Minando al MP federal, ¿se podría abrir la puerta a organismos internacionales de combate a la corrupción?

El desgaste que vive actualmente la Procuraduría General de la República, abre posibilidades que hasta ahora han sido poco conocidas fuera de los círculos académicos e intelectuales en los que normalmente se tienen casos de estudio de otras naciones. Es un hecho que en México, ese desgaste que se nota en la figura del órgano de procuración de justicia nacional tiene su origen en las decisiones que se han tomado desde el poder, pero también —y sobre todo— por la desconfianza ciudadana que, a estas alturas, parece insalvable. ¿Qué podría ocurrir ante esta evidente pérdida de credibilidad?

En efecto, en nuestra entrega anterior sosteníamos que una de las primeras necesidades de fondo que tendrá quien resulte electo Presidente el próximo 1 de julio, será la de generar las condiciones y establecer las bases —jurídicas y políticas— para la transición entre la agonizante Procuraduría General de la República, y la nueva Fiscalía General de la República, y también para propiciar el nombramiento del nuevo Fiscal General. Hoy, con el enésimo uso de la PGR como un instrumento de orden político, y de cara a los antecedentes del órgano de procuración de justicia, es claro que la viabilidad de la PGR es sólo de corto plazo, aún siendo optimistas.

Lo que queda, en realidad, es la transición de instituciones y el nombramiento de un nuevo funcionario. Si bien será necesaria una enorme inversión de capitales políticos para culminar el proceso de creación de la Fiscalía General, resulta todavía más complejo el proceso político y legislativo para el nombramiento del nuevo Titular de la Fiscalía. Ello implica un proceso sinuoso y complejo, y aún así no se ataja por completo la posibilidad de que de todos modos tanto el proceso, como la persona que resulte electa, no genere la suficiente legitimidad entre los mexicanos, por sus rasgos de independencia, idoneidad y compromiso con la ley.

En ese escenario, que no resulta del todo descabellado, y que puede ocurrir si de nuevo la clase política pondera sus intereses por encima de temas como la correcta aplicación de la ley y el combate a la corrupción, entonces habría que pensar en nuevas formas —para México— de enfrentar esos flagelos que lastiman en su conjunto a la sociedad mexicana. No son nuevas las formas, porque en otros países ya se ha recurrido a organismos supranacionales no sólo para procurar, sino también para impartir justicia. Y ese sería un punto relevante por el momento actual que vive el país.

En el caso de Guatemala, por ejemplo, Estados Unidos a través de la Organización de las Naciones Unidas, impulsó la creación de una comisión que fuera coadyuvante de su figura del Ministerio Público, para la investigación y persecución de casos de corrupción. A esa Comisión se le reconoció la facultad de ejercitar la acción penal directamente. Y el resultado fue el propio enjuiciamiento del Presidente de aquella nación, que se vio obligado a dejar el poder para enfrentar acusaciones relacionadas con su participación en la comisión de delitos relacionados con importación y exportación de productos en condiciones ilícitas.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Junto a figuras como la utilizada en Guatemala, hay otras. De acuerdo con Mark L. Wolf, la ‘grand corruption’, entendida como el abuso del puesto público en los escalones más altos de la política para obtener beneficios privados, es endémica en muchos países. Las redes de corrupción florecen gracias a la impunidad que se genera cuando los líderes de una nación no permiten que funcionen las leyes para castigar a sus colegas, amigos, familiares y, principalmente, a ellos mismos. La indignación pública frente a la persistencia de la corrupción está desestabilizando a muchos países. Este proceso de desestabilización genera graves peligros para la paz y seguridad internacionales que la mayoría de los países han acordado proteger a través de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Debido a que la corrupción sistémica está generando una crisis global, es evidente la necesidad de una Corte Internacional Anticorrupción capaz de hacer valer los códigos y reglamentos que sancionen los actos de corrupción (http://www.nexos.com.mx/?p=30452).

