Reforma constitucional: no al diálogo sin matices

+ Gobierno y oposición deben tener visión de Estado

El peor escenario para una reforma constitucional, es aquel en el que no existe diálogo amplio ni consenso no sólo de los poderes formales, sino de toda la sociedad. En esa lógica, tratar de que en Oaxaca ocurra una reforma profunda a la Constitución Política del Estado sin antes consultar a todos los oaxaqueños y enriquecer el debate de fondo, significa tan poco como una repetición de los esquemas autoritarios y cupulares del pasado. Eso debían comenzar a entenderlo todos los actores políticos, tanto desde el oficialismo como en la oposición.

En Oaxaca lo que parece estar ocurriendo, es un simple diálogo sin matices. ¿Por qué? Porque por un lado, el régimen gobernante planteó todo el conjunto de reformas constitucionales en una sola iniciativa, en la que no alcanzó a plantear todos y cada uno de los argumentos, a través de los cuales debía exponer los motivos que los llevan no sólo a tratar de cambiar, desechar y crear nuevas instituciones, sino también a establecer las razones —y el método de ingeniería constitucional— para llevar a cabo la construcción de las nuevas instituciones que plantean para nuestro estado.

No obstante, desde el ámbito de la oposición, el diálogo tampoco parece matizado, ni enriquecido, y mucho menos lo suficientemente estructurado para ser un auténtico debate de la altura y los alcances que la circunstancia requiere. Esto se centra en dos razones fundamentales:

La primera, que esencialmente el Partido Revolucionario Institucional, y la fracción parlamentaria de ese partido en el Congreso del Estado, sólo están reaccionando a la propuesta enviada hace unas semanas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, pero sin conseguir la articulación de argumentos que combatan con razones político-jurídicas de peso, los intentos del Gobierno del Estado por conseguir la aprobación lisa y llana de su propio proyecto de reformas.

La segunda razón no es menos importante. El hecho de ser oposición, y de haber entregado el poder que detentaron por décadas, no necesariamente descartaba al PRI como un posible generador de propuestas para una reforma constitucional integral. La derrota electoral, su soberbia dominante, y el inmovilismo que los invadió desde el 1 de diciembre, no le permitieron al tricolor generar una sola propuesta propia de reforma a las instituciones políticas, administrativas y de control en Oaxaca.

Hasta ahora, todos sus movimientos han sido motivados sólo por la premura, por la reacción y por los intentos desesperados de no dejar pasar una oportunidad que, aunque coyuntural, habrá de ser trascendental para la gobernabilidad y la construcción de las instituciones del futuro en la entidad.

En el fondo, lo que debería haber es más seriedad y vocación democrática por todas las partes. Esto porque para un auténtico Estado democrático, resultaría francamente inadmisible la posibilidad de que se llevara a cabo una transformación constitucional tan profunda como la que se pretende en Oaxaca, primero sin que antes hubiera una discusión intensa entre quienes integran formalmente el órgano legislador estatal y quienes se aparecen como factores fundamentales de poder; y segundo, sin que a ese diálogo no fueran invitadas a participar, y a tomar posiciones preponderantes, todos los sectores de la sociedad que contribuyeron al triunfo electoral de los que ahora detentan el poder.

 

REFORMA AMPLIA

Es claro que los tiempos actuales ya no permiten que sea sólo en el consenso de los poderes formales, como se pretendan dar los cambios institucionales que se requieren. Aunque esa no es una visión equivocada, sí es una percepción estrecha y limitada de lo que es la participación ciudadana en los procesos democráticos.

Si hoy mismo el gobierno estatal está convocando al público para que participe en la confección del Plan Estatal de Desarrollo; y sólo el Revolucionario Institucional está manifestando su deseo de hacer una convocatoria amplia para la discusión de la reforma electoral, entonces lo que podemos ver es que se corre el riesgo de que desde ambas trincheras se asuman posiciones maniqueas, que vean inopinadamente como “bueno” lo propio, y como “malo” lo ajeno.

