al Presidente no sólo a cuestionar el trabajo periodístico, sino directamente a adjetivar en contra de algún comunicador y poner su integridad en riesgo al incitar a sus seguidores a repetir el insulto, e incluso la agresión abierta? 

Parece que las fronteras entre uno y otro caso son claras, con sólo mirar el mismo problema desde la perspectiva contraria. El Presidente es el representante político y constitucional de todos los habitantes de un país, pero un periodista tiene una audiencia que le puede ser fiel o no, pero que siempre es opcional. Mientras que a un comunicador se le puede anular cambiando la televisión de canal, yendo a otra página web, o sintonizando otra estación radiofónica, el Presidente cuenta con una representación política y tiene a su favor la más poderosa tribuna mediática del país, desde la cual en buena medida gobierna todas las mañanas. 

¿PILA, PIRA O QUÉ? 

Es evidente que el Presidente tendría todo el derecho, como ciudadano y como servidor público, de cuestionar las investigaciones de un periodista, e incluso refutarlas. Para eso han ido en progresión derechos como el de la libertad de expresión en su modalidad de derecho de réplica. Ni el comunicador ni el medio informativo tienen la verdad absoluta, y por eso es un derecho oponible el de contrastar información y el de exigir que un medio publique datos o acontecimientos omitidos accidental o deliberadamente respecto a la actuación de una institución o servidor público.

En esa lógica, queda claro que el problema actual del Presidente frente a los medios y periodistas críticos, no es que intente cuestionar su actuación e investigaciones, sino que lo hace desde la lógica equivocada. Pues si bien tiene todo el derecho a decir y demostrar que mienten, y exhibirlos, el Presidente decidió encararlos a partir del insulto y del dilema sobre la moralidad de sus trabajos periodísticos respecto a su movimiento político. Así, quien está a favor del movimiento lopezobradorista o de la 4T, actúa correctamente aunque mienta; pero quien está en contra del Presidente es moralmente cuestionable, aún cuando sus investigaciones y datos publicados sean verídicos. 

Ésta última afirmación no implica que el trabajo de Loret, de Aristegui o de quien sea, publicado hasta ahora sobre la actuación y posibles conflictos de interés en que incurren integrantes de la familia del Presidente, sea veraz y técnicamente pulcro. Eso en realidad parece que no importa. Si, en la lógica de AMLO, ellos están en contra del Presidente entonces merecen ser cuestionados, e incluso insultados sin medir no sólo las consecuencias contra ellos —que también son ciudadanos— sino contra el ejercicio de derechos determinantes para una democracia como el de la libertad de pensamiento y expresión. ¿Por qué? Porque la Constitución del país —y todas las demás normas que contienen derechos para las personas— prohíbe cualquier forma de condicionamiento —y más desde el sector público— a la libertad individual y colectiva de pensar y decir lo que les venga en gana, siempre que esto sea lícito.

Así, pareciera pues que la llamada conferencia mañanera del presidente es hoy una pira o una pila bautismal, según sea la conveniencia o el ánimo del Mandatario. Quien cuestiona el movimiento o los intereses del Ejecutivo federal, o quien simplemente dejó de coincidir con ellos a pie juntillas, es quemado en una hoguera irremediable de insultos, intolerancia y repudio. Pero quienes apoyan al movimiento, así lo hagan con zalamería, mentiras o ataques a los comunicadores críticos, son cálidamente redimidos, son bien vistos por el régimen, e incluso son premiados con cargos públicos. 

EPITAFIO 

Al final, el Presidente puede cuestionar las afirmaciones de otra persona —sea o no comunicador—, porque hacerlo forma parte de sus derechos como ciudadano, y todos tenemos los mismos derechos. Pero hacerlo desde su calidad de Presidente de México, con argumentos ad hominem y bajo un esquema de que lo que le conviene al régimen es correcto, y lo que no es condenable, revela la irracionalidad del sentido ético y político del mandatario, y las debilidades democráticas que ya se asoman en un poder que por definición no es eterno —acaba el 30 de septiembre de 2024— pero que ya pretende ser totalitario. 

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Periodismo latinoamericano: de nuevo, ¿hacia dónde vamos?

+ “Crear sociedad”, vs idea de que sociedad civil no existe

Por naturaleza, el periodismo es uno de los vínculos esenciales entre el ciudadano común y el mundo que lo rodea. No es raro que el común de las personas se entere no sólo de los acontecimientos diarios a través de los medios de información, sino que también busque en ellos algunos de los elementos más importantes para la reflexión, la crítica y el debate. Tampoco debería ser excepcional que los medios informativos contribuyeran a fomentar ciertos valores y condiciones indispensables para la sociedad. Sin embargo, el dicho al hecho existe un enorme trecho.

¿Por qué hablar de esto? Porque tal pareciera que hoy, en general, los medios de información, no sólo locales o de circulación nacional, sino de gran parte del continente, se encuentran —nos encontramos— inmersos en una serie de vicios que deberían ser erradicados, como una de las condiciones para la construcción de una mejor sociedad. Aunque pudiéramos considerar que la prensa tiene como único deber el de informar, deberíamos también preguntarnos cómo debería materializarse ese deber, y si existe algo más allá de eso.