Según Wolf, el primer paso está dado. Prácticamente todos los países han promulgado leyes anticorrupción pero el problema radica en su aplicación. Una Corte que procese los casos de corrupción de manera eficiente puede ser una herramienta de disuasión que contribuya a frenar la corrupción. En términos de gobernabilidad y democracia, una Corte que pueda sancionar los actos de corrupción también permitiría la elección de líderes dedicados a servir a sus representados en lugar de enriquecerse a sí mismos, pues vigilaría que los procesos democráticos operen de forma honesta y limpia.

Debe reconocerse que la corrupción sistémica no es un crimen sin víctimas. Sus costos y consecuencias son devastadores. Los gobiernos corruptos facilitan la adherencia a grupos terroristas en muchos países, como Nigeria, y proveen refugios seguros para terroristas internacionales en países como Afganistán y Yemen. De la misma manera, los políticos corruptos y las empresas criminales poderosas, incluidos los cárteles mexicanos de la droga, suelen estar relacionados y actuar en contubernio. La corrupción sistémica también destruye la democracia y es devastadora para los derechos humanos, mismos que todos los gobiernos dicen proteger. Los líderes de los países con los peores índices de corrupción el mundo —incluyendo Somalia, Afganistán, Sudán, Iraq y Siria— son también los que registran mayores violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

Y luego, Wolf va al problema particular de México, al señalar que la corrupción no florece por una carencia de leyes. 178 países, incluido México, son Estados parte de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas. Esta convención exige a cada uno de los países miembro estatutos que criminalicen el soborno, la extorsión y el uso inapropiado de los recursos públicos. Además, es una obligación internacional crear instituciones para hacer cumplir dichos estatutos, incluso en contra de los miembros del gobierno más importantes. Sin embargo, los compromisos no son acatados porque los políticos corruptos controlan a la policía, a los fiscales y a las cortes. Puesto de otra forma, no se establecen los controles y contrapesos necesarios para asegurar que las leyes anticorrupción se cumplan y los culpables sean sancionados.

Esta falta de obligatoriedad y cumplimiento de las leyes que prohíben la corrupción ha sido reconocida como un problema fundamental en México. En palabras de Juan Pardinas, director del IMCO: ¿Cómo se puede resolver el problema de la violencia y el crimen organizado si no se resuelve el problema de la corrupción? […] Investigaciones realizadas muestran que casi todos los crímenes de corrupción quedan impunes, y aquellos a los que encuentran culpables no son miembros importantes del gobierno. […] Las instituciones del Estado son completamente incapaces de perseguir los actos de corrupción.

¿IR POR UNA CORTE?

Es complejo el basamento de una corte internacional anticorrupción. Pero la cuestión central es que ya se habla del tema; que éste no es privativo de México, y que aunque incipiente, es una discusión que en el mediano plazo tendrá contenido. El SNA es el primer paso antes de llegar a esta figura, que quizá pudiéramos llegar a ver en operación en los próximos años.

El gobierno federal usa a la PGR como desecho; dar paso a nueva Fiscalía: momento iniciático del nuevo Presidente

El gobierno federal utiliza a la Procuraduría General de la República (PGR) como un artículo de desecho. Lo hace, sacrificándolo, porque sabe que la estructura constitucional y orgánica actual de la actual PGR hace mucho tiempo terminó su vida útil, y porque asume que la entelequia que hoy subsiste en la procuración de justicia no aguantará más allá del final del presente año. El escándalo en el que está involucrado el Ministerio Público Federal por la investigación que desahoga en contra del candidato Presidencial del frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, no es sino el clavo que faltaba al ataúd de la PGR.