Así, lo único que se construiría sería la nada. Y los deseos de que la reforma constitucional tuviera consenso y legitimidad, se quedaría en una simple aspiración retórica, pospuesta por la resistencia de los actores políticos a someter a verdadera consideración del ciudadano su visión de cómo debe llevarse a cabo la transformación institucional del Estado.

En realidad, visto desde una perspectiva más serena, debía ser de mayor preocupación para el gobierno estatal, que la amplia convocatoria que está realizando a los oaxaqueños fuera para discutir no el plan de desarrollo, sino el contenido de una reforma constitucional que transformará profundamente —aunque no sabemos si en sentido positivo o negativo— la forma de ejercer el poder y estructurar las instituciones del gobierno.

Esto porque un plan de desarrollo se puede realizar a través de instrumentos metodológicos específicos, e inclusive debe ser estructurado por especialistas; no obstante, una reforma constitucional debe confeccionarse a partir de la sensibilidad política, de la visión de conjunto, y de un sentido de pluralidad que particularmente en Oaxaca se manifiesta a través de la pluriculturalidad, la plurietnicidad, y la diversidad de formas de organización política y visiones particulares de para qué y cómo debe servir el poder a los ciudadanos.

Debía haber un consenso más amplio entre el gobierno y la oposición para ensanchar los canales de diálogo y debate sobre la reforma constitucional. Oaxaca no es un estado monocromático, y por tanto la discusión no debe estar marcada por el reduccionismo legislativo, por la limitación de voces, o por la ausencia de propuestas y visiones distintas.

 

RIESGO BOOMERANG

Hacer reformas sin el suficiente consenso y la verdadera legitimidad ciudadana, será para el actual régimen tanto como un proceso de transformación únicamente sexenal. Así como el entonces gobernador Ulises Ruiz hizo su “reforma del Estado” a modo —a la que nadie creyó, y a nadie convenció—, este intento puede terminar en algo similar, o peor, si no se solidifica con el basamento democrático necesario. Deben tomarle la importancia necesaria a un asunto de esta magnitud. Desdeñarlo, es tanto como desacreditar esta oportunidad histórica para Oaxaca.

 

Reformas institucionales: cambio, no utopías

+ Pasar de alternancia a transición, ¿un ideal?

Finalmente, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, comenzó a dar pautas concretas sobre cuál será su proyecto democratizador y de modernización de la administración pública. Recientemente, dijo que su agenda se centrará en cinco ejes temáticos. A saber: Gestión Pública, Relación Ejecutivo-Legislativo, Fortalecimiento del Poder Judicial, Organismos Autónomos e Instrumentos de Democracia Directa. Es necesario que a esa agenda, el equipo de transición agregue un elemento subjetivo determinante: la voluntad política para hacer realidad esos anhelos.

A través de un comunicado, el Gobernador Electo asegura que “estos cambios pretenden hacer cumplir  lo que ofrecimos en campaña (sic) que es transitar de un régimen autoritario a uno democrático que contemple un verdadero equilibrio entre los tres poderes del estado…”. Es evidente que, atendiendo a la expectativa sobre el cambio de régimen y la alternancia de partidos, en un primer momento el gobierno de Cué Monteagudo está haciendo eco de un sentir ciudadano, que sin embargo pronto se convertirá en exigencia.

¿Qué contempla esa agenda de cinco ejes? En el relativo a gestión pública, de acuerdo al comunicado, propondrán la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente. Entre otros temas,  “la reducción salarial y tope a remuneraciones; la eliminación de gastos de representación y vehículos oficiales de servidores públicos; reducción de secretarios particulares, auxiliares y asesores; escolta sólo para  gobernador y servidores públicos de procuración de justicia y seguridad pública; y homologación y compactación de horarios.” Es decir, cambios que, teóricamente, además de generar ahorros, también modifiquen la percepción de lejanía, excesos y prepotencia, que la ciudadanía tiene hoy respecto a los servidores públicos.

En cuanto a los mecanismos de democracia directa, el gobierno de Gabino Cué asegura que propondrá la creación de figuras como la del referéndum, plebiscito, revocación de mandato,  audiencia pública y cabildo abierto. Esto, sin entrar en grandes detalles, lo que pretende es acercar de nuevo el gobierno a la ciudadanía, y también poner a disposición de ésta diversos instrumentos para exigir mejores resultados a los gobernantes, así como reprimendas —como la de la separación del cargo, en las formas que se establezcan—, cuando no se cumplan las expectativas.