Esto viene a colación por lo siguiente. Por lo menos en México, los medios informativos han transitado de un marco de amplia censura y control de lo publicado, a otro de libertad casi total. Podría suponerse que la eliminación de la censura y las presiones que en el pasado se ejercían desde el poder hacia los medios, trajo como consecuencia el ejercicio de un periodismo que contribuyera más con la sociedad. ¿Ha sido todo esto así?

A nivel interno, —es decir, entre los mismos trabajadores de la información— debemos ver este asunto con pulcritud, responsabilidad y tolerancia. Porque la respuesta absoluta en todo esto es “no”. Es harto complicado afirmar o suponer que por la eliminación de esas barreras del pasado, hoy se ejerce un periodismo más profesional, más constructivo, más libre y menos comprometido con el poder. Esta es una condición a la que, en poca o gran medida, no escapa ningún medio de información de México, y seguramente del Continente Americano.

¿Por qué? En primer término, porque ha existido una voluntad mínima para comprender que, si bien todo medio de información es una empresa y que por tanto su manejo debe ser empresarial y no basado en los romanticismos de la prensa, también es cierto que la empresa que sostiene a un diario, a una estación de radio o a un canal de televisión, es también una empresa de interés público. Es decir, que su actividad importa a toda la sociedad.

Como esta no ha sido una idea que haya permeado entre los medios, en muchas ocasiones éstos ejercen su actividad como empresas privadas, y no en base al interés público que, por ética, debía regirlos. Esto lleva al oficialismo, las excesivas dependencias económicas, la combinación de intereses políticos en el ejercicio periodismo y, lo que es peor, la incursión que aún hoy sigue siendo marcada, de grupos políticos en empresas editoriales para buscar, a través del periodismo, de conseguir fines que no son propios del oficio informativo.

Esto es algo que existe en todos los niveles, y que tiene al periodismo en un nivel bajo que, al parecer, no tiene muchas vías de superación y crecimiento. Nos parece extraño y hasta sorpresivo, que existan voces que digan que el periodismo debe ser más constructivo, más propositivo y más responsable. Esas ideas se miran con extrañeza porque al parecer muy pocos creen que, desde los medios, pueda hacerse algo más allá de informar.

CREAR SOCIEDAD

Hace unos días, de visita en México, el periodista español Miguel Ángel Bastenier, aseguraba que la crisis económica en América Latina ha llegado en un momento en que es posible que la prensa no llegue nunca ha ejercer el papel de socialización política que ha ejercido en Europa y Estados Unidos; pero además no sabe sí lo logre el periodismo digital.

Y señalaba: “Cuando digo socialización política digo fabricación de sociedad, fabricación de estado, conocimiento del medio, de quiénes somos y dónde estamos. La prensa no creaba, pero sí facilitaba los medios para el conocimiento, para la ascensión de todas esas cuestiones; yo no digo que en América Latina eso no haya comenzado, claro que sí, pero no ha llegado ni remotamente al momento de madurez”.

Ante un señalamiento de esta naturaleza, tendríamos que preguntarnos con seriedad si desde los medios se puede construir sociedad, o si sólo debemos quedarnos en el simple papel de informar y generar ciertos tipos de crítica y análisis. La respuesta, en el ideal, tendría que apuntar no sólo a la necesidad, sino a la urgencia, de que tanto los medios de información como muchos otros factores sensibles de la población, se dedicaran a “hacer sociedad”.

¿Qué entender por ello? Que al fomentar la sociedad, hubiera la posibilidad de que los ciudadanos que no tienen intereses de orden político o económico para unirse, lo hicieron en torno a causas que verdaderamente le benefician a la colectividad. ¿Por qué quejarnos, por ejemplo, de la falta de representatividad y legitimidad que tienen los partidos políticos? Mientras la sociedad se siga manteniendo en la desorganización, vicios como esos continuarán ocurriendo.

Pero no vayamos tan lejos. En México, y en muchos países de América, los gobiernos hacen lo que quieren, y las concentraciones de poder existen a niveles inimaginables, justamente porque no existe la cultura de la sociedad, y de la organización que ésta debe tener para saber proponer, comprender y también oponerse razonada y civilizadamente.

El periodismo, en todo esto, podría jugar un papel fundamental justamente porque es el vínculo entre los sectores sociales más sensibles pero también más determinantes, como lo son la población y el poder. Su función habría de ser la de aportar la información, pero también más elementos sustanciales para la construcción de esos intereses en común a toda la sociedad.

ÉLITES

Sin embargo, aquí son meras élites las que tienen acceso a los medios, y éstos tienen serias deficiencias cuando intentan contribuir a la sociedad. ¿Proporcionalmente, en México qué porcentaje de la población tiene acceso a un diario? Poquísimos ¿Y cuántos de esos diarios contribuyen a crear sociedad? Muchos menos. Y la radio y la televisión, que son los medios de comunicación de masas, tienen un compromiso escasísimo con este asunto. No vamos bien.

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