En efecto, hay un entendible clima de polarización por el caso PGR-Anaya. Por un lado, se encuentra el hecho incuestionable de que el gobierno federal, vía su órgano de procuración de justicia, ya logró meter al Candidato de la Coalición “Por México al Frente” en la dinámica de gastar su tiempo —porque ello no constituye una inversión— de proselitismo como Abanderado Presidencial en aclarar los supuestos manejos financieros relacionados con la compraventa de una nave industrial, por los que habría incurrido en el delito de lavado de dinero al triangular recursos para tratar de disimular su origen, y formalizar un negocio realizado a precios exorbitantes, que no corresponden a los valores de mercado de una transacción de ese tipo.

Anaya está defendiéndose, pero eso no quita el problema en el que se encuentra la PGR. Al mismo tiempo que Anaya se defiende, y sin que nadie meta las manos al fuego por él —ni siquiera los de su propio partido que, en su mayoría, ahora lo ven con más recelo que al principio de la precampaña—, diversos grupos de intelectuales y políticos han exigido al gobierno federal que detenga la utilización de la Procuraduría General de la República como un órgano ministerial de consigna que, ex profeso, tiene la misión de perseguir y encarcelar a un Candidato Presidencial que es competitivo en esta campaña proselitista, que es decisiva para el país.

Incluso, hay quienes han tratado de equiparar la persecución de la PGR en contra de Anaya, a lo que en 2005 ocurrió entre el mismo Ministerio Público Federal y Andrés Manuel López Obrador. Aunque pudieran parecer asuntos similares, en realidad existen diferencias sustanciales que, apenas se escudriña un poco en la contrastación de ambos asuntos, salen a la vista. Por ejemplo, a López Obrador intentaron procesarlo, y de hecho lo desaforaron, a partir del incumplimiento a una sentencia de amparo relacionada con el predio El Encino, en cuyo terreno, expropiado irregularmente por el Gobierno de la Ciudad de México antes del periodo de gobierno del tabasqueño, se había construido una vialidad importante por el rumbo de Santa Fe.

Luego, a López Obrador nunca se le comprobó que el incumplimiento de dicha sentencia hubiera ocurrido por una orden directa de él como servidor público. Quizá su grado de responsabilidad nacía a partir de la imposibilidad material de devolver a sus dueños, un predio expropiado irregularmente pero en el que ya existían las vialidades denominadas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

Aún así, en 2004 la PGR solicitó el desafuero de AMLO para procesarlo judicialmente. Esto ocurrió a inicios de 2005, cuando ya era evidente que había una consigna política del gobierno federal panista, en contra de quien llevaba la delantera en la carrera por la candidatura presidencial del PRD. Finalmente, con el escándalo encima, la PGR de Vicente Fox se desistió del ejercicio de la acción penal, y por ende el juez federal que conocía del juicio de desacato por el que se le intentaba procesar, dejó sin efectos dicho expediente.

¿Cuál es la diferencia de este asunto con el que ahora protagoniza Ricardo Anaya? Simple: que mientras a López Obrador siempre se le consideró como perseguido político, sobre Anaya sí pesa una sospecha fundada de que pudo haber incurrido en actos ilícitos. La PGR no ha logrado ser contundente en la acusación; pero Anaya diariamente pierde terreno en la arena política al gastar el tiempo en la articulación de una defensa que, hasta ahora, no ha convencido ni siquiera a sus partidarios.

LA PGR, EN EL LODO

Desde entonces, desde 2005 cuando ocurrió el asunto del desafuero a López Obrador, la PGR se ha mantenido sumergida en el lodo. Su actuación como órgano de consigna en la procuración de justicia, se ha repetido en casos como el de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo y otros muchos en los que finalmente no ha podido acreditar la comisión de los delitos que inicialmente le imputó a varios de los adversarios del régimen. Cada vez que la PGR fue usada para esos fines, se le sumergía más en un fango del que ya no podrá salir bajo ninguna circunstancia.

Frente a eso, un problema importante radica en que, hasta ahora, ninguno de los partidos representados en el Congreso federal —cámaras de Diputados y de Senadores— ha tenido la voluntad y la fuerza suficiente como para lograr la transición que se pactó de la PGR sometida al Ejecutivo federal, a una Fiscalía General de la República como órgano constitucionalmente autónomo, y por ende no comprometido en su actuación con los intereses de algún grupo en concreto.