En la relación Ejecutivo-Legislativo, se propone la ratificación del gabinete, control y fiscalización del Congreso, reconducción presupuestal, entre otros temas. En Fortalecimiento al Poder Judicial se plantea la autonomía presupuestal y designación de magistrados, así como nuevos órganos: Consejo de la Judicatura, Salas Especializadas y Tribunales Autónomos.

En ese sentido, habrá que poner particular atención a los puntos que tocan a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como lo tocante al Poder Judicial y los órganos autónomos.

En el primero de los puntos, es claro que temas como el de la ratificación del gabinete, deben ser analizados a la luz no sólo del momento político, sino también de la viabilidad estructural y organizativa, que pueda tener el hecho de que se decida transitar de un modelo en el que existe un Poder Ejecutivo con ciertas fortalezas, a otro en el que gran parte de las decisiones administrativas —como lo es el la ratificación de los servidores públicos de primer nivel que encabezarán la gestión gubernamental— quede en manos del Poder Legislativo.

Habrá que analizar con detalle el contenido y la viabilidad a mediano y largo plazo de cada una de las propuestas. Pero es evidente que más allá de los cambios de forma —como varios de los que se pretenden hacer en el rubro de gestión pública—, lo que debe tener el nuevo gobierno, y que habrá de manifestar a partir del 1 de diciembre próximo, es una enorme disposición a lograr que, en la práctica, cambien las cosas.

 

CAMBIO DE ACTITUD

Hoy, es común que los diputados de oposición —que pasarán a ser de algún modo “oficialistas”, a partir del 1 de diciembre— se quejen de que sus compañeros del Partido Revolucionario Institucional, actúen a la sombra y bajo el mandato supremo del Gobernador del Estado. Y es cierto, los legisladores priistas actúan no como representantes populares dotados de un mandato ciudadano, sino como meros empleados subordinados por completo a la figura de su Jefe Político, que es quien manda y decide, desde fuera, todo lo que pasa y se decide en la Cámara de Diputados.

Pues bien, si nos atenemos a ese ejemplo, será un asunto de voluntad del gobernador Cué ya en funciones, que eso cambie. Si la necesidad de ejercer el poder y tener el control de lo que ocurre en el Legislativo, lo lleva a asumir a los diputados no como parte de un ente soberano, sino como sus agentes (y éstos permiten y alientan que se les trate así), entonces a nivel legal o constitucional se podrán hacer las reformas que deseen, pero en realidad todo continuará siendo igual que como hasta ahora.

Por esa razón, si desean que los cambios sean de fondo, deben comenzar por modificar las formas de hacer política y, sobre todo, de hacer el gobierno. Independientemente del análisis detallado de cada una de las propuestas, que iremos haciendo paulatinamente por razones de tiempo y espacio, es claramente visible que no sirve de nada que se legisle una reforma que limite y reduzca el salario de los funcionarios de mando medio y superior, cuando en los altos niveles se sostengan los privilegios que hasta ahora existen.

El gobierno de Cué debe comprender que los cambios necesitan ir más allá de las apariencias. Siguiendo el ejemplo, es claro que al continuar con la idea de tener una burocracia desigual y mal pagada —desde el personal de base, hasta los mandos medios tienen salarios muy por debajo de la media nacional, mientras que los funcionarios de alto nivel tienen prerrogativas envidiables para cualquiera de otra entidad federativa— lo llevará a tener resultados de simple apariencia, pero no de cambios sustanciales.

¿FANTASÍA O REALIDAD?

Pasar de la alternancia a la transición, es una tarea titánica. Y lo primero que el gobernador Cué tendrá que demostrar, es que tiene voluntad y una actitud distinta a la que ha predominado hasta ahora por quienes han tenido en sus manos el gobierno. Hacer los cambios a la ley, y respetarlos, llevará a un auténtico proceso de democratización. De lo contrario, todo será simple demagogia.

Reforma del Estado: ¿ahora sí por consenso?