De hecho, los partidos actualmente han contribuido a la consolidación de este ente abominable que ahora repudian. Primero, al desconocer el acuerdo que ellos mismos habían tomado, de que el Procurador en turno se convertiría en Fiscal General, una vez que ocurriera la emisión de la legislación necesaria para el funcionamiento del nuevo órgano de procuración de justicia; y luego, al reventar —literalmente— la gestión del procurador Raúl Cervantes Andrade, bajo la acusación de que con él se perpetuaría transexenalmente el grupo del presidente Enrique Peña Nieto, para brindarse protección y cuidarse las espaldas a partir de la inamovilidad del Fiscal, y los actos perseguibles judicialmente, en los que habrían incurrido varios integrantes del régimen federal saliente.

En el fondo, todos ayudaron a que la PGR terminara en esta situación. Teniendo como ingrediente de fondo la desconfianza mutua, y ofreciéndose recelo unos a otros, terminaron alimentando la generación de un vacío que vino a llenar el actual encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que llegó de rebote a una ocupar una titularidad de segunda en la Procuraduría, y que está obedeciendo todo lo que ocurre.

INVERSIÓN INICIÁTICA

Al final, eso es tan trágico como la situación de Anaya. Y por eso mismo, lo primero que tendrá que ocurrir, como una especie de iniciación para el nuevo Presidente —sea quien sea—, será invertir su capital político de arranque de sexenio en la consolidación de la nueva Fiscalía General, y empujar el nombramiento en el Senado de un Fiscal que, por la sola presión social vista hasta ahora, tendrá que garantizar en serio su autonomía y su desempeño, alejado de los intereses partidistas y, sobre todo, del régimen.

Es terrible que el Estado desconfíe en las instituciones de justicia

Murillo Karam

+ Gobierno debe reforzar indagatoria por normalistas, no transferirla


Es terrible para cualquier Estado que se jacta de democrático y garante de la ley, que tanto sus ciudadanos como su gobierno desconfíen de sus propias instituciones. Eso es exactamente lo que ocurre cuando está a punto de cumplirse un año de la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y pareciera que el gobierno federal, los padres de los desaparecidos, y las instancias internacionales involucradas, apuestan a que sea una comisión o fiscalía ex profeso la que indague los hechos. Al parecer, nadie —ni el mismo Estado— confía en las instituciones del Estado.

En efecto, hoy nadie cree la llamada “verdad histórica” que construyó la Procuraduría General de la República desde hace más de nueve meses, gracias a un grupo de investigación internacional, que más parece haber venido por una consigna política que por tratar de realizar una indagatoria seria; mientras, los padres de los normalistas —quién sabe si accidental o deliberadamente— siguen confundiendo la responsabilidad internacional del Estado con lo criminal. Y el resultado es que un año después de esa tragedia nadie en México puede siguiera sostener alguna versión creíble y comprobable de los hechos y por eso pareciera que todos quieren descansar transfiriendo el deber de la investigación a una instancia —nacional o internacional— creada ex profeso.

¿Por qué lo quieren así? En un primer momento, pareciera que el gobierno federal está decidido a sostener la responsabilidad de la investigación, más por una cuestión de deber y decoro, que por estar verdaderamente convencido de que puede llegar a configurar una hipótesis comprobable de cómo ocurrieron los hechos. La PGR ha dicho que sus investigaciones sobre el destino de los desaparecidos cuentan con el aval de expertos de la UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo, y sin embargo titubeó en el instante mismo en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó sus primeras conclusiones de una investigación paralela.

No se trataba de que ambas hipótesis, y sus mecanismos de verificación, entraran en una ruta de choque. Más bien de lo que se trataba es de que cada uno lograra sostener no sólo sus argumentos, sino la base científica a través de la cual llegaron a ellas. Unos y otros no pudieron hacerlo a cabalidad, y por eso entraron en una polémica en la que ganó no la contundencia de las pruebas del GIEI sino el antigobiernismo y el escepticismo de una gran porción de la sociedad mexicana, e incluso de la comunidad internacional.

Por eso, en el fondo pareciera que la PGR está tratando de construir un escenario en el que, en algún momento, pueda construir una ruta encaminada a generar una instancia ex profeso para la investigación, o más aún, constituir una Comisión de la Verdad o ceder la jurisdicción de la investigación a una instancia internacional. Así, pareciera entonces que el mismo Estado dejó ya de creer en sus propias capacidades de esclarecer un hecho de naturaleza compleja como la desaparición de los 43 normalistas, y por eso, en su desánimo, podría en algún momento llegar a tener la convicción de entregar la investigación incluso en aras de que otros la desahogaran, para que el pueblo mexicano —no todos: sólo sus detractores— y la comunidad internacional creyese las conclusiones a que llegara la misma.

LA OPOSICIÓN NO REPARA EN EL DAÑO AL ESTADO

En los últimos días, los padres de los normalistas, y hasta algunos partidos de oposición al gobierno federal, han deslizado la posibilidad de que se cree una fiscalía especializada dentro de la PGR para investigar esos hechos; y otros han considerado que es necesario que sea una instancia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que se haga formalmente a cargo de las investigaciones para que entonces se “garantice” la imparcialidad y la profesionalidad de las conclusiones a las que se llegue.

Esa duda, y la intención, tienen exactamente la misma naturaleza que la incredulidad de la PGR. Ellos —y eso es natural— tampoco creen en el Estado. Pero no creen, no porque verdaderamente tengan dudas fundadas de lo que puede revelar o esconder la investigación ministerial, sino que dudan por una cuestión de formación política y de posición sistemática. Es decir, dudan porque tienen que dudar; y una vez resuelta esa primera situación, sólo han ido buscando los argumentos —a veces coyunturales, a veces de fondo— para justificar su posición contraria.

La oposición, y sus grupos radicales, no reparan en que el Estado mexicano es mucho más que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y que ellos estarían terminando de pavimentar una incredulidad que más temprano que tarde llegaría a afectarlos a ellos mismos, si en los siguientes comicios ganan la Presidencia de la República.

Esta tendencia le hace mucho daño al Estado. No tendría por qué haber una fiscalía especial, o una comisión de la verdad, y mucho menos la necesidad de una investigación conducida desde el extranjero, cuando se supone que tenemos instituciones fuertes de procuración de justicia. Si haber más serenidad, más sentido de Estado, y menos manipulación, y frente a la posibilidad de instituciones débiles o poco confiables, lo que debiera estar ocurriendo es una exigencia unánime de que esas instituciones nacionales superen sus deficiencias y realicen una investigación ejemplar que pueda ser sostenibles frente a cualquier tipo de argumento en contrario.

Pensar en esas posibilidades que hoy se barajan a punto de cumplirse un año de la desaparición de los normalistas, no hace sino alimentar la desconfianza que sirve de alimento diario a los grupos que sólo quieren oponerse sin tener convicción alguna por conocer la verdad. Y entre esas dos situaciones, hay un mar de distancia que es en donde hoy podría comenzar a ahogarse la verdad real sobre la desaparición de los normalistas.

SÍ, FUE EL ESTADO

En un primer momento, se deben deslindar responsabilidades y castigar a los criminales que, desde el Estado o con su aquiescencia, perpetraron ese horrendo crimen. Sin embargo, se juzgue por secuestro o por desaparición forzada, de todos modos el Estado tendrá después que enfrentar su responsabilidad internacional. Al margen de las sanciones internas, ese es un delito de lesa humanidad, que dentro de algún tiempo sentará a México en el banquillo de los acusados al menos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.