+ Presupuesto 2011 será un factor determinante

A Mónica Cervantes, con

todo mi amor. ¡Bienvenida!

Nos encontramos a, escasamente, un mes de que tome posesión la LXI Legislatura del Congreso del Estado, y a escasos 45 días de que ocurra la transmisión de poderes respecto al Ejecutivo del Estado. Ante la inminencia de los tiempos, el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo, ha comenzado a impulsar la discusión sobre las reformas políticas, democratizadoras y de la administración de los poderes del Estado que son más apremiantes. Debe establecerse una agenda, real y posible, de las necesidades del nuevo gobierno, y de las exigencias de la sociedad. Llevar a cabo la llamada “Reforma del Estado” será un elemento altamente legitimador para el nuevo régimen. Pero, en esta tarea, no se deben generar expectativas que son, política, social o presupuestalmente, imposibles de cumplir en el corto plazo.

Oaxaca ha pagado un costo muy alto a cambio de reformas que no han logrado, o que el mismo poder público no ha permitido que se materialicen. Si nos remontamos al pasado reciente, podremos encontrar que esa fue una de las principales exigencias que derivaron del conflicto magisterial y popular de 2006, y que ese fue uno de los puntos clave que permitió y legitimó la permanencia de la administración que el próximo 30 de noviembre concluirá su gestión. ¿Por qué?

Porque si algo logró el conflicto magisterial de 2006, fue “subir” a la discusión nacional, la necesidad de reformas profundas al andamiaje jurídico y de organización política en nuestro estado. En ese sentido, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y la Sección 22 del SNTE, demostraron sobrada eficacia para demostrar que aquí la forma en que se ejercía el poder, desde los Poderes del Estado, era desproporcionada, abusiva, excesiva y antidemocrática.

El problema fue una vez que habían sensibilizado al país sobre la apremiante necesidad de impulsar una reforma integral que estableciera nuevos equilibrios y formas democráticas de ejercer el poder, ni la APPO ni la Sección 22 tuvieron el sustento y la visión suficiente como para plantear, específicamente, qué reformas eran las que ellos, como representantes de los grupos y ciudadanos inconformes, habrían de querer ver materializadas tanto para la administración como para los poderes Legislativo y Judicial del Estado. En pocas palabras, los grupos que encabezaron el conflicto de 2006 nunca pudieron plantear, del modo que fuera, su proyecto de Reforma del Estado.

Así, ante el vacío y la necesidad de legitimación frente al descrédito que le provocó el conflicto magisterial, fue el Gobierno del Estado quien tomó esa bandera, y formó una Comisión para la Reforma del Estado que, a la postre, cumplió una función más testimonial que verdaderamente impulsora de cambios democráticos.

Independientemente de que se consideraran algunas propuestas de esa Comisión, para convertirlas en ley, es evidente que el régimen gobernante (que abarca a los tres poderes, y del que depende la Comisión de la Reforma del Estado) sólo sentó algunas bases para consolidar una verdadera reforma política, y se resistió a discutir algunas otras modificaciones constitucionales para democratizar el ejercicio del poder y las funciones públicas.

Nunca hubo voluntad política para verdaderamente lograr una reconfiguración de las funciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que al menos diera certidumbre de un ejercicio menos avasallante del poder. No se eliminaron las atribuciones excesivas que aún hoy continúan marcando una preponderancia indiscutible del Gobernador del Estado sobre los titulares, la organización y el funcionamiento, de los Poderes Legislativo y Judicial.

Las reformas relativas a la participación ciudadana no pasaron del establecimiento de bases que nunca se reglamentaron. Y quizá el avance más importante fue en la creación de algunos órganos autónomos o fiscalizadores, tales como el Instituto de Acceso a la Información o la ASE. Pero aún así, esas reformas parciales sirvieron más para legitimar al régimen gobernante, que para verdaderamente generar nuevos equilibrios democráticos en el poder público.

¿QUÉ SIGUE?

Una verdadera convicción por la democratización del poder, debía llevar al gobierno de Gabino Cué a plantear, desde el inicio, no sólo las reformas que ellos desean o necesitan para legitimarse, sino también algunas otras que la sociedad demanda con insistencia, y que necesitan ser adecuadas y acotadas para darles viabilidad democrática. Con ello, habría demostraciones tangibles de un cambio real de visión, y del establecimiento de bases más firmes y perfeccionadas del ejercicio democrático de avanzada, que lograra ver más allá del mero aspecto electoral.

El gobierno de Cué, junto con las bancadas que lo respalden al instalarse la nueva Legislatura del Congreso local, e incluso a quienes él considere para encabezar el Poder Judicial del Estado, deben hacer cuanto antes planteamientos serios al respecto. Dedicarse a maquillar el ejercicio público con reformas parciales o decorativas, sólo los llevará a una situación de descrédito que será proporcional a la expectativa que generaron entre los ciudadanos.

Pero también, en contraparte, deben tener los pies en la tierra. La posibilidad de plantear cambios a las estructuras del gobierno y la administración, debe estar sustentada por las posibilidades de acuerdo político, de aceptación social y, sobre todo, de financiamiento presupuestal. De nada servirán reformas monumentales —en cualquier rubro—, que luego no se puedan llevar a cabo por falta de dinero para materializarlas.

Por eso, la preservación de los equilibrios debe ser cuidada con detalle. Deben establecerse, para la discusión sobre la Reforma del Estado, parámetros reales y posibles. Ir a los extremos, entre pretender hacer sólo lo indispensable para cubrir las apariencias, o querer cambiar todo en un solo movimiento, será tanto como encaminar su trabajo, y la expectativa ciudadana, al fracaso.

JUVENTUD PRIISTA

Maritza Escarlett Vásquez Guerra es nueva líder del Organismo de Mujeres del PRI. Aún siendo joven, ha acumulado importante experiencia tanto en el ámbito profesional, como en la administración pública, y el trabajo partidista. El relevo no es sólo político: también es generacional, y de visión del tipo partido que los priistas jóvenes desean. Si logra convertir la adversidad en oportunidad, estará enfilada al éxito. Enhorabuena.

 

 

Alianza PAN-PRD en Estados desata ira priista

+ Respuesta tricolor: inadecuada para democracia

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La semana pasada fue de turbulencia extrema entre los partidos que pretenden erigirse en coalición para contender por las gubernaturas de al menos tres entidades federativas. Al inicio de esa semana, las dirigencias nacionales tanto del PAN como el PRD y PC, autorizaron a sus órganos estatales a entablar diálogo colectivo para conformar las uniones; luego, diversos líderes de la oposición descalificaron la posibilidad de alianzas entre la derecha y la izquierda. Y durante su plenaria, ocurrida hace cuatro días en Veracruz, el PRI también tomó resolutivos al respecto.

¿Qué postura asumió el tricolor ante las alianzas? La primera, fue tomar el asunto como una afrenta y no como un juego más de esos raros que tiene la democracia. La segunda postura asumida, sin embargo, fue más allá y reveló no sólo un ánimo contradictorio de esa fuerza democrática, sino sobre todo un revanchismo que, a nuestro juicio, parece erróneamente planteado y hasta riesgo para la construcción de la democracia.

¿Qué determinó el priismo? Que, como consecuencia de la autorización presidencial a las alianzas entre el PAN y las llamadas “fuerzas de izquierda” en entidades federativas como Durango, Hidalgo y Oaxaca, los diputados federales del PRI acordaron impulsar una reforma constitucional que reincorpore a las obligaciones del Presidente, la de presentar personalmente el informe anual de gobierno; y, asimismo, reforzar los procesos de revisión de las cuentas públicas de la gestión del presidente Vicente Fox, y la de Felipe Calderón.

¿Por qué, ante ello, considerar que estos resolutivos no contribuyen a la democracia? Porque ni la actuación del PRI, ni la de cualquier otro partido, puede continuar sujeta fundamentalmente a los procesos o las decisiones electorales. Ya en septiembre pasado, había trascendido —y algo había de cierto— en el sentido de que diversos sectores duros del priismo habían condicionado la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2010, a la decisión del panismo de no emprender las alianzas, y que incluso eso es lo que finalmente habían transigido, para que algunos sectores del tricolor sí respaldaran la propuesta del paquete económico planteada por el Presidente.

El problema, entonces como ahora, es que con esas propuestas los legisladores pretenden cobrar facturas políticas a sus adversarios políticos, pero a través de las decisiones de Estado que rebasan incluso al gobierno y al partidismo. ¿Por qué? Porque finalmente, temas como el de la fiscalización de las cuentas públicas y la transparencia de los programas sociales ejecutados por el gobierno federal, deberían ser temas no sujetos a vaivenes o revanchas de orden partidista.

En un verdadero Estado democrático, esas revisiones deberían de ocurrir independientemente de que el partido o la facción política en el poder tomara decisiones respecto a los procesos electorales; y las responsabilidades halladas deberían fincarse y ejecutarse con independencia en base a las faltas cometidas, y no a los revanchismos que fundamentalmente están dotados de cargas políticas que los opacan.

Es poco decoroso, y hasta ofensivo —no para los partidos, sino para la democracia y la sociedad, que es la que pone el dinero para que todo el sector público gaste—, que ante decisiones de naturaleza partidista o electoral, las fuerzas dominantes en el Congreso de la Unión amaguen con emprender decisiones que son del interés del Estado.

El deber de revisar escrupulosamente las cuentas públicas no debería estar sujeto a las alianzas. ¿O apoco si el PAN actuara en docilidad al priismo, éstos pasarían por alto los desfalcos y el mal uso de los recursos económicos que los azules han hecho en los últimos 9 años que han tenido el gobierno federal en las manos? Por las recientes decisiones tomadas por el priismo, tal parece que sí.

¿REVIVIR EL INFORME?

Cuando apenas iniciaba el sexenio, a mediados de 2007, el senador Manlio Fabio Beltrones impulsó un paquete de reformas constitucionales con los cuales trató de emprender —como tantas otras veces ha ocurrido— el camino de la Reforma del Estado. En el Congreso, a través de una Ley, se creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, y se inició un diálogo que, hasta ahora, ha fructificado en muy poco.

¿Por qué? Porque, a la luz de los hechos, el único acuerdo verdaderamente trascendental que, en concreto, se logró con esa Comisión y las reformas que se pretendían, fue la de la modificación del formato en que ocurrían los informes presidenciales. Los antecedentes, entonces, hablaban por sí mismos:

En su último año de gestión, el presidente Vicente Fox se vio impedido para emitir el mensaje sobre el Informe de Gobierno y estar presente en la sesión inaugural del proceso ordinario de sesiones 2006; y el año siguiente, al presidente Calderón le fue prácticamente negada la posibilidad de cumplir con el “ritual” protocolario del informe de labores.

Por eso, al final, todas las fuerzas políticas coincidieron en que era necesario modificar la obligación constitucional de que el Presidente acudiera a la Cámara de Diputados a presenciar el inicio de las sesiones y a entregar el Informe de Gobierno. Fue un consenso general, y fue el único acuerdo verdaderamente importante que, en esa paradigmática materia de la Reforma del Estado, consiguió la mencionada Comisión.

Hoy los legisladores priistas pretenden nuevamente modificar ese esquema protocolario de informar sobre el estado que guarda la Administración Pública federal, para seguramente volver al pasado. Es decir, para que ahora el Presidente (panista) tenga la obligación de ir a San Lázaro a ser vituperado, cuestionado y encarado; y quizá para que después, cuando el priismo regrese al poder presidencial, se reviva el obsoleto “día del Presidente” que, hasta hace poco más de una década significaba el 1 de septiembre.

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Es mentira aquello que dicen los priistas que el informe de gobierno, como actualmente existe, constituye un “vacío” para los poderes Ejecutivo y Legislativo federal. Pero, si ya determinaron “revivir” el informe, deberían buscar mecanismos efectivos para verdaderamente innovar, y no para sólo volver al pasado. No descubrirían nada: en diversos países existen mecanismos eficaces en los cuales los presidentes no sólo informan sino también debaten, rebaten, señalan, acusan y se defienden verbalmente frente a los legisladores. Esa sí sería innovación. Aunque hoy, sólo parece simple revanchismo y demagogia.

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